CAPITALISMO
FINANCIERO
(Por
Horacio Rovelli, en elcohetealaluna.com)
La Argentina no es un país pobre sino terriblemente injusto, con una
población de unos 45 millones de habitantes y una tasa de Actividad que ronda
el 47%, quiere decir que aproximadamente 21.150.000 personas forman la
Población Económicamente Activa (que está en condiciones de trabajar), por ende
si al mes de mayo de 2020 el total de personal público (nacional, provincial y
municipal) es de 3.194.700 personas y los trabajadores registrados del sector
privado suman 7.595.704 —sumados a asalariados de casas particulares,
independientes autónomos y monotributistas, lo que conforma un total de
12.076.810 trabajadores formales—, se deducen dos cosas:
·
Que un país que tiene
recursos naturales y capital para generar trabajo para todos, cuenta con 9.000.000
de desocupados y/o con precariedad laboral (hecho que además merma nuestra
capacidad de producir bienes y servicios).
·
Que esto explica y
fundamenta el programa IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que a su vez
debería ser la base de datos para un plan de Renta Mínima de Inserción [1].
El IFE y los demás planes sociales, incluidos los gastos ocasionados en
salud por Covid-19, implican una inyección de recursos estatales fuerte, que
debería contar con una fuente de financiamiento genuino, que pasara por cobrar
impuestos a los sectores de manifiesta capacidad adquisitiva y redireccionar el
crédito y la liquidez, en un país en el que en cuatro años se detrajo ahorro
por 86.200 millones de dólares que no se convirtieron en inversión. Además, una
parte del mismo es administrado por los fondos de cobertura que son acreedores
del Estado Nacional.
Lo demuestra BlackRock, que se reconoce en la Argentina accionista del
Grupo Financiero Galicia (de Braun, Ayerza y Escasany), del Banco Macro (Brito
y Carballo) y del Santander (grupo Botín, que en la Argentina son dueños del
Banco Santander-Río), pero también es accionista de YPF y del grupo Mindlin
(Edenor, Transportadora de Gas del Sur, Pampa Energía), en Central Puerto, en
Loma Negra, en IRSA, en Telefónica, en Procter & Gamble, en Bayer-Monsanto,
en Tenaris, en Mercado Libre, en Transportadora Gas del Norte, en Arcos Dorados
y en Adecoagro, más su participación en Glencore y de esta con Vicentin en
Renova SA. Paralelamente posee títulos públicos nacionales, estimándose en unos
3.000 millones de dólares, de los cuales unos 2.000 millones son los títulos de
deuda argentina bajo jurisdicción extranjera y que hace que lidere el grupo Ad Hoc
que rechazó el plan de pagos que el Ministro Martín Guzmán presentara el 6 de
julio 2020 a la SEC (Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos). Otros
1.000 millones son bonos bajo leyes locales, especialmente los Bonos del Tesoro
(BOTE 2023 y 2026), emitidos el 14 de mayo de 2018, cuando el Secretario de
Finanzas de la Nación era Luis “Toto” Caputo.
Si combinamos la fuga de capitales con la fuerte extranjerización de la
economía argentina y la lógica financiera que las direcciona, podremos
explicarnos por qué se demora hasta el cansancio el planteo de extender el
Impuesto a los Bienes Personales a unas 12.000 a 14.000 personas cuyo
patrimonio supera los 3.000.000 de dólares, que implicaría de realizarse, a una
alícuota del 2,25% una recaudación de $ 300.000 millones [2], cuando mensualmente el IFE (Ingreso
Familiar de Emergencia) es de unos $ 90.000 millones (unas nueve millones
de personas a razón de $ 10.000 cada una).
Los bancos
Es obvio que se necesita de otros ingresos y de allí que se vuelva la
mirada hacia el sistema financiero que al 8 de julio de 2020 inmoviliza por
Letras de liquidez del BCRA (LELIQs) $ 1.709.442 millones, que devengan un
interés nominal anual del 38% y efectivo del 46%. Esto significa unos $
60.000 millones de pesos por mes que paga el BCRA y que equivalen a
las dos terceras partes de lo que se abona por IFE a 9 millones de personas. No
tenemos el desagregado por banco, pero podemos inferir sin temor a equivocarnos
que la mayor parte de esos intereses los perciben los 10 primeros bancos por
volumen de depósitos, de los cuales dos que creíamos privados nacionales
(Galicia y Macro) tienen participación de BlackRock. Esas diez entidades
financieras privadas ganaron el año pasado el equivalente a unos 6.000 millones
de dólares, mientras la cantidad de bienes y servicios que se produjeron en
2019 descendía en una suma similar (Caída del 2,2% del PIB).
Es inconcebible que por mes se les pague a los bancos no menos de $ 60.000
millones por inmovilizar recursos y que, a la vez, el Estado deba abonar por
IFE una suma de $ 90.000 millones.
El problema reside en que el sistema financiero argentino no genera ni
liquidez ni crédito suficiente:
La tasa de liquidez medida por la Base Monetaria es menos del 11% del PIB
y,
El total del crédito (en pesos y en divisas) al sector privado es del
11,35% del PIB[3] .
Estos son los indicadores más bajos de toda la región y de nuestra
historia, lo cual explica la rotura de las cadenas de pago, el cúmulo de
cheques rechazados y la falta de dinero en la mayoría de la población, mientras
hay una minoría que utiliza el excedente para comprar divisas por cualquier
alternativa que consiga (dólar blue o ilegal, CCL, dólar
Bolsa, etc., etc.)
El conjunto de bancos privados en los primeros cuatro meses de 2020
incrementó su Patrimonio Neto en un 35,5% (muy por encima de la inflación), con
una ganancia acumulada de $ 65.388 millones. Mientras paralelamente en el
sector privado cerraron unas 18.000 empresas (a mayo 2020 quedaron 520.507
empresas registradas) y se perdieron 285.000 empleos (quedan 7.595.704 de
trabajadores formales) y el descenso de la masa salarial fue del 10%. La masa
total abonada fue de $ 446.852 millones, lo que significa un salario promedio
bruto de $ 58.000 y un salario mensual neto en torno a los $ 48.000. La Canasta
Básica Total para un matrimonio y dos hijos (siempre al mes de mayo 2020) es de
$ 43.080 por mes. Muchos trabajan y son pobres, esa es la Argentina post-Cambiemos,
desocupación y bajas remuneraciones, a lo que se suma la flexibilidad laboral
tipo Mercado Libre que desconoce que sus transportistas son camioneros y que
sus empleados no son de comercio sino bancarios, para hacerlos trabajar más
horas, en peores condiciones y pagarles mucho menos.
Así pensaban seguir
Según informa la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca, los planes sociales
del gobierno evitan que entre 2,2 y 2,8 millones de personas caigan en la
pobreza y entre 1,8 y 3,1 millones en la indigencia. Sumados a la tarjeta
Alimentar más la Asignación Universal por Hijo, «evitan que entre 2,7 y 3,4
millones caigan en la pobreza y que entre 2,9 y 4,5 millones caigan en la
indigencia”.
Por ende, es indispensable aumentar la liquidez sobre el PIB para que se dirija
directamente a los sectores de la población que, principalmente está
conformados por los beneficiarios del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y
los trabajadores que perciben remuneraciones por menos del promedio y, a las
pequeñas y medianas empresas y al Estado. Para ello, el profesor Sergio
Arelovich, coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía
(Mate), propone transformar el stock de LELIQs en stock de otro activo
remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la
tasa pasiva promedio e ir liberando en cuotas tal tenencia. De ese modo, y a
una tasa regulada o administrada por el BCRA, el enorme stock de LELIQs se
transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento
de niveles de demanda privado y estatal. Finalmente, en lo inmediato, suspender
el cómputo máximo de asistencia del BCRA al Estado impuesto por la Ley 24.144
de su Carta Orgánica de 1992 por Domingo Felipe Cavallo, mientras dure la
pandemia. (Lo que dejara de pagar el BCRA a los bancos todos los meses, se
emplearía para cubrir parte del gasto público.)
Igual con el sector externo, repetimos hasta el cansancio, la crisis
castiga a todas las poblaciones que requieren alimentarse y la Argentina es el
décimo exportador mundial de alimentos. Por un lado, se deben anular las
concesiones realizadas por el gobierno de Cambiemos en su gestión a los
exportadores para que ingresen los dólares de las ventas realizadas cuando
ellos quieren y, por otra parte, que se aceleren los plazos de
liquidación de las ventas externas de la excelente cosecha 2019/2020.
En una situación como nos encontramos el Estado debe intervenir, como lo
hicieron San Martín y Güemes ,detrayendo recursos a los sectores pudientes para
pertrechar su ejército. El sacrificio debe ser de toda la población y no de los
que menos tienen.
De no hacerlo, imperará una vez más la lógica del capitalismo financiero al
que lo que menos le importa es el país y sus habitantes y, en ese caso, nos
encontraremos una vez más con lo que definiera Antonio Gramsci: “La crisis
consiste precisamente en que muere lo viejo, sin que pueda nacer lo nuevo.
Estas etapas generan un ambiente propicio para que surjan ideas para
reorganizar y reestructurar la vida del Estado. En estas ocasiones la clase
dirigente tradicional que tiene un numeroso personal adiestrado, cambia hombres
y programas y reasume el control que se le estaba escapando con una celeridad
mayor de cuanto ocurre en las clases subalternas; si es necesario hace
sacrificios, se expone a un porvenir oscuro cargado de promesas demagógicas,
pero se mantiene en el poder, lo refuerza por el momento y se sirve de él para
destruir al adversario y dispersar a su personal directivo que no puede ser muy
numeroso y adiestrado”.
[1] La Renta Mínima de
Inserción es una prestación de carácter subsidiario para las personas
que no dispongan de un mínimo de ingresos necesarios para acceder a bienes y
servicios indispensables. Es una medida de protección social que garantiza
que la población cuente con los recursos e ingresos suficientes para tener una
vida digna, tal como lo plantea nuestra Constitución Nacional, por el
solo hecho de vivir en suelo argentino
[2] El ingreso por Bienes
Personales de todo el año 2019 fue de $ 31.183,8 millones que convertido al
dólar promedio del BCRA de $ 51,55 significan unos 604,9 millones de
dólares (solo el 0,18% del PIB)
[3] Similar al total del
monto inmovilizado por LELIQs y por pases pasivos de los bancos en el BCRA. Se
esteriliza más dinero de lo que se emite, es mayor la esterilización que la
Base Monetaria.
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