Como siempre digo, se
declara la censura, la amenaza y la persecución a los periodistas en algunos
casos pero con sumo cuidado, escogiendo las palabras, nunca se declara al
Capitalismo como Sistema Social en nuestros pueblos como causante de la
tragedia, ahora, si esto ocurriese en Cuba, no les quepa dudas que la culpa de
todo es del Sistema "Comunista", la palabra que mas se usaría seria
DICTADURA, no es que exista doble vara, solo hay UNA para medir las cosas en
los llamados "grupos no gubernamentales pro democracia”
COLOMBIA:
Censura en Instagram, Amenazas y Persecucion a Periodistas
La situación que se vive en Colombia es
verdaderamente crítica. Hace poco más de una semana comenzaron
las protestas para oponerse a la Reforma Tributaria impulsada por
el presidente neoliberal Iván
Duque. Sin embargo, el Oficialismo recurrió a la policía colombiana y al
(Escuadrón Móvil Antidisturbios) ESMAD, fuerzas
de seguridad sumamente violentas, para reprimir a los manifestantes. Pese a que
las autoridades aseguran que el proyecto "fue retirado" en las
últimas horas, las agresiones, persecuciones, amenazas y censuras continúan siendo
las armas más fuertes del Estado, que además cuenta con blindaje mediático a su favor. ¿En Argentina? Los medios hegemónicos no
cuestionan el accionar del Gobierno colombiano como sí lo hacen con
Venezuela...
Son muchos los testimonios de trabajadores de la comunicación que han
denunciado diferentes tipos de agresiones y persecuciones en los últimos días.
En la noche del último miércoles 5 de mayo, el fotógrafo argentino William
Wanlesberg brindó una entrevista al programa Net, ya que
recibió el siguiente mensaje tras publicar un video de un tanque de
guerra que adquirió el Gobierno de Colombia: "Pilas que los van a matar con ese
video. Usted solito se mató".
“En el video que publicamos se ve una tanqueta
que iba disparando gases lacrimógenos como si estuviera en una guerra. En el
video se escuchan gritos. Yo me enfoqué en grabar la tanqueta, no en las
corridas. Era un tanque de guerra. Es algo nuevo que nunca habíamos vivido”, indicó Wanlesberg.
En tanto, el fotógrafo argentino advirtió que el oficialismo no retiró de manera absoluta el proyecto de la Reforma
Tributaria, por lo que las manifestaciones continúan: “Las protestas continúan ya que la reforma
tributaria no se retiró en su totalidad. La gente está cansada por la gran
cantidad de fake news que buscan opacar la realidad de las
manifestaciones. El diálogo no es algo que se esté abriendo acá".
Censura de Instagram a las publicaciones de la represión en Colombia
En las últimas horas, diferentes usuarios de Instagram denunciaron que Instagram está censurando las
historias que tienen que ver con las represiones en Colombia. El
vergonzoso ataque que atenta
contra la libertad de expresión y los derechos humanos fue
reflejado por varios internautas de Twitter.
La dura carta del periodismo al presidente, la
procuradora de la nación y el director de la policía nacional de Colombia
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
y Reporteros sin Fronteras (RSF) enviaron una
carta dirigida al presidente Iván
Duque, al ministro de Defensa Diego Molano Aponte, la
procuradora general de la Nación Margarita Cabello y
al Director de la Policía Nacional de Colombia Jorge Luis
Vargas Valencia pidiéndoles expresamente que frenen la represión
policial. En la misma, resaltaron: "En
este período, se han documentado por lo menos 75 ataques y 85 víctimas. 30
agresiones físicas, 8 robos y eliminaciones de material, 9 obstrucciones, 5
detenciones ilegales, 8 acciones arbitrarias en redes sociales, 3 daños a
infraestructura, 3 casos de negación al acceso a la información, 3 amenazas, 3
hostigamientos, 2 estigmatización y 1 exclusión".
Mayo 5 de 2021.
Señor Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia
Señor
Diego Molano Aponte
Ministro de Defensa
Señora Margarita Cabello
Procuradora General de la Nación
Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia
Director de la Policía Nacional de Colombia
Les saludamos desde IFEX-ALC, una red compuesta por 24 organizaciones en
América Latina y el Caribe que a su vez hace parte de IFEX[2], una red global
que defiende y promueve la libertad de expresión e información; junto con las
organizaciones miembro de IFEX, el Comité para la Protección de Periodistas
(CPJ) Reporteros sin Fronteras (RSF).
Las organizaciones que suscribimos esta carta pública observamos con suma
preocupación la reciente escalada del uso de la fuerza contra la prensa y
contra quienes ejercen su derecho a protestar, así como las limitaciones a la
libre circulación de información en Colombia.
Los más de 70 ataques registrados entre el 28 de abril y el 4 de mayo
contra la prensa que realiza el cubrimiento de las protestas son alarmantes y
revelan una violencia sin precedentes. Vemos con gran preocupación que dichos
ataques tienen como objetivo censurar, generar miedo e intimidar lo cual
implica, además, una vulneración del derecho a la libertad de expresión en su
dimensión colectiva, al impedir que la población reciba información vital sobre
sucesos que afectan sus vidas y al país en general develada por periodistas que
ejercen su derecho a reportar.
En este periodo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y
Reporteros sin Fronteras (RSF) han documentado por lo menos 75 ataques y 85
víctimas. 30 agresiones físicas, 8 robos y eliminaciones de material, 9
obstrucciones, 5 detenciones ilegales, 8 acciones arbitrarias en redes
sociales, 3 daños a infraestructura, 3 casos de negación al acceso a la
información, 3 amenazas, 3 hostigamientos, 2 estigmatización y 1 exclusión. Aún
están en proceso de documentación otros 14 casos, de los cuales se advierten al
menos 7 agresiones, 1 amenaza, 2 detenciones ilegales, 2 obstrucción, 1 acción
arbitraria en redes y 1 exclusión. Además, se han documentado 45 ataques
provocados por la Policía Nacional, entre ellos, miembros del Escuadrón Móvil
Antidisturbios (ESMAD).
En situaciones de crisis es imperativo garantizar el trabajo de los medios
de comunicación para propiciar la más amplia y plural cobertura de los hechos.
Tal y como lo han señalado los relatores especiales para la libertad de
expresión de la OEA y la ONU “en el contexto de manifestaciones y situaciones de
alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores, y el
libre flujo de información a través de medios alternativos como las redes
sociales, es fundamental para mantener informada a la población sobre los
acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la
actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante las manifestaciones,
previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad.”
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que, “El papel de los
periodistas, los defensores de los derechos humanos, los observadores
electorales y otras personas que participen en la vigilancia de las reuniones o
la presentación de información al respecto reviste especial importancia para el
pleno disfrute del derecho de reunión pacífica”.
El Estado colombiano tiene el deber de garantizar que periodistas y
comunicadores no vean limitados sus derechos de forma alguna, como consecuencia
del ejercicio de su profesión. Aunado a ello, las autoridades deben enviar un
mensaje claro y contundente sobre la importancia del rol de los medios de
comunicación, periodistas y comunicadores en el contexto de las protestas que
están teniendo lugar.
Además de las violaciones, agresiones e intimidación directamente a
periodistas, observamos con alarma otros tipos de ataques a la libertad de
expresión y al libre flujo de información mediante la intimidación y
estigmatización por parte de funcionarios públicos contra personas que utilizan
las redes sociales y sus cuentas personales para informar sobre los sucesos
actuales, el uso de la fuerza excesiva por parte de agentes policiales, y la
restricción del libre acceso a datos oficiales.
En ese contexto, expresamos nuestra profunda preocupación por las denuncias
del uso excesivo de la fuerza contra quienes, en su mayoría de forma pacífica,
han tomado las calles para expresar su descontento. De acuerdo con
organizaciones de la sociedad civil 26 personas han muerto como consecuencia de
la represión policial. La Defensoría del Pueblo por su parte ha anunciado que
se encuentra investigado 19 muertes ocurridas durante las protestas.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que “Los agentes del
orden deberían tratar de reducir la tensión de las situaciones que podrían dar
lugar a violencia. Tienen la obligación de agotar los medios no violentos y
advertir previamente si es absolutamente necesario utilizar la fuerza, a menos
que ello sea manifiestamente ineficaz. Todo uso de la fuerza debe ajustarse a
los principios fundamentales de legalidad, necesidad, proporcionalidad,
precaución y no discriminación”.
El uso de la fuerza por parte de los Estados está limitado por el respeto a
los derechos humanos, particularmente por los principios de «legalidad,
absoluta necesidad y proporcionalidad».
La CIDH, en el pasado ha llamado la atención de las autoridades colombianas
con relación al uso excesivo de la fuerza señalando que, “la actuación de la
policía en el mantenimiento del orden público debe basarse estrictamente en los
estándares internacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza
bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.
Además, la CIDH le recuerda al Estado su deber de garantizar el derecho a la
vida, la integridad y la libertad de manifestación.
Pero, la prensa no ha sido la única afectada en su derecho a la libertad de
expresión. La gran disrupción provocada por internet es la de ser un canal de
doble vía, donde las personas por sí mismas no solo son audiencia, también son
generadoras de información. Considerando, como lo ha dicho la Relatoría para la
Libertad de Expresión de la OEA, que la protesta es particularmente relevante
“para dar mayor resonancia a las voces de las personas marginadas o que
presentan un mensaje alternativo a los intereses políticos y económicos
establecidos”, las redes sociales que son el instrumento que les da voz, deben
ser protegidas de la interferencia estatal. Esto incluye que las autoridades
deben abstenerse de estigmatizar a quienes protestan y usan las redes con este
fin.
Durante las protestas de los últimos días hemos visto a una ciudadanía que
usa las redes sociales para manifestar sus inquietudes y mostrar sus
actividades, también para denunciar los abusos y violencia policial. La prensa
no llega o no está en todos los lugares en los que la protesta sucede, mucha de
la cobertura la hacen medios independientes, colectivos o las propias personas
desde sus celulares, quienes además de sufrir la violencia y los problemas
descritos, son también estigmatizadas. Cuando el comandante general de las
Fuerzas Militares indica que se manipulan imágenes y audios, se usan
irresponsablemente las redes sociales y se desinforma[14], está estigmatizando
la documentación y la protesta social y a sus protagonistas, en una actitud que
no le corresponde, afecta y obstaculiza la libre circulación de información,
tan necesaria en el actual contexto en que éstas sirven para permitir a las
personas protestar debido al temor a la pandemia y además para denunciar los
abusos de la fuerza pública en contra de las personas que ejercen el derecho a
la protesta.
Observamos también con preocupación las denuncias de amenazas en contra de
personas cuyas transmisiones en vivo, desde sus cuentas personales en redes
sociales, se han hecho virales. Estas amenazas tienen un claro efecto
inhibitorio en la población.
En este contexto, hay que recordar que tal y como lo han señalado los
relatores especial para la libertad de expresión de la CIDH, ONU, OCSE y CADHP,
«la interrupción del acceso a internet, o a parte de este, aplicada a
poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de
internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de
orden público o seguridad nacional«. Así mismo, el filtrado de contenidos de
internet cuyo control no está en el usuario final constituye censura previa, la
cual está prohibida por la Constitución Política. En fin, el derecho a la
libertad de expresión protege la difusión de información que contiene críticas
hacia los gobiernos o sistemas políticos.
Los medios de comunicación y periodistas han tenido dificultades para
acceder a los datos, por ejemplo, sobre números de personas fallecidas,
agredidas o detenidas durante las manifestaciones. El Estado debe garantizar el
flujo de información, para ello debe asegurar que la prensa regional tenga
acceso a información local, que no se centralice la divulgación de información
en entidades nacionales. De lo contrario, se profundiza el abismo del silencio
que desata la violencia.
El Estado no debe recriminar el tipo de información que se divulga, todo
tipo de fuentes de información son legítimas. No se debe reducir el quehacer
periodístico a la réplica de información oficial, nada sería más
antidemocrático. El Estado debe alentar la pluralidad informativa, para ello
debe impartir la información sin discriminación a los periodistas y los medios.
Por lo descrito anteriormente, las organizaciones
que suscribimos esta carta, solicitamos:
Al señor Presidente, al señor Ministro de Defensa y al Director General de
la Policía Nacional a rechazar de forma clara y pública las violaciones
cometidas contra la prensa en el contexto de las protestas que tienen lugar en
el país y enviar un mensaje de cero tolerancia a los agentes estatales
involucrados en dichas violaciones. Igualmente, las investigaciones
disciplinarias contra quienes han estado involucrados en dichas violaciones
deberán realizarse con celeridad, apegadas a los estándares internacionales en
la materia para sancionar a los responsables.
Al señor Presidente, al señor Ministro de Defensa y al Director General de
la Policía a investigar y esclarecer los hechos de uso excesivo de la fuerza
contra manifestantes y adelantar las investigaciones correspondientes para
sancionar a los responsables. Debe ordenarse el cese inmediato del uso
desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Al señor Presidente y al señor Ministro de Defensa y demás autoridades
competentes, garantizar la libre circulación de información, incluyendo la que
circula en internet y abstenerse de realizar cualquier acción que implique la
interrupción del acceso a internet o el filtrado de contenidos. Debe abstenerse
de estigmatizar a quienes protestan o la información que entregan incluyendo
indicar que desinforman. En ese mismo sentido debe garantizarse el acceso a la
información pública y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en
cabeza de las entidades estatales, sin ningún tipo de discriminación.
A la Procuradora General de la Nación que promueva la transparencia en la
función pública, el acceso y la publicidad de la información de las entidades
del Estado, por todos los medios. De igual manera, que promueva los procesos
disciplinarios correspondientes en los casos de faltas o mala conducta derivada
de las negativas al acceso a la información.
A la Procuradora General de la Nación, que ejerza el poder preferente sobre
todas las investigaciones disciplinarias relacionadas a las agresiones contra
la prensa por ser población especialmente protegida.
