PARTE 3

El Estado y los trabajadores durante el primer gobierno de Menem en Argentina (1989-1995)
(Por Hernán Fair)

Los beneficios suplementarios

Como dijimos, durante el gobierno de Menem se llevó a cabo un drástico proceso de transformación del Estado. Este proceso tenía como una de sus premisas la necesidad de privatizar las empresas públicas para reducir el défi­cit fiscal y mejorar los servicios (Thwaites Rey, 1999; 2003). Mediante estos argumentos, prácticamente la totalidad de las empresas que históricamente habían pertenecido al Estado pasaron a manos privadas. Como consecuencia, miles de trabajadores perdieron sus empleos. En efecto, según se ha calculado, en los primeros tres años de vigencia del Plan de Convertibilidad, 381 189 trabajadores perdieron sus empleos, de los cuales un 86.7% pertenecían al Estado (Noticias, 27-03-94). Sin embargo, muchos de ellos continuaron apo­yando el plan económico. ¿Cómo se explica este respaldo de los principales perjudicados? Una de las claves, a nuestro entender, debe buscarse, más allá de la estabilización, en los beneficios materiales que otorgó el gobierno. En efecto, en lo que se denominaría Programa de Propiedad Participada (ppp), el gobierno les concedió a los ex trabajadores despedidos una participación accionaria del orden del 10% en los servicios públicos privatizados ⁽³⁶⁾. Este programa estaría acompañado, al mismo tiempo, por otros beneficios, entre ellos fuertes incrementos salariales, como en el caso de los gremios de Per­sonal Civil, Luz y Fuerza, la Unión Ferroviaria y los Empleados de Comercio (Clarín, 02-05-93; Página 12, 01-06-94), y regímenes de “retiros voluntarios” que, como en el caso de la empresa siderúrgica somisa, beneficiaron a 4 500 ex empleados públicos con 6 meses de salario e importantes indemnizaciones (Clarín, 09-07-91).

Estas políticas que, en palabras de Menem, convertían a los trabajadores en “dueños” de la propiedad de las empresas y de “su propio destino” (Fair, 2008b), se agotan, sin embargo, en el análisis de una porción relativamente pequeña de los trabajadores ⁽³⁷⁾ Por otra parte, el propio modelo comenzaría a generar, principalmente a partir de 1993, con el agotamiento del proceso de privatizaciones (Basualdo, 2006), una creciente tasa de desocupación y margi­nalidad social que amenazaba la supervivencia del Plan⁽³⁸⁾ En ese contexto, al que se sumaba el agotamiento de las indemnizaciones, el gobierno implemen­tó una serie de políticas “parches” para contener el descontento popular. Las medidas implementadas, que encuentran algunos antecedentes en los planes de asistencia focalizada de los años ochenta ⁽³⁹⁾ se concentraron en particular en las provincias donde el gobierno había diferido hasta ese entonces el ajuste económico⁽⁴⁰⁾ Así, una de las más importantes aplicaciones fue el llamado Programa de Promoción de Empleo Privado, un programa dedicado a las provincias del noroeste del país, que garantizaba tres meses de sueldo a los empleados contratados por las empresas (Página 12, 25-01-94). Al mismo tiempo se implantó un plan social que garantizaría el acceso a una extensa red de 344 000 viviendas sociales, el llamado fonavi, y un paquete de medidas focalizadas de promoción del empleo para sectores marginales (Página 12, 02-07-94). Finalmente, el gobierno estableció un conjunto de micro em­prendimientos cooperativos para los empleados despedidos de la empresa petrolera privatizada ypf, lo que incluiría, además, contratos de perforación en áreas centrales privatizadas (como las regiones de Catriel y Comodoro) por varios millones de dólares y la promesa de que los cooperativistas seguirían perteneciendo al gremio petrolero ⁽⁴¹⁾ (Página 12, 24-09-92).

(36) En la práctica, los porcentajes variaron desde un 10% en 1991, y 10.1% en 1992, redu­ciéndose levemente a 9.5% en 1993, 9.6% en 1994 y 9.4% en 1995 (véase Basualdo, 2000:121). En el caso de la privatización de la petrolera ypf, un 4.8% de las acciones serían entregadas, además, a 86 100 jubilados (Clarín, 24-09-93). Ambos sectores, por otra parte, obtuvieron importantes ganancias, del orden del 47.9%, por la revalorización obtenida en sus acciones (Clarín, 21-10-93). En la privatización de obras sanitarias, por su parte, el porcentaje otorgado por el gobierno a los empleados fue de un 20% (Clarín, 02-05-93).

(37) Según un informe, a comienzos de 1994 el número de beneficiados con el Programa de Propiedad Participada (ppp) fue de unos 69 639 trabajadores, a razón de $30 684 en acciones paracada trabajador, para un total de 2 136 083 millones de dólares. Al mismo tiempo, los retiros voluntarios beneficiarán a 103 000 trabajadores (Página 12, 20-03-94).

(38) La desocupación, que se había mantenido en 6.9% entre junio de 1991 y mayo de 1992,subió a 9.9% en mayo del año siguiente, alcanzando el 10.7% en mayo de 1994 (indec, 1998).

(39) En efecto, durante el gobierno de Alfonsín, en consonancia con el discurso neoliberal en favor de la focalización de la ayuda social, comenzaron a aplicarse en Argentina y también en algunos otros países de la región, como Bolivia, Brasil y México (Torre, 1998), los primeros ensayos de asistencia social focalizada. Estos programas, que contrastaban con los planes universalizables que habían caracterizado al peronismo, se concentraban en programas de ayuda alimentaria a los sectores más desfavorecidos (cajas pan) y políticas de ayuda social en áreas de salud e infancia (Svampa, 2005:183-184). En ese contexto, algunos autores señalan que los sectores beneficiados con estos planes focalizados trascendieron la fuerte vinculación identita­ria con los sindicatos y el peronismo para situarse en una relación afectiva con los “punteros” barriales que les garantizaban el acceso a los beneficios materiales. En esta línea de análisis cen-trada en el “clientelismo afectivo”, véanse Levitsky (1997), Auyero (2001) y el trabajo del propioSvampa (2005:185-196).

(40) En efecto, las provincias de La Rioja, Catamarca, San Luis, San Juan y Tierra del Fuego estuvieron exentas de algunas medidas del régimen desregulatorio aplicado por el gobierno (Azpiazu, 1995:177). Al mismo tiempo, mientras la nación llevaba a cabo la privatización de los regímenes previsionales, se excluía la privatización en las provincias, dejando intactos los fondos manejados por los gobernadores provinciales (Gerchunoff y Torre, 1996:757).

(41) El gobierno, además, implementó un seguro de desempleo de $120 por un periodo de cuatro meses para aquellos trabajadores que acreditasen un año sin empleo, y de seis meses para aquellos que acreditasen dos (Clarín, 02-03-92).568 Estudios Sociológicos XXVII: 80, 2009

Estos beneficios, sumados al fin del “impuesto inflacionario”, que per­judicaba en mayor medida a los sectores bajos —quienes dedicaban un por­centaje mayor de sus ingresos a la compra de alimentos (Gerchunoff y Torre, 1996)—, ayudaron a paliar en gran medida la oposición de los trabajadores despedidos de las empresas públicas, pero también de muchos sindicalistas, favorecidos por el control de los recursos sociales de aquellos programas y el manejo de fondos en la desregulación de las obras sociales y la privatización de los fondos de jubilaciones y pensiones ⁽⁴²⁾

(42) En efecto, el gobierno dispuso una intervención en el organismo regulador de los fondos de las obras sociales (anssal), y colocó como interventor al gremialista oficialista Andreoni. Además, designó como directores de los obreros a Raúl Amín, Mario Francella (textil), Arman-do Matarazzo (ferroviarios) y Aníbal Martínez (construcción), y fijó un esquema en el que el 3% del salario bruto del empleado y el 6% del empleador debían ser gravados, vía el Ministerio del Trabajo, a la obra social sindical. Al mismo tiempo, le devolvió al sindicato de la cons­trucción la conducción de su obra social y le otorgó a los empleados de Comercio y Servicios la co-gestión de la obra social de la osecac. Finalmente, el presidente de la República firmó un acuerdo para implantar un sistema de jubilación privada que beneficiaba a nada menos que 500 000 empleados mercantiles y que sería manejado nuevamente por los patrones sindicales, quienes poseían también la Caja de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio (casfec) y el Instituto Asegurador Mercantil (iam) (Página 12, 02-07-91, 04-07-91 y 07-07-91). Comoconsecuencia de estas medidas, los gremios oficialistas se hicieron acreedores de extraordina-rios fondos sociales, principalmente en la anssal, que pudieron repartir a piacere (mtss, 1993).En esas circunstancias, el dirigente sindical Raúl Amín (mecánicos) afirmó que “la desregulaciónes un hecho histórico”, y de este mismo modo se expresaron sectores afines al gobierno, como Andreoni, Pedraza (ferroviarios), Aldo Serrano (Luz y Fuerza) y José Castillo (bancarios) (Clarín, 02-11-91). Sobre el caso argentino, véanse particularmente Murillo (1997) y Alonso (2000). Hemos trabajado también este particular en Fair (2008b). Para un análisis comparativo del caso argentino en relación con otros casos similares de reforma en América Latina, véanse Torre (1998), Stokes (2001), Murillo (2005), y Palomino (2005).

En ese contexto, prometiendo mantener la estabilidad monetaria, los beneficios selectivos y los “negocios” para los líderes sindicales, el gobierno no tuvo inconvenientes en lograr un amplio triunfo en las elecciones legislativas de 1991 y 1993, donde obtuvo el 40% y el 42% de los votos, respectivamente (indec, 1998).

El apoyo al gobierno se tradujo, además, en un bajo nivel de conflictivi­dad. Así, la cantidad promedio de conflictos mensuales durante los dos prime­ros años de la convertibilidad decreció un 12.5% con respecto al promedio de los 19 meses previos a la vigencia del Plan. Las medidas de acción directa, que muestran la combatividad sindical, se redujeron, por su parte, un 22% con respecto al periodo anterior a la puesta en vigencia del régimen cambia-rio y, para el año 1993, alcanzarían una disminución del 31% en relación con el periodo de pre-convertibilidad. Además, los conflictos con medidas de fuerza disminuyeron de un 50% a un 32%, en igual periodo (Gómez et al.,1996:253). Los conflictos “defensivos”, es decir, los que se realizan en res­puesta a la eliminación de fuentes de trabajo, suspensiones, despidos o atrasos en el pago salarial, también tuvieron una merma importante durante 1993, alcanzando, hacia 1995, una reducción del orden del 63.5% (Gómez et al., 1996:260). Si bien estas cifras se revirtieron parcialmente a partir de 1994, no hubo en esos años un cuestionamiento directo a los ejes principales del Plan de Convertibilidad⁽⁴³⁾ (Bonanotte, 1996). En este sentido, podemos decir con Gómez que, con la excepción parcial de los sectores público y de servicios⁽⁴⁴⁾ el régimen de convertibilidad se convirtió, durante el periodo 1991-1995, en un “símbolo político ordenador de comportamientos sociales” (Gómez et al., 1996:249).

(43) Según registros de Gómez et al. (1996), el cuestionamiento al plan económico sólo alcan-zó un 1.4% durante 1993. En efecto, “el tipo de cambio, el nivel de apertura de la economía, lapresión fiscal sobre los sectores productivos, la falta de estímulos a la inversión productiva, los estímulos a los negocios financieros, las crisis productivas provinciales, el cuestionamiento a la terciarización económica y los costos financieros aparecerán sólo esporádicamente en los conflictos”. En este sentido, concluye que “la conflictividad laboral no estuvo asociada a una deslegitimación creciente del programa vigente”. Bonanotte, por su parte, calcula que, a nivel general, sólo el 14.3% de las medidas sindicales cuestionó directamente al plan durante el primer mandato de Menem (Bonanotte, 1996:95-96).

(44) Debemos tener en cuenta, en ese sentido, la importancia que tuvo el llamado “san-tiagueñazo”, protesta regional de gremios estatales realizada en diciembre de 1993 (Clarín y Página 12, 17-12-93 y ss.) y la marcha federal, de julio de 1994 (Ámbito Financiero, Clarín y Página 12, 04-07-94 y ss.). Por otra parte, en noviembre de 1992 estos sectores fueron los protagonistas principales del primer paro de la cgt al gobierno (Página 12, 10-11-92). Sobre la oposición a las políticas neoliberales por parte de los trabajadores estatales, véase Svampa (2005).

El rol de los componentes pasivos

Hasta aquí hemos analizado lo que podemos denominar componentes “acti­vos” de la hegemonía menemista. Sin embargo, creemos que hubo también componentes “pasivos” igualmente importantes que ayudan a explicar la adhesión al gobierno de Menem por parte de los trabajadores⁽⁴⁵⁾ A continua­ción analizaremos la importancia que tuvieron la reestructuración social y el contexto histórico-político en la legitimación pasiva del plan económico y el gobierno. Para ello, haremos hincapié en el aspecto discursivo. En efecto, si bien existen algunos trabajos que analizan la importancia del contexto histórico en que emerge el menemismo, centrándose en la importancia del discurso hegemónico neoliberal⁽⁴⁶⁾ escasean, curiosamente, estudios que inda­guen a profundidad en la función ejercida por el discurso menemista en la legitimación de aquellas políticas de reforma⁽⁴⁷⁾ En ese contexto, se ha ignorado llamativamente de qué modo el discurso menemista logró evitar el surgimiento de acciones alternativas que pudieran plantear una contra-hegemonía consistente y decidida a las reformas de mercado llevadas a cabo por el gobierno y cómo este tipo de discurso terminaría legitimando la aceptación pasiva de las premisas neoliberales.

 (45) Siguiendo a Tenti y Fanfani, decimos que existen dos grandes visiones para entender las respuestas a las reformas neoliberales. La primera, de tipo “naturalista”, tiende a enfatizar la imposibilidad de modificar el estado de cosas, conduciendo a una actitud “pasiva”. La segunda, en cambio, enfatiza la posibilidad de modificar el estado de cosas, tendiendo hacia una actitud “activa” (Tenti y Fanfani, 1993:273-274).

(46) En particular se destacan el trabajo de Thwaites Rey (1994) y, desde un enfoque más general, Aronskind (2001).

(47) Seguimos aquí muchas de las cuestiones abordadas en detalle con Fair (2008e).

La reestructuración social

Durante el peronismo los sectores populares gozaban de amplios beneficios sociales garantizados por un Estado que intervenía fuertemente en el mercado. En ese contexto, los trabajadores asalariados se hallaban integrados tanto económica como socialmente (James, 1990; Torre, 1990). Como vimos, una vez que asumió Menem como presidente, y con la excusa de combatir un Estado burocrático, corrupto e ineficiente que generaba déficit fis­cal, se llevó a cabo una drástica reducción del papel del Estado basada en la apertura y desregulación de la economía, la privatización de las empresas públicas y la flexibilización laboral. Como consecuencia de estas medi­das, se agravó el proceso de desindustrialización relativa iniciado durante el proceso (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1989; Castellani, 2004; Basual-do, 2006), incrementando la fragmentación social, polarización y reducción numérica de los sectores populares (Torrado, 1994; Villarreal, 1996; Svampa, 2005). Las políticas tendientes a la flexibilización laboral generaron, a su vez, una creciente precarización, tercerización y distinción en los lugares de trabajo entre trabajadores temporales y permanentes. Esta atomización social introdujo diferencias de percepción y de “modos de ver las cosas” entre los diversos sectores de la comunidad. De este modo, se incrementaron las dificultades para constituir identidades colectivas y formas de acción social unificadas como las existentes hasta mediados de la década de 1970⁽⁴⁸⁾ (Tenti Fanfani, 1993; García Delgado, 1994; Pucciarelli, 1998:28-29).

(48) Como señala Villarreal, “la exclusión fragmenta a los sectores sociales postergados (trabajadores independientes y clases medias empobrecidas), produce una fractura de sus inte­reses, modos de vida y valores, que atraviesa real o virtualmente gran parte de la sociedad, lo cual refuerza el ‘disciplinamiento’ y la ‘gobernabilidad’ (Villarreal, 1996:81).

Por otra parte, debemos considerar el factor disciplinador generado por el creciente desempleo. Este último elemento no sólo disminuyó el número de afiliados sindicales, sino que contribuyó a generar un “efecto paralizante”, debido a que hacía muy difícil a los sectores laborales, amenazados por el despido, movilizarse y organizarse en una coyuntura donde miles de com­pañeros (el “ejército industrial de reserva”, diría Marx) los podían reemplazar rápidamente (Fernández, 1998:62; Basualdo, 2001). Además, debemos tener en cuenta que el poder de los sectores obreros había sido fuertemente resque­brajado por la violenta represión ejercida durante la dictadura militar de 1976, que dejó un saldo de 50% de las víctimas de origen proletario (Gambina y Campione, 2002:173). En ese contexto, se produjo una desarticulación de sus sistemas de sociabilidad, lo que, sumado a la interiorización del temor a la participación en el espacio público, favoreció la atomización social (García Delgado, 1994:165; Villarreal, 1996; Sidicaro, 1998:48-49).

Por otra parte, se hacía difícil continuar con las protestas cuando se insistía desde el gobierno en la inmutabilidad de las políticas aplicadas. En efecto, el presidente expresó en reiteradas oportunidades su incondicional negativa a cambiar el rumbo vigente:

Deseo simplemente ratificar los lineamientos de un rumbo que mi Gobierno, y este Presidente de la Nación, consideran inmodificable. No desearía que quede ningún tipo de dudas al respecto (…). La Ley de Convertibilidad será cumplida a rajatabla. (Menem, 02-09-91)⁽⁴⁹⁾

Esta estabilidad y este rumbo que ha elegido el pueblo argentino es irrenunciable. Es un camino sin retorno. No hay presión posible, por ejemplo, ya que todoslos días se habla sobre el tema, de que nosotros modifiquemos el tipo de cambio(…). Que quede bien en claro esto. Todos los días nos despertamos con las ver-siones de que el Gobierno va a ceder a algún tipo de presión de algún sector denuestra comunidad. No existe ningún tipo de posibilidad. (Menem, 06-07-93:43)

Del mismo modo, en el momento en que surgían cuestionamientos a la reforma laboral, expresó:

Aquellos que están clamando o insisten en la modificación de este modelo, deben entender que esta propuesta, este modelo que tiene plena vigencia en la República Argentina, no tiene la posibilidad de ser negociado, es irrenunciable, y vamos a continuar por esta senda, por este camino, hasta que finalice el mandato que me ha encomendado el pueblo argentino. (Menem, 22-12-93:253)

(49) Los discursos citados a partir de aquí, salvo expresa aclaración, corresponden a discursos oficiales emitidos por el presidente Carlos Saúl Menem.572 Estudios Sociológicos XXVII: 80, 2009

Y en igual sintonía se mantuvo cuando se realizó la marcha federal de julio de 1994, y se preveía realizar un paro. Así, exclamó:

No sé qué es lo que pretenden. Si la idea de los convocantes es el cambio de las políticas del gobierno, pueden hacer un millón de paros, pero estas políticas van a seguir funcionando como hasta ahora. (Ámbito Financiero, 05-07-94)

De este modo se incentivó en los trabajadores una creciente resignación frente a lo que veían como una escasa posibilidad de lograr éxito en las me­didas de protesta (Feijoo, 1993; Karol, 1993).

Pero además debemos tener en cuenta el impacto que ejerció la llamada Ley de Empleo “flexible”, que legalizó —a finales de 1991— los contratos temporales, a domicilio y a tiempo parcial y disminuyó los costos por despi­dos, así como las modificaciones realizadas a la Ley de Convenios Colectivos, que descentralizaron la negociación a nivel de empresa y condicionaron los aumentos salariales al incremento de la productividad para hacerla consis­tente con la flexibilidad productiva requerida por el ajuste⁽⁵⁰⁾ (Senén González y Bosoer, 1999; Torre, 1999:56-57). Desde el discurso del presidente, estos cambios se proponían traspasar la negociación colectiva, del nivel nacional y por rama, al nivel de fábrica, para lograr el aumento de la competitividad vía la reducción de los costos laborales:

Nosotros estamos tratando en este momento, un pacto, un convenio para mejorar la competitividad; es fundamental que dentro del contexto de competitividad, se baje el costo argentino. (Menem, 22-12-93:253)

La consecuencia de estas políticas, sin embargo, fue la introducción de un individualismo que disminuyó la solidaridad que existía anteriormente entre los compañeros de tareas. Por ejemplo, el decreto que estableció el aumento de salarios de acuerdo con el nivel de productividad, de julio de 1991 (Clarín, 16-07-91), produjo una fragmentación entre los sindicatos, que lograron un efectivo aumento en la productividad (especialmente el gremio de metalmecánicos de smata), que subordinaron las protestas al consumo; y los gremios de baja productividad, que centraron sus conflictos en pedidos de aumento de salarios (Bonanotte, 1996:70-73; Svampa, 2005:173-177). De este modo, con trabajadores fragmentados organizativamente, el gobierno y los grandes empresarios se facilitaron la implementación de las reformas y los ajustes estructurales⁽⁵¹⁾

(50) De todas maneras, resulta importante aclarar que los sindicalistas lograron renegociar con el gobierno la modificación de los proyectos de desregulación de las obras sociales y la flexibilización laboral, obteniendo a cambio una “desregulación parcial”. Sobre el particular, véanse Etchmendy (1995), Senén González y Bosoer (1999), y Alonso (2000). Para un análisis comparativo de esta “política de intercambios” que enfatiza las similitudes con el caso mexicano en relación con la Ley Federal de Trabajo, y el caso colombiano con la reforma laboral y sus efectos de desmovilización, véanse Torre (1998, especialmente pp. 79-85), y Murillo (2005).

(51) Este tema ha sido analizado por varios trabajos; casi todos ellos, sin embargo, se centran en una dimensión de racionalidad estratégica de los actores que se aleja del enfoque general de este trabajo, al otorgarle al gobierno o al presidente una intencionalidad que parece ser más una consecuencia no prevista de las políticas de ajuste que un plan orgánico cuyo objetivo implícito principal consistiría en introducir un individualismo que disminuyera la solidaridad que existía anteriormente con los compañeros de tareas para facilitar, de este modo, la implementación del modelo de ajuste. En esta línea, véanse Tenti y Fanfani (1993), García Delgado (1994:145), Vi­llarreal (1996), Pucciarelli (1998:26), Basualdo (2001), y Gambina y Campione (2002:199).

El otro mecanismo que contribuyó a despolitizar la acción sindical fue la profundización de sus divisiones internas. En este sentido, el gobierno ejerció un papel importante, pues se apoyó en el control del PJ para manipular y reducir a la CGT mayoritaria, lo que provocó divisiones internas e incentivó la dispersión en sus estructuras (Palermo y Novaro, 1996; Fernández, 1998:63). Al mismo tiempo, en relación con los grupos de confrontación, no dudó en responder a las primeras protestas enviando a los actores en juego señales inequívocas de su disposición a no negociar bajo presión de utilizar medidas de fuerza (Clarín, 04-03-91, 13-03-91 y 14-03-91). Así, frente a las amenazas de huelga sindical, el presidente afirmó que:

Es realmente un absurdo, una arbitrariedad, desde el sector público, desde un sector desde donde se presta un servicio público, declarar una huelga por tiempo indeterminado. Por eso dije que si hay una huelga por tiempo indeterminado, las medidas que tomará el gobierno con los responsables o en contra de los responsables, también serán en tiempo indeterminado. Por eso, vuelvo a llamar a la reflexión a los huelguistas, sean compañeros o no, para que levanten el paro y entraremos a dialogar. Caso contrario, lamentablemente, con mucho dolor, seguirán saliendo los telegramas de despido hasta que normalicemos esta situación. (Menem, 25-03-91)

En efecto, en la simbólica fecha del 17 octubre de 1990, el “día de la lealtad peronista”, el gobierno reglamentó por decreto la limitación del derecho a huelga de los “servicios esenciales”, bajo amenaza de quita de la personería gremial y despidos sin indemnizaciones⁽⁵²⁾ (Página 12, 18-10-90).

(52) El decreto 2184/90 establecía que el derecho de huelga quedaba restringido en los “ser­vicios esenciales”, lo que incluye “en general a todos aquellos en los que la extensión, duración u oportunidad de la interrupción del servicio o actividad pudiera poner en peligro la vida, la salud, la libertad o la seguridad de toda la comunidad o de parte de ella”. Afirmaba, además, que si no se acata la conciliación obligatoria, el ministro de Trabajo “declarará la ilegalidad de las medidas de acción directa que se materialicen”. En palabras de Menem, se deben “brindar servicios mínimos a fin de atender las necesidades imprescindibles de los usuarios. Si no, están supervisados a quita de personería gremial” (Página 12, 18-10-90).

En ese contexto, frente a la amenaza de huelga sindical, el viceministro deTrabajo, Enrique Rodríguez, afirmó que los gremios que “transgredan lo establecido en la ley” serían “sancionados” con “las normas vigentes” según lo establecido por el “Decreto antihuelgas” (Decreto 2184/90), esto es, median­te despidos sin indemnizaciones y eventual quita de personería gremial⁽⁵³⁾ (Página 12, 03-11-92)

Pero además de estas medidas, debemos tener en cuenta que el sindica­lismo había perdido en los últimos años una cuota muy fuerte del poder que había tenido en décadas anteriores. Esta reducción de su poder respondió, por un lado, a la pérdida de afiliados sindicales, producto de la desindustrializa­ción y el desempleo generados por las políticas de apertura, desregulación y privatizaciones; pero también a la autonomización que venía llevando a cabo el partido frente a la organización desde el retorno de la democracia (Murillo, 1997). En efecto, a partir de 1983, con la primera derrota electoral en su historia, el otrora movimiento peronista comenzó un proceso de paulatina democratización de sus estructuras (Palermo y Novaro, 1996; Levitsky, 1997). En ese contexto, potenciado por la cooptación de algunos de sus dirigentes y la escasa legitimidad de otros debido a sus prácticas corruptas⁽⁵⁴⁾ además de la imposibilidad de acceder a la personería gremial por parte de los sectores más combativos⁽⁵⁵⁾ el sindicalismo, que tradicionalmente había expresado los reclamos de los sectores trabajadores, siendo la “columna vertebral” del movimiento peronista (James, 1990; Torre, 1990), experimentó una profunda crisis que se manifestó en un notorio declive de su poder político⁽⁵⁶⁾

(53) Muchos de estos mecanismos de control y desarticulación de la oposición se aplicaron de manera particularmente profunda en el caso mexicano durante la larga hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (pri). Stevens ha analizado con detalle muchas de estas “tácticas de cooptación”, que incluyeron desde acciones policiales anti-huelgas, secuestros e incluso asesinatos, hasta cooptación de líderes opositores y disidentes mediante prácticas clientelísticas y de patronazgo, tales como la repartición de pequeñas parcelas de tierra a campesinos pobres (Stevens, 1985:430-438). Durante la presidencia de Salinas de Gortari (1988-1994) se aplicó, además, un programa social antipobreza dirigido a sectores carenciados, denominado Programa Nacional de Solidaridad (pronasol), que continuaba la tradición de clientelismo del país, al tiempo que se mantenían vigentes los mecanismos de fraude y control político. Para un análisis comparativo de estos mecanismos y los presentes en otros casos de la región, como Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia, véase particularmente el trabajo de Torre (1998).

(54) Esta crisis de legitimidad se expresó en una débil imagen positiva de los sindicalistas de sólo un 6.9% en abril de 1991 (Página 12, 30-04-91), y 3% en enero de 1994; además de que el 95% de los encuestados quería investigar sus fondos y un 84% creía que colaboraban poco y nada para solucionar los problemas del país (Página 12, 25-01-94).

(55) En efecto, el gobierno no le otorgó a la Central Opositora de los Trabajadores del Estado (cta) la personería gremial aduciendo su inconstitucionalidad. Además, mantuvo la vigencia de boletas únicas para impedir que la oposición se presentara y obtuviera cargos. En ese sentido, mientras que en 1984-1985 el 80% de los sindicatos tenía elecciones competitivas a comienzos de 1992 sólo se mantendría la democratización en el 33.3% de las organizaciones gremiales (véase Fernández, 1998:60). De todos modos, el sector estatal aglutinado en la cta, y luego en la mta, fue el más proclive a enfrentarse a las políticas neoliberales del menemismo. Al respecto, véase Svampa (2005).

(56) Como prueba de ello debe tenerse en cuenta que durante el peronismo, el sindicalismo aportaba los fondos para las campañas electorales, las listas de candidatos se armaban en las sedes gremiales y las redes de dirigentes y militantes obreros movilizaban a los trabajadores a la hora de votar. Además, en 1974 este sector manejaba el Ministerio de Trabajo y ocho vice-gobernaciones, y tenía 40 diputados en el Congreso, además de una fuerte influencia en los aparatos partidarios (Torre, 1999:59-62). En 1983 aún había 35 diputados de origen gremial. Diez años más tarde, eran sólo diez (La Nación, 02-01-94). De todos modos, como señala Etchmendy (1995), el poder sindical no sería menguado del todo, lo que se evidenció en el poder de veto que lograron ejercer los diputados de extracción sindical a las leyes laborales del menemismo a partir de su fuerte presencia en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.576 Estudios Sociológicos XXVII: 80, 2009

En esas circunstancias de creciente fragmentación, polarización y segmentación social (Torrado, 1994; Pucciarelli, 1998), y sin representantes que defendieran sus intereses sociales, los trabajadores, más debilitados que nunca, enfren­taron dificultades para coordinar alternativas antagónicas y consistentes con el rumbo vigente (Palermo y Novaro, 1996; Martucelli y Svampa, 1997).

La “ausencia de alternativas”

Las políticas de orientación neoliberal pudieron implementarse (parcialmente) en nuestro país desde mediados de la década de 1970 debido, en parte, a que no había otro modelo más adecuado que diera solución a los problemas que había generado el Estado de Bienestar en su particular versión vernácula. A fines de 1989 fue derrumbado, además, el Muro de Berlín (Clarín, 11-11-89), y dos años más tarde se produjo la disolución del sistema socialista en la Unión Soviética (Página 12, 22-12-91). De este modo, mostraba su fracaso la alter­nativa que durante tantos años había competido con el capitalismo liberal.

En ese contexto de fracaso tanto del modelo “estadocéntrico” (Cavarozzi, 1997), como de la alternativa comunista, resulta pertinente analizar el discurso al que apeló el presidente Menem para legitimar el nuevo rumbo. Según se desprende de sus discursos, el presidente planteó una disyuntiva: por un lado, estaban la “modernización”, el “crecimiento” y el “progreso” construidos a partir del mito liberal de la bondad reguladora del mercado. Por el otro, el rechazo de esta opción y el regreso al “atraso”, la “decadencia”, la “involu­ción” y la “frustración” de la “Argentina vieja”:

Hay una Argentina vieja, la del atraso, la de la involución, que se va, y una Argentina nueva, la del progreso, la del crecimiento, con una nueva mentalidad que está naciendo (…). Es preferible trabajar constantemente por lo nuevo, que viene a desplazar definitivamente a lo viejo que se tiene que ir también defini­tivamente. (Menem, 25-04-91:90)

Yo no quiero que siga instalada la soberanía del hambre en la República Argenti­na, a partir de conceptos totalmente superados. Quiero que encontremos la sobe­ranía del trabajo y de la producción a partir de una Argentina moderna instalada en este mundo competitivo en forma espectacular. (Menem, 05-08-91:97)

Al ser representadas de esta manera las opciones, reafirmando la con­traposición entre lo “viejo” e “inviable”, las políticas “estatistas” del pero­nismo y las “socialdemócratas” del alfonsinismo, que habían fracasado; y lo “nuevo” y “único camino posible”, la “inserción al mundo moderno” que estaba llevando a cabo el gobierno, se generaba un mecanismo psicológico que cerraba toda posibilidad de construir un proyecto alternativo al existente (Yannuzzi, 1995:170):

Podemos discutir largamente acerca de las dificultades de instrumentación y ejecución. Podemos polemizar sobre los pasos dados. Pero también es necesario que establezcamos un consenso sobre la estrategia de fondo. Sobre las líneas directrices, que son las únicas que la Argentina puede encarar hoy con realismo y con posibilidad de éxito. Es necesario que discutamos seriamente y honestamente sobre este modelo de Argentina que estamos proponiendo y llevando adelante para todos los argentinos. Es necesario que discutamos sobre lo posible. Y sobre la construcción de lo posible. Porque cada uno ya ha experimentado en carne propia los supuestos caminos alternativos, que muchas veces aparecen como re­medios tan milagrosos como inviables, frente a la presente realidad nacional e internacional. (Menem , 01-05-91:105-106)

Este fomento al “imposibilismo” político (Pucciarelli, 2002), se encuen­tra íntimamente ligado al famoso postulado de Francis Fukuyama de que se había llegado al “fin de la historia”. En palabras de Fukuyama:

En la última generación, tanto los regímenes de izquierda como los de derecha han fracasado. Este derrumbe empezó en Europa con España, Portugal y Grecia. Luego, durante los años ochenta, se acabaron los regímenes militares de derecha latinoamericanos y, al final de la década, tuvimos la caída del comunismo. Todo esto parece indicar que hay un principio de legitimidad mundialmente reconocido en este momento, que es la democracia liberal. (Página 12, suplemento “PrimerPlano”, 08-09-91)

Esto significaba que, como se habían agotado las interpretaciones alternativas a la “democracia liberal”, se terminaba con la lucha política-ideológica. De este modo, se carecía de incentivos para luchar por un modelo alter­nativo al dominante.

La lógica “mecanicista”

Para entender la apatía e inacción social durante la década “infame” de los noventa, debemos tener en cuenta, además, la importancia que tuvo la vigencia de una visión que podemos llamar “mecanicista” de la globalización. Los teóricos del neoliberalismo decían que nada podía hacerse frente a un mundo regido por las “inescrutables fuerzas de la naturaleza”. En ese contexto, se promovía que la única respuesta posible ante la globalización era la sumisión pasiva como si se estuviese en presencia de un fenómeno inevitable, como son las catástrofes naturales (Borón, 1999; Coraggio, 1999). Si se respetaban las “fuerzas del mercado”, esta visión fundamentalista prometía que el creci­miento de la economía mundial sería más rápido y estable, y que los frutos del desarrollo se distribuirían entre todos los habitantes del planeta. Al mismo tiempo, afirmaba que, si no se cumplían estas “reglas”, las consecuencias serían catastróficas (Aronskind, 2001).

Siguiendo a Pucciarelli, podemos resumir esta estrategia del siguiente modo: “o seguimos profundizando las políticas de ajuste ‘recomendadas’ por los organismos internacionales, desechando toda posibilidad de modificar sus parámetros fundamentales, o habrá una huida masiva de los capitales inver­tidos en el país que producirá un colapso en la economía, con imprevisibles consecuencias sociales, institucionales y políticas” (Pucciarelli, 2002:105). Así, mientras que el secretario del Tesoro de Estados Unidos expresó que “no hay alternativa viable” a las reformas, el presidente del Banco Mundial dijo que los ajustes “son inevitables, aunque sean dolorosos. Los países que han rehusado el ajuste sólo han logrado caer en situaciones aún peores” (Clarín, 28-09-93). El propio Domingo Cavallo, ministro de Economía de Menem, fomentó esta visión de temor ante un “caos inflacionario”, al afirmar que “nadie que piense de manera razonable puede considerar que sea necesario devaluar (la moneda)” (Página 12, 13-05-95). Y ello en razón de que “una devaluación generaría un drástico recorte de ingresos de la gente, desataría expectativas inflacionarias y una recesión muy severa” (Clarín, 10-05-95).578 Estudios Sociológicos XXVII: 80, 2009

Esta estrategia de “imposibilismo apocalíptico” (que se expresa en la dicotomía “esto o el caos”), resultó muy efectiva, ya que, como señala Bauman, las personas que se sienten inseguras sobre lo que les puede deparar el futuro, no son verdaderamente libres de enfrentar los riesgos que exige una acción colectiva (Bauman, 2003:13).

Inscrito en esta lógica “mecanicista”, Menem afirmaba que “Nuestros países, individualmente, no pueden modificar ni un ápice de la realidad política-económica-mundial, aunque ésta nos afecta profundamente” (Menem, 05-07-90). De este modo, se incentivaba la impotencia, y con ella una resig­nación o “abstinencia racional” (Navarro, 1995:463) frente a la imposibilidad de modificar el estado de cosas vigente. Pero además, si alguien expresaba en pleno auge del consumo, del crecimiento económico y de la “modernización”, que el modelo había fracasado, resultaba irremediablemente excluido de la sociedad por estar “escindido de la realidad”:

¿Hay algún argentino en su sano juicio que quiera volver a 1989, con esta esta­bilidad económica, con este cambio que estamos produciendo y con la capacidad del salario que va en aumento? (Clarín, 01-08-91)

Los resultados están a la vista, ahora, ¿quién en su sano juicio puede cambiar un modelo que ha sacado a la Argentina de una crisis prácticamente letal de décadas para colocarla como uno de los países de mayor crecimiento en nuestro planeta? (Menem, 22-12-93:259)

En efecto, la sobrevaluación cambiaria había permitido un auge del crédito comercial y familiar, un fuerte incremento del consumo de tecnología importada a partir del abaratamiento del dólar y una inédita “modernización” tecnológica. Además, había permitido un fuerte crecimiento del PBI⁽⁵⁷⁾ En ese contexto de hechos “tangibles” y “visibles” en la realidad cotidiana, que además elevaron fuertemente la productividad y la demanda laboral (Síntesis Informativa, 1995), al tiempo que disminuyeron relativamente los índices de pobreza ⁽⁵⁸⁾ el presidente podía afirmar sin inconvenientes que:

En sólo cuatro años y medio de gobierno, hemos conseguido esta transformación que, por ejemplo, ha llevado a la República Argentina a colocarse entre los cuatro países que más crecieron en estos últimos tres años, en lo que hace a su Pro-ducto Bruto Interno. Ha subido la producción, reitero, ha crecido en forma significativa el consumo, han disminuido los índices de pobreza y se acrecienta la demanda laboral. (Menem, 24-11-93)

(57) En los primeros años de vigencia del Plan de Convertibilidad, el abaratamiento del dólar generó un fuerte crecimiento del consumo y de las inversiones en maquinaria y equipos (Grandes, 1999). Al mismo tiempo se produjo un inédito crecimiento del pbi. Así, el pbi, que había caído un 6.2% en 1989 y crecido sólo un 0.1% en 1990, se incrementó un 8.9% en 1991, un 8.7% en1992, un 6% en 1993, y un 7.1% en 1994 (La Nación, 15-05-95), manteniendo luego cifras moderadamente menores durante la segunda presidencia de Menem (Basualdo, 2006:312).

(58) Según datos del indec, los hogares pobres en el Gran Buenos Aires se redujeron, en par-ticular debido a la estabilidad económica, de un 38.2% de octubre de 1989 a un 21.9% en ma-yo de 1991, alcanzando niveles del orden del 16.3% en mayo de 1995. Al mismo tiempo, los índices de indigencia cayeron, durante el mismo periodo, de 11.6% a 3.6%, recuperándose le-vemente a 4.3% durante mayo de 1995. En cuanto a las personas pobres, los índices oficiales del Gran Buenos Aires señalan, para similar periodo, una reducción de 47.3% a 28.9% y 22.2%, respectivamente, al tiempo que las personas en situación de indigencia lo hicieron de 16.5% a 5.1%, expandiéndose levemente a 5.7% en 1995 (indec, 1998).

La apelación a una supuesta realidad objetiva e indiscutible materializada en los “hechos” marcó así una continuidad y, a la vez, un punto de inflexión con el peronismo tradicional. La continuidad residía en el hecho de que, como afirmaba Perón, “La única verdad es la realidad”⁽⁵⁹⁾ La inflexión, por su parte, se debía a que mientras que durante el peronismo el enemigo era “la vieja oligarquía” y los “intereses extranjeros opuestos a la República” (Si­gal y Verón, 2003:78), en el caso de Menem, eran aquellos rezagados, los “nostálgicos” o “ideologizados” que no lograron comprender la “realidad de lo real” (Hilb, 1994:17):

Los acontecimientos que nos han preocupado no son producto de lo que se denomina ajuste o reajuste, son producto de la falta de capacidad y de comprensión de lo que ocurre actualmente en el mundo y en la República Argentina, por algunos sectores de nuestra comunidad. (Menem, 22-12-93:255)

Concepciones de esta naturaleza, en el fondo ocultan un profundo prejuicio po­lítico y cultural, aferrado a concepciones del pasado. En algunos casos, aferrado incluso a mentalidades exclusivamente ideologizadas, incapaces de comprender los inmensos cambios que se registran actualmente en todo el mundo. (Menem, 24-10-89:132)

En ese contexto, en el que según Menem los que protestan son “detrac­tores, eternos derrotistas, agoreros del pasado y el fracaso que van perdiendo su lugar en nuestro suelo” (Menem, 28-08-91), el presidente podía acusar al Grupo de los Ocho⁽⁶⁰⁾ afirmando que “son peronistas”, pero “totalmente desactualizados”, ya que “siguen hablando el mismo idioma de 1945” (en­trevista en Clarín, 24-01-93).

(59) Frase comúnmente utilizada por Perón en sus discursos presidenciales. Sobre el particular, véase el detallado análisis de Sigal y Verón (2003).

(60) Bloque político de ocho diputados de origen justicialista y opositores al gobierno.580 Estudios Sociológicos XXVII: 80, 2009

El secretario de la central sindical opositora, CTA, Víctor De Gennaro, resumió de manera elocuente el panorama que se le presentaba a quien se situase como opositor al gobierno:

Después del noventa, después del intento de recuperar al peronismo con el Grupo de los Ocho y de la CGT Azopardo que encabezaba Ubaldini (…) se creyó que no valía la pena pelear. En los mismos medios se decía hasta hace un mes que las resistencias eran inútiles. Mucho peor, intentaban convencernos de que no se debía pelear, de que era retrógrado. Quedábamos a contramano de la historia (entrevista en Página 12, 10-07-94).

Pero además el gobierno había logrado reducir a niveles históricos los ín-dices de inflación⁽⁶¹⁾ En esas circunstancias ya no podía hablarse de un “pro­grama de ajuste”, como se lo acusaba desde la oposición, porque el “ajuste” en sí era, en palabras de Menem, el propio “impuesto inflacionario” que debía sufrir el “pueblo argentino”:

Mienten aquellos que nos hablan de ajustes y de reajustes. Ajustes y reajustes fueron los que vivimos durante décadas hasta 1989, cuando teníamos inflación, hiperinflación, desorden, caos. Esos sí que eran ajustes y reajustes. Y, ¿quién los pagaba? El trabajador, que hoy cobraba su salario (si lo cobraba), y al día si-guiente, por obra y gracia de la inflación, tenía la mitad y a los diez días no tenía ab-solutamente nada. Eso sí era realmente dramático en el marco de la democracia y lo tenía que soportar el pueblo argentino, especialmente el trabajador. No nos engañemos, el que tenía recursos, el capitalista, colocaba el dinero a plazo fijo y así podía ir salvando lo poco que tenía, no así el trabajador. Aquello de que “ganarás el pan con el sudor de tu frente”, realmente era que el pan lo ganaban otros con el sudor de la frente de los trabajadores argentinos. Esto se acabó ya en nuestra Patria. (Menem, 29-04-93:202-203)

Y menos aún se podía hablar en esos términos con las inéditas tasas de inversión y consumo vigentes a partir de la instauración de la paridad cambia­ria. En ese contexto, como afirmó Cavallo, sólo alguien que “no sabe interpretar la realidad” podía referirse a la existencia de un plan de ajuste:

Quien dice que los últimos tres años fueron de ajuste, bueno, no sabe interpretar la realidad. Nunca hubo tantos recursos para ser gastados por la gente en consumo como en estos tres últimos años. Además de haber crecido impresionantemente el ingreso, tuvimos un ingreso de capitales del exterior que permitió financiar un alto nivel de inversión sin restringir para nada el consumo (entrevista en Pá-gina 12, 17-07-94).

(61) En efecto, luego de alcanzar durante 1994 la tasa de inflación más baja en 49 años, con sólo 3.9% (Clarín, 04-01-95), durante los primeros cuatro meses de 1995 acumuló solamente un 1% (Clarín, 05-05-95 y 07-05-95).

Según el sociólogo francés Pierre Bourdieu, “las categorías de la per­cepción del mundo social son, en lo esencial, el producto de la incorporación de las estructuras objetivas del espacio social (…) que inclinan a los agentes a tomar el mundo social tal cual es, a aceptarlo como natural, más que a rebelarse contra él” (Bourdieu, 1984:289). Si seguimos esta línea, podemos decir que en esas circunstancias de hechos “objetivos” e incontrastables, potenciados por la idea de “inevitabilidad” de los cambios tecnológicos que ca­racterizan a la modernidad y la “ilusión de consenso generalizado” (Bourdieu, 1999) fomentada por los grandes medios de comunicación y sus “intelectuales orgánicos”⁽⁶²⁾ se generó un “pensamiento único”, transformado en sentido común, que impedía ver las consecuencias políticas, económicas y sociales que estaba produciendo el nuevo orden e incapacitaba pensar en proyectos alternativos, al tiempo que promovía sistemáticamente la apatía política y el conformismo (García Delgado, 1994; Thwaites Rey, 1994).

(62) Entre ellos, debemos destacar el respaldo de la mayoría de los tecnócratas organizados en las fundaciones liberales del cema, fiel y la Fundación Mediterránea, además de periodistas como Bernardo Nestaudt, Mariano Grondona y Gerardo Sofovich. Si tenemos en cuenta el peso que significó el apoyo de estos sectores del establishment ―que incluyó a “expertos” nacionales como Jorge Ávila y Juan Carlos de Pablo, e internacionales, como Rudiger Dornsbusch y Jeffrey Sachs― podemos decir, con Bourdieu, que el discurso neoliberal que pregonaba Menem no era un discurso como todos los demás, sino que era un “discurso fuerte”, y difícil de combatir, porque contaba a su favor, además de su “fuerza simbólica” expresada en su saber tecnocrático ―y por lo tanto, objetivo―, con “todas las fuerzas de un mundo de relaciones de fuerza que contribuían a que fuera tal cual es” (Bourdieu, 1999:137-138). Para un análisis de la importancia del discurso de la tecnocracia durante los años noventa, véase Thwaites Rey (2001). Para un análisis más general, véase Centeno (1997).582 Estudios Sociológicos XXVII: 80, 2009