Para hablar sobre el
“supuesto fracaso” de los gobierno “populistas” en América Latina, usan toda su
artillería en palabras despreciativas que hemos visto a diario en los últimos 4
o 5 años, inclusive condenando mediáticamente a varios dirigentes de la región
de esos gobiernos ante que lo haga la propia justicia, con la simple idea que
no vuelvan nunca más al poder, sin embargo para el fracaso sin comillas del MODELO
NEOLIBERAL, son muy moderados, aun ante las evidentes repulsas callejeras de
una parte de la población en eso países, como en Chile, Ecuador o ahora mismo
en Colombia.
¿QUÉ ESTA
PASANDO EN COLOMBIA?
(Por
Pablo Biffi)
La situación se asemeja a la de Chile en 2019, cuando el aumento
de 30 centavos en el precio del metro desató la ira de los jóvenes
primero y de toda la sociedad después para copar las calles en contra de un
"modelo" que se suponía exitoso, pero que a lo largo de más 30 años
había provocado profundas inequidades.
O a la de Ecuador, cuando el mismo año el presidente Lenín Moreno decidió,
entre otras medidas económicas impopulares, liberar el precio de
los combustibles, desatando una ola de manifestaciones en las calles que
forzaron al gobierno a dar marcha atrás con los anuncios, después de una decena
de muertos y 15 días de protestas.
La presión en las calles de unos jóvenes sin miedo nacidos en democracia
modificó de un plumazo el "status quo" en Chile, producto de
una lectura política sensata de su clase dirigente: con apoyo
opositor, el gobierno de Sebastián Piñera encaró una profunda reforma
constitucional aún en marcha en un intento casi desesperado por sostener el
"modelo" pero haciéndolo más "equitativo".
En Ecuador, el retiro de las medidas más polémicas y el incipiente proceso
electoral que se iniciaba -y que culminó con el triunfo de Guillermo Lasso en
abril- ayudaron a descomprimir una situación siempre latente de conflicto
social, otra vez con los indígenas como abanderados de las protestas.
Colombia: una crisis sin pausas
Colombia, en tanto, arrastra una crisis política casi sin pausas desde la
asunción de Iván Duque, en agosto de 2018. Un presidente "impuesto" por el dedo todopoderoso
del derechista Álvaro Uribe, cada más más odiado que amado por una
sociedad que ya en noviembre de 2019 había salido a las calles contra las
políticas económicas del gobierno y en defensa de los acuerdos de paz con la
guerrilla de las FARC de 2016.
"Solo" cuatro muertos para un país que naturaliza la
muerte tras décadas de una guerra interna de todos contra todos.
Y había vuelto a manifestarse en septiembre del año pasado tras el
asesinato del joven Javier Ordóñez a manos de la Policía Nacional, en Bogotá,
registrado en un video. Dos semanas de protestas en la capital y en varias
ciudades del país dejaron 13
muertos producto de la represión en sólo dos días de manifestaciones.
Señales
Dos señales que el gobierno de Duque -y gran parte de la clase política y
dirigente de Colombia- no supieron o no quisieron interpretar: el hartazgo
de la sociedad, sobre todos los jóvenes, con una realidad económica
cada vez más asfixiante y un Estado ausente y para pocos que pretende resolver
con las balas policiales lo que debe resolver la política.
En ese marco, la fallida reforma tributaria de Duque fue un tiro en los pies, en un
país de 50 millones de habitantes agobiado por la pandemia de
coronavirus, que ya deja más de 75.000 muertos y casi 3 millones de
casos.
El proyecto buscaba subir impuestos a
productos básicos de la canasta familiar, aumento en el costo de los
combustibles, ampliar la base gravable del impuesto de renta, un impuesto
solidario para salarios altos, impuesto al patrimonio por dos años o
el IVA para los servicios funerarios y los servicios de internet.
Según el gobierno, la iniciativa buscaba obtener recursos por unos 6.000 millones de dólares anuales
para poder continuar con los programas sociales de asistencia a los más pobres
y a quienes lo han perdido todo por la pandemia.
Pero la reforma fiscal fue sólo el motivo coyuntural. Colombia, la cuarta
economía de América Latina, sufrió en 2020 una caída de 6,8% de su PIB, la mayor desde que lleva
registros. El desempleo, que en medio de las medidas de confinamiento más
estrictas superó el 20%, cerró el año de la pandemia en 15,9%, mientras que la
pobreza subió hasta el 42,5%, según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística. Un retroceso de casi una década.
La decisión de Duque de sacar el ejército a las calles para frenar las protestas no hizo
más que agravar la situación. La represión y los muertos -al menos 19 y más de
80 desaparecidos- indignaron a una sociedad cansada de muertes, hastiada de un
Estado que trata de resolver los conflictos a punta de pistola.
Estos datos sirven, en parte, para entender por qué el retiro del proyecto
para negociar otro en el Congreso y el llamado tardío y desesperado del
presidente a dialogar no parecen, al menos por ahora, frenar las protestas.
El Comité Nacional del Paro, que agrupa a unas 40 organizaciones, redobló
la apuesta con el llamado a una nueva movilización, ahora por el retiro de un
proyecto de reforma de salud (que "privatizaría" de hecho un
bien de por sí muy caro en el país), un mejor manejo de la pandemia de
coronavirus y una renta mínima acorde a la canasta de alimentos.
"Nos están matando"
Con un presidente debilitado y desautorizado hasta por Uribe (le exigió
que retire la reforma fiscal) y una oposición desarticulada que tratara de
ganar terreno pensando ya en las elecciones presidenciales del año próximo, las
calles siguen vibrando de la mano de unos jóvenes que -como en Chile o Ecuador-
siguen sus propias reglas, lejos de los liderazgos políticos partidarios,
guiados por un instinto de conservación: "Nos están matando",
dicen sus carteles .
Como bien lo señaló el escritor Ricardo Silva Romero en una maravillosa
columna en el diario Bogotano El Tiempo titulada, precisamente, Suicidio:
"Colombia es, según la ONU, el lugar más peligroso de
América Latina para los defensores de los derechos humanos.Es, según Global
Witness, el sitio de la Tierra en el que más matan a los líderes ambientales.
Es, según el Dane, aquella sociedad maltrecha por la peste en la que 1.700.000
familias ya no comen tres veces al día".
"Es, según diferentes índices mundiales, uno de los países más
machistas y más desiguales y más violentos para los trabajadores: 3.240
sindicalistas fueron asesinados de 1973 a 2018. Pero su clase dirigente
provocadora y de pocas ideas, que desde la Ley 50 de 1990 ha estado derogando
conquistas laborales y arruinando pactos sociales, sigue sorprendiéndose por
los estallidos y exigiendo que no se haga política con nada: con la reforma,
con la guerra, con la paz, con la salud, con el hambre, con la
política, con nada".
(en Clarín)
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