EL DERECHO A NACIONALIZAR

(Por: Lázaro Barredo, en CUBADEBATE)

(Fidel firma la Ley de Reforma Agraria en la Comandancia de La Plata.)

El premio Nobel de Economía Paul Krugman escribió en el New York Times que “ningún hombre es autosuficiente, aunque Trump lo sea más que la mayoría. Así que, para poder comprender la magnitud de sus metidas de pata en las decisiones sobre políticas, es necesario reconocer la extraordinaria calidad de las personas que lo rodean. Claro que cuando digo “extraordinaria”, en realidad quiero decir una calidad extraordinariamente baja. Lincoln tenía un equipo de rivales; Trump tiene un equipo de imbéciles”.

Eso es lo que estamos observando en los que formulan y ejecutan la política hacia Cuba que, además de irracional, es bastante desoladora, porque parece que son ataques frenéticos, fuera de control, como si la bilis acumulada durante tantos años por tantos fracasos los hiciera más rabiosos, aunque confieso que no se les puede negar el mérito por la eficacia para disfrazar la verdad ante la opinión pública. Son verdaderos doctores en ciencia en el arte de propagar mentiras.

Desde antes de llegar al poder y aprovechando la visión transaccional que tiene Trump, estos camajanes secuestraron la política hacia nuestra nación  y retomaron la agresión para destruir a la Revolución. Por eso, reactivan los procesos judiciales y las demandas del título III de la ley Helms-Burton, legislación que propugna con sus imposiciones de cómo tenemos que ser y como tenemos que hacer para reconvertirnos con total humillación en un enclave neocolonial .

Es la obtusa obsesión de infundir miedo a los inversionistas extranjeros para que desistan de invertir en la Isla, pero también a los cubanos de que habrá demandas judiciales y tendremos que devolverles todas las propiedades nacionalizadas o confiscadas desde el 1ro de enero de 1959hayan sido o no de ciudadanos norteamericanos en ese momento, marcando claramente el interés de favorecer a los batistianos que encontraron refugio seguro en los Estados Unidos tras la huida del tirano Fulgencio Batista.

Nacionalización y expropiación

(Con la entrega de los títulos de propiedad de la tierra, se cumplía una promesa del Moncada y una de las expectati-vas expresadas en el Congreso Campesino en Armas en Soledad de Mayarí Arriba.)

En las normas del derecho internacional se contempla la potestad de los estados de ejercer el principio de la nacionalización para reivindicar bienes tanto de personas naturales como de personas extranjeras, siempre y cuando no se realice por motivos discriminatorios y se adjudique la correspondiente indemnización.

Así, por ejemplo, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1974, dispone que “todo Estado tiene derecho a nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso, el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado considere pertinente. En cualquier caso en que la competencia sea motivo de controversia, esta será resuelta conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza”.

El Gobierno Revolucionario cubano dictó en febrero  de 1959 la Ley Fundamental de la República donde se retomaron  los elementos cardinales de la Constitución de 1940, la cual proscribió el latifundio y estableció la expropiación forzosa por causa de utilidad pública e interés nacional (que no pudieron llevarse a cabo pues nunca en la seudorepública se hicieron las leyes complementarias para ejecutar ambas disposiciones).

Cuba nacionalizó las propiedades estadounidenses entre mayo de 1959  y octubre de 1960 como parte de los principios establecidos en su legislación a partir de la Ley de Reforma Agraria el 17 de mayo de 1959, que acabó con el latifundio, y otras medidas como la Ley 851 de 6 de julio de 1960, en la cual se establecieron también los mecanismos de indemnización.

La destacada y reconocida jurista Olga Mirada Bravo dejó antes de fallecer numerosos textos de conferencias impartidas  en organismos nacionales e internacionales, así como  libros sobre las nacionalizaciones y el bloqueo, puesto que  en 1992 durante  los primeros debates en la ONU de la resolución de denuncia del bloqueo, el gobierno estadounidense justificó la aplicación de esas medidas coercitivas y extraterritoriales contra nuestro país   al asegurar que era esencialmente una respuesta a la nacionalización de los bienes pertenecientes a los Estados Unidos.

El 9 de julio de 1993 el representante permanente de Cuba ante la ONU entregó al Secretario General una carta y un extenso documento elaborado por un grupo de expertos a solicitud del Gobierno cubano, donde  se prueba claramente que el programa de coerción  económica determinó siempre  el interés de las autoridades norteamericanas de presionar   para imponer   el sistema político del agrado de Estados Unidos, mientras que nunca aceptaron ninguna de las propuestas presentadas por Cuba para indemnizar a los propietarios nacionalizados.

(Las empresas petroleras estadounidenses informaron que no enviarían más petróleo a Cuba y prohibieron a sus refinerías en la Isla que procesaran el petróleo de otras fuentes.)

También carece de todo fundamento el argumento esgrimido por EE.UU. de que la nacionalización efectuada por Cuba fue ilegal y discriminatoria, puesto que dicho proceso incluyó propiedades de nacionales de otros países. Excepto Estados Unidos, el resto de los países adoptó una posición respetuosa con relación a la decisión soberana de Cuba y establecieron negociaciones con las autoridades cubanas para la compensación a sus nacionales por las propiedades que estos tenían en la isla. De esta forma, se concluyeron acuerdos con Francia, Suiza, Gran Bretaña, Canadá,  España , entre otros, para efectuar las compensaciones, estableciendo plazos para su ejecución acordes a la práctica internacional en estos casos.

Otra aclaración importante que hizo la destacada jurista Olga Miranda deslinda el asunto de la confiscación de los ciudadanos de origen cubano al subrayar que independientemente del proceso de nacionalización, se efectuó la confiscación de los bienes malversados, mediante procedimientos establecidos en la ley, tanto por vía judicial como administrativa.

Tal era la magnitud del fraude y robo, que se creó el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, para determinar en cada caso, mediante escrupuloso expediente, los bienes malversados producto de notorias operaciones fraudulentas e ilícitas, o legitimados adicionalmente por la fuga en masa de sus gestores, propietarios y cómplices, muchos de los cuales desde los meses finales de 1958 venían trasladando cuantiosas sumas a bancos norteamericanos, y casi todos creyeron que este era un proceso transitorio, pues Estados Unidos nunca permitiría una Cuba independiente y seguramente en cuestión de meses intervendría al país.  Puede encontrarse en la Gaceta Oficial de la República de aquellos años, la relación de personas naturales o jurídicas sancionadas.

Por supuesto, señaló la doctora Miranda, como la confiscación presupone un hecho punible, estos casos no llevan compensación alguna, de ahí su diferencia sustancial con la nacionalización, que no es una sanción y que conlleva la indemnización adecuada.

Ahora, para confundir y encubrirse, muchos de los pretendidos reclamantes de la Helms-Burton de origen cubano, fueron realmente confiscados y no nacionalizados, por lo que en Cuba no tuvieron ningún derecho a compensación.

Esta acción de la Helms-Burton, además de lo inmoral que resulta,  vulnera los limites establecidos por  el Derecho Internacional que no confiere derechos retroactivos a los ciudadanos por naturalización.

Con respecto al derecho a nacionalizar, es reconocido por no pocas personalidades e instituciones norteamericanas que Estados Unidos siempre actuó en el marco de la coerción. Desde el primer momento se negó a la aplicación de la fórmula compensadora propuesta por Cuba que era plenamente compatible con la práctica internacional. La soberbia hegemónica impidió a la administración Eisenhower aceptar la decisión cubana de igualdad soberana para indemnizar a los nacionalizados, no por la forma en que fue concebida, sino por el criterio de que sus nacionales no podían ser objeto de expropiaciones.

Por el contrario, asumió formas que convertirían después a esas reclamaciones en rehén de su política. Básicamente impuso a los afectados un modelo de solución que permitió al gobierno de EE.UU. asumir la negociación. El programa de reclamaciones que elaboró durante cerca de ocho años (1964-1972) las concentró en 5 911 casos de estadounidenses al momento de la nacionalización, aunque solamente una veintena de empresas tienen casi el 87 por ciento del monto reclamado.

Pese a ser agredida, Cuba siempre se manifestó por indemnizar

(El gobierno norteamericano impidió la posibilidad de in-demnización al quitarle a Cuba la cuota azucarera para tratar de estrangularla.)

El investigador cubano Alejandro Aguilar, titular del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, ha publicado diversos análisis sobre este tema que, sin dudas, se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional para Cuba. A partir de las causas por las que los estadunidenses no recibieron la compensación por las propiedades nacionalizadas, él  se ha preguntado:: ¿Obedece  acaso a una falta de voluntad política de Cuba para ello?. ¿Pudo Cuba enfrentar económicamente la liquidación de las indemnizaciones y bajo qué condiciones? ¿Propició EE.UU. un clima adecuado para llevar a cabo las negociaciones y la indemnización? ¿Mantienen vigencia las reclamaciones estadounidenses después de casi seis décadas de bloqueo, agresiones diversas y una sistemática hostilidad?

En una enjundiosa argumentación, el doctor Aguilar señaló  que  La Ley de Reforma Agraria promulgada el 17 de mayo de 1959 estaba encaminada a potenciar la economía agropecuaria del país, eliminando la posesión improductiva de la tierra y, en particular, el latifundio, el cual estaba proscrito ya en la Constitución aprobada en 1940. Para ofrecer una idea: el  Censo Agrícola Nacional de 1946 había puesto de manifiesto esta situación cuando informaba que el 15 por ciento  de los propietarios disponían  casi del 50 por ciento de las fincas

En sus comentarios, el investigador enfatizó que la Ley también reconoció el derecho constitucional de indemnización y estableció el pago mediante Bonos de Reforma Agraria, redimibles en 20 años, con interés anual no mayor del 4,5 por ciento, para lo cual se incluirían los fondos en el presupuesto de cada año. Estableció, además, una excepción del impuesto sobre renta personal a aquéllos receptores de bonos que inviertan estos fondos. “Las condiciones de amortización de las indemnizaciones superaban con creces las que se establecieron por los propios Estados Unidos a los terratenientes en la reforma efectuada durante su ocupación del Japón”, subrayó.

Aguilar igualmente rememora que desde la promulgación de la Reforma Agraria, las autoridades cubanas informaron su disposición a examinar con el gobierno de EE.UU., en un plano de igualdad y de respeto mutuo, el tema de la indemnización a los nacionales estadounidenses, al propio tiempo que demandaba a ese gobierno que se abstuviera de tomar cualquier medida que pudiera interferir la marcha de las negociaciones.

Sin embargo, como acción  presionante  la administración norteamericana  solo aceptó que  esa expropiación llevara consigo el pago de una pronta, adecuada y efectiva compensación, algo verdaderamente irracional pues  conocían perfectamente que los personeros de la tiranía que usurpó el poder en Cuba desde 1952 con  su total  apoyo habían saqueado las arcas de la nación, robando y malversando más de 460 millones de dólares de las reservas monetarias internacionales del país y habían dejado un saldo de deuda pública de más de 1 300 millones de dólares.

Otro elemento importante que destaca el investigador es que a comienzos de junio de 1960  las empresas petroleras estadounidenses informaron que no enviarían más petróleo a Cuba y prohibieron a sus refinerías en la Isla que procesaran el petróleo de otras fuentes, no obstante que la Ley cubana de Minerales y Combustibles vigente desde el 9 de mayo de 1938 establecía la obligatoriedad de esas empresas de procesar el petróleo crudo que el Estado le suministrara.

No obstante esa agresión que pretendía paralizar al país como parte de la política de provocar la asfixia económica , en la  Ley # 851 de 1960 que autoriza la nacionalización de las empresas estadounidenses se consideró la compensación de los bienes afectados.

El Titular del Instituto Nacional de Investigaciones  Económicas recalcó que esa Ley nacionalizadora en artículo No. 5, estableció el pago por los bienes expropiados con bonos de la República, que se amortizarían en un plazo no menor de 30 años a partir de la fecha de expropiación y con un interés no menor del 2 por ciento, para lo cual se crearía el “Fondo para el Pago de Expropiaciones de Bienes y Empresas de Nacionales de los Estados Unidos de América”.

Para la amortización de dichos bonos y como garantía de los mismos, este Fondo creado por el Estado cubano se nutriría anualmente con el 25  por ciento de las divisas extranjeras que correspondan al exceso de las compras de azúcares que en cada año calendario realicen los Estados Unidos de Norteamérica sobre tres millones de toneladas largas españolas para su consumo interno y a un precio no menor de 5,75 centavos de dólar la libra inglesa (F.A.S).

Si el gobierno de Estados Unidos hubiese respaldado esta fórmula, además de proveer los fondos para la indemnización, hubiera resultado económicamente favorable al contribuyente estadounidense con precios probablemente menores a los que prevalecieron en el mercado interno,

Pero como expresión de sus despiadadas intenciones, lo que hizo el  gobierno de Estados Unidos fue dictar  la proclama presidencial 3355, del 6 de julio de 1960, cancelando  la cuota azucarera para lo que restaba del año 1960  y meses después canceló totalmente toda la cuota azucarera. Con ello, el Gobierno de Estados Unidos eliminó la capacidad de pago para indemnizar las nacionalizaciones a los ciudadanos norteamericanos.

Inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno

(En la Gaceta Oficial de la época están publicadas todas las medidas de nacionalización y de expropiación a los malversadores.)

Cualquier análisis  objetivo a tenor de las normas del  Derechos Internacional concluirá que las expropiaciones decididas tuvieron por  motivación  dotar al pueblo cubano de un modo y calidad de vida dignos No hay violación alguna de tratado por parte del Gobierno de Cuba al momento de su decisión nacionalizadora ni  constituyeron represalia contra la política singular de un Estado o de un grupo de Estados, sino la determinación de crear condiciones primarias y necesarias para el desarrollo social, económico y político de la nación.

Por eso, la Ley 80, LEY DE REAFIRMACIÓN DE LA DIGNIDAD Y SOBERANÍA CUBANAS, además de declarar  ilícita la Ley “Helms-Burton”, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno, considera nula toda reclamación amparada en ella de persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad.

No obstante, establece que las indemnizaciones por las propiedades estadounidenses nacionalizadas en virtud de ese proceso legítimo, validado por las leyes cubanas y el Derecho Internacional,  podrán formar parte de un proceso negociador entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Cuba, sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo.

Y establece como principio jurídico que las reclamaciones de indemnización por la nacionalización de dichas propiedades deberán ser examinadas conjuntamente con las indemnizaciones a que el Estado y el pueblo cubanos tienen derecho, con motivo de los daños y perjuicios causados por el bloqueo y las agresiones de todo tipo, cuya responsabilidad corresponde al Gobierno de Estados Unidos.

De la misma manera, la Ley cubana determina que quedará excluida de futuras posibles negociaciones rcualquier persona natural o jurídica de los Estados Unidos de América que utilice los procedimientos y mecanismos de la Ley “Helms-Burton”, se acoja a éstos o trate de emplearlos en perjuicio de otros.

Las aberradas pretensiones de apoderarse  de Cuba vuelven a agudizar el conflicto y, una vez más, comenten el mismo error: subestimar la vocación patriótica e independista de los cubanos.

EL MIEDO DE LOS MERCADOS

(Por Ricardo Aronskind, en el blog de Horacio Verbitsky "EL COHETE A LA LUNA")

Para Trump la Argentina es un país con un liderazgo vencido, que clama por ser conducido desde el norte

 (Xul Solar, Las Cholas, 1923.)

Hace agua la política económica macrista, que no es sino la política económica del establishment argentino. Pésimos resultados productivos, sociales, externos. Argentina colocada por la política de endeudamiento irresponsable del gobierno al borde de la cesación de pagos externos, sólo evitada por el apoyo político del gobierno de Estados Unidos a este rumbo catastrófico, a través de los increíbles préstamos, perdones y excepciones constantes del FMI.

En un contexto de tembladeral cambiario, bursátil y financiero reiterado, lo que el gobierno y la inmensa mayoría de medios afines instala es que el calamitoso cuadro de situación tendría que ver con el “miedo de los mercados” al retorno del populismo. Llama la atención el absurdo lógico de plantear, en medio de un fracaso estruendoso de la política económica actual, el temor a abandonar esta política que sólo ofrece “sangre, sudor y lágrimas”, pero no en función de la victoria, como en el caso de Gran Bretaña en la Segunda Guerra, sino de la derrota de la sociedad argentina.

El machaque con el sonsonete del “miedo de los mercados” debe escucharse como la exigencia de las corporaciones a que se garantice la continuidad futura de sus actuales negocios y se les ofrezcan próximamente nuevas oportunidades de altísima rentabilidad.

Ya se ha logrado en diversos países de América Latina consolidar un régimen político estable y sin alternativas reales, que sirve exclusivamente para garantizar la rentabilidad de grandes grupos empresarios independientemente de la suerte del resto la sociedad. Ese modelo político-económico no se ha logrado implantar en forma permanente en nuestro país precisamente por las incoherencias de los grupos dominantes y del tipo de gobiernos que propician.

En la cúpula económica de la sociedad no hay preocupación alguna de ofrecer ningún horizonte de progreso, ni de compartir el fruto de ningún éxito económico con nadie, sino de reforzar el dominio político sobre las instituciones para maximizar la rentabilidad y avanzar sobre el conjunto de las actividades sociales de las cuales se pueden obtener ganancias.

Agenda del fracaso modelo 2019

El fallido gobierno macrista, fiel a su relato sobre el peligro populista, intenta profundizar el argumento publicitario del miedo de los mercados generando una escena de “coincidencias entre gobierno y oposición” que llevaría tranquilidad a los supuestamente atribulados mercados. En el mundo de la pos-verdad, no importa la realidad material, no importan los datos ni los hechos sino las ideas, las percepciones y las expectativas de los actores, por más irracionales, fantasiosas y faltas de sustento que sean. Por los pasillos del gobierno está circulando una propuesta de un documento de coincidencias entre Cambiemos y sectores del PJ, que nos proponemos analizar muy brevemente, diseñado para calmar mercados. Son, de hecho, diez puntos económico-políticos muy importantes, que sintetizan las aspiraciones de los acreedores externos, los bancos, los proveedores de servicios públicos, los monopolios locales y extranjeros, y el capital en general, para la Argentina de las próximas décadas.

Los puntos, y nuestros comentarios, son los siguientes:

Lograr y mantener el equilibrio fiscal.

El logro del equilibrio fiscal nunca puede ser una meta en sí misma, sino subordinada a cuestiones más relevantes, como la del desarrollo económico. Pero además, en el caso argentino actual, esa meta suena ridícula cuando el gobierno promueve un gigantesco desequilibrio cuasi-fiscal, provocado por el pago de intereses de la deuda pública, que ya se estima en el 4% del PBI para este año. En otros términos: se está proponiendo postergar toda acción pública ampliatoria de la demanda y el consumo, para poder pagar más y más intereses al capital financiero local y externo, ya que se rechaza recaudar más impuestos de los sectores que podrían pagarlos.

Sostener un Banco Central independiente, que combata la inflación hasta llevarla a valores similares al de países vecinos.

Se vuelve otra vez con la fantasía del Banco Central independiente. Es una patraña global, para instalar la idea que al banco central lo controlen “expertos”, que en realidad son representantes del capital financiero privado, instalados en lugares claves de las principales instituciones públicas. Es una forma de sustraer el control monetario de la sociedad y entregárselo a los financistas. Para colmo, en el caso de éstas dirigencias latinoamericanas subdesarrolladas, rechazan que el Banco Central cumpla ninguna otra función que la custodia de la estabilidad monetaria –como se puede observar en la gestión Cambiemos—, cuando en países centrales, los bancos centrales velan también por el crecimiento y el empleo.

Mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones.

El objetivo parece loable, pero la traducción en la práctica neoliberal argentina es: aperturas importadoras que destruyen la producción local, y libre movilidad de capitales financieros –el tembladeral del cual disfrutamos constantemente desde el año pasado— para que el capital global pueda hacer sus negocios a costa de nuestra estabilidad macroeconómica. Lograr una mayor inserción y diversificación exportadora es útil y necesaria, pero nunca resultan ser esas las verdaderas prioridades de los neoliberales periféricos. Además el contexto internacional es especialmente complicado para lograr grandes hazañas exportadoras, en un momento de fuerte proteccionismo en los países centrales.

Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión.

El respeto a la ley no puede ser independiente de que la ley tenga sentido. Cuando los funcionarios neoliberales en connivencia con el sector privado firman acuerdos ruinosos o de saqueo de los recursos de los ciudadanos, de las provincias o del patrimonio público (como ocurrió, por ejemplo, en los ’90), nadie puede pretender que en nombre del “respeto a la ley” se prosiga con situaciones inviables económica y socialmente. Los derechos adquiridos tienen sentido en contextos históricos concretos. La derecha muestra su completa impostura ideológica y su doble standard social, cuando brega incesantemente por arrasar con los derechos adquiridos de los trabajadores.

Creación de empleo a través de una legislación laboral moderna.

Nuevamente el cuento de que el empleo se crea precarizando a los trabajadores y atomizando su representación hasta que desaparezca. No funciona así, salvo que se esté soñando con una factoría de esclavos, que compita con los peores países del mundo. El empleo se crea con crecimiento económico, con ampliación de las actividades tanto públicas como privadas en áreas de interés social, con una sociedad focalizada en la producción y no en la timba financiera. La flexibilización y precarización laboral –a la que llaman legislación laboral moderna— sólo sirve para debilitar a los trabajadores individual y colectivamente y para transferir parte de sus salarios a las empresas, sin necesidad de que estas inviertan. El día que haya un proyecto productivo genuino, será razonable discutir cuáles son las modalidades de contratación más adecuadas para ambas partes.

Reducción de la carga impositiva, a nivel nacional, provincial y municipal y enfocada en los impuestos más distorsivos.

Nuevamente la cantinela de la elevada carga impositiva. Jamás aparece la preocupación por la eliminación de la enorme evasión y elusión impositivas, un verdadero deporte local, por el cual se pierde recaudación equivalente a 5 puntos del PBI. Nadie puede estar en contra de eliminar despilfarros en el gasto público o de aliviar el pago de impuestos a sectores y regiones débiles o que deben ser estimulados. Pero la lógica sistemática de la reducción impositiva está en línea con la demanda del capital que puja constantemente por desfinanciar –en todo el globo— al gasto público social para incrementar sus beneficios. Nunca se debe olvidar que la mayor presión impositiva del mundo se encuentra en los países escandinavos, y la más baja –el paraíso para nuestros neoliberales— en África.

Consolidación de un sistema previsional sostenible y equitativo.

¿Adivinen de qué se está hablando? Acertaron: de una reforma previsional para que los aportes de los asalariados de altos ingresos vayan a parar a empresas administradoras de fondos de pensión, pertenecientes a la banca local o extranjera. Como en los ’90, eso generaría un grave problema fiscal al Estado y un excelente negocio rentístico a un puñado de empresas. Como ocurre hoy en Chile, esa reforma no estaría orientada a que los jubilados tengan ingresos dignos, sino a que los capitales financieros tengan un nuevo negocio asegurado por la legislación pública. Sólo el desarrollo económico y un Estado muy eficiente pueden garantizar en el largo plazo que los jubilados tengan masivamente un buen pasar.

Consolidación de un sistema federal, basado en reglas claras, que permitan el desarrollo de las provincias y que impidan que el Gobierno nacional ejerza una discrecionalidad destinada al disciplinamiento político.

El ejercicio de un genuino federalismo, entendido como una extensión de los principios democráticos, no puede ser confundido o usado para debilitar al Estado nacional, como se hizo en la década del ’90. La globalización neoliberal propugna, en todo el mundo periférico, el debilitamiento de los Estados nacionales a favor del avance del poder de las firmas multinacionales. Derechos federales sí, pero que no se solapen con el objetivo de empoderar a las corporaciones locales y extranjeras para mejorar su capacidad de lobby sobre autoridades locales cada vez más débiles e influenciables. La debilidad productiva de muchas de nuestras provincias no se resolverá por contar con unos puntos más de coparticipación federal, sino con un plan nacional de desarrollo.

Asegurar un sistema de estadísticas transparentes confiable y elaborado en forma profesional e independiente.

Inobjetable en principio. Luego habría que discutir cuales son las estadísticas que necesita la Nación para estudiar y afrontar sus problemas sociales, regionales, etc., y cuáles son las que hoy están disponibles. No necesariamente cumplir con los standards metodológicos internacionales hace que se cuente con un sistema de información pública funcional para resolver nuestros propios desafíos. Como esta dirigencia no tiene proyecto alguno de país deseable, no necesita reflexionar sobre la pertinencia de las estadísticas con las que contamos.

Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores.

El último punto, pero el principal de todas las coincidencias, las convicciones y los criterios que tiene la actual dirigencia política argentina. Este verdadero mandamiento sagrado oculta que las “obligaciones con nuestros acreedores” no brotaron de la naturaleza sino que fueron contraídas mediante políticas económicas (1976, 1989, 2015), dirigidas específicamente a satisfacer las necesidades del capital inversor global, poniendo a su disposición las finanzas públicas de un país periférico y dependiente. La política neoliberal macrista está transformando al Estado en una aspiradora del excedente económico argentino para destinarlo a pagar los servicios de una deuda que no sirvió en absoluto para aumentar las capacidades productivas o exportadoras del país. La deuda planteará severos problemas para el despegue de la economía nacional, en especial por la intromisión política del FMI, con su repertorio de recetas subdesarrollantes, en la regulación de nuestra economía. Como en el caso del cumplimiento de la ley, este compromiso tiene sentido en tanto no ponga en juego la supervivencia material de los ciudadanos y de la vida en sociedad.

El hundimiento de la imaginación neoliberal:

Da pena el espectáculo de una parte de la dirigencia política argentina alineándose detrás de ideas ya viejas, fracasadas y comprobadamente dañinas para el país.

Detrás de estas declaraciones de fidelidad a una serie de principios caros al poder económico y al neoliberalismo, está la voluntad de ofrecerse como la dirigencia apta y convencida para continuar con la administración de la semicolonia económica en la que se intenta convertir a la Argentina.

Las adhesiones en estos días al golpismo en Venezuela de varios de estos dirigentes, muestran públicamente un alineamiento extremo con los Estados Unidos y con el libreto paupérrimo que la primera potencia del planeta tiene para nuestra región.

A diferencia de los años ’90, donde las “reformas estructurales” neoliberales eran una novedad tentadora dado el lamentable estado de la economía latinoamericana luego de la crisis de la deuda de los años ’80, la reiteración del antiguo libreto aparece hoy como decadente.

El FMI reclama para 2020 la Reforma Laboral y la Reforma Previsional, y ya corren presurosos dirigentes locales a ofrecerse a implementarlas. Reformas que en sí mismas son simples negocios sectoriales, desconectados de toda perspectiva estratégica de crecimiento o inserción internacional aceptable para la sociedad.

Y allí se agota el horizonte: consolidar las ganancias obtenidas, prolongar indefinidamente las actividades rentísticas, remachar los privilegios tarifarios obtenidos durante el macrismo, pagar como sea a los financistas –que para eso nos prestaron— y continuar el debilitamiento de mundo del trabajo. El criterio es no ceder un gramo de rentabilidad obtenida en estos años macristas a costa de la transferencia de ingresos de pobres a ricos, de asalariados a empresas, de usuarios y consumidores a monopolios, de todos los que dependen del estado, al capital financiero internacional.

El vacío de ideas en la cúpula de la sociedad es abrumador. La falta de voluntad de ejercer un liderazgo positivo es asombrosa en la dirigencia económica local. Ante este desierto, la administración Trump llegó a la convicción de que la Argentina es un país con un liderazgo vencido y vacío, que clama por ser conducido desde el norte. Por eso los 57.000 millones del FMI.

El resurgimiento de la Argentina requiere de nuevas ideas y de otra dirigencia política y social.