ERROR
DE DIAGNÓSTICO
(Por Raúl Dellatorre, publicado en PAGINA12)
La novedad podría ser que el gobierno tomó
nota de la caída de la producción. Lo preocupante es que adjudique esa caída a
“la carga impositiva sobre los salarios” y no a la política económica que el
propio gobierno lleva adelante. Lo alarmante es que insista en bajar el costo
laboral de las empresas como solución y que lo presente como “un importante
anuncio para las economías regionales”, en boca del propio presidente de la
Nación. Pero lo más extraño, es que el decreto que dispone la baja de las
contribuciones patronales para dichas economías regionales señale que el
gobierno, con esta política, está “estableciendo las bases para el crecimiento
sostenido, la competitividad y el aumento del empleo”.
Empecemos por el final: la política económica
de estos 38 meses de Cambiemos está destruyendo la trama productiva del país y
deshilachando el mercado de consumo interno. Y promete más ajuste para el
último año de su gestión, con lo cual el crecimiento sostenido no aparece en el
radar del programa económico de gobierno ni en muchos años vista. Tampoco se
podría sostener que hay un impulso a sostener la competitividad cuando deja la
cotización del dólar a merced del capital financiero especulativo, y el mercado
local sometido a la voracidad de las importaciones, como lo reflejan las miles
de empresas cerradas en estos tres años. La traducción de esta situación en
pérdidas de empleo, precarización y suspensiones exime de comentarios respecto
al último punto de la trilogía oficial mencionada.
Mauricio Macri anunció el jueves, y ayer se
publicó en el Boletín Oficial, la rebaja de cargas patronales para un conjunto
de rubros referenciados en las economías regionales. El decreto no distingue
entre pequeñas y grandes empresas, por lo cual el beneficio es para todas. El
propio presidente refirió en su discurso que “casi la mitad de las empresas
vinculadas a las economías regionales son pymes”, de lo cual se deduce que más
de la mitad de los que se beneficiarán no lo son.
El extenso listado de actividades alcanzadas
pretende abarcar al conjunto de economías regionales. Precisando que deberá ser
“la actividad principal” de la empresa para recibir el beneficio, la nómina
incluye los siguientes cultivos: oleaginosas (excepto soja y girasol), frutas
(todas), papa, batata, mandioca, tomate y todos los bulbos, brotes, raíces y
hortalizas en general; legumbres; tabaco y algodón; uva, caña de azúcar, yerba
mate, té y otras plantas para infusiones. Además, la producción de leche bovina
y huevos; la elaboración de pescados de mar y sus derivados (aceites, grasas y
harinas); dulces, mermeladas y jaleas; conservas; jugos y frutas congeladas;
aceite de oliva, arroz y azúcar. También se incluyó en el listado al sector de
aserradero y cepillado de madera, y la fabricación de muebles de madera.
¿Cuál fue el criterio del Ministerio de
Producción para incluir a estas actividades y no a otras? El decreto 128
publicado ayer responde: “Ciertas actividades comprendidas en el sector
primario agrícola y algunas incluidas en el sector industrial se encuentran
atravesando una situación económica financiera crítica, que obstaculiza el
debido cumplimiento de las obligaciones impositivas y de la seguridad social”.
De modo que los sectores antes mencionados serían los que están atravesando tal
situación.
Sería arduo buscar razones para explicarse
por qué a los demás sectores de la economía, probablemente con la sola
excepción del sector financiero y el complejo sojero, no se los considera
“atravesando una situación económica financiera crítica”. Incluido el comercio
y diversas áreas de servicios. Por otra parte, tal como señaló a Página 12 un
referente del sector, Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de la
Pequeña y Mediana Empresa, “en estos conglomerados que son las economías
regionales, hay muchas empresas vinculadas a la exportación, que están en una
situación mucho más favorable que centenares de miles de pymes que quedaron
excluidas de este beneficio con gusto a poco”. Fernández señaló que el universo
pyme abarca a 972 mil empresas, mientras que -agrega el autor de esta
nota-los beneficiarios del recorte de aportes son unas 24 mil empresas (según
estimación oficial), de las cuales la mitad, por lo menos, no serían pymes
(según la palabra de Mauricio Macri).
Vale reconocer, sin embargo, que en noviembre
de 2018 ya se había establecido el mismo beneficio que ahora se otorgó a las
economías regionales, para los empleadores de los sectores textil, de
confección, de calzado y de marroquinería. El reclamo que entonces hicieron los
sectores alcanzados es el mismo que ahora es válido para las pymes de economías
regionales. No son los costos laborales los que están condenando a la
desaparición a estos sectores productivos, sino las condiciones generales de un
modelo económico que el gobierno ratificó con su acuerdo stand by con el FMI.
Tasas de interés que anulan toda posibilidad de financiamiento; costos de la
energía que desplaza el punto de equilibrio de muchas actividades a un lugar
inalcanzable; elevación del precio de otros insumos dolarizados; y, fundamentalmente,
caída del mercado interno a manos de la pérdida del poder adquisitivo de la
población y desplazamiento de la producción local por una apertura
indiscriminada. “¿De qué me sirve que me reduzcan los aportes patronales si me
dejaron sin mercado al cual venderle?”, se quejó en diciembre un empresario de
la indumentaria ante un funcionario de alto rango del área de producción, con
la ingenua intención de ser comprendido.
¿En qué consiste el beneficio otorgado esta
semana? La reforma impositiva de fines de 2017 estableció una detracción de 12
mil pesos sobre la remuneración bruta, para el cálculo del monto sobre el que
se pagan los aportes patronales. Es decir, dicha cifra opera como “un mínimo no
imponible”. Pero, además, dispuso dos condiciones. Una, que la aplicación del
descuento no sería inmediata, sino que podría deducirse el 20 por ciento en el
primer año, 2018, 40 por ciento en 2019, y sumando 20 puntos más por año se
llegaba a la deducción plena en 2022. Es decir, que en 2018 sólo se pudieron
deducir 2400 pesos como “libres de cargas patronales” de cada sueldo. La
segunda condición es que el monto se actualiza anualmente por el IPC. El valor
actualizado aplicable a 2019 resultó de 17.509 pesos, del cual se podía tomar
como deducción el 40 por ciento: 7004 pesos. Lo que establece el beneficio del
decreto 128 de ayer, es que las actividades mencionadas podrán “anticipar” el
beneficio previsto para 2022, y descontar el 100 por ciento de la detracción a
partir de marzo de este año. Es decir, los 17.509 pesos.
Si el conjunto de la actividad industrial
está funcionando con una capacidad ociosa del 43,5 por ciento (cifras del Indec
para diciembre pasado), se estima que el universo de industriales pymes puede
estar en un nivel de capacidad ociosa por lo menos cinco puntos por encima del
promedio. Es decir, cercanos al 50 por ciento. El principal problema es la
falta de ventas, una recesión atornillada por la pérdida de capacidad de compra
de la población. Si el gobierno tomó nota de “la situación crítica por la que
atraviesan” distintos sectores, es auspicioso, aunque bastante tardío. Pero si
no toma en cuenta que es el resultado de su propia política, es inútil. La
persistencia en argumentar la baja del costo laboral como respuesta, marca la
gravedad del error de diagnóstico del gobierno, en el mejor de los casos. La
otra posibilidad, es la falta de voluntad en resolverlo.
