UN PAÍS PARA POCOS

(Por Horacio Rovelli,  en el blog elcohetealaluna.com)

Nuestra sociedad ha tenido dos grandes momentos de unidad tras una propuesta común, una en el peronismo de 1945 y la otra, en el kirchnerismo en el año 2003.  No por ello se deja de ponderar lo mucho y bueno que se hizo en la gestión de Arturo Illia —pero se gobernó con el peronismo proscripto— o la gestión del primer año de Raúl Alfonsín, pero fue el mismo mandatario el que desistió de la defensa del mercado interno, del trabajo y de la producción nacional, acordando con los acreedores externos y con grandes empresarios nacionales el reconocimiento y estatización de una deuda externa impagable.

Todas las otras administraciones fueron más o menos funcionales a una burguesía rentista y parasitaria que se beneficia con un mercado cautivo y que acuerda con los capitales externos, lo que les permite acumular ganancias que emplean para perpetuar su dominación en el mercado local y para fugar recursos en forma más o menos sistemática.

Aun así no están exentos de contradicciones y de pujas internas, que en los estertores del gobierno de Cambiemos se reflejan entre los que apuestan a continuar con la depreciación de nuestra moneda y los que creen que la que ya se realizó es suficiente.

Entre los primeros (ganadores) están quienes el 25 de abril de 2018, ante la suba de la tasa de interés de largo plazo (10 años) de los EE.UU. acercándola al 3% anual, compran y fugan divisas del país, encabezados por los mismos bancos que colocaron los títulos de deuda de la Argentina en los mercados financieros internacionales. JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Merrill Lynch, etc, compraron dólares a $ 20,20 y se llevaron ese solo día 1.225 millones de dólares y continuaron con esa política en el mes de mayo (se fugaron 4.616 millones de dólares) y junio (el FAE fue de 3.074 millones de dólares)[1].  Recién frenaron la huida cuando el precio del dólar alcanzó los $ 38,90 el último día de ese mes de 2018 y lo creyeron, hasta ese momento, un techo.

Ellos y los que fugaron 79.069 millones de dólares, desde el 1° de enero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2019, son los grandes ganadores del fin del gobierno de Macri y los que propician la devaluación del peso argentino para comprar por la mitad lo que vale el doble.

Obviamente que entre los fugadores hay grandes empresarios que residen en el país, quienes compraron esos dólares a través de los bancos autorizados a operar por la autoridad monetaria central que, a su vez, los adquirieron al BCRA que sabe fecha y monto de cada operación. Pero amparándose en el secreto bancario, el gobierno de Cambiemos no da a conocer quiénes son esos beneficiados, para preguntarles como obtuvieron esa suma y si pagan los impuestos por esas divisas que sacan del país y que priva al resto de los argentinos.

Entre los segundos (perdedores) encontramos a:

Los que no pudieron irse del país el 25 de abril de 2018 por tener vencimientos a posteriori, que esperaron cierta estabilidad para vender títulos públicos y privados argentinos, y cuando esa estabilidad lograda tras las PASO se perdió, no trepidaron en vender tratando de salir como sea de un mal negocio.

Quienes ingresaron fuertemente a mediados del año 2018, incluso acrecentando sideralmente su posición en títulos públicos y acciones de empresas argentinas, principalmente la aseguradora suiza-francesa Allianz SE (Pimco), el banco de inversión Goldman Sachs, la Financiera Lazard y los fondos Franklin Templeton y BlackRock.

Según el registro de acreedores de títulos públicos argentinos, en pesos y en dólares, a mediados del año pasado sumaban un total equivalente a 28.000 millones de dólares. De este total, la aseguradora suiza-francesa Allianz SE (Pimco) administraba unos 6.400 millones de dólares; el Fondo Franklin Templeton poseía títulos públicos argentinos por el equivalente a 6.200 millones; el fondo BlackRock por unos 3.700 millones de la moneda norteamericana; Goldman Sachs por unos 2.200 millones de dólares y la Financiera Lazard [2] unos 1.500 millones.

Se estima que Pimco poseía entre el 40 al 50% del total de título público denominado por su sigla Bopomo (Bono de Política Monetaria), que es un bono en moneda nacional por 24.000 millones de pesos, atado a la tasa de interés de política monetaria que cerró al 83,205% anual y se pagó el lunes 23 de septiembre. La otra parte de los Bopomo estaba básicamente en manos de otros fondos del exterior. Obviamente, Pimco y tal vez los otros tenedores esperaron la fecha de vencimiento para cobrar e irse, más que probablemente con el mecanismo de contado con liqui, comprando con esa plata otros títulos públicos y privados y vendiéndolos en el exterior a un dólar a mayor precio, que es el costo de volver a esa moneda, por lo que definitivamente no hicieron una diferencia a tener en cuenta.

Cuando ingresaron, el dólar (tipo comprador) estaba a $ 37,90 (24 de septiembre de 2018) y el contado contra liqui del día 23 de septiembre de 2019 estaba a $ 68,64. La depreciación fue del 81,11%, por lo que estuvieron inmovilizados más de 400 millones de dólares y en este caso ganaron solo 2% de interés en pesos.

Peor le fue a Franklin Templeton y BlackRock, que compraron los Bonos del Tesoro (BOTEs) el 15 de mayo de 2018 por unos 3.000 millones de dólares cuando el dólar saltaba a $25,50, por $76.500 millones a tasa fija del 20% anual, con vencimientos en los años 2020, 2023 y 2026.

Con una tasa pactada del 20% anual, hasta septiembre solo por la variación de monedas, llevaban perdidos 930 millones de dólares en esta operación. Como fueron bonos emitidos a medida de estos fondos, no encuentran comprador y su precio de mercado también cae, lo que amplía las pérdidas a casi 1.100 millones de dólares.

Todas las empresas locales que colocan sus acciones en mercados de capitales del exterior valen en dólares mucho menos que hace un año atrás. Por ejemplo, al 25 de septiembre de 2019, el valor de los ADR de YPF SA (que son los certificados de tenencia de las acciones y es la forma de invertir en empresas de todo el mundo a través del mercado norteamericano) es de 9,80 dólares, el más bajo desde que en la gestión de Carlos Menem se hizo sociedad anónima y un 32,1% menor que lo que valía en septiembre de 2018.

El valor de los ADR de Transportadora Gas del Sur (del grupo Werthein) sale 43,5% menos; Central Puerto (presidida por Nicolás Caputo, hermano del alma de Mauricio Macri) descendió un 68,4% en su valor. Las empresas lideradas por Eduardo Elsztain (IRSA) y Cresud cayeron un 59,5% y 52,7% respectivamente; Pampa Energía —cuyo principal accionista es Marcelo Midlin (quien aparentemente le comprara la empresa IECSA a Ángelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri)— sufrió una caída del 49,2%; mientras que los valores de Loma Negra cayeron un 51,1%.

Otro tanto los bancos: Galicia (con fuerte participación de los Braun, tíos del Jefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña Braun) descendió un 55,2%, Supervielle 66,2% y Macro 44,6%.

Como sigue la historia

Cabe destacar que en la Argentina existe una alianza entre los que siguen teniendo bonos y acciones argentinas y las principales empresas locales, representadas mayoritariamente por la UIA (Unión Industrial Argentina) y encabezadas por la transnacional italiana Techint (de los Rocca) y el Grupo Arcor (de los Pagani), que tienen deudas en dólares y que piensan que las devaluaciones realizadas por el gobierno de Cambiemos ya les permiten competir en el mercado interno y hasta en el externo.

Los empresarios industriales locales siempre buscaron y propiciaron que el salario industrial medido en dólares de la Argentina sea menor que el de Brasil… y lo lograron. Y no quieren que se devalúe más porque corren el riesgo que sus activos sean comprados por capitales extranjeros y a precio vil, perdiendo su influencia en el mercado cautivo local. Con lo que sordamente se genera una puja entre los devaluacionistas (los que fugaron capitales) y los que quieren mantener el valor presente del tipo de cambio (los fondos que no supieron cuándo irse o no se pudieron ir).

Quienes poseen títulos y acciones locales (y a mediados del año pasado en pesos y en dólares sumaban un total equivalente a 28.000 millones de dólares) no quieren perder más plata y los industriales, por su parte, saben que con esta paridad cambiaria el costo local es uno de los menores de toda la región.

En síntesis, la puja por arriba de la sociedad es muy fuerte y no se sabe el resultado final (si el dólar se vuelve a disparar y en ese caso a qué precio y cómo impacta sobre el valor de los activos locales y sobre la deuda externa pública y privada), mientras el pueblo espera pacientemente el fin del gobierno de Cambiemos y el inicio de un nuevo gobierno nacional y popular.

La verdadera brecha

Si todo esto que relatamos es así, ¿quiénes son los que siguen apoyando al gobierno de Cambiemos o al menos aportan para su reelección?

En su Carta abierta de un escritor a la junta militar, Rodolfo Walsh dice:

«Un aumento del 722 % en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos”.

Desde la Sociedad Rural Argentina se organizó la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) que llamó al lockout (paro patronal) del 26 de febrero de 1976, antesala del golpe militar, y nació como expresión de esa clase dominante que necesitaba sacarse de encima las ataduras de un Estado que pretendía regularla y administrar la economía en favor de objetivos sociales. Celedonio Pereda (presidente de SRA), José Alfredo Martínez de Hoz (socio y descendiente directo de dos presidentes de la Rural), Jorge Zorreguieta (Centro Azucarero) y Jorge Aguado (CRA), entre sus figuras notables, todos altos funcionarios de la dictadura que asolara al país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983.

El principal aportante de la Campaña de Cambiemos para la reelección de Mauricio Macri es el hijo de Celedonio Pereda, Marcos Pereda, director del Grupo Bermejo, productores ganaderos. Pereda fue oportunamente denunciado por haber estado vinculado al sistema de ingeniería financiera para el lavado de dinero y fuga de capitales organizados por la Banca Morgan en Argentina.

Está casado con Azul García Uriburu, hija única del premiado y prestigioso pintor Nicolás García Uriburu. Como Mauricio Macri, en su momento quiso declarar insano a su padre para heredarlo antes de que muera. El propio Nicolás García Uriburu denunció ese hecho en una solicitada, diciendo que su hija era tan pobre que lo único que tenía era plata.

Los otros aportantes son Gregorio Pérez Companc; la familia Lacroze (descendientes de Amalita); el Grupo Emes S.A., fondo de inversión sucesor del Grupo Dolphin, que encabeza el empresario y dueño del Pampa Energía, Marcelo Mindlin, quién en apariencia compró la constructora IECSA al primo del Presidente de la República, Ángelo Calcaterra; el Grupo Galicia y La Anónima SA de los Braun (tíos de Marcos Peña Braun); y María Luisa Bárbara Miguens, una de las accionistas de Central Puerto, la segunda generadora eléctrica del país y que comparte el capital con Nicolás Caputo, el hermano del alma de Macri, entre otros aportando en conjunto al 19 de septiembre de 2019 la suma de $ 94.779.286, lejos de los $20.901.848 reunidos por el Frente de Todos que propone a la dupla Alberto Fernández y Cristina Kirchner como candidatos a Presidente y vicepresidente.

Pero la brecha se agranda cuando observamos la negativa de la Unión Industrial Argentina a pagar un bono único de $ 5000  a sus trabajadores. Por las LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA) que, a esa misma fecha, 19 de septiembre de 2019, ascienden a un monto de $ 1.126.960 millones, la autoridad monetaria abona $ 76.185,5 millones por mes de intereses (unos 1.270 millones de dólares mensuales) beneficiando a los bancos — a los cuales Macri paradójicamente perjudica, con el riesgo del default generalizado y el consiguiente derrape de valor de su patrimonio.

Entonces vemos que una minoría lucra especulando con Letras del BCRA mientras que la mayor parte de la población trata de llegar a fin de mes y agradece tener trabajo.

Para ponerle fin a esta brecha entre una minoría enriquecida y el pueblo argentino se debe:

Cobrar impuestos a la propiedad, que paga muy poco. El impuesto nacional a la riqueza (que es el Impuesto a los Bienes Personales) recaudó hasta agosto 2019 solamente $ 17.722,3 millones de pesos, cuando el IVA, que es el impuesto al consumo y que pagamos todos, a la misma fecha fue de $ 970.112,1 millones.

Subir los derechos de exportación (retenciones) para que vuelvan a ser un porcentaje, que Macri dejó para el sector agropecuario en una suma fija de $ 3 por dólar en septiembre de 2018, cuando esa divisa rondaba los $ 40 y, no incrementó cuando ahora vale en torno a los $ 60.

Los derechos de exportación (retenciones) no solo significan ingresos al erario público, sino que sirven para rebajar los precios internos. Esto es, disminuye su valor comparándolo con el exterior. Por ejemplo, la botella de 900 cc. de aceite mezcla que acá producen básicamente tres marcas —Natura de AGD, o sea la familia Urquía; Molinos Río de la Plata, de Pérez Companc; y Arcor de la familia Pagani— se exporta y vende en el mercado de Amsterdam a dos dólares. Si el dólar está a $ 60, acá se vende en torno a los $ 114. ($ 120, menos las retenciones de $ 6.). Si las retenciones fueran el 20% se vendería en el mercado interno a $ 96. ($ 120, menos el 20% que es $ 24.)

¿Cómo puede ser que un país de 45 millones de personas con capacidad para alimentar a 450 millones tenga la mitad de los niños y de los viejos bajo la línea de pobreza? No se está discutiendo el derecho de propiedad. Lo que se debe cumplir es con el artículo 16 de la Constitución Nacional, que dice: “La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Solo así podremos disminuir la brecha y hacer de un país para pocos un país para todos.

[1] Siempre medido por el FAE (Formación de Activos Externos del sector privado) del Balance Cambiario del BCRA.

[2] Dicha financiera tenía el mandato de venta de IECSA, la constructora presidida por el primo del presidente Macri, Ángelo Calcaterra, y que en apariencia fuera vendida al grupo liderado por Marcelo Mindlin.