LA “NUEVA” POLÍTICA ECONÓMICA

(Por: Mauricio de Miranda Parrondo, en “La Joven Cuba”)

El gobierno cubano ha anunciado una serie de nuevas medidas económicas, muchas de las cuáles habíamos sugerido varios economistas desde hace mucho tiempo, pero como dice el dicho: “mejor tarde que nunca”. No obstante, no están todas las que son y algunas, en mi opinión, no son adecuadas. Las medidas se incluyen en lo que se ha denominado una “Estrategia económica y social para el impulso de la recuperación”.

Principios de la “Estrategia”

De acuerdo con el ministro de Economía, Alejandro Gil, los principios que guían esta estrategia son los siguientes: 1) Mantener la planificación centralizada (la cual, aclaró, no significa asignación centralizada de recursos); 2) Depender más de la producción nacional y desterrar la mentalidad importadora; 3) Regulación del mercado por métodos principalmente indirectos; 4) Complementariedad de los diferentes actores económicos (estatales y no estatales, todos juntos); 5) Papel dinamizador de la demanda interna; 6) Dotar de mayor autonomía de gestión a las empresas estatales para que sean eficientes y establecer reglas de juego similares para todas las formas de gestión económica; 7) Implementar “aspectos claves ya aprobados” sobre las diversas formas de propiedad (“redimensionamiento” del sector estatal, gestión no estatal, etc), 8) Incentivar la competitividad, el ahorro, el aumento de la eficiencia y la motivación para el trabajo, a través de incentivos y 9) Mantenimiento de una política ambiental activa que se corresponda con el modelo social.

En lo fundamental, estos principios son correctos de acuerdo con el modelo económico del país pero el problema radica en su implementación, porque esos principios deben traducirse en medidas concretas que aseguren su cumplimiento o de lo contrario no pasarían de simples intenciones. Además, creo que valdría la pena hacer algunas precisiones.

Resulta interesante la aclaración de que mantener la planificación centralizada no significa mantener la asignación centralizada de recursos porque varios economistas hemos llamado la atención acerca de que en Cuba pareciera que se realiza una asociación de identidad entre los verbos planificar y asignar. En mi opinión, en Cuba realmente no se ha logrado planificar centralmente sino asignar centralmente los recursos. La planificación de la economía nacional ha adolecido de muchísimas deficiencias, afectadas por fenómenos tales como el excesivo voluntarismo político, el desconocimiento de las realidades del mercado y la excesiva centralización de las decisiones que frena la iniciativa empresarial. La planificación es algo mucho más complejo y requiere de una serie de condiciones técnicas y un preciso sistema de información con el que, en la actualidad, no se cuenta.

Resulta muy importante que se adopten las medidas necesarias para que el país dependa más de la producción nacional y menos de las importaciones. Pero al aludir a la necesidad de “desterrar la mentalidad importadora” pareciera que el problema es subjetivo, mientras que en realidad tiene factores objetivos determinantes. El problema no es de mentalidad sino de que Cuba ha sufrido una involución de su estructura productiva que se expresa, entre otras cuestiones, en la destrucción de la agroindustria azucarera, así como en el debilitamiento del tejido industrial que tenía el país en la producción de bienes tales como alimentos, textiles, confecciones, muebles, enseres y otros bienes de consumo. A esto se le une la escasa producción agrícola, pesquera y ganadera y queda claro un cuadro que define una estructura productiva que está muy lejos de satisfacer las necesidades del mercado doméstico. Entonces, el problema no es de mentalidad, es de estructura del sistema productivo. Cuando se insiste en liberar las fuerzas productivas, justamente se está pidiendo que se adopten las medidas necesarias para facilitar que las empresas nacionales (con independencia de su tipo de propiedad) puedan dedicarse a esas y otras actividades productivas que, por una parte, generan empleo y por otra parte, crean bienes y servicios que cubren necesidades por largo tiempo insatisfechas.

La discusión sobre la necesidad de la existencia del mercado en el sistema que ha sido llamado “socialismo” es tan vieja como el mismo sistema. Pero ya desde los años 20’s del siglo pasado se hizo evidente que abolir el funcionamiento del mercado no solo era una utopía sino un grave error. Sin embargo, esta discusión ha estado presente en la historia el “socialismo realmente existente” de forma recurrente en todos los países y en diversas condiciones históricas. En aquellos países en los que se ha subvalorado el papel del mercado y se ha tratado de restringir su acción, el sistema se ha vuelto económicamente inviable y ello ha conducido a su inviabilidad política. Si algo demuestran las experiencias exitosas, desde el punto de vista económico, de China y Vietnam, ha sido que sus liderazgos respectivos comprendieron que al estimular el desarrollo de los mercados y el emprendimiento se crean las condiciones para el incremento de la producción de bienes y servicios y también para el mejoramiento del bienestar de la población. No comprender esto es un dogma ideológico que debe ser superado si realmente se pretende adoptar una política económica que conduzca a un mayor bienestar de la sociedad.

Ahora bien, algo que incluso se hace en países con economías mixtas que funcionan adecuadamente es “regular el mercado”, lo cual se traduce en que el Estado debe adoptar reglas de juego estables, transparentes y claras que impidan, por ejemplo, la aparición de fenómenos indeseables tales como la formación de estructuras monopólicas u oligopólicas, o fenómenos de marcada desigualdad social, o una proliferación de la pobreza. Valdría la pena conocer cuáles son las medidas de “regulación indirecta” de las que habló el ministro porque hasta ahora lo que ha predominado es el control por asfixia.

Resulta muy importante que se reconozca la necesaria complementariedad de lo que se denominan diversas formas de gestión para diferenciar entre las estatales y “no estatales” (privadas y cooperativas). Al mencionar la frase “todos juntos” esperaríamos que, finalmente, se le ponga fin a la tan manida estigmatización de los trabajadores por cuenta propia, así como de los negocios privados y ésta sea reemplazada por el reconocimiento al positivo papel que todos podemos desempeñar en la superación de la crisis estructural actual, que ha sido agudizada por la pandemia pero que tiene raíces mucho más profundas que afectan la estructura misma del sistema económico. En consecuencia, la regulación “por métodos indirectos” debería conducir a un nuevo sistema de impuestos que estimule el desarrollo de las diversas actividades de producción de bienes y de servicios.

La demanda interna juega un papel dinamizador en cualquier economía. Sin embargo, no debe confundirse el concepto de demanda con el de necesidad. En Cuba la escasez generalizada de bienes esenciales para la vida moderna se combina con una insuficiente demanda solvente de la mayor parte de la sociedad, sencillamente porque los ingresos de la mayoría de la población no son suficientes para asegurar el consumo de una canasta básica de bienes y de servicios adecuados para las condiciones de la vida moderna. En cualquier sociedad, la demanda interna juega un rol fundamental en el crecimiento económico porque la oferta trata de satisfacer esa demanda y en ello, se combinan los intereses de los productores y de los consumidores. Pero Cuba está encerrada en un círculo vicioso, por una parte, la producción no es suficiente para satisfacer las necesidades de consumo y por otra, la capacidad de compra de la mayor parte de la población, a partir de sus ingresos relacionados con el trabajo, resulta insuficiente para que con esos ingresos se puedan adquirir dichos bienes a los precios existentes. Este círculo vicioso no lo resuelven aumentos de salarios por decreto sino que resulta imprescindible que los ingresos por el trabajo sean suficientes para asegurar la satisfacción de esas necesidades esenciales crecientes. El presidente de CIMEX dijo que las ventas de electrodomésticos y otros productos de “gama alta” habían superado las expectativas. Eso puede llevar a cuentas alegres equivocadas. La demanda interna no puede depender de las remesas sino de los ingresos generados por la sociedad mediante el trabajo productivo. Lo otro sería construir una economía parasitaria que necesita permanentemente de los flujos externos para poder funcionar porque es incapaz de sostener su sistema productivo doméstico. Entonces, para que la demanda interna juegue un papel dinamizador en la economía es imprescindible que se creen las condiciones para que aumente el ingreso de la población mediante el trabajo.

La autonomía de las empresas estatales es una necesidad imperiosa en el reordenamiento económico del país y esto no tiene nada de coyuntural, es de la estructura misma del sistema económico. Esto está planteado en los “lineamientos”, en “la conceptualización del modelo” y en el “plan de desarrollo” pero no se ha traducido en medidas concretas. Todo lo contrario. Cuando se crearon las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) se estableció un nuevo eslabón entre las empresas y los ministerios que complicó aun más el sistema de dirección de la economía. Uno esperaría que esta autonomía se traduzca en aspectos tales como: a) facultades a la dirección de las empresas para la toma de las decisiones económicas, financieras, organizativas y operativas fundamentales de las mismas, b) participación directa y real de los trabajadores en las decisiones fundamentales de las empresas y en la elección de sus dirigentes, y c) asegurar la contribución económica de dichas empresas al presupuesto solo a través del sistema de impuestos.

No entiendo por qué un principio de una “estrategia” tiene que ser implementar lo que ya había sido decidido. Así las cosas, declarar que es necesario “implementar” cuestiones ya decididas hace tiempo, tales como el “redimensionamiento” del sector estatal, aspectos relacionados con las “formas de gestión no estatal”, etc, nos lleva a preguntarnos ¿por qué no se ha hecho a pesar de que estaba decidido? ¿cómo se va a hacer? La realidad es que en esto se ha avanzado muy poco y nuevamente se anuncia la intención pero no se precisa cómo se va a implementar. Vale la pena mencionar que, en realidad, el llamado “redimensionamiento” del sector estatal (léase reducción de trabajadores, sobre todo en el sector presupuestario) se podría complementar con la potenciación de las formas no estatales de gestión, si es que se quiere evitar, como es de suponer, que miles de trabajadores se queden sin fuente de sustento.

El sentido común sugiere que es necesario crear las condiciones para el desarrollo de la competitividad y la eficiencia y en ello la política económica puede jugar un rol fundamental a través del sistema de incentivos. Incentivar la motivación por el trabajo no se logra con consignas. Eso está más que demostrado pero en Cuba se ha persistido excesivamente en estos mecanismos de movilización social que se agotan muy rápidamente. La motivación principal para el trabajo, además de lo reconfortante que puede ser que resulte profesionalmente estimulante, reside en que mediante su desempeño se reciban ingresos que permitan satisfacer necesidades de consumo y de ocio, así como asegurar una vida digna. Si el trabajo no permite desarrollar una vida digna no será motivante y, por tanto, se afectará su calidad y su productividad, salvo en el caso de las minorías abnegadas que también puede llegar el momento en que dejen de serlo.

Las medidas asociadas a los “Principios”:

Algunas medidas concretas fueron anunciadas en correspondencia con estos principios:

Fomentar la producción nacional de alimentos. Algunos elementos que apoyarían esto serían: la creación de un Banco de Fomento Agrícola, la flexibilización de la comercialización de este tipo de productos, el impulso a la agroindustria azucarera, el cumplimiento de los sistemas de cobros y pagos y la transformación de las empresas estatales del sector. Mi observación en este punto es que resulta imprescindible crear todos los mecanismos posibles de estímulo a la producción de alimentos. Es inconcebible que el país no pueda asegurar con producción propia la mayor parte de los alimentos que consume. En esto el retroceso que muestra Cuba es inobjetable y se debe a decisiones económicas y políticas erradas que deben ser enmendadas. Nadie sabe mejor que los campesinos qué puede y debe producir. La política agraria debe estar orientada a incentivar la producción para que con la satisfacción de las necesidades de la sociedad los campesinos satisfagan su propio interés.

Autonomía de la empresa estatal. Flexibilización de los objetos sociales de las empresas estatales. Eliminación de la tutela desde los ministerios. Esta medida aun no está suficientemente desarrollada y tendremos que ver cómo se plantea su implementación práctica

Diseño de las Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas, no solo privadas y cooperativas sino también estatales. Finalmente se reconoce la necesidad de dar vía a una necesidad imperiosa del sistema productivo cubano. Se hizo mucho énfasis en que no solo serían formas no estatales sino también estatales e incluso mixtas. En diversas ocasiones varios economistas hemos escrito acerca de la necesidad de promulgar una Ley de Empresa que regule la creación de empresas con personalidad jurídica propia, con independencia del tipo de propiedad. Lo más importante es que tanto el marco legal como el sistema impositivo sean iguales y no privilegien a un tipo de propiedad sobre los otros.

Las empresas no estatales podrán realizar actividades de comercio exterior (exportaciones e importaciones) mediante contratos con empresas estatales designadas para estos efectos. En mi opinión, esta es una medida inadecuada porque cualquier empresa, sea estatal, mixta, cooperativa o privada, debería tener la facultad de exportar e importar con toda libertad sin la necesidad de pasar por el “tamizaje” y mucho menos de pagar el “peaje” que significa el pago de servicios a la empresa del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera que será la que realmente exporte o importe. En realidad, bajo estas condiciones, el Estado conserva el monopolio del comercio exterior que ha demostrado no ser eficaz. Aunque se diga que se desarrollarán estas tareas mediante contratos, es sabido que si solo se puede contratar con el Estado será éste el que impondrá las condiciones, por lo que los contratos no serán establecidos en pie de igualdad. En esos contratos se establece no solo el cobro de una comisión de servicio, además del cobro de trámites logísticos por parte de la empresa estatal, sino que, por ejemplo, para el caso de los exportadores implicará que una parte de sus ingresos en monedas libremente convertibles se consignará en las cuentas en divisas y la otra se cambiará a pesos cubanos (CUC o CUP). Las preguntas que surgen tras esta medida son: ¿a cuál tasa de cambio?, ¿cada dólar ingresado por exportaciones se cambiará por 24-25 pesos cubanos (CUP)?, ¿funcionará esto así para las empresas estatales que exporten? ¿cómo obtienen divisas los que necesiten realizar importaciones de insumos?, ¿podrán comprarlos en el mercado cambiario o necesitarán que se los envíe un familiar o amigo desde el exterior? ¿a cuál tasa de cambio? Esto pone de relieve un eterno problema no resuelto del sistema económico cubano y es el que tiene que ver con su distorsionado sistema monetario y cambiario, cuya solución no aparece en el horizonte de las medidas anunciadas y sin lo cual todo paquete de medidas se queda corto.

Incentivar la participación de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sistema productivo cubano, especialmente en la producción de alimentos para sustituir importaciones. Es sabido que la IED es una variable fundamental en cualquier estrategia que se oriente al fomento de la producción nacional porque proporciona recursos de capital fresco, transfiere “know how” y además puede conectar la producción nacional con cadenas internacionales de valor. China y Vietnam lograron potenciar sus economías, cambiaron positivamente sus estructuras productivas, mejoraron su inserción internacional y lograron incrementar el bienestar de sus sociedades respectivas (aunque estén lejos aun de ser sociedades democráticas y plurales) en gran medida gracias a incentivar la IED sin restricciones. El sistema de autorización de IED en Cuba es aun excesivamente discrecional, se concentra en un portafolio específico, y requiere de trámites largos y complicados. Sin embargo, para fomentar la IED es imprescindible que las reglas de juego sean transparentes, que el sistema judicial y de arbitraje sean realmente independientes del gobierno, que existan mecanismos eficaces de control de la corrupción, lo cual se resume en un sistema institucional transparente, eficaz y abierto.

Perfeccionamiento del sector no estatal. Con esto se pone fin al tan dilatado e incomprensible “experimento” de las cooperativas, lo cual hace suponer que se impulsará la creación de nuevas cooperativas no agropecuarias. Se anuncia una mayor flexibilidad y ampliación del trabajo por cuenta propia. ¿Se pasará del actual sistema de actividades económicas permitidas a uno en el que se permita todo lo que expresamente no se prohibe?

Una de las cuestiones que llama la atención fue la declaración del ministro de Economía de que estas medidas “llegaron para quedarse”. Uno de los mayores problemas de la organización económica cubana, sobre todo desde los años 80’s, ha sido que los cambios económicos se han producido en momentos de crisis muy aguda (y este tiempo lo es) y cuando esa profunda crisis se supera (sin que se llegue a una bonanza que en realidad no ha existido en las últimas seis décadas), entonces se paralizan las reformas, se fortalece la centralización y se refuerza la economía de “ordeno y mando”. La economía de “ordeno y mando” no tiene un futuro promisorio, solo ha demostrado que es incapaz de promover el desarrollo o de asegurar el bienestar de la sociedad.

Venta de productos en divisas y eliminación del gravamen al dólar estadounidense:

Hacía unos días se rumoraba una medida que desató preocupaciones y críticas en diversos medios y era la decisión de incrementar el surtido de productos que se venderían en las tiendas en las que solo se podría operar con monedas libremente convertibles (MLC). Inicialmente estas tiendas fueron creadas ante la escasez generalizada de divisas en el país y la conversión, en la práctica, del peso convertible (CUC) en una moneda realmente sobrevalorada porque su nivel de circulación excede ampliamente la paridad con su supuesto respaldo, el dólar estadounidense. Así las cosas, se decidió permitir la creación de cuentas bancarias en MLC transferidas desde el exterior para que las personas naturales pudieran adquirir esos bienes “de gama alta” (para emplear el concepto utilizado por las autoridades cubanas), mediante el uso de tarjetas electrónicas. Ahora ya no solo serán “bienes de gama alta” sino también alimentos y productos de aseo que, dicho sea de paso, están escaseando gravemente en medio de la pandemia. Y es lógico que escaseen porque buena parte de esos productos son importados, porque no se producen en el país y no se producen, principalmente, porque el sistema económico no solo no ha generado los incentivos necesarios sino que incluso los ha destruido. Si a esto se suma que debido a la pandemia el turismo internacional se redujo a cero, los ingresos en divisas que ha tenido Cuba en los últimos cuatro meses han debido ser muy escasos (lamentablemente, el gobierno cubano no realiza informes periódicos sobre las principales variables de la economía y la situación financiera externa del país sigue siendo considerada secreto de Estado).

Aunque no se quiera admitir, estamos en presencia de una dolarización parcial de la economía y esa dolarización implica el funcionamiento de un mercado en MLC (de las que la más frecuente es el dólar estadounidense) en el que para acceder a él se requiere una transferencia desde el exterior, es decir que con los ingresos del trabajo no se puede acceder a esos bienes que en las condiciones de cualquier país normal se venderían en la moneda nacional del país. Se dolarizan los precios de los bienes que se ofrecen en ese mercado pero no se dolarizan los salarios de los trabajadores.

Desde el punto de vista económico parece una medida de imperiosa necesidad por la casi ausencia de alternativas de captación de divisas, pero desde el punto de vista político es una medida fatal porque profundiza aun más las desigualdades sociales que no son motivadas por diferencias de productividad o de formación profesional y técnica o incluso de esfuerzo o abnegación en el trabajo, sino que están motivadas por la posibilidad o no de recibir remesas desde el exterior. Hace casi treinta años se experimentó con un sistema parecido que al final no dio resultados adecuados porque profundizó las desigualdades por las mismas razones y además, invirtió la pirámide social.

Como paliativo, se anuncia que se mantendrá la venta minorista de estos productos en CUC o en su equivalente en CUP (a una tasa e cambio de 1 CUC = 25 CUP) “a pesar del alto costo que representa para el Estado adquirirlos”. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los productos que se venden en CUC (o su equivalente en CUP) son importados pero el problema principal es que con el salario promedio del país e incluso con los salarios más altos es imposible satisfacer necesidades de manera plena en esos mercados y a esos precios, porque los ingresos de la inmensa mayoría de la población son insuficientes para acceder incluso a esos mercados. ¿Puede un trabajador con un salario de una empresa estatal o de una entidad presupuestada acceder sistemáticamente a esos mercados con sus ingresos derivados del trabajo? ¿Puede un jubilado, incluso profesional, con una pensión de 310 CUP comprar un pollo importado (porque las granjas cubanas son incapaces de producir pollos) gastarse 5 CUC (125 CUP) en un pollo? ¿Cuántos días come un jubilado cubano con semejante ingreso? Y que conste que muy probablemente ese jubilado o jubilada fue una persona que puso su vida al servicio de la Revolución con abnegación y desinterés porque confiaba en un “futuro luminoso” que nunca llegó y que cada día se ve más lejos, hasta el punto de suponerse imposible.

Una medida que resulta muy adecuada es la supresión del gravamen del 10% a las transferencias en dólares estadounidenses. Habría que ver si también la aplicarán a los cambios de dólares por algunas de las monedas nacionales, que sería lo correcto. Se habla de los costos que significaba operar en dólares. Si los costos eran tan altos ¿por qué se aceptaba? o ¿por qué se sigue aceptando? No tiene sentido establecer un gravamen a la adquisición de una moneda que se necesita imperiosamente. En mi opinión, fue un error establecerlo en su momento y ahora se subsana, afortunadamente.

Finalmente, se establece la creación de un mercado mayorista para evitar que los trabajadores por cuenta propia tengan que adquirir sus insumos en las redes minoristas, pero este mercado se establece en MLC.

Una medida eternamente pendiente.

Algunos analistas consideran que la dolarización parcial de la economía en los años 90’s y el establecimiento de la dualidad monetaria cumplió su papel cuando fue establecida pero que después comenzó a crear más problemas de los que resolvía. En mi opinión, fue un error desde el principio. Nunca debió funcionar una dualidad monetaria y cambiaria. China y Vietnam utilizaron sistemas parecidos (tipos de cambio múltiples y diferenciados) pero con bastante celeridad fueron unificando sus sistemas cambiarios en medio de procesos de devaluación.

Al realizarse una dolarización parcial en la economía se dejó por fuera del proceso al resto del mercado que funcionaba solo en pesos cubanos (incluidos los ingresos de los trabajadores) y con ello se estableció una segmentación que desordenó el sistema contable, el sistema de precios y el funcionamiento mismo de la economía y marginó a los trabajadores cubanos de ese mercado “emergente” que funcionaba en la divisa estadounidense. Eso que debió ser algo temporal y específico se fue convirtiendo en permanente y general, con lo cual aquellas personas que no recibían ayuda de familiares o amigos desde el exterior o que no podían dedicarse a actividades por cuenta propia y obtener, por tanto, ingresos mucho más cercanos “a las condiciones del mercado”, fueron engrosando las filas de una pobreza silenciosa y jamás reconocida en las estadísticas oficiales.

Así las cosas, la solución del tema monetario y cambiario no solo es de urgencia económica sino también política. ¿Aceptará la población cubana que con estas medidas vuelve a ser marginada y diferenciada que esto se repita por otras décadas porque la dirección del país sigue buscando enfrentar los problemas persistentes con fórmulas viejas que demostraron su ineficacia a mediano y largo plazo?

Las condiciones actuales dejan sin efecto, en la práctica, el funcionamiento del CUC. No tiene sentido seguirlo emitiendo. De esta forma, el CUP recuperaría su condición de moneda nacional. Sin embargo, para que esto ocurra sin que se creen desequilibrios externos, parecería que la única opción sería devaluar sustancialmente su valor frente al dólar estadounidense o frente al euro. Esta devaluación, por otra parte, podría favorecer a la producción nacional porque encarecería relativamente las importaciones y abarataría relativamente las exportaciones, tanto de bienes como de servicios.

Una solución de anclaje nominal no resulta efectiva, como demuestra la experiencia histórica de su utilización en otros países de América Latina, porque no se avizora una recuperación del equilibrio externo en el corto plazo. Y si el equilibrio externo se rompe, el anclaje nominal deja de funcionar porque la moneda anclada tiende a sobrevalorarse. Esto es justamente lo que ha pasado tanto con el tipo de cambio oficial del CUP como con el tipo de cambio del CUC. Ambas son monedas, ancladas nominalmente al dólar estadounidense con un tipo de cambio fijo y por tanto sobrevaloradas, porque ese tipo de cambio no refleja la realidad económica.

En mi opinión, este proceso debería ir ligado a una reforma profunda del sistema económico, que reduzca significativamente el nivel de empleo en el sector estatal presupuestado, aboliendo una serie de actividades que no deberían desarrollarse con cargo al presupuesto y estimular, en cambio, el traspaso de buena parte de esa fuerza de trabajo empleada a actividades por cuenta propia, o a formas “no estatales” de gestión o también a empresas estatales (cuyo funcionamiento no depende del presupuesto). De esta forma, el sector estatal presupuestario podría reorganizarse incrementando salarios y pensiones.

Una moneda nacional con una tasa de cambio debidamente fundamentada contribuiría significativamente al restablecimiento los equilibrios perdidos en la economía nacional, permitiría el establecimiento de precios relativos que tendrían en cuenta las condiciones internacionales y permitiría que las señales del mercado actuasen eficazmente e incluso faciliten el proceso de regulación estatal de éste.

A manera de resumen.

El gobierno cubano adopta una serie de medidas económicas adecuadas, aunque algunas de ellas están pendientes de ser precisadas en su implementación, especialmente las que se relacionan con la creación de microempresas, pequeñas y medianas empresas tanto estatales como no estatales, las relacionadas con una reforma de la empresa estatal apuntando hacia su autonomía económica y operativa, la creación de mercados mayoristas (aunque no solo deberían crearse en MLC), y la flexibilización del trabajo por cuenta propia.

La venta de mercancías en MLC es una medida de imperiosidad económica pero contiene un peligro político que, probablemente, no se ha considerado adecuadamente.

Continúa dilatándose la solución del problema relativo a la multiplicidad de monedas (agravado ahora con la irrupción de MLC que, en tanto depósitos a la vista son equivalentes a dinero en circulación) y de la multiplicidad de los tipos de cambio que siguen generando distorsiones e incentivos negativos en la economía nacional.

Finalmente, falta un planteamiento integral que permita delinear una estrategia para el fomento de la producción industrial y agropecuaria que modifique la actual cuasi parálisis y los serios problemas de eficiencia, productividad y competitividad de esos sectores.