SÍSIFO
(Por
Roberto Feletti)
La Argentina atraviesa un escenario de
aceleración inflacionaria inédito en las últimas tres décadas. La presión sobre
el índice de precios es simétrica a la escasez de divisas en el Banco Central.
La definición de país “bimonetario”, en el que el peso funciona como una moneda
para las transacciones y el dólar como una reserva de valor —en la que se
valúan los patrimonios de las empresas y los ahorros de los individuos—, define
que cualquier desequilibrio en el sector externo inmediatamente impacta en los
precios internos de la economía, pues todos los agentes económicos intentan
ajustar sus beneficios y sus ingresos al alza del dólar provocada por el
desequilibrio mencionado.
Esta correlación directa entre el dólar y los
precios internos, impropia de la diversidad productiva y de la disponibilidad
de recursos vigente en la Argentina, se ha ido agudizando con los sucesivos
ciclos de endeudamiento público y con la salida privada de capitales ocurridos
en la historia reciente (1978-1981, 1996-2001, 2016-2019).
Un Estado recurrentemente quebrado por una
deuda improductiva y la formación de activos privados en el exterior que se
apropian de ese flujo de divisas conforman el factor decisivo de los péndulos
de crecimiento, deuda y crisis, y nuevamente volver a empezar, como el mito de
Sísifo.
En el presente, y con claridad desde la
crisis de 2018-2019 (amortiguada por el monumental préstamo que el FMI otorgó
al gobierno de Macri), la Argentina se desliza hacia episodios de aceleración
cambiaria e inflacionaria, provocados por el desequilibrio de las cuentas
externas que genera la deuda pública con financistas privados y con el propio
Fondo.
El gobierno de Alberto Fernández intentó
evitar las gravosas consecuencias del desbalance provocado por los créditos
contraídos durante la administración de Macri, pero estuvo muy lejos de aplicar
políticas que resolvieran el problema y le otorgaran consistencia al balance de
pagos, desperdiciando las siguientes oportunidades:
No atesoró reservas internacionales con la
oferta de divisas proveniente del superávit de la balanza comercial, que en el
trienio 2020-2022 fue de 34.000 millones de dólares. Tampoco aprovechó el
desembolso sin condicionalidades efectuado en la pandemia por el FMI de 4.200
millones de dólares. El excedente de dólares en ese lapso alcanzó un total de
38.200 millones de dólares, pero las reservas internacionales se redujeron en
300 millones de dólares.
Se aceleró en plena pandemia la
reestructuración de deuda con el sector privado, reconociendo un valor presente
de los nuevos bonos (57 dólares por cada 100 dólares emitidos), superior al
vigente en el mercado (40 dólares por cada 100 dólares en el mercado). Además,
no se gestionó una quita relevante y no se produjo un efecto favorable para el
ingreso de dólares financieros, dado que el riesgo país, a pesar del canje de
bonos, se duplicó (de 1.000 pb a 2.000 pb).
El acuerdo con el FMI estableció
condicionalidades impropias para las debilidades de otorgamiento que este
presentaba. Es un acuerdo que subordina la política económica nacional a
generar excedentes para el pago sin contemplar el devenir propio de una
economía como la argentina.
Este recorrido sobre los factores que
debilitan la solvencia del sector externo y que necesariamente impactan en el
régimen de precios argentino tiene por objetivo crear un marco que explique la
presente aceleración inflacionaria.
La estabilización de las variables económicas
depende entonces de un sector externo robusto oferente de divisas que se
acumulen en el Banco Central. La política fiscal y monetaria tiene capacidad de
incidir en la estabilización, en tanto se parta del sector externo.
En este contexto electoral, se abre un debate
entre los candidatos sobre el programa necesario para reducir, e inclusive
erradicar, definitivamente la inflación. Todas las ideas esbozadas por los
postulantes de la derecha conservadora remiten a la experiencia de los ‘90
conocida como régimen de convertibilidad, durante el cual, a lo largo de una
década (1991-2001), el valor del dólar se igualó al peso en una unidad (1 dólar
= 1 peso). La paridad fija se estableció por ley.
Javier Milei, si bien ahora ha relativizado
el planteo inicial, arrancó planteando la supresión definitiva del peso y su
reemplazo por el dólar, en un esquema conocido como “dolarización”. Al igual
que en la convertibilidad —pero ya de forma irreversible, porque no existen
experiencias en la historia económica que revelen que un país abandonó su
moneda y luego volvió a ella—, la dolarización implica que la actividad
económica de la Argentina dependerá exclusivamente de la oferta de divisas,
habida cuenta de que la enorme mayoría de sus oferentes son agentes económicos
privados y, consecuentemente, tendrán la capacidad de moldear el esquema
productivo del país conforme a sus intereses. Bullrich ha expresado un sendero
de fijación del tipo de cambio con las reservas en el marco de un mercado libre
en un sistema muy similar al de la convertibilidad.
En ambos casos, la estabilización se da por
el sector externo, pero con un régimen cambiario que suprime completamente la
autonomía de la actividad productiva nacional respecto de la oferta de divisas,
habida cuenta de que el sector privado oferente es el primario-financiero. En
definitiva, los dueños de los recursos naturales (agro, minería y energía), con
mentalidad extractivista, y los fondos de inversión tenedores de deuda pública
argentina en dólares, conformarán (no sin tensiones) el bloque empresarial que
manejará la economía nacional. Estos modelos de estabilización quitan al Estado
la capacidad de enfrentar una crisis global, dado que no pueden proteger la
economía interna porque no administran el valor del dólar, con lo cual un shock
externo golpea de lleno al país.
La segunda limitante, asociada a la primera,
radica en la incapacidad de utilizar la política monetaria y fiscal para
atenuar los ciclos negativos de la actividad.
Por último, y relacionado con lo anterior, en
los modelos que proponen Milei y Bullrich, una política de ingresos
redistributiva en favor de los asalariados, es inviable. En síntesis, la
estabilización de la economía desde el sector externo, a partir de fijar a
largo plazo el valor del dólar por cualquier instrumento, y quitarle al Estado
la capacidad para administrar el tipo de cambio, deja inerme al país frente al
devenir de la economía internacional y congela la distribución del ingreso
existente al momento de aplicar el régimen.
Los ejemplos históricos aportados por la
convertibilidad son elocuentes. El tipo de cambio fijo en el tiempo planchó los
precios, pero —desde su entrada en vigencia— comenzó a crecer exponencialmente
el desempleo. En efecto, la convertibilidad se inició en abril de 1991 y para
octubre de 1994, el desempleo ya había trepado al 12 %. El segundo elemento
grave es que se desvinculó la creación de empleo en la Argentina respecto de la
tasa de crecimiento económico.
En los mejores años de la convertibilidad,
1991-1994, la tasa de crecimiento promedio anual superó el 6 %, sin embargo, el
desempleo trepó del 7 % al 12 %.
La gravedad de este esquema económico se vio
en toda su dimensión en la segunda mitad de la década del ‘90, dado que en 1995
se produjo el golpe de una crisis internacional comenzada en México, que se
propagó a Brasil y a la Argentina con fuerte salida de capitales. En tanto la
Argentina no podía mover su tipo de cambio para amortiguar los efectos internos
de la crisis, sostener el régimen de paridad fija implicó que el desempleo
alcanzara el 18,6 %, creciendo un 50 % por sobre el ya elevado nivel de 1994.
En las elecciones presidenciales de 1995, el
pueblo argentino se vio entrampado en una discusión parecida a la actual, en la
que el temor a la hiperinflación, vivida recientemente en el año 1989,
determinó que se votara por sostener la estabilidad de precios sin priorizar la
creación de empleo. La economía volvió a crecer en el trienio 1996-1998 a una
tasa promedio anual del 3 %, pero el desempleo se sostuvo en torno al 14 %,
ratificando que la convertibilidad era un modelo que divorciaba el crecimiento
económico de la creación de empleo por primera vez en la historia argentina.
El rechazo electoral a este régimen y la
incapacidad de los gobernantes electos para resolver este cuadro de situación
desembocaron en la catástrofe del 2001, cuyos determinantes ya estaban vigentes
desde mucho antes.
Este recorrido histórico sirve para
fundamentar que cualquier plan anti-inflacionario que suponga estabilizar el
sector externo congelando el valor del dólar sólo puede desembocar en la
configuración de un modelo económico con elevado desempleo. La convertibilidad
determinó que la Argentina tuviera el ciclo más largo de desempleo de dos
dígitos de toda su historia, doce años consecutivos entre 1994 y el 2006, algo
que no había ocurrido ni siquiera en la crisis de 1930. Es muy peligroso
alcanzar la estabilización de precios a costa del sistema productivo.
En cambio, la política que viene llevando
adelante Sergio Massa, en procura de fortalecer el sector externo, pero
preservando actividad y empleo, es un tránsito hacia un escenario de mayor
holgura de divisas en el año 2024, que permita estabilizar precios con una
economía creciendo y un desempleo bajo.
Es real la necesidad de acumular dólares en
el Banco Central como mecanismo de estabilidad. Pero eso no es antagónico con
una economía industrial y un régimen de pleno empleo. Definir hasta dónde se
puede poner en marcha un modelo productivo con autonomía de su sector externo
es un trabajo diario y sereno como el que viene llevando adelante el actual
equipo económico. El año que viene, con un excedente de balanza comercial que
según las estimaciones superará los 18.000 millones de dólares, este tipo de
esfuerzo se verá decisivamente robustecido.
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