Viaje a la Luna

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Una memoria a mis antepasados, a mis vivencias...unos versos de futuro.

QUIEN NO SE OCUPA DE NACER SE OCUPA DE MORIR

martes, 13 de diciembre de 2022

LA ECONOMIA CON CRISTINA, CON MACRI Y CON ALBERTO
(Por David Cufré)



El pasado sábado 10 de diciembre se cumplió tres años de Alberto Fernández como presidente. La inflación, con viento a favor, terminará levemente abajo del 100 por ciento para el tercer aniversario. El PIB crecerá bien por arriba del 5 por ciento. Los salarios e ingresos populares quedarán para la mayoría por detrás de la suba del índice de precios, mientras que las jubilaciones tendrán una leve recuperación general pero desde niveles deprimidos, con otras que perderán fuerte. El dólar oficial estará en torno a 180 pesos y el paralelo, este viernes, cotizó a 316.

La fecha permite comparar las gestiones económicas de los tres últimos jefes y jefa de Estado: Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Qué herencia recibieron, en qué contexto político e internacional tuvieron que batallar, cuáles fueron los principales problemas a resolver, qué medidas tomaron y cuáles fueron los mayores logros y fracasos.

Cristina Kirchner

El día previo a su asunción, el 9 de diciembre de 2007, Cristina fue la estrella política de un evento histórico: la fundación del Banco del Sur. Néstor Kirchner, Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Nicanor Duarte Frutos firmaron en el Salón Blanco de la Casa Rosada una nueva declaración para concretar el ansiado proyecto, que hacía ya tres años estaba en elaboración pero no lograba emerger, como finalmente nunca ocurrió.

En el Salón Blanco, iluminado y brillante, destacaban Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La creación de una banca de desarrollo regional era un paso decisivo para la integración, una victoria en la lucha por la emancipación financiera y el primer escalón hacia una moneda común, según definieron los presidentes en el acto, que finalizó con las palabras de quien recibía todas las miradas porque al día siguiente tomaría la posta por Argentina de semejante proceso de transformación económica y social: CFK. “Ni en mis noches ni en mis días más fantasiosos podía imaginar esto”, dijo Cristina, mientras desde el público la envolvían con cánticos de "patria sí, colonia no".

Néstor Kirchner había dejado como herencia económica cuatro años de crecimiento a tasas chinas, niveles de pobreza y desocupación en baja -37 y 7,5 por ciento, respectivamente- superávits fiscal y comercial, una primera renegociación de la deuda en default con 76 por ciento de adhesión, la expulsión del FMI tras pagarle hasta el último dólar, un aparato estatal que recuperaba facultades de intervención y una mejora sostenida de salarios, ingresos populares y jubilaciones.

Tres meses después de la asunción de Cristina, el 10 de marzo de 2008, la ratificación de que el Gobierno iría todavía más a fondo con políticas de redistribución del ingreso quedó plasmada en la resolución 125, de derechos de exportación móviles para la soja y otros cultivos, en momentos en que los precios internacionales alcanzaban niveles record. La medida fue un parteaguas. Reorganizó la vida política nacional hasta el día de hoy, ya que en ese momento se constituyó una tenebrosa alianza de poderes fácticos, con medios de comunicación dominantes y sectores medulares del poder económico a la cabeza, a quienes luego se plegarían la oposición liderada por el PRO y operadores de máxima jerarquía del Poder Judicial.

Son los mismos actores que ahora, ya sin ningún tapujo, transparentan que la quieren muerta o presa a la vicepresidenta, como surge del intento de magnicidio de principios de septiembre, de la reacción posterior de esos sectores, y del fallo para proscribirla de esta semana. 

El 15 de septiembre de 2008, dos meses después del voto no positivo de Julio Cobos a la resolución 125, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, Lehman Brothers, sucumbía ante la crisis de las hipotecas subprime y desataba el peor cataclismo financiero internacional desde el crack de Wall Street en 1929.

Para colmo, una grave sequía agravó la situación interna. Martín Lousteau dejó de ser ministro de Economía en medio de la disputa por las retenciones móviles, su reemplazante, Carlos Fernández, estuvo en el cargo hasta julio de 2009 sin decir ni mu, para luego empezar otra etapa bisagra de conquista de derechos para los sectores populares con Amado Boudou en el Palacio de Hacienda.

En 2008 el PIB creció 7 por ciento, aunque desde el último trimestre de ese año hubo una fuerte caída por la crisis internacional, para cerrar 2009 con un alza del 0,9 por ciento gracias a un rebote en la última parte del año por la adopción de una batería de medidas contracíclicas, con la creación de la Asignación Universal por Hijo el 29 de octubre como estandarte. 

El 29 de junio de ese año, Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa habían sido derrotados en las elecciones de medio término por la alianza entre Francisco De Narváez, Felipe Solá y Mauricio Macri.

La estatización de las AFJP en noviembre de 2008 y de Aerolíneas Argentinas en diciembre de ese año, la sanción de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que llevó los haberes a máximos históricos a partir de 2009, la utilización de reservas del Banco Central para pagar la deuda externa desde enero de 2010, la reapertura del canje de deuda a mediados de 2010 -hasta alcanzar más del 94 por ciento de participación-, el fuerte impulso a la obra pública, el control de las importaciones y las paritarias al alza para los trabajadores fueron otros hechos destacados de esta etapa.

En 2010, la economía creció 9,2 por ciento, la pobreza descendió al 31,9 por ciento y el desempleo bajó al 7,3 por ciento. Ese año también se recuperaron los superávits gemelos, en tanto que la inflación quedó en 10,9 por ciento según el Indec y en 25,7 por ciento para el índice Congreso (legisladores de la oposición). En 2008, la inflación había sido del 7,2 por ciento para el Indec y del 21 para la consultora Economía y Regiones, por entonces comandada por Rogelio Frigerio.

Con esos resultados económicos y tras el fallecimiento de Kirchner en octubre de 2010, Cristina conseguiría una aplastante victoria con el 54 por ciento de los votos para la reelección en 2011. 

Mauricio Macri

Al líder de Cambiemos le tocó asumir el 10 de diciembre de 2015 con una economía gastada. Desde octubre de 2011 había restricciones para la compra de dólares, bautizadas como cepo cambiario, ante un nuevo episodio de insuficiencia relativa de divisas como los que padeció histórica y cíclicamente la economía nacional. Ese era el principal problema, junto al ahogo financiero que provocaban los fondos buitre y el juez neoyorquino Thomas Griesa.

El PIB en 2015 había crecido 2,7 por ciento, tras caer 2,5 puntos en 2014. El déficit fiscal primario fue del 1,9 por ciento para el gobierno de Cristina y del 5,8 en la reinterpretación que hizo Alfonso Prat Gay en enero de 2016. En 2015 se había registrado déficit comercial por 3035 millones de dólares. La inflación había sido del 23,9 por ciento, según el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires. La pobreza estaba en 29 por ciento según la Universidad Católica Argentina y la desocupación, en 5,9 por ciento, de acuerdo al Indec.

Desde el levantamiento del cepo cambiario y la devaluación inicial a fines de 2015, el gobierno de Macri hizo un giro de 180 grados respecto a las políticas del kirchnerismo. Le pagó a los fondos buitre y arrancó otra etapa de endeudamiento desenfrenado, incluida la vuelta del FMI en mayo de 2018, con el préstamo más grande de la historia tanto para el país como para el organismo, por 57 mil millones de dólares, de los que se desembolsaron 45 mil millones.

El nuevo ciclo neoliberal incluyó recortes del gasto público, tarifazos de electricidad de hasta 4900 por ciento y de gas de hasta 1900 por ciento, según el observatorio de la Universidad de La Plata. Se abrieron las importaciones y cerraron 25 mil pymes. Hubo un industricidio, con represión a trabajadores despedidos y recomendaciones a los fabricantes de reconvertirse en importadores. Se bajaron o anularon retenciones a las exportaciones agropecuarias, se liberó la entrada y salida de divisas y aumentaron las tasas de interés, generando una bestial bicicleta financiera financiada con deuda. Las jubilaciones, con la reforma previsional, y los salarios cayeron en picada.

La inflación se disparó a cerca del 40 por ciento en 2016 (no hubo registro oficial por la "emergencia estadística"), retrocedió al 24,8 por ciento en 2017 y volvió a trepar al 47,6 por ciento en 2018. Para ese año Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, había proyectado un índice de 10 por ciento (más-menos 2). La pobreza avanzó al 32 por ciento en 2018, con una desocupación del 9,1 por ciento. El PIB cayó 2,5 por ciento (también bajaría en 2019, completando tres de cuatro años en retroceso).

Descontrol cambiario, recambio de ministros de Economía y presidentes del BCRA (entraron Nicolás Dujovne y Luis Caputo), crisis sin freno, así terminaba su tercer año en el gobierno Mauricio Macri. La situación se pondría peor en 2019 y, pese a un desesperado plan platita de última instancia, el amarillo se convertiría en el primer presidente que no conseguiría la reelección desde la reforma constitucional de 1994, excluyendo a Fernando de la Rúa, quien tuvo que marcharse antes del poder con Patricia Bullrich y Hernán Lombardi como nexos entre ambas experiencias.

Alberto Fernández

Lo primero que hizo Alberto Fernández en medio de la crisis descomunal en la que le tocó asumir fue rechazar más desembolsos del FMI y encarar una renegociación del préstamo ruinoso que había tomado Juntos por el Cambio. El cepo cambiario ya lo había vuelto a instaurar Macri antes de irse, mucho más apretado que el que había dejado Cristina. 

Antes de la llegada de la pandemia, Alberto también dispuso aumentos salariales generalizados por decreto, en lo que parecía una vuelta a los orígenes del kirchnerismo.

Sin embargo, la irrupción del coronavirus en marzo lo alteró todo, obligando a cerrar la economía para evitar la propagación de la covid-19. La convocatoria a un gran acuerdo social para alinear precios y salarios quedó en la nada. El intento de estatización de Vicentin también, con el agravante de que el Presidente pidió perdón por haberlo intentado.

A pesar de la fuerte intervención para garantizar ingresos a la población, con el IFE y el ATP, el caos mundial por la pandemia alcanzó de lleno a la economía nacional, que en 2020 tuvo un declive del PIB del 9,9 por ciento. Aun así, el gobierno del Frente de Todos volvió a algunas de las bases del proyecto que inició Kirchner en 2003, como el control de la cuenta capital, la limitación de las importaciones, el impulso al salario mínimo y a las paritarias, el restablecimiento de una fórmula de movilidad jubilatoria similar a la de Cristina y Boudou, desplegó política de ingresos con bonos y sumas fijas, limitó los aumentos de tarifas y generó crédito subsidiado para la producción y el consumo.

Martín Guzmán, ministro de Economía, y Matías Kulfas, en Desarrollo Productivo, comandaron la nave hasta mediados de este año, con aprobados en números macroeconómicos -el PIB creció 10,3 por ciento en 2021, la industria ya está en niveles de 2017-, baja de la pobreza al 36,2 por ciento en el primer semestre de 2022 (se había catapultado al 42 con la pandemia) y desocupación del 6,9 por ciento al término del segundo trimestre del año.

Guzmán también logró un trabajoso acuerdo con acreedores internacionales y con el FMI, que desataron, sobre todo este último, una grave crisis política en el oficialismo. Pero, sobre todo, la gestión de Alberto y Guzmán careció de la valentía y la potencia para encarar transformaciones estructurales que sí tuvieron las experiencias kirchneristas entre 2003 y 2015. 

La llegada de Sergio Massa en un contexto delicado logró restablecer equilibrios básicos, aunque la inflación ya estaba en vuelo y terminará el año cerca de los tres dígitos. La guerra que estalló en Europa a principios de año fue un factor clave, frente al cual el gobierno se vio superado. El mercado cambiario está desdoblado de hecho y sigue siendo el gran problema a resolver.

Alberto termina su tercer año de gobierno con la economía en marcha, pero sumamente desgastado, lo que parecería sacarlo de la cancha para intentar la reelección en 2023. El tiempo dirá qué toca.

 







A DONDE VAN LOS DOLARES FUGADOS EN EL MUNDO
(Por Raúl Dellatorre)



Un minucioso informe sobre las jurisdicciones que más favorecen el ocultamiento de fondos de capitalistas no residentes señala que los tres distritos que más atraen estas prácticas en el mundo son Estados Unidos, Reino Unido y Luxemburgo. Medidos por su capacidad de "contribuir a la opacidad financiera mundial", es decir recibir los fondos del no residente y ocultar el delito financiero para el país de origen del inversor fugador, esos tres países representan el 50% de la oferta global de esos servicios (Estados Unidos el 25%, Reino Unido un 14% y Luxemburgo, el 11). 

El informe de la Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network, TJN), titulado Indice de Secreto Financiero 2022, es precisamente un análisis del marco legal existente en cada país y los agujeros en el mismo que permiten la circulación en sus sistemas financieros de fondos de no residentes fugados (no declarados) procedentes de otras jurisdicciones. 

"El índice identifica los mayores contribuyentes al delito financiero y destaca las leyes que los gobiernos pueden cambiar para reducir su contribución al secreto financiero", dice el propio informe en su presentación. 

Una de las curiosidades que presenta el informe que aparecen a la cabeza entre las jurisdicciones con mayor "opacidad fiscal" no las tradicionales guaridas fiscales (generosamente llamadas "paraísos" por lo que no quieren ofender estas prácticas de fuga) ubicadas en alguna isla del Caribe o cercanas a las costas del Asia sobre el Pacífico.

"No sólo se mide el grado de opacidad del marco legal de cada jurisdicción, sino además la escala global a la que el país opera en el sistema financiero mundial", indicó a este diario Florencia Lorenzo, investigadora brasileña integrante del equipo principal que trabaja en TJN en la elaboración del índice de secreto financiero y del índice de guaridas fiscales corporativas.

"Hay países, entre los 141 que evaluamos, que presentan niveles muy opacos de información o registro de activos financieros, pero son insignificantes en el volumen de operaciones financieras globales. Si los medimos según el daño que pueden provocar a otras jurisdicciones, hay países quizás con menor grado de opacidad pero con un volumen de servicios financieros a no residentes tan importantes, que representan un grado de riesgo para el delito financiero en contra de otras jurisdicciones mucho mayor", explicó.

Ranking de guaridas

Por tales motivos se explica que en los principales puestos del ranking del Secreto Financiero no aparezcan Trinidad y Tobago, Islas Cayman o las Seychelles, sino (en los primeros cinco lugares): Estados Unidos, Suiza, Singapur, Hong Kong y Luxemburgoen ese orden. 

Las jurisdicciones se clasifican por su valor de FSI, que es una medida para saber en qué grado contribuye la jurisdicción a la opacidad financiera a nivel mundial. Según lo define la propia organización, "el índice es una clasificación de las jurisdicciones que más favorecen que las personas oculten sus finanzas".

Los siguientes cinco puestos en el ranking (del sexto al décimo) lo ocupan este año: Japón, Alemania, Emiratos Arabes Unidos, Islas Vírgenes Británicas y Guernsey (isla ubicada en el Canal de la Mancha). Y en los cuatro puestos siguientes (11º a 14º): China, Países Bajos, Reino Unido e Islas Caymán. 

Aquí sí aparecen algunos territorios de los que se caracterizan por tener más inversores que habitantes, porque son jurisdicciones generalmente con un vínculo de dependencia con los principales centros financieros mundiales, desde donde los propios bancos principales derivan la clientela para la apertura de cuentas a la sombra. 

La autopista del dinero

"La opacidad financiera hace que el abuso fiscal sea viable, que el dinero sucio sea financiable y que los derechos humanos sean menoscabados", advierte TJN al cierre de la introducción al informe. Sin embargo, a las principales potencias occidentales (y a algunas orientales, también) eso no parece generarle culpas en sus prácticas financieras para atraer fondos de no residentes. 

La metodología de clasificación de la opacidad financiera de TJN difiere centralmente de otras clasificaciones institucionales (por ejemplo, de GAFI, entidad creada para combatir el tráfico ilegal de dinero, pero controlada por EE.UU. y Gran Bretaña) porque introduce, como variable para calcular el índice, "el volumen de servicios financieros que la jurisdicción presta a los residentes de otros países, representado por el Peso de la escala mundial".

Para calcular el peso de escala global de cada país, explica Florencia Lorenzo, "la referencia principal son las Estadísticas de Balanza de Pagos del FMI. Cuantos más servicios financieros transfronterizos proporcione una jurisdicción, mas riesgo potencial el país puede causar si no es transparente". A partir de la combinación del puntaje de opacidad de las jurisdicciones y el peso de la escala mundial, se define el Indice de Secreto Financiero. 

"Mientras que las listas negras de guaridas fiscales, por lo general, solo tienen en cuenta las leyes y son susceptibles a la presión política, el Índice de Secreto Financiero identifica de forma más exacta las jurisdicciones perjudiciales observando la forma en la que las leyes y la actividad financiera offshore confluyen con el mundo real para crear riesgos de secreto financiero", apunta el informe de TJN. La mención de "listas negras" está referida a las que periódicamente publica la GAFI sobre países que son señalados como "peligrosos", donde nunca figuran las potencias occidentales. Particularmente, aquellas que TJN identifica como "las jurisdicciones perjudiciales" por el volumen de servicios financieros que presta a no residentes.

El mapa que traza TJN sobre los países que "más exportan servicios financieros a no residentes", lo cual los hace "potencialmente más grandes en su capacidad de hacer daño a otros países a través del ocultamiento financiero", está fuertemente concentrado. Estados Unidos ostenta el 25,8% de esos servicios  en las finanzas globales; Reino Unido, el 14,1% y le sigue Luxemburgo, con el 11,3%. Hasta ahí, concentran el 50,2% de los servicios financieros a extranjeros en el sistema global.

Detrás aparecen Singapur (5,6%), Alemania (5,2), Irlanda (3,92), Suiza (3,91), Hong Kong (3,87), Francia (3,05), Japón (2,8) y Canadá (1,8), sumando otro 30% entre esos ocho. Son, con buen criterio, las once jurisdicciones sobre las que más habría que actuar buscando limitar secretos bancarios, abrir registros de titularidad y beneficiarios finales de sociedades de capital, de estructuras de fideicomisos y fundaciones, y otros aspectos que abonan el delito financiero. Que habita y crece en los llamados "países centrales" y no tanto en paradisíacas islas. 

 





De la mano de la reinversión de utilidades, se recupera la inversión extranjera
(en PAGINA12)

Vaca Muerta es uno de los principales focos de atracción de la inversión extranjera directa.. Imagen: NA

La Inversión Extranjera Directa (IED) en el país alcanzó en 2021 los 6782 millones de dólares, lo cual implicó una mejora del 43,6 por ciento en relación con 2020 y del 2 por ciento respecto de los niveles previos a la pandemia, informó este miércoles la Cepal. Sin embargo, el primer componente que mejoró de la IED fue la reinversión de utilidades, que es un mecanismo que le permite a las empresas evitar tener que ingresar dólares frescos al tipo de cambio oficial, que está muy por debajo del paralelo.

La Cepal destacó los anuncios de inversiones de parte de corporaciones extranjeras en sectores como hidrocarburos en la zona de Vaca Muerta, minería del litio y telecomunicaciones. La economía argentina mantuvo en 2021 el sexto puesto entre los países de América Latina y el Caribe por los montos de IED recibidos. En el primer lugar se ubicó Brasil, que contabilizó inversiones por 46.441 millones de dólares, seguido por México (33.439 millones), Chile (15.252 millones), Colombia (9.727 millones) y Perú (7.455 millones de dólares).

El peso de las entradas de IED en la economía de la región alcanzó el 2,9 por ciento, un desempeño que aún está por debajo de lo observado durante la década de 2010, en la que se promedió una participación del 3,5 por ciento para la inversión externa. "Esto muestra lo difícil que está siendo para la región en su conjunto reposicionarse como un destino atractivo para el establecimiento de nuevas operaciones de empresas transnacionales", indicó el informe.

En relación a la inversión extranjera directa a nivel global, América latina y el Caribe recibió en 2021 el 9 por ciento, bien por debajo del pico de 14 por ciento registrado en 2013 y 2014.

IED en Argentina

Dentro del monto de IED de 6872 millones de dólares en 2021, las reinversiones de utilidades se mantuvieron como el principal componente, explicando el 72 por ciento del total, lo cual implicó un incremento del 85 por ciento respecto de 2020. En cambio, se redujeron los aportes de capital y aumentaron los préstamos entre empresas.

Entre los sectores que atrajeron la IED, energía y recursos naturales se ubicaron en los primeros puestos. Entre las fusiones y adquisiciones, se destacó como la mayor operación del 2021 la venta por parte de Pampa Energía del 24 por ciento de Edenor a un consorcio liderado por el grupo de origen sueco Securitas AB, por 95 millones de dólares.

En hidrocarburos, el informe destaca dos iniciativas de extracción de petróleo en la región patagónica, en la zona de Vaca Muerta: el de la empresa mexicana Vista Oil & Gas, por 250 millones de dólares, y el de la británica Shell, por 80 millones de dólares, consistente en la ampliación de sus actividades de procesamiento en Neuquén.

En el sector manufacturero, el mayor anuncio de inversión correspondió a la empresa brasileña Topper, fabricante de calzados deportivos, por 500 millones de dólares. En los proyectos relacionados con la exploración de litio, sobresalió el anuncio de una inversión de 73,5 millones de dólares en Salta de Jiangxi Ganfeng Lithium Industry, a través de su filial Litio Minera Argentina. También aparece la canadiense Neo Lithium Corp., que busca ampliar sus plantas vinculadas con la producción en Catamarca, por 70,1 millones de dólares, y los 380 millones de dólares de Zijin Mining Group.

En telecomunicaciones, se estimaron inversiones por 834 millones de dólares, entre los que se incluye los planes de Alphabet, que anunció la instalación de un nuevo cable submarino internacional que unirá la costa este de Estados Unidos con Las Toninas.