LA DISTRIBUCION VA EN BICICLETA
(Por Horacio Rovelli) 

El gobierno de Javier Milei realizó y realiza un fuerte ajuste fiscal y económico. En el primer caso, la Secretaría de Hacienda de la Nación estima una reducción del gasto de la Administración nacional en 3,8% del PIB en el año 2024. El total de las erogaciones significó el 15,3% del PIB en 2024, contra 19,1% del PIB en el año 2023, con un PIB que el BCRA evaluó que descendió en el año 2024 en un 3,8% ^[1] en el total de bienes y servicios producidos.

La reducción del gasto de la Administración nacional representa aproximadamente un 30% del total de las erogaciones. Las variables de ajuste son la obra pública (prácticamente paralizada; las de menor ejecución son las obras viales, de allí que se proponga su concesión al capital privado), los haberes previsionales y las transferencias a las provincias (esencialmente en transporte y en energía).

Y el ajuste económico se visualiza en un superávit comercial en el orden de los 17.000 millones de dólares, dado que a noviembre de 2024 las exportaciones de bienes ascendieron a 72.642 millones (acrecentándose en un 18,1% con respecto a igual lapso de 2023) y las importaciones a 55.444 millones de dólares (disminuyendo en un 20,2% con respecto al año anterior).

Si bien es de destacar las ventas de energía y combustible por 8.626 millones de dólares hasta noviembre de 2024 (se acrecentó en un 20% con respecto a igual período del 2023), lo cierto es que también aumentaron considerablemente las exportaciones de carne vacuna y de leche y demás productos lácteos, cuando se produjeron en el país, en el año 2024, récords de baja de consumo per cápita de carne y de leche y sus derivados, por lo que hay hogares con niños que no consumen ni carne vacuna ni leche.

La razón está en su precio, que se acrecentó notablemente con respecto al de noviembre de 2023. Por ejemplo, el litro de leche en sachet al consumidor estaba en los supermercados a 155 pesos en noviembre de 2023 y esa misma marca y cantidad costaba 1.300 pesos en diciembre de 2024. A su vez, los grandes distribuidores, en noviembre de 2023, le abonaban al tambero 27 centavos de dólar por litro de leche, y en diciembre de 2024 le abonaban 43 centavos de dólar por litro (452,5 pesos). Se acrecentó el precio en divisas porque el dólar mayorista (que es el del comercio exterior) se acrecentó en el año casi tres veces, al pasar de valer 378,37 pesos el 30 de noviembre de 2023 a 1.052,50 pesos el 30 de diciembre de 2024, pero creció mucho menos que el precio al consumidor de la leche (casi nueve veces).

La leche está más cara en dólares, y mucho más en pesos. Pero los insumos para el productor, como el gasoil se pagaba 292 pesos por litro en diciembre de 2023 1.123 pesos la suma de 292 pesos y en diciembre de 2024 sufrió un incremento del 384,6%. Esto afecta la producción agropecuaria  y explica la fuerte disminución de la renta que perciben los agricultores, pero no sólo la agropecuaria, porque se trata de un insumo básico para la producción en general.

En síntesis, la exportación de leche y sus derivados se acrecentó en el año 2024, pero, al encarecerse internamente midiéndola en dólares, es posible que para este año 2025 se la importe desde Uruguay (donde se le paga al tambero 0,38 dólares por litro de leche fluida).

Y a esta situación se arribó porque el gobierno devaluó nuestra moneda en más de un 100% el 12 de diciembre de 2024, y dejó que los grandes formadores de precios “cazaran en el zoológico” ante  las cadenas de supermercados y los mercados cautivos, con nombre y apellido, como la leche y sus derivados,  la carne,  el arroz, las harinas, los aceites, azúcar, etc.

Paralelamente, el salario mínimo, vital y móvil fijado por el gobierno, incluso el salario promedio, y las jubilaciones y pensiones, crecieron muy por debajo de los precios, y también del 117,8% de inflación anual ^[2] que afirma el INDEC para el año 2024. Esto significó la transferencia de ingresos de los asalariados y jubilados y pensionados a las grandes empresas formadoras de precios.

La “libertad” de precios y el margen exorbitante de ganancias en pesos (y acrecentados al convertirse en dólares) explican por qué las acciones de las grandes empresas mencionadas crecieron en su cotización en los mercados de valores en más del 100% en dólares el año pasado (a las que se deben sumar los grandes laboratorios medicinales y las empresas extractivistas y distribuidoras de petróleo, gas y electricidad).

Carry trade

En ese marco, los títulos públicos ajustables por el Índice de Precio al Consumidor del INDEC (IPC) pagaron una tasa anual de 117,8%, y el costo de volver a dólares Contado con Liqui, fue de solo el 20%; por ende, tuvieron un rendimiento no menor al 95% en dólares.

La Administración nacional en once meses de 2024 logró un superávit fiscal primario de 11.706.855 millones de pesos que utilizó en su totalidad para pagar los intereses y el capital de una deuda pública que nunca se investigó. El ajuste fiscal continuó en diciembre de 2024 y enero de 2025; la prioridad para el gobierno es pagar la deuda. Sin embargo, es tal su magnitud, acrecentada por el ajuste por IPC, que en diciembre de 2024 sumó 475.980 millones de dólares. En sólo el primer año de Milei  se incrementó en 73.224 millones.

La renta financiera por el diferencial de precios en pesos y en divisas generó utilidades extraordinarias a los compradores de títulos y acciones, que el gobierno pretende seguir alimentando al anunciar que el dólar oficial se ajustará al 1% mensual desde febrero de 2025, para asegurar la renta financiera de los títulos públicos en pesos ajustados por el IPC e incluso por tasas fijas, pero mayor que la inflación, y también de las acciones de compañías que logran fijar precios. El problema es qué actividad productiva o comercial lícita puede competir con la renta financiera que garantiza el gobierno de Milei.

Se empobrece a los jubilados y pensionados, se obliga a competir en relaciones cada vez más desventajosas a las pequeñas y medianas empresas que no tienen dólares blanqueados. Aumenta la desocupación y la marginalidad, se endeuda cada vez más al país, y se pone en venta el patrimonio nacional a cambio de dicha deuda. 

 

^[1] El gasto de la Administración nacional fue del 23,6% del PIB en 2022, por lo que gran parte del ajuste se venía realizando en el gobierno de Alberto Fernández; había sido del 27,5% del PIB en el 2020 (COVID mediante), y del 24,2% del PIB en 2021.

^[2] El SMVyM de diciembre de 2023 fue de 156.000 pesos y el de diciembre de 2024 de 279.718 pesos, el incremento fue de 79,3%.