(Por
Atilio A. Boron, publicado en su blog personal
La intempestiva designación del Juez Sergio
Moro como Ministro de Justicia de Brasil quedará registrada en la historia como
el caso paradigmático, por su desvergüenza rayana en lo obsceno, de la
emergencia de un siniestro actor en la siempre acosada democracia
latinoamericana: el “Sicario Judicial”. A diferencia de sus
predecesores que aniquilan a sus víctimas físicamente, el sicario judicial como
su colega económico de más antigua data (como lo demuestra el conocido libro de
John Perkins, Confesiones de un sicario económico) el judicial los elimina
utilizando un arma más silenciosa y casi invisible a los ojos de sus
contemporáneos: el “lawfare”. Esto es: la utilización arbitraria y tergiversada
del derecho para violar los principios y procedimientos establecidos por el
debido proceso con el objeto de inhabilitar –por la cárcel o el exilio- a
quien, por algún motivo, se constituye en una figura molesta para las clases
dominantes o el imperialismo. En otras palabras, matarlo políticamente.
El sicario judicial personifica el proceso de
putrefacción de la justicia de un país, desnudando impúdicamente su carácter de
clase y su abyecta sumisión a las órdenes de los poderosos. Por extensión,
revela asimismo la degradación de la vida democrática que tolera el accionar de
estos delincuentes. Cómo el pistolero, el sicario judicial actúa por encargo. Se
trata de un “killer” de nuevo tipo que gracias a su posición en la estructura
del poder judicial puede disponer a su antojo de la vida y la hacienda de sus
víctimas, para lo cual viola con total impunidad no sólo la letra
sino también el espíritu de las leyes, torciendo premisas jurídicas
fundamentales (la presunción de inocencia, por ejemplo) y enviando a la cárcel
a aquellos sin necesidad de contar con pruebas fehacientes. Y al igual que sus
tenebrosos precursores de pistola y explosivos actúa bajo un manto de
protección que le garantiza no sólo que sus delitos permanecerán impunes sino
que sus “asesinatos civiles” serán ensalzados como ejemplos luminosos del
respeto a la ley y las instituciones de la república.
Para perpetrar sus crímenes necesita estar
amparado por la complicidad de todo el poder judicial. Jueces,
fiscales y los consejos de la magistratura cierran sus ojos ante sus actos y la
prensa hegemónica, imprescindible cómplice del malhechor que con sus fake
news y posverdades produce el linchamiento mediático de sus adversarios,
facilitando su posterior condena, reclusión y ostracismo político. El renombre
de este nuevo tipo de gangster judicial reposa en las espectacularidad de sus
intervenciones, casi siempre a partir de datos y pistas procedentes de los
organismos de inteligencia el Departamento de Justicia de Estados
Unidos y selectivamente dirigidas en contra de quienes se sospecha sean
enemigos del orden social vigente. Sergio Moro, fue un asiduo alumno de los
cursos de “buenas prácticas” que hace décadas Washington organiza para educar a
jueces y fiscales en la correcta administración de justicia. Una de las cosas
que aprendió fue sacar de la carrera electoral a un líder popular y crear las
condiciones para posibilitar la demolición de una construcción política
moderadamente reformista pero que, aún así, suscitaba el intenso repudio del
imperio. Este nuevo y desafortunado actor político que irrumpe en la escena latinoamericana
no dispara balas sino sentencias; no mata pero condena, encarcela e instaura un
fraude electoral gigantesco porque, como se decía en Brasil, “sin Lula la
elección es fraude”. Y así fue. Como todo sicario trabaja por encargo y recibe
magníficas recompensas por su deleznable labor. En el caso que nos ocupa, su
escandalosa violación del derecho fue retribuida por su mandante con el
Ministerio de Justicia, y desde allí seguramente organizará nuevas cacerías
para producir la “limpieza” política y social que prometiera el energúmeno que
a partir del año próximo será presidente de Brasil. Con su designación los
alcances de la conspiración para evitar, a cualquier precio, el retorno de Lula
al gobierno queda en evidencia. La irrupción de este nuevo actor obliga
acuñar una nueva –y ominosa- categoría para el análisis político: el sicario
judicial, tanto o más dañino que los demás. Claro que sería un grave error
pensar que lo de Moro es una manifestación exótica de la política brasileña. El
huevo de la serpiente, dentro del cual madura este siniestro personaje, ya se
advierte claramente en Argentina, Ecuador, Bolivia y Paraguay.
