CAPITALISMO
CONTRA CAPITALISMO
Del menemismo anglo-sajón al kirchnerismo
renano
(Por
Ricardo Aronskind, en el blog de Horacio Verbitsky "EL COHETE A LA
LUNA")
A comienzos de los años ’90, el autor
francés Michel Albert escribió un estimulante ensayo titulado Capitalismo
versus Capitalismo, en el que planteaba que en realidad no existía una sola
forma de capitalismo –pensando sólo en los países centrales—, sino al menos dos
modelos bien diferenciados: el modelo anglosajón y el modelo renano (por el río
Rin y las zonas que atraviesa).
El primero era mucho más desregulado, hecho a
medida de las necesidades empresariales, sin demasiada protección laboral ni
molestas leyes que impidieran la movilidad del capital y la extracción de
jugosas ganancias. El segundo estaba mucho más regulado, promovía un grado
mayor de protección social y era más rígido en materia de legislación laboral.
El libro dio lugar a interesantísimas y
extensas polémicas, ya que los norteamericanos, que se sentían ampliamente
representados en el primer modelo, se burlaban del bajo crecimiento económico
de los europeos del otro modelo, de los índices más altos de desempleo que se
registraban del otro lado del Atlántico y de la escasa innovación empresarial
en relación a los cambios que ocurrían en territorio norteamericano.
Los europeos del modelo renano, a su vez, no
dejaban de escandalizarse por las disparidades distributivas de los
anglosajones, de los peligrosos desequilibrios que se generaban en los mercados
debido a la falta de regulación, y de algunos estándares tercermundistas que
aparecían en materia social.
Si bien todo el mundo se ha ido desplazando
en las últimas décadas hacia el modelo anglosajón, debido a la persistente
presión del capital sobre los logros sociales y las instituciones keynesianas
de la posguerra, la grave crisis mundial de 2008 y las grietas del modelo
basado en la libertad corporativa absoluta parece darle la razón a los
partidarios del capitalismo renano en cuanto a la necesidad de mantener
regulaciones que impidan que los mercados caigan en desequilibrios
desmesurados.
El
modelo anglo-sajón-renano argentino
En el caso argentino, en nombre del “dinámico
modelo anglosajón”, en los ’90 se ensayó la transferencia de monopolios
estatales al sector privado, una apertura financiera indiscriminada con
reendeudamiento, destrucción de capacidades productivas nacionales para
facilitar negocios de importación y concesión de actividades rentísticas hacia
sectores privados privilegiados.
La extranjerización que atravesó toda las
transformaciones de esa década cambió también la composición de la cúpula
empresarial, incrementando fuertemente la presencia de multinacionales cuyas
lógicas de inversión dependen de estrategias globales que se diseñan en las
casas matrices.
Se configuró así un capitalismo que coincide
con el modelo anglosajón en materia de debilitamiento y precarización de los
standards de vida sociales, pero que rescata cierta capacidad regulatoria del
capitalismo renano, no en función de resguardar la estabilidad y previsibilidad
del sistema productivo, sino de reforzar desde el estado la rentabilidad de
sectores empresariales privilegiados.
Cuando se retoma la categorización que
formuló Michel Albert hace 30 años, es claro que el gobierno menemista mostró
afinidades discursivas ideológico-culturales con el capitalismo anglosajón,
mientras que la experiencia kirchnerista encontró más cercanía, al menos en el
terreno de los principios, con un capitalismo más regulado, y con
preocupaciones sociales más fuertes.
El menemismo –versión local de un
neoliberalismo agresivo y antisocial—, y el kirchnerismo, encarnaron dos formas
de entender al capitalismo que ponen énfasis en distintos aspectos. El
menemismo, en promover la rentabilidad empresarial –local o extranjera— sobre
cualquier otro valor, y el kirchnerismo en intentar compatibilizar la
rentabilidad empresarial con la viabilidad social del sistema. Mientras en el
menemismo la gobernabilidad reposa en una sociedad debilitada y fragmentada, en
el kirchnerismo en una sociedad integrada a la producción y el consumo masivo.
Es decir, en nuestro país también hemos
tenido nuestra versión –periférica— de capitalismo versus capitalismo, y en
ningún caso ha estado en juego otro tipo de disyuntiva más radical, o de
impugnación sistémica. La discusión era qué tipo de forma asumiría el
capitalismo local, en qué se asentaría su viabilidad en el largo plazo, bajo
qué criterios se modelaría la sociedad argentina contemporánea.
Extremismo
ideológico neoliberal y desinformación de masas
Sin embargo la Argentina fue perdiendo
progresivamente los parámetros políticos y culturales que caracterizaron su
progreso como sociedad desde los años ’40, y fue cayendo en un enrarecido clima
ideológico que la caracteriza hasta la actualidad.
A nuestra versión local light del capitalismo
renano —caracterizada por cierta recuperación de la capacidad estatal para
manejar algunos resortes económicos—, debido al ideologismo de la derecha local
y a su dominio sobre el sistema de comunicación social, se la llamó chavismo.
Los chavistas François Mitterand o Gerhard
Schröeder se hubieran reído de los planteos extremistas de los conservadores
argentinos, pero lo cierto es que una parte de la sociedad –y del propio poder
corporativo— pareció creer que estaba en presencia de un proceso económico que
apuntaba a la socialización de los medios de producción, cuestión que el propio
chavismo, a pesar de sus apelaciones al Socialismo del Siglo XXI, tampoco
concretó.
Para aumentar aun mas la confusión pública,
algunos sectores internos del kirchnerismo tampoco tuvieron una lectura lúcida
de lo que se jugaba durante de gestión de Néstor y Cristina Kirchner, y
fantasearon con radicalizaciones ulteriores, que no figuraban ni en los planes
de la conducción política, ni en las demandas de la población.
Por supuesto contribuyó a la confusión
generalizada la virulencia política que se desarrolló en torno a varios puntos
de la gestión kirchnerista, como el pago al FMI, la Resolución Nº125, la
estatización del sistema de jubilaciones y pensiones, la política de
administración cambiaria –bautizada como cepo por ciertos
sectores habituados a la fuga de capitales—, las restricciones parciales tanto
a ciertas importaciones como a exportaciones de bienes relevantes o la política
de control de ciertos precios.
Pero, despojados estos fuertes
enfrentamientos reales de una lectura realizada desde anteojeras ideológicas,
se trató en la mayoría de los casos de intentos de regulación pública sobre
ciertas actividades y mercados que tienen un alto impacto sobre el resto de la
economía y sobre la situación social, el empleo y el nivel de vida de la
población.
La particular debilidad de la economía
periférica y la falta de capacidades y de legitimidad del Estado para
intervenir con contundencia, pueden generar efectivamente errores en cuanto a
la eficacia de ciertas políticas, pero no puede dudarse sobre la importancia de
una intervención reguladora pública para compensar los peligrosos vaivenes de
los mercados librados al azar de sus impredecibles movimientos, o para limitar
los frecuentes comportamientos predatorios de la producción o del bolsillo de
usuarios y consumidores.
Toda la filosofía regulatoria en economía
parte de la base de que los mercados no son infalibles, que por lo tanto pueden
generar acontecimientos de alta peligrosidad social y que las corporaciones
toman decisiones que no tienen por qué coincidir con el interés general de la
sociedad.
Lo que no puede admitirse, en nombre de una
discusión seria e informada, es que se intente hacer pasar la regulación
económica por socialismo, porque es vaciar de sentido los conceptos. Todo el
mundo desarrollado está estructurado por una compleja trama de regulaciones
públicas, que en muchos casos son las responsables de grandes logros económicos
o de la envidiable integración y estabilidad que muestran las economías más
avanzadas.
Fernández-Fernández
en la disputa de modelos
Algunos de los interesantes intercambios
sobre la fórmula presidencial Fernández-Fernández se han centrado en las
características personales de los miembros de la fórmula, siendo Alberto el que
tendría mayores capacidades de diálogo, negociación y consenso y Cristina la
que sostendría posturas más principistas, y tendría una menor disposición a
realizar concesiones. No parece que ambas disposiciones sean antagónicas en el
terreno de la acción política pública.
Pasando a un terreno más despersonalizado, se
ha discutido sobre las ventajas y desventajas de un modelo confrontativo versus
un modelo dialoguista para atravesar la muy difícil coyuntura
inicial que aguarda al próximo gobierno.
En esos intercambios se observa que algunos
analistas han pretendido reducir las batallas políticas reales ocurridas
durante el gobierno de Cristina Kirchner a problemas de personalidad o a la
orientación ideológica extrema de la ex Presidente.
La realidad es que la viabilidad del gobierno
posterior al derrumbe de la convertibilidad dependió de que éste fuera capaz de
controlar un conjunto de variables, y hay que decir que el gobierno de Néstor
no tuvo jamás un programa maximalista en ese sentido, sino que actuó y
reaccionó de acuerdo a las necesidades que dictaron las coyunturas. Baste
recordar que en ese tramo de la gestión no existieron límites importantes a la
venta de dólares, precisamente por la abundancia de las divisas extranjeras y
la necesidad de evitar una sobrevaluación cambiaria.
El kirchnerismo entendió el manejo de la cosa
pública en forma pragmática, rompiendo cuando fue necesario ciertos tabúes
caros al mundo corporativo –como la estatización, el control de precios o de
cantidades—, no por vocación anticapitalista, sino por la necesidad de encausar
el proceso económico y social más allá de los requerimientos puntuales de los
actores privados, por más importantes que fueran.
En el par de términos a los que es tan afecta
la derecha argentina, moderación/extremismo, el kirchnerismo representó la
moderación –en materia cambiaria, de precios, de regulación del comercio
exterior— en función de un conjunto de prioridades mucho más amplio que la
estrecha mirada de los negocios privados.
El extremismo, la intransigencia, el ideologismo,
estuvo encarnado por un sector privado cortoplacista y empoderado por los años
menemistas.
Gobernar
no es obedecer a las corporaciones
Por supuesto que ejercer la regulación
pública de la economía requiere inteligencia, conocimiento y visión de mediano
plazo, para no terminar generando efectos contrarios a los que se buscan, pero
lo relevante políticamente del período kirchnerista fue que el sector privado
concentrado impugnó abiertamente la disposición regulatoria del Estado en
función de otros intereses que no fueran los del propio sector.
A partir de la gestión de Cristina, más allá
de cada uno de los enfrentamientos puntuales sobre las decisiones
gubernamentales, se agudizó la exigencia desde el sector privado a ser
consultado por el gobierno sobre cada una de las decisiones importantes,
pretendiendo reservarse el poder de veto sobre aquellas iniciativas que no
coincidían con sus intereses particulares.
No creemos que los fuertes roces políticos
que se dieron con el gobierno kirchnerista obedecieran a la personalidad de
Cristina, a un supuesto ideologismo izquierdista de sus funcionarios, o a
errores puntuales de la gestión, que los hubo, pero infinitamente menores a los
actuales.
La índole de la furia opositora, la evidente
vocación desestabilizadora que se desató a partir de 2008, no pueden entenderse
por esas razones.
Los choques obedecieron a un desacuerdo
político y económico fundamental: ninguna decisión importante que no esté
estrictamente alineada con negocios privados puede ser tomada desde el Estado,
sostienen desde el alto empresariado. Quien está en la cabeza del Estado y sus
funcionarios deberán entender que tienen que gestionar en función de las
demandas de las fracciones empresariales y no de los intereses plurales que
existen en la sociedad.
Cabe destacar que el modelo macrista se
caracterizó, hasta desembocar en la crisis de 2008, por el cumplimiento al pie
de la letra de lo que demandaban las diversas fracciones del capital que lo
apoyaron, y que el actual cuadro económico y social desastroso guarda estrecha
relación con esa forma de entender y administrar el capitalismo, entendido como
mera asistencia estatal a las necesidades de negocios privados.
En el léxico del alto empresariado argentino,
la palabra diálogo significa consulta vinculante con los actores privados. Y la
palabra autoritarismo representa la disposición de los gobernantes a respetar
el mandato de las mayorías.
Regulación
y gobernabilidad
Si el próximo gobierno es nacional y popular,
no tendrá otra alternativa que regular la economía en función de intereses
mucho más amplios que los de 5 fondos de inversión extranjeros, las 10 firmas
exportadoras, los 20 bancos locales o el puñado de prestatarios de servicios
públicos o productores de energía.
Las metas iniciales de ese gobierno no
tendrán relación alguna con el chavismo ni con el comunismo, sino con la
construcción de un capitalismo productivo capaz de incorporar en su
funcionamiento las necesidades de las mayorías nacionales.
Siempre es bueno para quien gobierna mantener
puentes con los diversos actores y comprender las necesidades y las lógicas
sectoriales. Pero no debe confundirse ese necesario insumo para la tarea de
conducir el país, con la relación de subordinación que parte de la dirigencia
empresarial le reclama a todo dirigente que aspire a gobernar la Argentina.
El experimento macrista que estamos sufriendo
no puede ser encuadrado dentro del modelo anglosajón, porque carece de todos
los elementos dinámicos que debería mostrar ese estilo de funcionamiento capitalista.
Es precisamente desde este peculiar capitalismo de decrecimiento y de rapiña
financiera, que se califica como chavista, peligrosa y extremista a una versión
más reguladora y viable del capitalismo periférico.
Para garantizar su supervivencia política,
para sostener la gobernabilidad económica, y para ir satisfaciendo las
esperanzas que se generarán en torno a una nueva gestión nacional y popular, el
próximo gobierno deberá regular aspectos vitales de nuestra economía, sin
ninguna concesión a las acusaciones de los fanáticos del capitalismo de rapiña.
La conducción del gobierno deberá prever que al poner bajo control el actual
desbarajuste generará tensiones y fricciones con los protagonistas de las
formas más predatorias de capitalismo local.
El espacio político nacional y popular, en
vista de las características de los actores existentes, debería ya propiciar un
amplio debate público —que no se dio con suficiente claridad en los 12 años de
la gestión kirchnerista—, en torno a dos grandes cuestiones que se plantearán
en diciembre: el deber que tienen los representantes democráticos de incorporar
las necesidades de las mayorías a todo el espectro de decisiones a tomar, y el
derecho de los sectores populares a defender la democracia de quienes quieren hostigarla
y suprimirla cuando no responde estrictamente a su plan de negocios.