LA
RESTITUCION DE PEDRO CASTILLO
(Por Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto)
Existe la impresión generalizada de que el
debido proceso no importa. La vulneración de las garantías procesales no
configuran un acto menor en una democracia. Violar los derechos politicos
de un maestro rural de Cajamarca no es excepcional. Violar los derechos
civiles –como la libre circulación y derecho a la protesta- tampoco parece
importar demasiado en Perú cuando los afectados con este recorte son pobres.
Hubo un tiempo no lejano en que en Perú se
habían impuesto tribunales militares con jueces sin rostro juzgando a civiles.
El arquitecto de esta barbarie fue Montesinos. Daban su condena en altavoz con
la voz deformada. Los condenados no sabían muchas veces ni por qué iban presos
ni quien los juzgaba. El aprendizaje procesal y jurídico no ha sido sencillo en
el hermano pais. Y no ha terminado. Está aún por hacerse.
El caso Castillo es parte de este duro
aprendizaje: Castillo está preso por lo que es y representa (derecho penal
de autor, antiliberal). Al pueblo bajo. Y por las medidas que tomó: no
hizo ningún negocio con ningún sector de poder. Por eso fue derrocado en forma
inconstitucional y espuria. No han encontrado una sola prueba en su contra.
Nada. Buscan levantar el secreto de sus comunicaciones como presidente porque
llegando ya a los 8 meses no han encontrado una sola prueba para incriminarlo.
Nada. Lo cual habla de lo ilegal de todo el proceso en su contra y de lo ilegal
de su prisión actual. Hasta han inventado noticias falsas desde la fiscalía;
decretos sin firma que no existen.
A la inversa, hay pruebas sobradas de delitos
graves en la fiscalía y demás, y nadie está preso por estos delitos de
falsificación de prueba, falsedad ideológica, títulos que no existen, lavado de
dinero. En muchos casos hay pruebas graves, y nadie está preso. No hay una sola
prueba en contra de Castillo y está en prisión sin condena hace 7 meses, en
forma ilegal. Porque es pobre. Porque es de Cajamarca. Nada más. Y porque cometió
el temerario acto de llevar al pueblo silenciado y negado en el interior al
gobierno en el centro de Lima. Cuando los cerros bajan.
Persecución
La persecución contra líderes progresistas no
es nueva. Antes se daban violentos golpes de Estado con tanques. Hoy se
inventan causas para mantener procesados a los dirigentes que incomodan al
poder financiero. Castillo es uno de ellos. Como Evo, Lula, Correa, Lugo,
Cristina, Zelaya, Pedro Castillo, un hijo del pueblo, primer presidente
rural en la historia del hermano país, no aceptó negociar con la prensa local
ni con el congreso corrupto y racista que existe en aquel pais, regido aun por
la constitución neoliberal de Fujimori, a la que llaman “apocrifa“.
El Congreso peruano promueve la minería
ilegal. Paradojas de nuestras democracias lastimadas: Fujimori está preso por
delitos de lesa humanidad, esterilizaciones de mujeres indígenas, pero su
legislación anti terrorista, que empleó para perpetrar tales crímenes atroces,
se sigue aplicando todavía.
Que un presidente sea destituido sin ser
escuchado, que sea apresado violando el reglamento del congreso y la
constitución del pais, sin los votos necesarios, sin moción formal, sin
notificación, sin derecho de defensa, debiera generar sensación de alarma en
todos los defensores del constitucionalismo. Que armas de guerra apunten
contra la hija menor del presidente configura una extorsión criminal. También
la incomunicación actual de Castillo con su familia. Son todas violaciones
graves.
Arbitrariedad
Es tal el nivel de arbitrariedad
institucional, que el sistema penitenciario peruano emite normativas ad hoc,
especiales, para entorpecer en forma deliberada la defensa del presidente
secuestrado hace siete meses. No se le deja comunicarse tampoco con sus
abogados extranjeros. Cuando su hija envió una carta a sus dos abogados
argentinos (nosotros), al día siguiente, sin disimulo de ningún tipo, el INPE
dictaminó medidas arbitrarias, recortando el acceso a los penales del país a
los abogados "extranjeros". Debían homologar su título.
Esta medida es arbitraria e inconstitucional.
Viola un derecho básico. El derecho de Castillo a ser defendido. A elegir a sus
abogados. A poder conferenciar con ellos en condiciones de seguridad y
privacidad, como proclama la Convención Americana, abiertamente violada en el
hermano pais. Esa medida no existía hasta que nosotros empezamos a defender a
Castillo. Del mismo modo, cuando la cuñada del presidente quiere enviar una
carta a sus abogados, lo cual es privado, y hace a la esencia de la defensa,
también se quieren requisar y fotografiar esos materiales, vulnerando el
trabajo de la defensa del presidente.
Estas arbitrariedades están a la hora del
día. Se siguen cometiendo. No hay derechos civiles ni políticos para
Castillo. Es un secuestro. No una detención legal. Sino una detención
arbitraria, producto de una vacancia inconstitucional. Una detención ilegal es
de hecho y de derecho, un secuestro. Por los 70 asesinatos no hay nadie
detenido. Parece que en Perú es más grave leer un discurso que asesinar a 70
personas. Los muertos, aunque no sean de Miraflores, importan.
Restitución
Para la democracia la alternativa es una
sola: la restitución de Castillo en la presidencia, de la que fue ilegalmente
privado. Y garantizarle en todo caso lo que aún no tuvo: un juicio justo. Un
juicio donde su voz pueda por fin ser escuchada.
Que un juez supremo tenga que aclarar que
Castillo "no está secuestrado" implica de por sí que la pregunta
merece ser respondida. Y merece respuesta porque la forma en que se vacó a
Castillo es inconstitucional, violando la constitución y el reglamento del
congreso. Lo cual pervierte cualquier fundamento legítimo ulterior para su
prisión. Es una prisión ilegal. Y una prisión ilegal, estimados jueces
supremos, es un secuestro. No admite otro nombre.
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