LA SAQUEADA HERENCIA
(Por Martín Pollera y Mario Sosa,
publicado en PAGINA12)
Argentina se aproxima al cierre institucional
del primer período de la Alianza del PRO, la UCR y otros partidos menores, con
un gobierno sumido en una profunda crisis, sólo mitigada en la apariencia por
el control mediático de la agenda pública. Su crisis se expresa, en parte, en
la frecuencia con la que han cambiado las autoridades de diferentes espacios de
la administración pública que, con independencia de la idoneidad de sus
funcionarios, tiene directa vinculación con el eclecticismo de su política
internacional.
A nivel mundial, han carecido de una visión
estratégica que permita leer el conflicto principal, pasando de apoyos
explícitos a la globalización financiera, incluyendo un público e inusual apoyo
al Partido Demócrata de Estados Unidos, hasta las elecciones presidenciales.
Luego, han pretendido una aprobación por parte de la actual administración
estadounidense, como así también de China. El gobierno no ha sabido, entre
otras cuestiones, conducir a nivel local esas relaciones globales de fuerza y
ha quedado a merced de la inestabilidad mundial de esta época, con severas
consecuencias para el país. Vale imaginar entonces qué dejará su paso por la
conducción institucional del Estado para dimensionar la magnitud de los
problemas en el futuro próximo.
Saldo
Con independencia de una mejor evolución de
algunas pocas variables económicas durante 2019, es claro que el período cierra
con:
Déficit fiscal global (incluyendo provincias)
de 12 puntos del PIB.
Déficit externo de cuenta corriente
anualizado mayor a 30.000 millones de dólares y más del 5 por ciento del PIB.
Niveles de consumo y de inversión en declive.
PIB global en dólares un 8 por ciento menor
al de 2015.
En resumen, en estos cuatro años de gobierno
se habrá visto comprometida severamente la soberanía política y la
independencia económica, fundamentalmente por una deuda que alcanzará casi el
tamaño del PIB con vencimientos de corto plazo que condicionarán el margen de
maniobra del futuro gobierno.
Todo ello, sumado a una fuerte caída de los
ingresos de la población de menores recursos con pérdidas del salario promedio
del sector privado de aproximadamente 22 puntos respecto de 2015 y de
jubilaciones y pensiones del 18,5 por ciento.
Así, se conjuga una regresiva redistribución
del ingreso que se suma a la fuerte caída del PIB per cápita que es de un 50
por ciento si se compara 2018 contra 2017. La inflación acumulada será cercana
al 200 por ciento, el alza del tipo de cambio rondará el 300 por ciento, y la
fuga de capitales sumará aproximada unos 60 mil millones de dólares.
Esto es lo que luego se expresa en las tasas
de pobreza e indigencia que, según el Observatorio de la Deuda Social de la
UCA, alcanzan el 33,6 y 6,1 por ciento, respectivamente, siendo éstos las
cifras más elevadas de la década.
Son 1 millón más de desocupados que hace
apenas tres años y probablemente empeore en 2019, como también, unos 13,6
millones de personas sumidas en la pobreza.
Improvisación
Evidentemente, la eliminación de la emisión
monetaria como modo de financiar el déficit existente y la apertura de
importaciones no resultaron herramientas efectivas para combatir la escalada de
precios. Por el contrario, la dinámica inflacionaria se agudiza impactando
sobre la producción, el poder adquisitivo y el empleo.
El valor del dólar, el precio de los
combustibles, las tarifas y la tasa de interés arrinconan la tasa de ganancia
de los segmentos productivos, principalmente de aquellos que dependen del
mercado interno. Si deciden elevar los precios para no perder rentabilidad, se
quedan sin demanda dada la merma en el poder adquisitivo. Si no lo hacen
transfieren toda su plusvalía a aquellos segmentos muy ligados al poder
político.
Aún con una inflación proyectada del 30 por
ciento para el año próximo, las tasas continúan cerca del 60 por ciento anual,
ahogando al sector productivo y con la alarma encendida permanente de una nueva
corrida del dólar.
Como resultado de este proceso, el corazón del
agregado de valor, la industria manufacturera, vio cerrar sus puertas a más de
10.000 pymes y destruirse más de 107 mil puestos de trabajo industriales. En la
medida en que el desempleo crece, y crece aún más en los sectores productivos,
más cae la creación de riqueza, demostrando la vigencia de la teoría clásica
del valor, que bien podría servir de guía a la improvisación de encumbrados
funcionarios.
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En suma, la desconfianza del mundo se
acrecienta, complicando aún más el contexto nacional. Pasada la fiesta del G20,
la economía mundial considera que Argentina entrará en cesación de pagos: el
riesgo país ya superó los 800 y el gobierno comienza a suspender los programas
de obras de Participación Público-Privada (PPP), casi la única herramienta con
la que la Alianza Cambiemos buscaba reactivar la economía.
En cuanto a la y la “cosa más simple”, la
inflación, será la más alta de América del Sur, luego de Venezuela. Justamente
serán Argentina y Venezuela los únicos dos países en América del Sur que registrarán
caídas consecutivas en su actividad económica en 2018 y 2019, visibilizando que
el complejo internacional no es suficiente para justificar la preocupante
situación económica que atraviesan ambas naciones.
La evidencia histórica es contundente. Los
actores locales e internacionales, políticos, económicos y sociales lo saben:
el mismo gobierno (que autogestó los problemas que dejan una herencia saqueda),
no puede ser quien los resuelva. La profundización de la crisis económica y
social va trascendiendo a la órbita político-institucional. Por eso, el
gobierno intenta adelantar elecciones en la provincia más castigada por el
ajuste