PARTE 3
El Estado y los trabajadores durante
el primer gobierno de Menem en Argentina (1989-1995)
(Por Hernán
Fair)
Los beneficios suplementarios
Como dijimos, durante el gobierno de Menem se
llevó a cabo un drástico proceso de transformación del Estado. Este proceso
tenía como una de sus premisas la necesidad de privatizar las empresas públicas
para reducir el déficit fiscal y mejorar los servicios (Thwaites Rey, 1999;
2003). Mediante estos argumentos, prácticamente la totalidad de las empresas
que históricamente habían pertenecido al Estado pasaron a manos privadas. Como
consecuencia, miles de trabajadores perdieron sus empleos. En efecto, según se
ha calculado, en los primeros tres años de vigencia del Plan de
Convertibilidad, 381 189 trabajadores perdieron sus empleos, de los cuales un
86.7% pertenecían al Estado (Noticias, 27-03-94). Sin embargo, muchos de
ellos continuaron apoyando el plan económico. ¿Cómo se explica este respaldo
de los principales perjudicados? Una de las claves, a nuestro entender, debe
buscarse, más allá de la estabilización, en los beneficios materiales que
otorgó el gobierno. En efecto, en lo que se denominaría Programa de Propiedad
Participada (ppp), el gobierno les concedió a los ex trabajadores despedidos
una participación accionaria del orden del 10% en los servicios públicos
privatizados (36). Este programa estaría acompañado, al mismo
tiempo, por otros beneficios, entre ellos fuertes incrementos salariales, como
en el caso de los gremios de Personal Civil, Luz y Fuerza, la Unión
Ferroviaria y los Empleados de Comercio (Clarín, 02-05-93; Página 12,
01-06-94), y regímenes de “retiros voluntarios” que, como en el caso de la
empresa siderúrgica somisa, beneficiaron a 4 500 ex empleados públicos con 6
meses de salario e importantes indemnizaciones (Clarín, 09-07-91).
Estas políticas que, en palabras de Menem,
convertían a los trabajadores en “dueños” de la propiedad de las empresas y de
“su propio destino” (Fair, 2008b), se agotan, sin embargo, en el análisis de
una porción relativamente pequeña de los trabajadores (37) Por otra
parte, el propio modelo comenzaría a generar, principalmente a partir de 1993,
con el agotamiento del proceso de privatizaciones (Basualdo, 2006), una
creciente tasa de desocupación y marginalidad social que amenazaba la
supervivencia del Plan(38) En ese contexto, al que se sumaba el
agotamiento de las indemnizaciones, el gobierno implementó una serie de
políticas “parches” para contener el descontento popular. Las medidas
implementadas, que encuentran algunos antecedentes en los planes de asistencia
focalizada de los años ochenta (39) se concentraron en particular en
las provincias donde el gobierno había diferido hasta ese entonces el ajuste
económico(40) Así, una de las más importantes aplicaciones fue el
llamado Programa de Promoción de Empleo Privado, un programa dedicado a las provincias
del noroeste del país, que garantizaba tres meses de sueldo a los empleados
contratados por las empresas (Página 12, 25-01-94). Al mismo tiempo se
implantó un plan social que garantizaría el acceso a una extensa red de 344 000
viviendas sociales, el llamado fonavi, y un paquete de medidas focalizadas de
promoción del empleo para sectores marginales (Página 12, 02-07-94).
Finalmente, el gobierno estableció un conjunto de micro emprendimientos
cooperativos para los empleados despedidos de la empresa petrolera privatizada
ypf, lo que incluiría, además, contratos de perforación en áreas centrales
privatizadas (como las regiones de Catriel y Comodoro) por varios millones de
dólares y la promesa de que los cooperativistas seguirían perteneciendo al
gremio petrolero (41) (Página 12, 24-09-92).
(36) En
la práctica, los porcentajes variaron desde un 10% en 1991, y 10.1% en 1992,
reduciéndose levemente a 9.5% en 1993, 9.6% en 1994 y 9.4% en 1995 (véase
Basualdo, 2000:121). En el caso de la privatización de la petrolera ypf, un
4.8% de las acciones serían entregadas, además, a 86 100 jubilados (Clarín, 24-09-93). Ambos sectores,
por otra parte, obtuvieron importantes ganancias, del orden del 47.9%, por la
revalorización obtenida en sus acciones (Clarín,
21-10-93). En la privatización de obras sanitarias, por su parte, el porcentaje
otorgado por el gobierno a los empleados fue de un 20% (Clarín, 02-05-93).
(37)
Según un informe, a comienzos de 1994 el número de beneficiados con el Programa
de Propiedad Participada (ppp) fue de unos 69 639 trabajadores, a razón de $30
684 en acciones paracada trabajador, para un total de 2 136 083 millones de
dólares. Al mismo tiempo, los retiros voluntarios beneficiarán a 103 000
trabajadores (Página 12,
20-03-94).
(38) La
desocupación, que se había mantenido en 6.9% entre junio de 1991 y mayo de
1992,subió a 9.9% en mayo del año siguiente, alcanzando el 10.7% en mayo de
1994 (indec, 1998).
(39) En
efecto, durante el gobierno de Alfonsín, en consonancia con el discurso
neoliberal en favor de la focalización de la ayuda social, comenzaron a
aplicarse en Argentina y también en algunos otros países de la región, como
Bolivia, Brasil y México (Torre, 1998), los primeros ensayos de asistencia
social focalizada. Estos programas, que contrastaban con los planes universalizables
que habían caracterizado al peronismo, se concentraban en programas de ayuda
alimentaria a los sectores más desfavorecidos (cajas pan) y políticas de ayuda
social en áreas de salud e infancia (Svampa, 2005:183-184). En ese contexto,
algunos autores señalan que los sectores beneficiados con estos planes
focalizados trascendieron la fuerte vinculación identitaria con los sindicatos
y el peronismo para situarse en una relación afectiva con los “punteros”
barriales que les garantizaban el acceso a los beneficios materiales. En esta
línea de análisis cen-trada en el “clientelismo afectivo”, véanse Levitsky
(1997), Auyero (2001) y el trabajo del propioSvampa (2005:185-196).
(40) En
efecto, las provincias de La Rioja, Catamarca, San Luis, San Juan y Tierra del
Fuego estuvieron exentas de algunas medidas del régimen desregulatorio aplicado
por el gobierno (Azpiazu, 1995:177). Al mismo tiempo, mientras la nación
llevaba a cabo la privatización de los regímenes previsionales, se excluía la
privatización en las provincias, dejando intactos los fondos manejados por los
gobernadores provinciales (Gerchunoff y Torre, 1996:757).
(41) El
gobierno, además, implementó un seguro de desempleo de $120 por un periodo de
cuatro meses para aquellos trabajadores que acreditasen un año sin empleo, y de
seis meses para aquellos que acreditasen dos (Clarín, 02-03-92).568 Estudios Sociológicos XXVII: 80, 2009
Estos beneficios, sumados al fin del
“impuesto inflacionario”, que perjudicaba en mayor medida a los sectores bajos
—quienes dedicaban un porcentaje mayor de sus ingresos a la compra de
alimentos (Gerchunoff y Torre, 1996)—, ayudaron a paliar en gran medida la
oposición de los trabajadores despedidos de las empresas públicas, pero también
de muchos sindicalistas, favorecidos por el control de los recursos sociales de
aquellos programas y el manejo de fondos en la desregulación de las obras
sociales y la privatización de los fondos de jubilaciones y pensiones (42)
(42) En
efecto, el gobierno dispuso una intervención en el organismo regulador de los
fondos de las obras sociales (anssal), y colocó como interventor al gremialista
oficialista Andreoni. Además, designó como directores de los obreros a Raúl
Amín, Mario Francella (textil), Arman-do Matarazzo (ferroviarios) y Aníbal
Martínez (construcción), y fijó un esquema en el que el 3% del salario bruto
del empleado y el 6% del empleador debían ser gravados, vía el Ministerio del
Trabajo, a la obra social sindical. Al mismo tiempo, le devolvió al sindicato
de la construcción la conducción de su obra social y le otorgó a los empleados
de Comercio y Servicios la co-gestión de la obra social de la osecac.
Finalmente, el presidente de la República firmó un acuerdo para implantar un
sistema de jubilación privada que beneficiaba a nada menos que 500 000
empleados mercantiles y que sería manejado nuevamente por los patrones
sindicales, quienes poseían también la Caja de Subsidios Familiares para
Empleados de Comercio (casfec) y el Instituto Asegurador Mercantil (iam) (Página 12, 02-07-91, 04-07-91 y
07-07-91). Comoconsecuencia de estas medidas, los gremios oficialistas se
hicieron acreedores de extraordina-rios fondos sociales, principalmente en la
anssal, que pudieron repartir a
piacere (mtss, 1993).En esas circunstancias, el dirigente sindical Raúl
Amín (mecánicos) afirmó que “la desregulaciónes un hecho histórico”, y de este
mismo modo se expresaron sectores afines al gobierno, como Andreoni, Pedraza
(ferroviarios), Aldo Serrano (Luz y Fuerza) y José Castillo (bancarios) (Clarín, 02-11-91). Sobre el caso
argentino, véanse particularmente Murillo (1997) y Alonso (2000). Hemos
trabajado también este particular en Fair (2008b). Para un análisis comparativo
del caso argentino en relación con otros casos similares de reforma en América
Latina, véanse Torre (1998), Stokes (2001), Murillo (2005), y Palomino (2005).
En ese contexto, prometiendo mantener la
estabilidad monetaria, los beneficios selectivos y los “negocios” para los
líderes sindicales, el gobierno no tuvo inconvenientes en lograr un amplio
triunfo en las elecciones legislativas de 1991 y 1993, donde obtuvo el 40% y el
42% de los votos, respectivamente (indec, 1998).
El apoyo al gobierno se tradujo, además, en
un bajo nivel de conflictividad. Así, la cantidad promedio de conflictos
mensuales durante los dos primeros años de la convertibilidad decreció un
12.5% con respecto al promedio de los 19 meses previos a la vigencia del Plan.
Las medidas de acción directa, que muestran la combatividad sindical, se
redujeron, por su parte, un 22% con respecto al periodo anterior a la puesta en
vigencia del régimen cambia-rio y, para el año 1993, alcanzarían una
disminución del 31% en relación con el periodo de pre-convertibilidad. Además,
los conflictos con medidas de fuerza disminuyeron de un 50% a un 32%, en igual
periodo (Gómez et al.,1996:253). Los conflictos “defensivos”, es decir,
los que se realizan en respuesta a la eliminación de fuentes de trabajo,
suspensiones, despidos o atrasos en el pago salarial, también tuvieron una
merma importante durante 1993, alcanzando, hacia 1995, una reducción del orden
del 63.5% (Gómez et al., 1996:260). Si bien estas cifras se revirtieron
parcialmente a partir de 1994, no hubo en esos años un cuestionamiento directo
a los ejes principales del Plan de Convertibilidad(43) (Bonanotte,
1996). En este sentido, podemos decir con Gómez que, con la excepción parcial
de los sectores público y de servicios(44) el régimen de convertibilidad
se convirtió, durante el periodo 1991-1995, en un “símbolo político ordenador
de comportamientos sociales” (Gómez et al., 1996:249).
(43)
Según registros de Gómez et al. (1996),
el cuestionamiento al plan económico sólo alcan-zó un 1.4% durante 1993. En
efecto, “el tipo de cambio, el nivel de apertura de la economía, lapresión
fiscal sobre los sectores productivos, la falta de estímulos a la inversión
productiva, los estímulos a los negocios financieros, las crisis productivas
provinciales, el cuestionamiento a la terciarización económica y los costos
financieros aparecerán sólo esporádicamente en los conflictos”. En este
sentido, concluye que “la conflictividad laboral no estuvo asociada a una
deslegitimación creciente del programa vigente”. Bonanotte, por su parte,
calcula que, a nivel general, sólo el 14.3% de las medidas sindicales cuestionó
directamente al plan durante el primer mandato de Menem (Bonanotte,
1996:95-96).
(44)
Debemos tener en cuenta, en ese sentido, la importancia que tuvo el llamado
“san-tiagueñazo”, protesta regional de gremios estatales realizada en diciembre
de 1993 (Clarín y Página 12, 17-12-93 y ss.) y la
marcha federal, de julio de 1994 (Ámbito
Financiero, Clarín y Página 12, 04-07-94 y ss.). Por otra
parte, en noviembre de 1992 estos sectores fueron los protagonistas principales
del primer paro de la cgt al gobierno (Página
12, 10-11-92). Sobre la oposición a las políticas neoliberales por parte
de los trabajadores estatales, véase Svampa (2005).
El rol de los componentes pasivos
Hasta aquí hemos analizado lo que podemos
denominar componentes “activos” de la hegemonía menemista. Sin embargo,
creemos que hubo también componentes “pasivos” igualmente importantes que
ayudan a explicar la adhesión al gobierno de Menem por parte de los
trabajadores(45) A continuación analizaremos la importancia que
tuvieron la reestructuración social y el contexto histórico-político en la
legitimación pasiva del plan económico y el gobierno. Para ello, haremos
hincapié en el aspecto discursivo. En efecto, si bien existen algunos trabajos
que analizan la importancia del contexto histórico en que emerge el menemismo,
centrándose en la importancia del discurso hegemónico neoliberal(46)
escasean, curiosamente, estudios que indaguen a profundidad en la función
ejercida por el discurso menemista en la legitimación de aquellas políticas de
reforma(47) En ese contexto, se ha ignorado llamativamente de qué
modo el discurso menemista logró evitar el surgimiento de acciones alternativas
que pudieran plantear una contra-hegemonía consistente y decidida a las reformas
de mercado llevadas a cabo por el gobierno y cómo este tipo de discurso
terminaría legitimando la aceptación pasiva de las premisas neoliberales.
(45) Siguiendo a Tenti y Fanfani, decimos que
existen dos grandes visiones para entender las respuestas a las reformas
neoliberales. La primera, de tipo “naturalista”, tiende a enfatizar la
imposibilidad de modificar el estado de cosas, conduciendo a una actitud
“pasiva”. La segunda, en cambio, enfatiza la posibilidad de modificar el estado
de cosas, tendiendo hacia una actitud “activa” (Tenti y Fanfani, 1993:273-274).
(46) En
particular se destacan el trabajo de Thwaites Rey (1994) y, desde un enfoque
más general, Aronskind (2001).
(47)
Seguimos aquí muchas de las cuestiones abordadas en detalle con Fair (2008e).
La
reestructuración social
Durante el peronismo los sectores populares
gozaban de amplios beneficios sociales garantizados por un Estado que intervenía
fuertemente en el mercado. En ese contexto, los trabajadores asalariados se
hallaban integrados tanto económica como socialmente (James, 1990; Torre,
1990). Como vimos, una vez que asumió Menem como presidente, y con la excusa de
combatir un Estado burocrático, corrupto e ineficiente que generaba déficit fiscal,
se llevó a cabo una drástica reducción del papel del Estado basada en la
apertura y desregulación de la economía, la privatización de las empresas
públicas y la flexibilización laboral. Como consecuencia de estas medidas, se
agravó el proceso de desindustrialización relativa iniciado durante el proceso
(Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1989; Castellani, 2004; Basual-do, 2006),
incrementando la fragmentación social, polarización y reducción numérica de los
sectores populares (Torrado, 1994; Villarreal, 1996; Svampa, 2005). Las
políticas tendientes a la flexibilización laboral generaron, a su vez, una
creciente precarización, tercerización y distinción en los lugares de trabajo
entre trabajadores temporales y permanentes. Esta atomización social introdujo
diferencias de percepción y de “modos de ver las cosas” entre los diversos
sectores de la comunidad. De este modo, se incrementaron las dificultades para
constituir identidades colectivas y formas de acción social unificadas como las
existentes hasta mediados de la década de 1970(48) (Tenti Fanfani,
1993; García Delgado, 1994; Pucciarelli, 1998:28-29).
(48)
Como señala Villarreal, “la exclusión fragmenta a los sectores sociales
postergados (trabajadores independientes y clases medias empobrecidas), produce
una fractura de sus intereses, modos de vida y valores, que atraviesa real o
virtualmente gran parte de la sociedad, lo cual refuerza el ‘disciplinamiento’
y la ‘gobernabilidad’ (Villarreal, 1996:81).
Por otra parte, debemos considerar el factor
disciplinador generado por el creciente desempleo. Este último elemento no sólo
disminuyó el número de afiliados sindicales, sino que contribuyó a generar un
“efecto paralizante”, debido a que hacía muy difícil a los sectores laborales,
amenazados por el despido, movilizarse y organizarse en una coyuntura donde
miles de compañeros (el “ejército industrial de reserva”, diría Marx) los
podían reemplazar rápidamente (Fernández, 1998:62; Basualdo, 2001). Además,
debemos tener en cuenta que el poder de los sectores obreros había sido
fuertemente resquebrajado por la violenta represión ejercida durante la
dictadura militar de 1976, que dejó un saldo de 50% de las víctimas de origen
proletario (Gambina y Campione, 2002:173). En ese contexto, se produjo una
desarticulación de sus sistemas de sociabilidad, lo que, sumado a la
interiorización del temor a la participación en el espacio público, favoreció
la atomización social (García Delgado, 1994:165; Villarreal, 1996; Sidicaro,
1998:48-49).
Por otra parte, se hacía difícil continuar
con las protestas cuando se insistía desde el gobierno en la inmutabilidad de las
políticas aplicadas. En efecto, el presidente expresó en reiteradas
oportunidades su incondicional negativa a cambiar el rumbo vigente:
Deseo
simplemente ratificar los lineamientos de un rumbo que mi Gobierno, y este
Presidente de la Nación, consideran inmodificable. No desearía que quede ningún
tipo de dudas al respecto (…). La Ley de Convertibilidad será cumplida a
rajatabla. (Menem, 02-09-91)(49)
Esta
estabilidad y este rumbo que ha elegido el pueblo argentino es irrenunciable.
Es un camino sin retorno. No hay presión posible, por ejemplo, ya que todoslos
días se habla sobre el tema, de que nosotros modifiquemos el tipo de cambio(…).
Que quede bien en claro esto. Todos los días nos despertamos con las ver-siones
de que el Gobierno va a ceder a algún tipo de presión de algún sector denuestra
comunidad. No existe ningún tipo de posibilidad. (Menem, 06-07-93:43)
Del mismo modo, en el momento en que surgían
cuestionamientos a la reforma laboral, expresó:
Aquellos
que están clamando o insisten en la modificación de este modelo, deben entender
que esta propuesta, este modelo que tiene plena vigencia en la República
Argentina, no tiene la posibilidad de ser negociado, es irrenunciable, y vamos
a continuar por esta senda, por este camino, hasta que finalice el mandato que
me ha encomendado el pueblo argentino. (Menem, 22-12-93:253)
(49)
Los discursos citados a partir de aquí, salvo expresa aclaración, corresponden
a discursos oficiales emitidos por el presidente Carlos Saúl Menem.572 Estudios
Sociológicos XXVII: 80, 2009
Y en igual sintonía se mantuvo cuando se
realizó la marcha federal de julio de 1994, y se preveía realizar un paro. Así,
exclamó:
No sé qué
es lo que pretenden. Si la idea de los convocantes es el cambio de las
políticas del gobierno, pueden hacer un millón de paros, pero estas políticas
van a seguir funcionando como hasta ahora. (Ámbito Financiero, 05-07-94)
De este modo se incentivó en los trabajadores
una creciente resignación frente a lo que veían como una escasa posibilidad de
lograr éxito en las medidas de protesta (Feijoo, 1993; Karol, 1993).
Pero además debemos tener en cuenta el
impacto que ejerció la llamada Ley de Empleo “flexible”, que legalizó —a
finales de 1991— los contratos temporales, a domicilio y a tiempo parcial y
disminuyó los costos por despidos, así como las modificaciones realizadas a la
Ley de Convenios Colectivos, que descentralizaron la negociación a nivel de
empresa y condicionaron los aumentos salariales al incremento de la
productividad para hacerla consistente con la flexibilidad productiva
requerida por el ajuste(50) (Senén González y Bosoer, 1999; Torre,
1999:56-57). Desde el discurso del presidente, estos cambios se proponían
traspasar la negociación colectiva, del nivel nacional y por rama, al nivel de
fábrica, para lograr el aumento de la competitividad vía la reducción de los costos
laborales:
Nosotros
estamos tratando en este momento, un pacto, un convenio para mejorar la
competitividad; es fundamental que dentro del contexto de competitividad, se
baje el costo argentino. (Menem, 22-12-93:253)
La consecuencia de estas políticas, sin
embargo, fue la introducción de un individualismo que disminuyó la solidaridad
que existía anteriormente entre los compañeros de tareas. Por ejemplo, el
decreto que estableció el aumento de salarios de acuerdo con el nivel de
productividad, de julio de 1991 (Clarín, 16-07-91), produjo una
fragmentación entre los sindicatos, que lograron un efectivo aumento en la
productividad (especialmente el gremio de metalmecánicos de smata), que
subordinaron las protestas al consumo; y los gremios de baja productividad, que
centraron sus conflictos en pedidos de aumento de salarios (Bonanotte,
1996:70-73; Svampa, 2005:173-177). De este modo, con trabajadores fragmentados
organizativamente, el gobierno y los grandes empresarios se facilitaron la
implementación de las reformas y los ajustes estructurales(51)
(50) De
todas maneras, resulta importante aclarar que los sindicalistas lograron
renegociar con el gobierno la modificación de los proyectos de desregulación de
las obras sociales y la flexibilización laboral, obteniendo a cambio una
“desregulación parcial”. Sobre el particular, véanse Etchmendy (1995), Senén
González y Bosoer (1999), y Alonso (2000). Para un análisis comparativo de esta
“política de intercambios” que enfatiza las similitudes con el caso mexicano en
relación con la Ley Federal de Trabajo, y el caso colombiano con la reforma
laboral y sus efectos de desmovilización, véanse Torre (1998, especialmente pp.
79-85), y Murillo (2005).
(51)
Este tema ha sido analizado por varios trabajos; casi todos ellos, sin embargo,
se centran en una dimensión de racionalidad estratégica de los actores que se
aleja del enfoque general de este trabajo, al otorgarle al gobierno o al
presidente una intencionalidad que parece ser más una consecuencia no prevista
de las políticas de ajuste que un plan orgánico cuyo objetivo implícito principal
consistiría en introducir un individualismo que disminuyera la solidaridad que
existía anteriormente con los compañeros de tareas para facilitar, de este
modo, la implementación del modelo de ajuste. En esta línea, véanse Tenti y
Fanfani (1993), García Delgado (1994:145), Villarreal (1996), Pucciarelli
(1998:26), Basualdo (2001), y Gambina y Campione (2002:199).
El otro mecanismo que contribuyó a
despolitizar la acción sindical fue la profundización de sus divisiones
internas. En este sentido, el gobierno ejerció un papel importante, pues se
apoyó en el control del PJ para manipular y reducir a la CGT mayoritaria, lo
que provocó divisiones internas e incentivó la dispersión en sus estructuras
(Palermo y Novaro, 1996; Fernández, 1998:63). Al mismo tiempo, en relación con
los grupos de confrontación, no dudó en responder a las primeras protestas
enviando a los actores en juego señales inequívocas de su disposición a no
negociar bajo presión de utilizar medidas de fuerza (Clarín, 04-03-91,
13-03-91 y 14-03-91). Así, frente a las amenazas de huelga sindical, el
presidente afirmó que:
Es
realmente un absurdo, una arbitrariedad, desde el sector público, desde un
sector desde donde se presta un servicio público, declarar una huelga por
tiempo indeterminado. Por eso dije que si hay una huelga por tiempo
indeterminado, las medidas que tomará el gobierno con los responsables o en
contra de los responsables, también serán en tiempo indeterminado. Por eso,
vuelvo a llamar a la reflexión a los huelguistas, sean compañeros o no, para
que levanten el paro y entraremos a dialogar. Caso contrario, lamentablemente,
con mucho dolor, seguirán saliendo los telegramas de despido hasta que
normalicemos esta situación. (Menem, 25-03-91)
En efecto, en la simbólica fecha del 17
octubre de 1990, el “día de la lealtad peronista”, el gobierno reglamentó por
decreto la limitación del derecho a huelga de los “servicios esenciales”, bajo
amenaza de quita de la personería gremial y despidos sin indemnizaciones(52)
(Página 12, 18-10-90).
(52) El
decreto 2184/90 establecía que el derecho de huelga quedaba restringido en los
“servicios esenciales”, lo que incluye “en general a todos aquellos en los que
la extensión, duración u oportunidad de la interrupción del servicio o
actividad pudiera poner en peligro la vida, la salud, la libertad o la
seguridad de toda la comunidad o de parte de ella”. Afirmaba, además, que si no
se acata la conciliación obligatoria, el ministro de Trabajo “declarará la
ilegalidad de las medidas de acción directa que se materialicen”. En palabras
de Menem, se deben “brindar servicios mínimos a fin de atender las necesidades
imprescindibles de los usuarios. Si no, están supervisados a quita de
personería gremial” (Página 12,
18-10-90).
En ese contexto, frente a la amenaza de
huelga sindical, el viceministro deTrabajo, Enrique Rodríguez, afirmó que los
gremios que “transgredan lo establecido en la ley” serían “sancionados” con
“las normas vigentes” según lo establecido por el “Decreto antihuelgas”
(Decreto 2184/90), esto es, mediante despidos sin indemnizaciones y eventual
quita de personería gremial(53) (Página 12, 03-11-92)
Pero además de estas medidas, debemos tener
en cuenta que el sindicalismo había perdido en los últimos años una cuota muy
fuerte del poder que había tenido en décadas anteriores. Esta reducción de su
poder respondió, por un lado, a la pérdida de afiliados sindicales, producto de
la desindustrialización y el desempleo generados por las políticas de
apertura, desregulación y privatizaciones; pero también a la autonomización que
venía llevando a cabo el partido frente a la organización desde el retorno de
la democracia (Murillo, 1997). En efecto, a partir de 1983, con la primera
derrota electoral en su historia, el otrora movimiento peronista comenzó un
proceso de paulatina democratización de sus estructuras (Palermo y Novaro,
1996; Levitsky, 1997). En ese contexto, potenciado por la cooptación de algunos
de sus dirigentes y la escasa legitimidad de otros debido a sus prácticas
corruptas(54) además de la imposibilidad de acceder a la personería
gremial por parte de los sectores más combativos(55) el sindicalismo,
que tradicionalmente había expresado los reclamos de los sectores trabajadores,
siendo la “columna vertebral” del movimiento peronista (James, 1990; Torre,
1990), experimentó una profunda crisis que se manifestó en un notorio declive
de su poder político(56)
(53)
Muchos de estos mecanismos de control y desarticulación de la oposición se
aplicaron de manera particularmente profunda en el caso mexicano durante la
larga hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (pri). Stevens ha
analizado con detalle muchas de estas “tácticas de cooptación”, que incluyeron
desde acciones policiales anti-huelgas, secuestros e incluso asesinatos, hasta
cooptación de líderes opositores y disidentes mediante prácticas clientelísticas
y de patronazgo, tales como la repartición de pequeñas parcelas de tierra a
campesinos pobres (Stevens, 1985:430-438). Durante la presidencia de Salinas de
Gortari (1988-1994) se aplicó, además, un programa social antipobreza dirigido
a sectores carenciados, denominado Programa Nacional de Solidaridad (pronasol),
que continuaba la tradición de clientelismo del país, al tiempo que se
mantenían vigentes los mecanismos de fraude y control político. Para un
análisis comparativo de estos mecanismos y los presentes en otros casos de la
región, como Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia, véase particularmente el
trabajo de Torre (1998).
(54)
Esta crisis de legitimidad se expresó en una débil imagen positiva de los
sindicalistas de sólo un 6.9% en abril de 1991 (Página 12, 30-04-91), y 3% en enero de 1994; además de que el
95% de los encuestados quería investigar sus fondos y un 84% creía que
colaboraban poco y nada para solucionar los problemas del país (Página 12, 25-01-94).
(55) En
efecto, el gobierno no le otorgó a la Central Opositora de los Trabajadores del
Estado (cta) la personería gremial aduciendo su inconstitucionalidad. Además,
mantuvo la vigencia de boletas únicas para impedir que la oposición se
presentara y obtuviera cargos. En ese sentido, mientras que en 1984-1985 el 80%
de los sindicatos tenía elecciones competitivas a comienzos de 1992 sólo se
mantendría la democratización en el 33.3% de las organizaciones gremiales
(véase Fernández, 1998:60). De todos modos, el sector estatal aglutinado en la
cta, y luego en la mta, fue el más proclive a enfrentarse a las políticas
neoliberales del menemismo. Al respecto, véase Svampa (2005).
(56)
Como prueba de ello debe tenerse en cuenta que durante el peronismo, el
sindicalismo aportaba los fondos para las campañas electorales, las listas de
candidatos se armaban en las sedes gremiales y las redes de dirigentes y
militantes obreros movilizaban a los trabajadores a la hora de votar. Además,
en 1974 este sector manejaba el Ministerio de Trabajo y ocho
vice-gobernaciones, y tenía 40 diputados en el Congreso, además de una fuerte
influencia en los aparatos partidarios (Torre, 1999:59-62). En 1983 aún había
35 diputados de origen gremial. Diez años más tarde, eran sólo diez (La Nación, 02-01-94). De todos modos,
como señala Etchmendy (1995), el poder sindical no sería menguado del todo, lo
que se evidenció en el poder de veto que lograron ejercer los diputados de
extracción sindical a las leyes laborales del menemismo a partir de su fuerte
presencia en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de
Diputados.576 Estudios Sociológicos XXVII: 80, 2009
En esas circunstancias de creciente fragmentación,
polarización y segmentación social (Torrado, 1994; Pucciarelli, 1998), y sin
representantes que defendieran sus intereses sociales, los trabajadores, más
debilitados que nunca, enfrentaron dificultades para coordinar alternativas
antagónicas y consistentes con el rumbo vigente (Palermo y Novaro, 1996;
Martucelli y Svampa, 1997).
La
“ausencia de alternativas”
Las políticas de orientación neoliberal pudieron
implementarse (parcialmente) en nuestro país desde mediados de la década de
1970 debido, en parte, a que no había otro modelo más adecuado que diera solución
a los problemas que había generado el Estado de Bienestar en su particular
versión vernácula. A fines de 1989 fue derrumbado, además, el Muro de Berlín (Clarín,
11-11-89), y dos años más tarde se produjo la disolución del sistema socialista
en la Unión Soviética (Página 12, 22-12-91). De este modo, mostraba su
fracaso la alternativa que durante tantos años había competido con el
capitalismo liberal.
En ese contexto de fracaso tanto del modelo
“estadocéntrico” (Cavarozzi, 1997), como de la alternativa comunista, resulta
pertinente analizar el discurso al que apeló el presidente Menem para legitimar
el nuevo rumbo. Según se desprende de sus discursos, el presidente planteó una
disyuntiva: por un lado, estaban la “modernización”, el “crecimiento” y el
“progreso” construidos a partir del mito liberal de la bondad reguladora del
mercado. Por el otro, el rechazo de esta opción y el regreso al “atraso”, la
“decadencia”, la “involución” y la “frustración” de la “Argentina vieja”:
Hay una
Argentina vieja, la del atraso, la de la involución, que se va, y una Argentina
nueva, la del progreso, la del crecimiento, con una nueva mentalidad que está
naciendo (…). Es preferible trabajar constantemente por lo nuevo, que viene a
desplazar definitivamente a lo viejo que se tiene que ir también definitivamente.
(Menem, 25-04-91:90)
Yo no
quiero que siga instalada la soberanía del hambre en la República Argentina, a
partir de conceptos totalmente superados. Quiero que encontremos la soberanía
del trabajo y de la producción a partir de una Argentina moderna instalada en
este mundo competitivo en forma espectacular. (Menem, 05-08-91:97)
Al ser representadas de esta manera las
opciones, reafirmando la contraposición entre lo “viejo” e “inviable”, las
políticas “estatistas” del peronismo y las “socialdemócratas” del
alfonsinismo, que habían fracasado; y lo “nuevo” y “único camino posible”, la
“inserción al mundo moderno” que estaba llevando a cabo el gobierno, se
generaba un mecanismo psicológico que cerraba toda posibilidad de construir un
proyecto alternativo al existente (Yannuzzi, 1995:170):
Podemos
discutir largamente acerca de las dificultades de instrumentación y ejecución.
Podemos polemizar sobre los pasos dados. Pero también es necesario que
establezcamos un consenso sobre la estrategia de fondo. Sobre las líneas
directrices, que son las únicas que la Argentina puede encarar hoy con realismo
y con posibilidad de éxito. Es necesario que discutamos seriamente y honestamente
sobre este modelo de Argentina que estamos proponiendo y llevando adelante para
todos los argentinos. Es necesario que discutamos sobre lo posible. Y sobre la construcción
de lo posible. Porque cada uno ya ha experimentado en carne propia los
supuestos caminos alternativos, que muchas veces aparecen como remedios tan
milagrosos como inviables, frente a la presente realidad nacional e
internacional. (Menem , 01-05-91:105-106)
Este fomento al “imposibilismo” político
(Pucciarelli, 2002), se encuentra íntimamente ligado al famoso postulado de
Francis Fukuyama de que se había llegado al “fin de la historia”. En palabras
de Fukuyama:
En la
última generación, tanto los regímenes de izquierda como los de derecha han
fracasado. Este derrumbe empezó en Europa con España, Portugal y Grecia. Luego,
durante los años ochenta, se acabaron los regímenes militares de derecha
latinoamericanos y, al final de la década, tuvimos la caída del comunismo. Todo
esto parece indicar que hay un principio de legitimidad mundialmente reconocido
en este momento, que es la democracia liberal. (Página 12, suplemento “PrimerPlano”, 08-09-91)
Esto significaba que, como se habían agotado
las interpretaciones alternativas a la “democracia liberal”, se terminaba con
la lucha política-ideológica. De este modo, se carecía de incentivos para
luchar por un modelo alternativo al dominante.
La
lógica “mecanicista”
Para entender la apatía e inacción social
durante la década “infame” de los noventa, debemos tener en cuenta, además, la
importancia que tuvo la vigencia de una visión que podemos llamar “mecanicista”
de la globalización. Los teóricos del neoliberalismo decían que nada podía
hacerse frente a un mundo regido por las “inescrutables fuerzas de la
naturaleza”. En ese contexto, se promovía que la única respuesta posible ante
la globalización era la sumisión pasiva como si se estuviese en presencia de un
fenómeno inevitable, como son las catástrofes naturales (Borón, 1999; Coraggio,
1999). Si se respetaban las “fuerzas del mercado”, esta visión fundamentalista
prometía que el crecimiento de la economía mundial sería más rápido y estable,
y que los frutos del desarrollo se distribuirían entre todos los habitantes del
planeta. Al mismo tiempo, afirmaba que, si no se cumplían estas “reglas”, las
consecuencias serían catastróficas (Aronskind, 2001).
Siguiendo a Pucciarelli, podemos resumir esta
estrategia del siguiente modo: “o seguimos profundizando las políticas de
ajuste ‘recomendadas’ por los organismos internacionales, desechando toda
posibilidad de modificar sus parámetros fundamentales, o habrá una huida masiva
de los capitales invertidos en el país que producirá un colapso en la
economía, con imprevisibles consecuencias sociales, institucionales y
políticas” (Pucciarelli, 2002:105). Así, mientras que el secretario del Tesoro
de Estados Unidos expresó que “no hay alternativa viable” a las reformas, el
presidente del Banco Mundial dijo que los ajustes “son inevitables, aunque sean
dolorosos. Los países que han rehusado el ajuste sólo han logrado caer en
situaciones aún peores” (Clarín, 28-09-93). El propio Domingo Cavallo,
ministro de Economía de Menem, fomentó esta visión de temor ante un “caos
inflacionario”, al afirmar que “nadie que piense de manera razonable puede
considerar que sea necesario devaluar (la moneda)” (Página 12,
13-05-95). Y ello en razón de que “una devaluación generaría un drástico
recorte de ingresos de la gente, desataría expectativas inflacionarias y una
recesión muy severa” (Clarín, 10-05-95).578 Estudios Sociológicos XXVII:
80, 2009
Esta estrategia de “imposibilismo apocalíptico”
(que se expresa en la dicotomía “esto o el caos”), resultó muy efectiva, ya
que, como señala Bauman, las personas que se sienten inseguras sobre lo que les
puede deparar el futuro, no son verdaderamente libres de enfrentar los riesgos
que exige una acción colectiva (Bauman, 2003:13).
Inscrito en esta lógica “mecanicista”, Menem
afirmaba que “Nuestros países, individualmente, no pueden modificar ni un ápice
de la realidad política-económica-mundial, aunque ésta nos afecta
profundamente” (Menem, 05-07-90). De este modo, se incentivaba la impotencia, y
con ella una resignación o “abstinencia racional” (Navarro, 1995:463) frente a
la imposibilidad de modificar el estado de cosas vigente. Pero además, si
alguien expresaba en pleno auge del consumo, del crecimiento económico y de la
“modernización”, que el modelo había fracasado, resultaba irremediablemente
excluido de la sociedad por estar “escindido de la realidad”:
¿Hay
algún argentino en su sano juicio que quiera volver a 1989, con esta estabilidad
económica, con este cambio que estamos produciendo y con la capacidad del
salario que va en aumento? (Clarín,
01-08-91)
Los
resultados están a la vista, ahora, ¿quién en su sano juicio puede cambiar un
modelo que ha sacado a la Argentina de una crisis prácticamente letal de
décadas para colocarla como uno de los países de mayor crecimiento en nuestro
planeta? (Menem, 22-12-93:259)
En efecto, la sobrevaluación cambiaria había
permitido un auge del crédito comercial y familiar, un fuerte incremento del
consumo de tecnología importada a partir del abaratamiento del dólar y una
inédita “modernización” tecnológica. Además, había permitido un fuerte
crecimiento del PBI(57) En ese contexto de hechos “tangibles” y
“visibles” en la realidad cotidiana, que además elevaron fuertemente la
productividad y la demanda laboral (Síntesis Informativa, 1995), al
tiempo que disminuyeron relativamente los índices de pobreza (58) el
presidente podía afirmar sin inconvenientes que:
En sólo
cuatro años y medio de gobierno, hemos conseguido esta transformación que, por
ejemplo, ha llevado a la República Argentina a colocarse entre los cuatro
países que más crecieron en estos últimos tres años, en lo que hace a su
Pro-ducto Bruto Interno. Ha subido la producción, reitero, ha crecido en forma
significativa el consumo, han disminuido los índices de pobreza y se acrecienta
la demanda laboral. (Menem, 24-11-93)
(57) En
los primeros años de vigencia del Plan de Convertibilidad, el abaratamiento del
dólar generó un fuerte crecimiento del consumo y de las inversiones en
maquinaria y equipos (Grandes, 1999). Al mismo tiempo se produjo un inédito
crecimiento del pbi. Así, el pbi, que había caído un 6.2% en 1989 y crecido
sólo un 0.1% en 1990, se incrementó un 8.9% en 1991, un 8.7% en1992, un 6% en
1993, y un 7.1% en 1994 (La Nación,
15-05-95), manteniendo luego cifras moderadamente menores durante la segunda
presidencia de Menem (Basualdo, 2006:312).
(58)
Según datos del indec, los hogares pobres en el Gran Buenos Aires se redujeron,
en par-ticular debido a la estabilidad económica, de un 38.2% de octubre de
1989 a un 21.9% en ma-yo de 1991, alcanzando niveles del orden del 16.3% en
mayo de 1995. Al mismo tiempo, los índices de
indigencia cayeron, durante el mismo periodo, de 11.6% a 3.6%, recuperándose
le-vemente a 4.3% durante mayo de 1995. En cuanto a las personas pobres, los
índices oficiales del Gran Buenos Aires señalan, para similar periodo, una
reducción de 47.3% a 28.9% y 22.2%, respectivamente, al tiempo que las personas
en situación de indigencia lo hicieron de 16.5% a 5.1%, expandiéndose levemente
a 5.7% en 1995 (indec, 1998).
La apelación a una supuesta realidad objetiva
e indiscutible materializada en los “hechos” marcó así una continuidad y, a la
vez, un punto de inflexión con el peronismo tradicional. La continuidad residía
en el hecho de que, como afirmaba Perón, “La única verdad es la realidad”(59)
La inflexión, por su parte, se debía a que mientras que durante el
peronismo el enemigo era “la vieja oligarquía” y los “intereses extranjeros
opuestos a la República” (Sigal y Verón, 2003:78), en el caso de Menem, eran
aquellos rezagados, los “nostálgicos” o “ideologizados” que no lograron
comprender la “realidad de lo real” (Hilb, 1994:17):
Los
acontecimientos que nos han preocupado no son producto de lo que se denomina
ajuste o reajuste, son producto de la falta de capacidad y de comprensión de lo
que ocurre actualmente en el mundo y en la República Argentina, por algunos
sectores de nuestra comunidad. (Menem, 22-12-93:255)
Concepciones
de esta naturaleza, en el fondo ocultan un profundo prejuicio político y
cultural, aferrado a concepciones del pasado. En algunos casos, aferrado
incluso a mentalidades exclusivamente ideologizadas, incapaces de comprender
los inmensos cambios que se registran actualmente en todo el mundo. (Menem,
24-10-89:132)
En ese contexto, en el que según Menem los
que protestan son “detractores, eternos derrotistas, agoreros del pasado y el
fracaso que van perdiendo su lugar en nuestro suelo” (Menem, 28-08-91), el
presidente podía acusar al Grupo de los Ocho(60) afirmando que “son
peronistas”, pero “totalmente desactualizados”, ya que “siguen hablando el
mismo idioma de 1945” (entrevista en Clarín, 24-01-93).
(59)
Frase comúnmente utilizada por Perón en sus discursos presidenciales. Sobre el
particular, véase el detallado análisis de Sigal y Verón (2003).
(60)
Bloque político de ocho diputados de origen justicialista y opositores al
gobierno.580 Estudios Sociológicos XXVII: 80, 2009
El secretario de la central sindical opositora,
CTA, Víctor De Gennaro, resumió de manera elocuente el panorama que se le
presentaba a quien se situase como opositor al gobierno:
Después
del noventa, después del intento de recuperar al peronismo con el Grupo de los
Ocho y de la CGT Azopardo que encabezaba Ubaldini (…) se creyó que no valía la
pena pelear. En los mismos medios se decía hasta hace un mes que las resistencias
eran inútiles. Mucho peor, intentaban convencernos de que no se debía pelear,
de que era retrógrado. Quedábamos a contramano de la historia (entrevista en Página 12, 10-07-94).
Pero además el gobierno había logrado reducir
a niveles históricos los ín-dices de inflación(61) En esas
circunstancias ya no podía hablarse de un “programa de ajuste”, como se lo
acusaba desde la oposición, porque el “ajuste” en sí era, en palabras de Menem,
el propio “impuesto inflacionario” que debía sufrir el “pueblo argentino”:
Mienten
aquellos que nos hablan de ajustes y de reajustes. Ajustes y reajustes fueron
los que vivimos durante décadas hasta 1989, cuando teníamos inflación,
hiperinflación, desorden, caos. Esos sí que eran ajustes y reajustes. Y, ¿quién
los pagaba? El trabajador, que hoy cobraba su salario (si lo cobraba), y al día
si-guiente, por obra y gracia de la inflación, tenía la mitad y a los diez días
no tenía ab-solutamente nada. Eso sí era realmente dramático en el marco de la
democracia y lo tenía que soportar el pueblo argentino, especialmente el trabajador.
No nos engañemos, el que tenía recursos, el capitalista, colocaba el dinero a
plazo fijo y así podía ir salvando lo poco que tenía, no así el trabajador.
Aquello de que “ganarás el pan con el sudor de tu frente”, realmente era que el
pan lo ganaban otros con el sudor de la frente de los trabajadores argentinos.
Esto se acabó ya en nuestra Patria. (Menem, 29-04-93:202-203)
Y menos aún se podía hablar en esos términos
con las inéditas tasas de inversión y consumo vigentes a partir de la
instauración de la paridad cambiaria. En ese contexto, como afirmó Cavallo, sólo
alguien que “no sabe interpretar la realidad” podía referirse a la existencia
de un plan de ajuste:
Quien
dice que los últimos tres años fueron de ajuste, bueno, no sabe interpretar la
realidad. Nunca hubo tantos recursos para ser gastados por la gente en consumo
como en estos tres últimos años. Además de haber crecido impresionantemente el
ingreso, tuvimos un ingreso de capitales del exterior que permitió financiar un
alto nivel de inversión sin restringir para nada el consumo (entrevista en Pá-gina 12, 17-07-94).
(61) En
efecto, luego de alcanzar durante 1994 la tasa de inflación más baja en 49
años, con sólo 3.9% (Clarín,
04-01-95), durante los primeros cuatro meses de 1995 acumuló solamente un 1% (Clarín, 05-05-95 y 07-05-95).
Según el sociólogo francés Pierre Bourdieu,
“las categorías de la percepción del mundo social son, en lo esencial, el
producto de la incorporación de las estructuras objetivas del espacio social
(…) que inclinan a los agentes a tomar el mundo social tal cual es, a aceptarlo
como natural, más que a rebelarse contra él” (Bourdieu, 1984:289). Si seguimos
esta línea, podemos decir que en esas circunstancias de hechos “objetivos” e
incontrastables, potenciados por la idea de “inevitabilidad” de los cambios
tecnológicos que caracterizan a la modernidad y la “ilusión de consenso
generalizado” (Bourdieu, 1999) fomentada por los grandes medios de comunicación
y sus “intelectuales orgánicos”(62) se generó un “pensamiento
único”, transformado en sentido común, que impedía ver las consecuencias
políticas, económicas y sociales que estaba produciendo el nuevo orden e
incapacitaba pensar en proyectos alternativos, al tiempo que promovía
sistemáticamente la apatía política y el conformismo (García Delgado, 1994;
Thwaites Rey, 1994).
(62)
Entre ellos, debemos destacar el respaldo de la mayoría de los tecnócratas
organizados en las fundaciones liberales del cema, fiel y la Fundación
Mediterránea, además de periodistas como Bernardo Nestaudt, Mariano Grondona y
Gerardo Sofovich. Si tenemos en cuenta el peso que significó el apoyo de estos
sectores del establishment ―que
incluyó a “expertos” nacionales como Jorge Ávila y Juan Carlos de Pablo, e
internacionales, como Rudiger Dornsbusch y Jeffrey Sachs― podemos decir, con
Bourdieu, que el discurso neoliberal que pregonaba Menem no era un discurso
como todos los demás, sino que era un “discurso fuerte”, y difícil de combatir,
porque contaba a su favor, además de su “fuerza simbólica” expresada en su
saber tecnocrático ―y por lo tanto, objetivo―, con “todas las fuerzas de un
mundo de relaciones de fuerza que contribuían a que fuera tal cual es”
(Bourdieu, 1999:137-138). Para un análisis de la importancia del discurso de la
tecnocracia durante los años noventa, véase Thwaites Rey (2001). Para un
análisis más general, véase Centeno (1997).582 Estudios Sociológicos XXVII: 80,
2009
