ARGENTINA:
UN PAIS DE HAMBRE Y LIBERTAD
(Por Marcelo
Zlotogwiazda, INFOBAE)
A pesar de la profunda crisis con la que está
concluyendo el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina aún conserva variables
socioculturales que registran resultados bastante o mucho mejores que países
que tienen una situación socioeconómica más favorable.
Según se desprende del último informe
sobre Progreso Social publicado esta semana por la ONG con sede en Washington
Social Progress Imperative, la Argentina rankea 42 entre los 117 países
relevados, tomando en cuenta unas cien variables que abarcan los ámbitos más
diversos de la realidad.
Pero hay no menos de diez categorías en las
que el ranking está por encima del puesto 42. Por ejemplo: se ubica en el
puesto 17 en libertad religiosa; en el 28 en libertad de expresión; en el 31 en
el ejercicio de libertades individuales; en el 28 en inclusión; en el 24 en
aceptación de gays y lesbianas; en el 31 en acceso a la educación avanzada; en
el 21 en el ránking de sus universidades; en el 25 en acceso a la educación
primaria; y en el 37 en disponibilidad de medios de información independientes.
El Social Progress Index (SPI) es una manera
de medir el éxito de una sociedad. Lo definen como una medida de la real
calidad de vida, independientemente de indicadores económicos como el
Producto Bruto per cápita, pero diseñada para complementarlos y no para
reemplazarlos.
La ONG tiene como director ejecutivo al economista
inglés Michael Green, cuenta en su consejo asesor con el profesor de Harvard
Michael Porter y con el peruano Hernando de Soto, y entre sus principales
aportantes figuran la consultora Deloitte, Microsoft y el fondo Rockefeller.
¿Qué tienen en común esas variables que lo
ponen al país cerca de la vanguardia en aspectos de la vida cotidiana? Que se
trata de ámbitos de la vida que no están muy determinados por factores
económicos. Ni la libertad religiosa, ni la aceptación del colectivo LGTB,
ni la libertad de expresión dependen fundamentalmente de recursos materiales.
Lo mismo podría decirse de la ley de matrimonio igualitario, o del avance en la
discusión del aborto, o de toda la legislación sancionada contra el abuso de
género y los femicidios. Son casi todos avances culturales y políticos que
jerarquizan al país, pero que su aplicación no encuentra serios limitantes
financieros.
La
escasez de recursos monetarios
El problema para el país comienza cuando las
necesidades materiales más imprescindibles y la lucha por conquistar mejores
condiciones de vida se topan con las restricciones económicas y dan lugar a
pujas distributivas que hasta ahora no han podido ser resueltas en un modelo
medianamente consensuado.
La libertad de expresión no requiere dinero.
Llenar el estómago, vivir en una casa digna y superar la línea de pobreza no se
logran sin dinero. Y precisamente eso queda bien reflejado en el SPI. La
Argentina rankea mal en Necesidades Humanas Básicas, ubicándose en el puesto
64, es decir 22 lugares por debajo del promedio que arroja el SPI.
Las calificaciones y la ubicación en las
tablas también son malas en acceso a 7 países relevados. Ninguna sorpresa en la
semana en la que el Indec informó que la pobreza alcanzó en el primer
semestre de este año el 35,4% de la población (unos 15 millones de
personas) y que hay 7,7% de población indigente, es decir que vive en hogares
con ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos. O
sea, desnutridos. Los números serán aún peores cuando en marzo próximo se
informe lo que está sucediendo en este segundo semestre.
(La pobreza en los chicos menores de 14 años
ya supera la mitad de la población del segmento)
Las calificaciones y la ubicación en las
tablas también son malas en acceso al agua potable y al sistema cloacal. Lo
mismo en corrupción, en mortalidad maternal, en muerte por enfermedades
infecciosas, en percepción de inseguridad y en muertes por accidentes de
tránsito.
Desigualdad
distributiva
Los datos arrojan algunas pistas de por qué
el país avanza en aspectos que no son esencialmente económicos y exhibe una muy
floja performance en temas que hacen a las necesidades materiales
prioritarias. La Argentina califica de manera regular en el reparto del
poder entre el establishment y el resto de la sociedad, y hay bastante
inequidad distributiva.
Sin llegar a arrimarse a las particularidades
plutocráticas que se están imponiendo en Estados Unidos o China, por ejemplo,
los 45 meses del gobierno de Macri han profundizado esa tendencia.
Justo ayer finalizó en la capital de México
la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de
América Latina y el Caribe convocado por la Comisión Económica para América
Latina (Cepal), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la que se aprobó una agenda para
que, en el caso de nuestro país, por ejemplo, los avances socioculturales pueden
replicarse en mayor bienestar general material.
La guía incursiona en algunas políticas
concretas a las que el casi seguro futuro gobierno del Frente de Todos debería
prestarle atención, y toma en cuenta ocho nudos críticos y desafíos emergentes
para el desarrollo social inclusivo que fueron presentados por los
especialistas de la Cepal:
1) Persistencia de la pobreza y la
vulnerabilidad a la pobreza;
2) Desigualdades estructurales, injustas e
ineficientes y la cultura del privilegio;
3) Brechas en el desarrollo de capacidades humanas
(salud, educación, nutrición) y de acceso a los servicios básicos;
4) Déficits de trabajo decente y las
incertidumbres asociadas a los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo;
5) Acceso aún parcial y desigual a la protección
social;
6) Institucionalidad social en construcción;
7) Insuficiente nivel de inversión social; y
8) Nudos emergentes como por ejemplo
nuevas formas de violencia, cambio climático, migraciones, etc.
No cabe duda de que son temas que Alberto
Fernández tiene que abordar con urgencia. Pero para resolver, o intentar
atenuar la grave crisis de la Argentina, hay otra serie de asuntos a tratar con
tanta o más urgencia: ¿cómo bajar la inflación? ¿cómo frenar la sangría de
dólares y la cultura de la fuga de excedentes de divisas? ¿cómo ganar
competitividad para exportar mucho más que ahora? ¿cómo negociar la deuda con
el Fondo y con los bonistas privados? ¿cómo reducir o equilibrar las cuentas
fiscales? ¿cómo juega ahí el sistema previsional?
La lista podría extenderse, pero muestra que
la tarea que enfrentará el nuevo gobierno es titánica. En la perinola hay una
cara que dice “todos ponen”. Parte de lo que se viene es cuánto pone cada uno.
Y ahí sí la agenda puramente económica debería subordinarse a los criterios de
igualdad y justicia social.
