SI LA VEMOS (y como la vemos)

Hace poco el Presidente de la Nación Argentina, между прочем, un gran fan a las redes sociales, tuiteo o mejor “Xmeo” una foto con la bandera Argentina y en el centro de ella la frase “NO LA VEN”. Hubo varias interpretaciones sobre aquel mensaje, algunos decían que era dirigido contra la oposición toda (incluyendo a Radicales) que habían puesto muchos reparos a sus dos grandes “lanzamientos” en apenas 20 días de gestión, un DNU de Necesidad y Urgencia derogando en 366 artículos más de 300 leyes y disposiciones y un proyecto de Ley con el rimbombante título de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” con 664 artículos, desregulando no solo la economia sino muchos aspectos de convivencia de los argentinos, cualquier semejanza con Napoleón, es pura coincidencia, sin embargo hay un 44% que no voto al actual presidente que podría sentirse aludido. En general MILEY (nunca mejor escrito) tiene una tendencia (mirando con un solo ojo) a menospreciar a todos aquellos que no comparten su visión sobre cómo salir de esta crisis que sin tapujo hay que decirlo con todas las letras (y si fuera fosforescente, mejor) nos metió Alberto, Cristina y Massa.

Hay una anécdota (a esta altura) que muchos no conocen, y fue cuando en plena campaña como precandidato a diputado de la nación por la Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires, el 13 de Agosto de 2021 en el canal de televisión TN una periodista le pregunto a MILEY si él creía en la “democracia y su sistema democrático”, y su respuesta fue tan evasiva, (aunque coincido con lo que dijo al inicio de su respuesta “la democracia tiene muchísimos errores” sobre esto yo también puedo hacer un tratado) haciendo alusión a el Teorema de la imposibilidad de Arrow, que como conocimiento para explayarse esta bueno (dicho de paso me permitió alfabetizarme sobre el mencionado teorema) pero que muchos esperaban su respuesta tajante en ese momento de “Si creo” y con aquel razonamiento del famoso teorema dejaba entrever que no le gustaban ni ahí, las instituciones que había creado la democracia occidental para resolver los problemas y que por tanto él se saltaría a mas de una si alguna vez “hipotéticamente” llegaba ser Presidente de la Nación. Por cierto en esa respuesta nos anticipo lo que hoy vemos en la práctica habiéndose convertido meteóricamente dos años y medio después en Presidente de “todos” los Argentinos, utilizo una fabula para explicar el Teorema de Arrow “…si usted pone en una votación a elegir entre tres lobos y una gallina, quien va hacer el plato de la noche, ¿sabe cómo termina?...”

Bueno, lo cierto es que MILEY ha cumplido con su palabra de entonces, con sus 1030 artículos derogando cosas a diestra y siniestra (sobre todo con la primera) nos ha dejado como gallinas entre lobos y sobre todo demostrando que no quiere ni ahí, no ya discutir con el pueblo sobre su neoliberales propuestas sino ni siquiera con los representantes de ese pueblo reunidos en el senado y congreso de la nación.

Lo que plantea MILEY hoy no es un cambio para la Argentina ni mucho menos algo nuevo, esto ya fue vivido y para ello solo hay que recurrir a la historia reciente de apenas 35 años atrás. En ese sentido les dejo algo que he encontrado que me parece significativo y que se sentirá como un gran Déjà vu.

PARTE 1

El Estado y los trabajadores durante el primer gobierno de Menem en Argentina (1989-1995)*
(Por Hernán Fair)

Introducción

Desde sus inicios, el peronismo estuvo en Argentina estrechamente ligado al sector trabajador, al punto tal de constituir su “columna vertebral” (James, 1990; Torre, 1990). Esta relación orgánica se cimentaba en la presencia de un Estado que intervenía fuertemente en el mercado para regularlo y asignar bienes y servicios para consumo interno a través de una política industrializadora y distributiva basada en un esquema de sustitución de im­portaciones. En ese contexto, motorizado por el fuerte gasto público social, los trabajadores sindicalizados lograron acceder a amplios e inéditos bene­ficios sociales en áreas como vivienda, educación y salud, elevados niveles salariales y el establecimiento y la garantía de cumplimiento de sus derechos sociales⁽¹⁾ (convenios colectivos por actividad, tribunales laborales, salarios mínimos, seguridad social, aguinaldo) (Basualdo, 2000; 2004; 2006). Este tipo de reformas sociales, al tiempo que modificaron de manera drástica la estructura económica que caracterizaba al modelo agroexportador dominante en Argentina desde 1880 (Nochteff, 1995; Ferrer, 2004), lograron al mismo tiem­po una homogeneización e integración social de los sectores populares que modificó profundamente la estructura social excluyente y elitista que había dominado hasta entonces (García Delgado, 1994; Torrado, 1994).

(*) Este trabajo forma parte de una investigación más amplia presentada como tesis de maes­tría en 2007 para acceder al grado de maestro en ciencias sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso), sede Argentina. Agradezco muy especialmente los comentarios realizados por Gerardo Aboy Carlés, Sebastián Barros y Paula Biglieri a una versión preeliminar y los eximo, por supuesto, de los errores y omisiones que pudiera presentar este texto. Asimismo, quisiera agradecer a los evaluadores anónimos de esta revista por sus atinadas sugerencias.

(1) Decimos “garantía de cumplimiento” debido a que muchos de los derechos ya estaban presentes legalmente desde décadas atrás. Sin embargo, en la práctica no eran cumplidos (Basualdo, 2004:9). Estudios Sociológicos XXVII: 80, 2009

Con la llegada de Carlos Menem al poder, en julio de 1989, se inició una profunda transformación que modificó los parámetros que guiaban la configuración entre el Estado y la sociedad civil. En ese contexto, los seguidores del caudillo justicialista vieron con asombro cómo el nuevo presidente dejaba de lado sus promesas de campaña acerca del “salariazo” y la “revolución productiva”, ⁽²⁾ y se dedicaba a aplicar un programa de reformas neoliberales que contrastaba fuertemente con las políticas económicas tradicionalmente asociadas a su partido (Azpiazu, 1995; Thwaites Rey, 2003; Basualdo, 2000; 2006). En el marco de las reformas y los ajustes estructurales promovidos por los organismos multilaterales de crédito y las grandes potencias mundiales —y respaldado por los sectores empresariales más concentrados―, el nuevo gobierno no dudaría en privatizar gran parte de las empresas estatales, flexi­bilizar el mercado de trabajo, desplegar una apertura comercial y financiera al capital transnacional y desregular la economía.

Resulta un tema evidentemente problemático y al mismo tiempo fasci­nante para la sociología política el análisis de gobiernos que desde diferentes espectros del arco político-ideológico aplican políticas de reforma de mercado que obtienen el respaldo de sectores que constituyen sus principales perju­dicados. Más fascinante aún resulta indagar casos como los de Argentina, México o Venezuela, donde los partidos que históricamente defendían a los trabajadores mediante políticas de redistribución progresiva del ingreso y altos salarios pudieron aplicar reformas pro-mercado y mantener, sin embargo, el respaldo de sus bases de apoyo social. En ese contexto, el argentino resulta un caso extremo en la región. Por un lado, debido a la fuerte relación cimentada entre el Partido Justicialista y los trabajadores a lo largo de varias décadas; por el otro, debido al grado de aplicación de las políticas neoliberales en aquel país, lo que representa un caso único en la región y quizás en el mundo, con la excepción de la ex Unión Soviética, en el que las reformas y los ajustes estructurales incluyeron la privatización de recursos naturales como el petróleo y la inexistencia de algún grado de regulación de los capitales financieros^.(3)

(2) En efecto, durante la campaña presidencial Menem afirmaba que iba a implementar una “revolución productiva”, que terminaría con la especulación, y un “salariazo” que iba a con­solidar el mercado interno (Clarín, 25-02-89, 26-02-89 y 12-05-89). Sobre el particular, véase también Menem y Duhalde (1989).

(3) En efecto, en países como Chile, el gobierno dejó en manos del Estado la industria clave del cobre, al tiempo que incentivó el control del movimiento de capitales “golondrinas” y aplicó una política fiscal anticíclica (véase French Davis, 2004). En México, Venezuela y Brasil, por su parte, las reformas neoliberales, al igual que sus efectos, fueron menos pronunciados. Además, aunque en el primero de ellos no hubo mecanismos de regulación del capital financiero, el sector petrolero se mantuvo, al igual que en Venezuela y Brasil, en manos del Estado, evitando el drenaje de recursos que significó en Argentina la privatización de la empresa estatal ypf. Para un análisis comparativo de la aplicación de las reformas neoliberales en América Latina, véanse Main-waring (1996), Torre (1997, 1998), y Murillo (2005). Para un análisis más general, véase Haggardy Kaufman (1995).

En ese contexto, la sociedad presenciaría atónita un proceso de regre­sividad económica cuya magnitud pocas veces fue observada en la región, con índices de desocupación cercanos al 20%, un incremento de la pobreza del orden del 500%, una pérdida del ingreso global de los trabajadores en el Producto Bruto Interno (pbi) cercano al 30% y una retracción salarial mayor al 50% en relación con la vigente en 1974^.(4) Al mismo tiempo, el régimen neoconservador inaugurado en 1989 profundizaría un proceso de desin­dustrialización iniciado a mediados de los años setenta que reprimarizó la fuerte estructura productiva e industrialista que caracterizaba al peronismo, eliminando el 15% del total de establecimientos industriales, al tiempo que garantizaba al gran capital concentrado el acceso a cuasi rentas de privile­gio sustentadas en monopolios u oligopolios no innovadores ni transitorios (Nochteff, 1995).

No obstante la magnitud y el efecto regresivo que significaban las inéditas políticas implementadas por el caudillo que se situaba como principal heredero de las políticas aplicadas durante el peronismo, aunque aggiornadas al nuevo contexto mundial caracterizado por el irremediable triunfo de la “democracia liberal”, el presidente argentino obtuvo ―y logró mantener a lo largo del tiempo― el respaldo de una amplia y heterogénea gama de sectores sociales, que incluyó desde los grandes grupos del poder concentrado hasta los sectores populares e incluso una parte considerable del campo sindical. Frente a este panorama surge, inevitablemente, una serie de interrogantes que parecen inexplicables. ¿Cómo se entiende que los a priori principales per­judicados por las políticas de reforma de mercado llevadas a cabo por el menemismo, los sectores trabajadores, hayan apoyado medidas que afectaban sus propios intereses?, ¿se trató de un respaldo netamente activo?, ¿qué rol jugó al respecto la implantación del Plan de Convertibilidad?, ¿y el discurso hegemónico neoliberal?

(4) En 1993, el 10% más rico de la población recibió en Argentina el 34.8% del ingreso global, lo que representa un 28.9% más que lo registrado en 1974, al tiempo que el 30% más pobre recibió sólo el 9% del ingreso global, lo que representa un 27.4% menos que lo recibido en 1974. Del mismo modo, la pobreza se incrementó de un 4% en 1974, a un total de 20% en 1992, y el porcentaje de hogares que no llegan a comprar lo necesario para sobrevivir aumentó en 600%. Finalmente, mientras que en 1976 el salario real cayó un 33.6%, para el año 1993 el salario era inferior a la mitad de lo que había sido antes de 1976 (véanse Azpiazu y Nochteff, 1995:8-13).

Este trabajo intentará desentrañar estas cuestiones a partir de un análisis del primer periodo de gobierno de Carlos Menem (1989-1995). Para ello, en una primera etapa polemiza con las corrientes dominan-tes que enfatizan la importancia de la estabilización política en la legitimación de los trabajadores hacia las reformas neoliberales aplicadas por el gobierno, señalando que este tipo de enfoque los lleva a descuidar el rol ejercido por la estabilización monetaria y el fin del “impuesto inflacionario” tras la caótica experiencia de la gestión anterior. En una segunda etapa com­plementa el estudio a partir de un detallado análisis del discurso menemista, en un intento por enriquecer y contribuir a una comprensión más profunda de la complejidad y multidimensionalidad del tema abordado. En particular intenta trascender ciertos análisis reduccionistas que colocan el eje de explica­ción ya sea en los factores “politicistas” que entienden el surgimiento de este tipo de liderazgos como gobernantes “pilotos de tormentas” (que garantizan un orden político frente al caos anterior), ya sea aquellos que se centran en un enfoque instrumentalista, señalando la importancia unidimensional de los factores económicos. En ese contexto, pretende enriquecer y abrir el debate hacia otras realidades latinoamericanas sobre la importancia crucial ejercida por el tipo de discurso de estos líderes que, desde diversos espectros ideológi­cos, presentan sus programas de reforma estructural como la única alternativa posible para evitar el caos, ya sea inflacionario, devaluatorio o de otro tipo, vinculado a las políticas “ineficientes” y “burocráticas” del “estatismo” o del “populismo” demagógico^.(5)

Al mismo tiempo, este tipo de estudio puede resultar útil para comprender las estrategias discursivas abordadas por el “pensamiento único” neoliberal en su intento de desprestigiar toda alternativa que proponga algún tipo de regreso a las políticas de “aislamiento” que han mostrado su “evidente” fracaso político, económico y social, y están situadas irremediablemente en un “pasado” caótico que se opone a los nuevos tiempos de modernización tecnológica y progreso vinculados al actual e “inevitable” proceso de inser­ción mundial al orden global.⁽⁶⁾

(5) En esta línea de análisis crítica del “populismo estatizante”, véase particularmente Dornbusch y Edwards (1990). En cuanto a la utilización abusiva del concepto de populismo, remito al lector interesado al trabajo de Ernesto Laclau (2005).

(6) Para un desarrollo de este enfoque de la modernización en clave neoliberal, véase Llach (1997).

Contexto de emergencia del liderazgo menemista

Resulta imposible analizar el éxito del gobierno de Menem sin adentrarnos previamente en el contexto histórico de donde emerge. El mismo nos remite a la trágica crisis del gobierno del radical Raúl Alfonsín (1983-1989). Como se sabe, Alfonsín se vio obligado a renunciar a la presidencia cinco meses antes de finalizar su mandato frente a la imposibilidad de controlar una inédita y feroz hiperinflación. Esta crisis tiene su origen en una fuerte puja distributiva entre las diversas fracciones del sector empresarial, que se remon­ta varias décadas. En efecto, existía una contradicción flagrante dentro de los sectores dominantes entre aquellas fracciones que exigían profundizar las políticas neoliberales iniciadas durante los años setenta para obtener mayores beneficios económicos ―básicamente los acreedores externos―, que ade­más se hallaban en moratoria externa “de hecho” desde abril de 1988⁽⁷⁾ y los sectores agroexportadores, que ahora eran dejados de lado debido al nuevo esquema cambiario establecido en el plan⁽⁸⁾ y aquellos empresarios industriales diversificados de la denominada “patria contratista”, que pretendían continuar con los beneficios vinculados al Estado protector y regulador (principalmente subsidios directos e indirectos, regímenes de promoción industrial, programas de capitalización de la deuda y contratos con sobreprecios con el Estado).⁽⁹⁾

(7) Imposibilitado de abonar a la deuda externa frente al escaso ingreso de inversiones ex­ternas, en abril de 1988 el gobierno de Alfonsín cayó en moratoria “de hecho”, interrumpiendo incluso los pagos de los intereses de la deuda, que hasta ese momento se habían realizado (Ba-sualdo, 2006:242).

(8) En efecto, en agosto de 1988, en el marco del nuevo plan de estabilización conocido como Plan Primavera, el gobierno estableció un doble mercado de cambios en el que las divisas del sector comercial, es decir, de los sectores agroexportadores, era un 25% inferior al mercado de cambios financiero, que regía para el resto de las transacciones. En ese contexto, el esquema, que buscaba acceder a una parte de las divisas provistas por las exportaciones de materias pri­mas para reducir el creciente déficit fiscal, funcionaba como un “impuesto a las exportaciones” (Ortiz y Schorr, 2006b:463).

(9) Para un análisis detallado de las contradicciones entre las distintas fracciones del sector empresarial durante el periodo de gobierno de Alfonsín, véanse Beltrán (2006), y Ortiz y Schorr (2006b). En cuanto a los beneficios extraordinarios obtenidos por los grupos económicos vincu­lados al accionar estatal, véanse especialmente los recientes trabajos de Ana Castellani (2006), y Ortiz y Schorr (2006a). Para un análisis más amplio de este proceso, véase Basualdo (2006).

(10) En efecto, desde mediados de la década de 1980, los acreedores externos, principalmente el fmi y el bm, comenzaron a exigir la implementación de un conjunto de políticas de ajuste macroeconómico y reforma estructural de mercado, entre las que se incluía la privatización de las empresas públicas, la apertura comercial y financiera, la desregulación de la economía, la disminución del gasto público, el equilibrio fiscal y la defensa de los derechos de propiedad.Estas políticas, que buscaban cobrar a los países de América Latina los préstamos externos adeudados(Plan Baker), se sistematizarían en 1990 a partir del denominado Consenso de Washington (véase Basualdo, 2006).

En ese contexto, el 6 de febrero de 1989 se inició una espiral que mar­caría el recrudecimiento de la puja distributiva. En esta puja intersectorial se enfrentaron la fracción de los acreedores externos, que querían implementar las reformas y los ajustes estructurales que venían defendiendo desde la crisis de la deuda ⁽¹⁰⁾ así como los grandes grupos nacionales diversificados, que pretendían que continuara la transferencia de recursos de los regímenes de promoción industrial, los subsidios, los avales estatales y los sobre precios otorgados en los contratos con el Estado (Lozano y Feletti, 1991:122; Ba­sualdo, 2000; 2006). En esta especie de “golpe de mercado”, como lo deno­minaron varios autores, ⁽¹¹⁾ confluyeron la banca extranjera y el gobierno de Estados Unidos, que habían dejado trascender unos días antes de la “corrida” el retiro de su prometido apoyo de 350 millones de dólares al gobierno de Alfonsín debido al incumplimiento de las metas de ajuste previstas ⁽¹²⁾ y la acción de los grandes grupos empresariales que, temerosos por lo que veían como la inminente victoria del peronismo en las elecciones presidenciales a realizarse dos meses después y, por lo tanto, como un posible cambio en el modelo de acumulación que marcara el retorno a la tradición de “populismo” y “estatismo” del Partido Justicialista⁽¹³⁾ procedieron a una remarcación masiva de los precios, al tiempo que generaron un desabastecimiento del mercado interno (Thwaites Rey, 2003:25). Al mismo tiempo, se vieron involucrados los sectores agroexportadores, que retuvieron divisas en su poder o la liquidaron en otras plazas (Martínez, 1991:16; Ortiz y Schorr, 2006b:475), y sectores específicos de la banca local (principalmente del Banco Macro y Banco del Crédito Argentino), favorecidos por su acceso privilegiado a la conducción gu-bernamental (Basualdo, 2006:284).

(11) El denominado “golpe de mercado” ha sido definido como la expresión de “los nuevos modos de los sectores dominantes para imponer sus dictados a un gobierno surgido del voto popular” (Lozano y Feletti, 1991:124). Esta noción ha sido utilizada también, entre muchos otros, por Martínez (1991), Thwaites Rey (1993:51, 2003:26), y Gambina y Campione (2002:37). Desde una visión diferente, compatible con el discurso liberal, Palermo y Novaro sostienen, en cambio, que la crisis radicó en el exceso de demandas de los distintos sectores sociales, que habrían generado un contexto de ingobernabilidad política del aparato estatal (véase Palermoy Novaro, 1996:73-79). Autores como Ortiz y Schorr (2006b), por su parte, señalan que no pue-de hablarse de intencionalidades conjuntas de los actores económicos, por lo que resulta in­adecuado hablar de la existencia de un “golpe de mercado”. Para una crítica más detallada al supuesto acerca de la existencia de una racionalidad estratégica de los agentes económicos, véase Beltrán (2006).

(12) El bm había exigido la reducción del déficit fiscal a la mitad, pero el gobierno se vio imposibilitado de cumplir con lo reclamado. De este modo, y dado que el Estado drenaba cada vez más recursos, los acreedores se quedaban sin satisfacer su demanda de reanudación del pago de la deuda externa, en moratoria “de hecho” desde mayo del año anterior. En ese con­texto, la banca “desplazó el peso del endeudamiento externo de la mesa de negociaciones al mercado cambiario local en un intento de arrebatar parte del superávit comercial a sus dueños, generando una demanda real y potencial de divisas imposible de satisfacer” (véase Lozano y Feletti, 1991:122-123).

(13) Recordemos que Menem formaba parte del mismo partido que había hecho de la justicia social y la redistribución progresiva del ingreso a favor de los trabajadores su mayor conquista. Además, como vimos, había insinuado durante la campaña electoral que iba a regresar a las políticas “productivistas” y anti-mercado que caracterizaban históricamente a la tradición peronista (Gerchunoff y Torre, 1996:735). En ese contexto, uno de los máximos representantes de los sectores más concentrados del capital, Juan Alemann, había expresado temor unos meses an-tes de las elecciones de 1989, ya que las encuestas mostraban que “va a ganar el partido de la inflación y los sindicatos” (citado en Palermo, 1992:89).

En ese contexto, el Banco Central, en concordancia con lo acordado con los empresarios, decidió abandonar la regulación del precio del dólar y se atuvo a utilizar sus escasas reservas (Clarín, 06/02/89). Como consecuencia se inició a partir de ahí una “corrida” bancaria que terminó incrementando fuertemente el tipo de cambio y, en menor medida, se tradujo en un incremento del nivel de precios a principios de abril. En efecto, el precio del dólar, que durante todo enero había aumentado un 7.47%, se incrementó, sólo el 7 de febrero, un 33.3%, con lo que alcanzó una suma total de 65.3% en sólo dos días (Clarín, 08-02-89 y 09-02-89). En la primera semana de marzo, cuando ocurrió el anuncio de las medidas del gobierno, que confirmaban que no iba a liberarse y unificarse el mercado de cambios ―a contramano de lo que venían reclamando insistentemente los sectores ligados al agro, en especial la Sociedad Rural (Clarín, 08-02-89, 10-02-89, 11-02-89, 12-02-89, 16-02-89 y 19-02-89)―, el dólar se elevó un 41%, alcanzando un 67.82% al finalizar ese mes (Martínez, 1991), al tiempo que la tasa de inflación hacía lo propio en un 17% ⁽¹⁴⁾ (Página 12, 08-04-89).

A mediados de abril, el nuevo ministro de Economía, Juan Carlos Pu­gliese, (reemplazante del renunciante Juan Vital Sourrouille), unificó y liberó finalmente el doble mercado de cambios, lo que llevó a una disparada del dólar y de las tasas de interés (Página 12, 18-04-89 y ss.). Los exportado­res, sin embargo, no liquidaron sus divisas, lo que agravó aún más la crisis (Página 12, 04-05-89).

En esas circunstancias caóticas, con tasas de interés que oscilaban entre un 80% y 180% mensual (Página 12, 10-05-89), mientras la inflación alcanzaba un 33.4% en abril y un 78.6% al mes siguiente (Clarín, 06-05-89; Página 12, 02-06-89), el 14 de mayo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. La fórmula del peronismo, conformada por la dupla Carlos Menem-Eduardo Duhalde, resultó vencedora con el 47.51%, frente al 32.45% de la dupla radical, Eduardo Angeloz-Juan Manuel Casella (indec, 1998).

(14) Esta elevación mayor del dólar en relación con la tasa de inflación, que a su vez era mayor al incremento salarial, nos muestra la falsedad del discurso neoliberal que sostiene que la hiperinflación fue consecuencia del conflicto distributivo entre el capital y el trabajo (Ortiz y Schorr, 2006b:484-485).

A pesar de la elección del nuevo gobierno, el ánimo de la población no se apaciguó. En efecto, la fuerte caída en los salarios y en el nivel de ocupación ⁽¹⁵⁾ junto al incesante incremento de los precios, habían generado un vertiginoso aumento de la marginalidad social ⁽¹⁶⁾ En ese contexto se produjeron saqueos de alimentos a supermercados y comercios en cientos de barrios pobres de las ciudades de Córdoba, Rosario, Mendoza y el Gran Buenos Aires (Clarín, 25-05-89, 27-05-89 y 28-05-89). En una muestra de incapacidad para resolver la crisis, el 29 de mayo el presidente Alfonsín decretó el estado de sitio. A pesar de ello, los saqueos se repitieron en Rosario, Mendoza, Córdoba y el Gran Buenos Aires. Al mismo tiempo se realizaron cacerolazos de protesta en la provincia de Salta (Clarín, 29-05-89, 30-05-89 y 31-05-89; Página 12, 09-06-89). En esa situación caótica, que dejaría un saldo acumulado de 14 muertos, 80 heridos y 21 detenidos (Página 12, 02-06-89), y sin el respaldo electoral, sindical ni empresarial, el presidente se vio obligado a renunciar al cargo (Clarín, 01-07-89) y el 8 de julio de 1989, cinco meses antes de finalizar el plazo constitucional, se produjo el traspaso del mando.

(15) Mientras que el salario real se redujo ―entre diciembre de 1988 y junio 1989― entre un48% y un 57% (Página 12, 22-06-89), sólo durante abril y mayo lo hizo en más de un 30% (Clarín, 28-05-89). Por su parte, la cantidad de despidos se incrementó, en sólo 40 días, 1 300%, alcanzando un total de 15 200, frente a sólo 1 140 del periodo anterior (Página 12, 18-06-89).

(16) En este sentido, debemos tener en cuenta que durante el periodo enero-mayo el dólar había aumentado un 966.4%; y productos de la canasta básica, como el café, un 2 850%, el queso 1 000%, el aceite un 993% y el pan un 554%. Al mismo tiempo, el salario básico por convenio sólo lo había hecho un 138.1% (Clarín, 28-05-89 y 30-05-89).