LA HIPERINFLACION DE 1989: Radiografía del País Posdictatorial
(Por Ricardo Aronskind)

El primer hecho fundamental que debe ser resaltado es la insuficiencia de estudios históricos, económicos, políticos, sociales, culturales, sobre la hiperinflación de 1989. Es sorprendente que un hecho histórico absolutamente sobresaliente, infrecuente, pletórico de información y de sentidos sobre la sociedad de la que formamos parte haya sido desestimado en el mundo académico, no solo como objeto de estudio en sí mismo, sino como un episodio utilísimo para poder reconstruir la trayectoria de la Argentina posdictatorial.

Quizás la hiperinflación de 1989 diga más cosas sobre la sociedad argentina de las que sus diversos actores y fracciones quieran escuchar.

Quizás la academia haya perdido interés en el estudio de los grandes temas articuladores de la vida social, preocupada por estudiar en profundidad temas fragmentarios que luego nadie se ocupa de organizar ni aprovechar socialmente. Lo cierto es que un acontecimiento reciente, del cual aún se cuenta con mucha información tanto cuantitativa como cualitativa, cuyos principales protagonistas muchos están vivos, y cuya relevancia es indiscutible, no ha merecido el trabajo investigativo requerido dada su importancia.

El gobierno alfonsinista

Si bien no es éste el espacio para realizar un recorrido pormenorizado por los avatares de ese período político, es clave señalar algunos elementos contextuales. El alfonsinismo obtuvo una resonante victoria frente al peronismo y asumió en un contexto interno de fuerte conflictividad política y social, y en un escenario externo en el que los Estados Unidos y sus aliados europeos coincidieron en rechazar cualquier tipo de alivio a la abrumadora deuda externa latinoamericana, mientras se derrumbaban los precios internacionales de las commodities exportables por la región y se mantenían elevadísimas las tasas de interés definidas en los mercados de Nueva York y Londres –a las cuales estaba vinculado estrechamente el crecimiento de la deuda externa argentina, en cabeza del Estado nacional.

El gobierno radical intentó en su primer año obtener algún alivio en materia de endeudamiento externo buscando el apoyo de la socialdemocracia europea, y de otros gobiernos latinoamericanos de países fuertemente endeudados (especialmente Brasil y México). Pero en ambos casos no encontró ni apoyos ni aliados para encarar una negociación más dura con la banca acreedora. Ésta última contaba con el sólido respaldo del gobierno de Ronald Reagan y de los organismos financieros internacionales.

La situación interna de elevada inflación (cuya tasa oscilaba entre el 10 y 20 por ciento mensual) y bajo crecimiento no parecía manejable con los mismos instrumentos que se usaron en los gobiernos radicales de los años 60. Existía una fuerte oposición interna proveniente de sectores diversos (sindicatos, fuerzas armadas, Iglesia, grandes empresas, banca extranjera) y el gobierno temía por la gobernabilidad en la medida en que se conjugaran esos poderosos factores externos e internos para aprovechar una situación de caos económico que desplazara al gobierno.

Al cabo de unos cuantos meses el gobierno asumió que no podía lograr un alivio significativo a la pesadísima carga de la deuda externa, y que por lo tanto no podría eludir el pago de los cuantiosos intereses. Decidió entonces un fuerte cambio de rumbo. Aceptó las limitaciones implícitas en el cuadro de situación (la incapacidad estatal para liderar el crecimiento, la debilidad de la alianza con las capas medias y los medianos empresarios, la fragilidad de los valores democráticos en todos los estamentos sociales) y ensayó una redefinición de la alianza social que sustentaba al gobierno, tratando de involucrar a los grandes grupos empresariales nacionales en una “alianza entre la democracia y la producción” que buscaba un doble efecto: reforzar el débil compromiso democrático del gran empresariado y ofrecerle a este sector un esquema económico atractivo, que lo estimulara a emprender un sendero de inversión productiva.

El gobierno era consciente de que ni el Estado nacional ni las empresas públicas estaban en ese momento en condiciones de cumplir el rol histórico desarrollista que habían desempeñado en las décadas precedentes, como locomotoras del progreso nacional, dado que el pago de la deuda absorbía buena parte de los fondos disponibles para la inversión.

 El reemplazo del ministro de Economía Bernardo Grinspun, de orientación keynesiana, por Juan Vital Sourrouille, de orientación neoestructuralista, corporizó este cambio de estrategia, apostando a un enfoque menos estatalista, y al lanzamiento de un enfoque macroeconómico que sostuviera un proyecto productivo y exportador. Si se lograba impulsar un “ajuste positivo”, se podrían neutralizar los efectos contractivos del ajuste económico ortodoxo que pretendían imponer los acreedores externos representados por el FMI y los sectores internos más retrógrados.

El lanzamiento del Plan Austral a mediados de 1985 fue la apuesta económica más audaz del gobierno radical, intentando bajar dramáticamente la inflación que se acercaba al 30% mensual y relanzando el crecimiento económico. Los efectos reactivadores del Austral fueron reales y se extendieron por dos años.

La inflación, que fue reducida en un comienzo a tasas mensuales del 3%, tendió sistemáticamente a subir, agotando de a poco la efectividad de los instrumentos antiinflacionarios con los que contaba el gobierno.

 Sin embargo, no se logró el ansiado cambio de comportamiento empresarial, hacia una lógica más productiva y competitiva. El gobierno no consiguió reducir la elevada evasión y elusión impositiva, ni desmontar los dudosos regímenes de promoción industrial y regional heredados de otros períodos, que habían reducido la capacidad recaudatoria del Estado sin lograr los resultados deseados en materia de desarrollo. Tampoco se avanzó significativamente en sanear los vínculos económicos corruptos entre los proveedores del Estado y los múltiples organismos y empresas públicas. Quizás ésos fueron los “costos económicos” de tratar de involucrar al alto empresariado en el juego democrático, o las debilidades políticas severas con las que nacían los poderes democráticos.

 Nuevos desequilibrios surgidos en el sector externo en 1986 obligaron al Estado a tomar deuda interna, lo que constituyó una oportunidad para los grandes agentes económicos para obtener rentabilidad alta y asegurada debido a la penuria de recursos públicos, sin arriesgar capital en procesos productivos reales.

 En 1987 el gobierno radical soportó el primer alzamiento militar durante su gestión, la economía entró en recesión a mediados del año y el radicalismo sufrió retrocesos significativos en las elecciones a diputados y senadores a manos del justicialismo, con lo cual se debilitaba su capacidad para encarar reformas con apoyo parlamentario.

 A mediados de 1988, con una situación muy deteriorada en lo económico y lo político, el gobierno alfonsinista apostó al Plan Primavera, aprovechando un inesperado mejoramiento de los precios de los bienes exportables en el mercado internacional. Este nuevo plan carecía del espíritu transformador que tuvo el Plan Austral, pero tenía el claro objetivo de controlar la inflación (que nuevamente llegaba al 30% mensual), lograr una mínima reactivación y llegar en buenas condiciones a las elecciones de 1989, que se fijaron muy anticipadamente para el mes de mayo.

 El débil esquema del Plan Primavera reposaba en un instrumento que el equipo económico conceptualmente rechazaba, el atraso cambiario (el tipo de cambio alto era una de las variables que buscaban sostener establemente para promover la ansiada salida exportadora. El dólar más estable y ciertos acuerdos con cámaras empresariales, permitieron moderar las expectativas inflacionarias e inducir una declinación en los aumentos de precios mensuales.

 Sin embargo, nuevamente las condiciones internacionales cambiaron, afectando la estabilidad argentina. En este caso se trató de un cambio institucional relevante. Un reemplazo de altos funcionarios en el Banco Mundial determinó un cambio de actitud de ese organismo hacia la Argentina.

Desde abril de 1988 el BM había tolerado que la Argentina no pagara los vencimientos de deuda con ese organismo, basándose en el argumento –cierto– que el país había sido muy afectado por la fuerte caída del precio internacional de sus exportaciones. Las nuevas autoridades que asumieron en ese organismo a fines de 1988 no aceptaron lo que previamente se había acordado con el país y suspendieron un desembolso que estaba programado para el mes de enero.

Rápidamente la banca privada con sede en Washington advirtió la fragilidad de la posición cambiaria argentina –que contaba con ese desembolso para reforzar las magras reservas del Banco Central– y comenzaron a especular contra el tipo de cambio oficial argentino, en el cual reposaba todo el endeble mecanismo de estabilidad transitoria armado por el equipo económico.

A partir de ese momento, comienzos de enero de 1989, se puso en marcha un proceso especulativo en el cual se fueron involucrando diversos actores económicos locales, que fueron obligando al Banco Central a vender dólares al tipo de cambio oficial –intentando frenar la corrida y arriesgándose al agotamiento de las reservas– hasta que la situación se hizo insostenible.

 El 6 de febrero de 1989 el gobierno anunció un cambio en el esquema cambiario oficial, que detonó un conjunto de comportamientos sociales que definieron el rumbo incontenible del dólar, y detrás del mismo, de los precios internos. Ése era el escenario de la hiperinflación.

¿Qué fue?

 La hiperinflación argentina de 1989 puede ser descripta superficialmente como un violento incremento de los precios, que sufrieron una creciente aceleración hasta el momento que en que se logró quebrar la tendencia. Empezó en febrero de 1989 y se extendió hasta el mes de julio de ese mismo año, cuando alcanzó su pico de 194% de inflación mensual.

 La hiperinflación no fue un fenómeno monetario. No ocurrió porque el gobierno radical emitía mucho dinero, a causa de que el déficit público era enorme y estaba descontrolado por las medidas demagógicas y distribucionistas de los políticos, como han señalado equivocadamente algunos historiadores de ideología liberal.

 La hiperinflación, en cambio, debe ser explicada observando la centralidad de la evolución del dólar en aquellos meses de 1989. En el dólar convergían las tensiones profundas de la estructura económica argentina y de sus vínculos comerciales y fundamentalmente financieros con los países centrales. Este elemento central traslada el análisis de la crisis desde un enfoque monetario desvinculado de la realidad estructural, a una explicación que da cuenta de los dilemas y problemas que enfrentaba la economía argentina a partir del grave cuadro legado por el régimen cívico-militar que precedió al gobierno democrático.

De la dinámica superficial a las profundidades estructurales

El valor del dólar en moneda local sufrió un fuerte incremento a lo largo de esos seis meses, y los precios de los bienes y servicios tendieron a reproducir cada vez con mayor exactitud las alzas de la divisa extranjera. El panorama de precios descontrolados, que crecían sin vinculación con la demanda o la capacidad de consumo de la población, no podía ser entendido sin el liderazgo de veloz aumento de la divisa extranjera.

Entonces, dos procesos deben ser explicados:

1) La suba exponencial del dólar durante los primeros meses del año;

2) El liderazgo alcista de la divisa extranjera sobre los precios internos en una forma crecientemente ajustada.

 La suba del dólar se explica por el dramático desequilibrio que se generó entre la oferta y la demanda de esa divisa a comienzos de 1989.

 Ese desequilibrio estaba latente durante los años previos y estalló en las primeras semana de febrero: mientras la oferta de dólares en el mercado cambiario se volvió casi nula –ya que los oferentes privados tradicionales dejaron de liquidar moneda extranjera-–, la demanda de la divisa adquirió características completamente desmesuradas, ya que la demanda habitual de dólares (para efectuar transacciones comerciales, turismo o remesas al exterior), se vio drásticamente ampliada por la demanda para atesoramiento de toda la población por el miedo social generado ante la espectacular desvalorización de la moneda local y la constante apreciación del dólar.

¿Por qué se generó esa expectativa en relación con el movimiento del dólar?

 Fue una combinación de hechos “objetivos” (la ausencia de suficientes dólares en relación con la demanda) y “subjetivos”: el comportamiento de los actores privados que se negaron a vender las divisas que obtenían vía exportaciones, más los rumores alarmantes que circulaban tanto en los medios como en la calle, además de las prevenciones y costumbres incorporadas por la población en otras crisis cambiarias previas que se habían reiterado en el país.

 Pero el trasfondo era más profundo. Se estaba produciendo un nuevo episodio de estrangulamiento del sector externo de la economía. En estos episodios, el país se encontraba con que carecía repentinamente de las divisas necesarias para importar los insumos necesarios para mantener su aparato productivo en marcha, o para proveer a la población de los bienes de consumo habituales.

 Las bases estructurales de ese estrangulamiento pueden resumirse en:

Baja capacidad exportadora de la economía argentina, dada la insuficiente capacidad exportadora de parte de la industria argentina y de los muy malos precios coyunturales de las exportaciones agropecuarias más tradicionales. Esos precios eran de los más bajos del siglo XX en el mercado mundial y generaban una restricción adicional en el ya reducido nivel de exportaciones. La baja oferta exportable argentina –en relación con las necesidades de divisas del país– se ponía aún más de manifiesto por las mayores erogaciones provocadas por los servicios de la deuda externa.

 Elevadísimo endeudamiento externo, provocado por las políticas neoliberales de la dictadura cívico-militar, que no solo condicionaba las cuentas públicas (desviando casi un 20% del presupuesto nacional hacia el pago de compromisos externos), sino que significaba una enorme masa de dólares que se agregaba a la demanda normal de las divisas, provocando una presión alcista permanente del dólar.

 Debilidad estructural del Estado nacional, tanto en materia recaudatoria como de control aduanero de importaciones y exportaciones. Esa debilidad llevaba a no poder controlar adecuadamente las transacciones externas y menos aún a recaudar los dólares correspondientes a los impuestos establecidos para dichas operaciones. Debemos recordar en este ítem que los imprecisos números del endeudamiento externo legado por la dictadura, nunca fueron debidamente investigados por el gobierno democrático, obedeciendo a las condiciones establecida por el FMI para proceder al “rescate” de la deuda argentina.

¿Agentes racionales o actores político-económicos?

 A partir de la suposición de que el gobierno radical carecía de reservas suficiente para intervenir y sostener la cotización oficial (17 australes por dólar), el sector privado comenzó una puja que llevó al gobierno a la necesidad de introducir una franja de “dólar libre” en el que se transaban las operaciones para “atesoramiento”, y que rápidamente asumió un nivel más alto que los dólares oficiales para importaciones y exportaciones. En tanto la avidez para comprar dólares se extendía progresivamente a estratos poblacionales cada vez más amplios (y más pobres), las principales empresas exportadoras del país (salvo las públicas, como YPF y SOMISA) dejaron de liquidar divisas, lo que generó una penuria cambiaria creciente, contribuyendo a una rápida aceleración del aumento del dólar “libre”.

¿Por qué dejaron de vender dólares la mayoría de los exportadores? La teoría económica convencional enseña que los actores económicos son racionales y que toman sus decisiones mecánicamente para maximizar sus beneficios, sin considerar ningún otro factor. En este caso, el enfoque explicaría que, al calcular las empresas exportadoras que el dólar continuaría subiendo, decidieron esperar para vender las divisas obtenidas en el exterior al precio más alto posible. De esa forma, contribuyeron a incrementar el desequilibrio cambiario, y se verificó el efecto alcista esperado.

 Otras interpretaciones, de origen en el ámbito político-partidario, han insistido en que existió alguna forma de conspiración entre los grandes empresarios, lo que constituyó un verdadero hecho político desestabilizador, un “golpe de mercado”.

Los agentes económicos concentrados, conscientes de su poder, decidieron ejercerlo para disciplinar a los partidos políticos mayoritarios e imponerles sus propias reglas de juego.

Puede formularse, sin embargo, otra explicación. Es evidente que un escenario político y económico tan complejo como el existente a comienzos de 1989 no puede ser construido voluntariamente por ningún actor económico, salvo que sea todopoderoso. Pero al mismo tiempo, la falta de divisas no podía dejar de otorgar poder a aquellos contados actores sociales –un reducido oligopolio de la oferta de divisas– que pudieron disponer de dólares. Una vez creado el escenario de escasez extrema y de corrida cambiaria, el poder lo tiene quien es capaz de suministrar el bien escaso. El gobierno, adicionalmente, estaba muy debilitado luego de una accidentada gestión de 5 años, en los cuales enfrentó todo tipo de contratiempos económicos, militares y políticos. No era un gobierno que pudiera –o estuviera dispuesto– a enfrentar, intimidar o condicionar al puñado de empresas exportadoras que podían suministrar las divisas. La mayoría de la población, en general, estaba totalmente al margen de la comprensión de lo que estaba ocurriendo. Y los grandes partidos políticos estaban muy lejos de suministrar una explicación realista y cruda de la situación, ya que implicaba la denuncia del poder económico realmente existente.

 Las grandes empresas exportadoras comprendieron el poder que la situación estructural y la coyuntura política internacional habían puesto en sus manos, y procedieron a presionar al sistema político para obtener medidas a su favor, que fueron arrancando a lo largo de las semanas siguientes al debilitado gobierno radical.

 Pero lograron aún algo mejor: condicionar al futuro gobierno –elegido a mediados de mayo, en plena hiperinflación– y hacer sentir la capacidad de generar caos económico y social, en la medida en que sus demandas no fueran adecuadamente tratadas.

¿Por qué los precios siguieron al dólar?

 La economía argentina venía de un largo período de alta inflación, que se había inaugurado con el “Rodrigazo” ocurrido en 1975. Ese episodio, que aceleró el proceso inflacionario, dio origen a un larguísimo período de inflaciones anuales superiores a los 3 dígitos, incluyendo varios años de inflaciones superiores al 10 por ciento mensual. Es notable que la dictadura cívico-militar, cuyo ministro de Economía y principales funcionarios del área hacían profesión de fe neoliberal y contaban con el poder absoluto para controlar la economía, no lograron bajar la elevadísima inflación (el mejor año de la dictadura superó el 70% anual).

 Un período tan prolongado de desvalorización constante de la moneda se combinó con la política inaugurada por el gobierno dictatorial de venta “libre” de dólares al público, sin ningún límite ni requerimiento. Ese nuevo “derecho adquirido” (el dispendio de dólares por parte del Banco Central en un país que aún no lograba tener un desempeño exportador aceptable) fue lo que dio origen a un extenso período de fuga de capitales de la economía nacional que se prolonga hasta la actualidad. La dictadura constituyó para los ciudadanos, en ese sentido, comunes una verdadera escuela de “dolarización”, ya que contribuyó fuertemente a desprestigiar la moneda local y a popularizar una moneda sustituto mucho más estable, en la cual se podían preservar los ahorros.

 Por otra parte, niveles de inflación mensual que oscilaban en torno al 10% generaban una alta incertidumbre en los precios relativos y por lo tanto en las rentabilidades de las distintas ramas de la economía. Comenzar a realizar los cálculos económicos en dólares, establecer la ganancia esperada en esa moneda y finalmente traducir esos valores a la moneda local, empezó a ser una práctica habitual en especial de las grandes empresas. Naturalmente era la práctica de las firmas extranjeras radicadas en el país, y la de los grandes bancos, que medían su rentabilidad en moneda extranjera, siguiendo las crecientes tendencias de la globalización.

 Al dispararse la cotización del dólar a comienzos de 1989, la primera reacción de las empresas fue calcular sus precios trasladando los incrementos de costos provocados por la suba del dólar. Pero cuando el proceso se aceleró y se volvió imprevisible, gran cantidad de empresas fijaron directamente sus precios finales en dólares, independientemente de la incidencia de la devaluación en los costos. El peligro de descapitalización, es decir, de no poder reponer la mercadería que se había vendido ya que los nuevos precios de los insumos superaban a los precios finales de lo ya vendido, generó una presión para refugiarse en una contabilidad en dólares para evitar ese mal, aunque de hecho implicara una dramática caída en las posibilidades de vender la producción o las mercaderías en stock. De hecho numerosas empresas optaron por cerrar en pleno año, para evitar la descapitalización.

¿Cómo se frenó la hiperinflación?

 En el mes de julio de 1989 frenó la hiperinflación. Unas semanas antes ya había comenzado la desaceleración de la suba del dólar y había aparecido mayor oferta en la plaza local.

 El presidente Alfonsín debió renunciar en ese mes, para ceder su cargo al nuevo presidente electo, Carlos Menem, quien a su vez cedió el ministerio de Economía a una de los principales grupos exportadores de la Argentina, el conglomerado Bunge y Born.

 El proceso remarcatorio siguió intensamente en ese mes, casi triplicando los precios de fines de junio. El golpe inflacionario fue enorme sobre los bolsillos de la población, que comenzaron a recuperarse progresivamente en los meses subsiguientes. El gobierno radical logró evitar que un intento brusco de controlar la hiperinflación vía rígida restricción monetaria desembocara en quiebra generalizada de empresas y desempleo masivo, pero no pudo frenar la creciente violencia social y los saqueos que se iniciaron en las barriadas más pobres del país, lo que desembocó en la renuncia de Alfonsín.

 Ya en posesión de los principales resortes económicos, la elite empresaria local abandonó transitoriamente la estrategia desestabilizadora vía dólar/precios, aunque aún dos nuevos episodios, uno a fin de 1989 y otro a comienzos de 1991, tuvieran características similares aunque más breves.

Conclusiones

La hiperinflación del primer semestre de 1989 tiene una enorme relevancia histórica: significa el derrumbe del primer gobierno democrático luego de la dictadura y preanuncia nuevas formas de desestabilización en el contexto del funcionamiento de las instituciones representativas. Al mismo tiempo, cierra dramáticamente el intento de gobierno reformista del Dr. Alfonsín.

 Fracasa su intento de volver compatible la democracia con un modelo económico que involucrara a los grandes actores locales en un proceso de acumulación capitalista dinámica. No consiguió que el gran capital local y extranjero asumieran un lugar de responsabilidad social, tanto en el mantenimiento de las instituciones, como en la aceptación de una distribución más aceptable de la riqueza y en una participación más activa en el proceso de producción de bienes y servicios.

 La caída de este intento dará paso a un programa mucho más extremo, en el cual desaparecen la importancia y el significado histórico de lo público como constitutivo de lo nacional, para dar paso a la satisfacción de las apetencias de diversas fracciones del capital local y extranjero.

 En términos de la historia económica nacional, la hiperinflación abrió por primera vez las puertas para la reversión del modelo de industrialización sustitutiva con liderazgo estatal, al romper las resistencias políticas y sociales a la privatización/extranjerización de las grandes empresas públicas y eliminar toda orientación estratégica estatal cuya meta fuera el desarrollo.

 Esto pudo ocurrir en el contexto de un gobierno que llegó políticamente exhausto a 1989, y que había ido cediendo instrumentos de intervención económica en función de lograr la “buena voluntad” democrática de los factores de poder económico, sin poder romper la lógica rentista que había adoptado durante el “Proceso de Reorganización Nacional”.

 La interpretación de la crisis, en un clima de amplio desconcierto social donde no abundaban las explicaciones, la dieron fundamentalmente los comunicadores neoliberales, a esa altura ubicados en todos los segmentos centrales de la audiencia radial y televisiva. Se estaba en el medio de una dramática transformación cultural, en la que el viejo discurso peronista y radical no lograban suministrar más que consignas vacías y no eran capaces de dar cuenta de una crisis severísima, que llenó de aflicción y angustia a la mayoría de la población.

 La falta de una explicación no ortodoxa de la crisis, tanto en los espacios más amplios de la sociedad, como en el terreno de la academia, dejó el lugar necesario para que se abriera paso una versión muy conocida y hasta ese momento poco exitosa de la historia económica argentina. Según el liberalismo argentino, lo que estaba ocurriendo en 1989 reflejaba el fracaso “del estatismo, del desarrollismo, del industrialismo, del intervencionismo, del distribucionismo y del populismo”, es decir, todos los males que la ortodoxia liberal argentina venía combatiendo a partir de la industrialización argentina de los años 40.

 La propia defección del radicalismo alfonsinista en asignar las debidas responsabilidades a otros actores políticos y sociales, asumiendo en forma exclusiva la culpabilidad de la hiperinflación, fue funcional a la resolución de la crisis a favor de las políticas neoliberales y de los sectores más antisociales del entramado empresario local.

 “No supimos, no pudimos, no quisimos”, dijo Raúl Alfonsín en el discurso en el que anunció de salida anticipada de la Presidencia, sin dar mayores precisiones sobre lo ocurrido, decidiendo cargar sobre sus hombros y los del radicalismo la plena responsabilidad de la crisis hiperinflacionaria.

Triste parábola de quien inició su gestión haciendo docencia democrática: ocultar a la ciudadanía la capacidad de daño que poseían los factores extrademocráticos sobre la gobernabilidad de la economía y de la sociedad.

 La defección no fue exclusivamente radical: tampoco el peronismo señaló con claridad las responsabilidades empresariales en lo que estaba ocurriendo, ni tomó nota de la importancia política que tenía recuperar algunos de los instrumentos de intervención pública en la economía. Prefirió volcar toda la crítica en su enemigo histórico, el radicalismo, tratando de explicar por la mera incompetencia radical el resultado de la gestión alfonsinista, y capitalizar políticamente su fracaso.

 Resuena fuertemente en ese período la inexistencia de una voz política alternativa, con capacidad de efectuar un análisis realista y complejo de la situación, suministrando explicaciones convincentes y propuestas que pudieran ser visualizadas por los trabajadores y sectores medios.

 El experimento que se instalaría en los 90, favorecido adicionalmente por un contexto mundial de retroceso de las propuestas alternativas al neoliberalismo, de la mano del partido que había protagonizado la construcción del Estado industrialista y distribucionista, sería de los más extremos que se observaron en la región latinoamericana. El neoliberalismo menemista atacaría las bases del modelo desarrollista nacional, aumentando la dependencia del país, fracturando la sociedad, y generando una fuerte extranjerización de la estructura productiva.

 

RESISTIR NADANDO CONTRA LA CORRIENTE
(Por Mempo Giardinelli)

Hay que decirlo sin vueltas y apretando los dientes: el Gobierno Nacional, al licitar el proyecto cipayo de Macri definido en el gobierno de Macri y sus secuaces, de hecho parece renunciar a la salida al mar de la República Argentina.

La gravedad que eso implica, y la maquinaria jurídica y procedimental que parece estar en marcha, serán un mazazo para la Soberanía Nacional sobre nuestro extraordinario sistema hídrico: el Río Paraná, el de la Plata y el Canal Magdalena. Y encima, paradójicamente, a la par de la celebración del Día de la Soberanía, el próximo lunes 20 de noviembre.

Gesta aquella representada por los dos momentos trascendentales en la afirmación de la República Argentina como Estado Soberano: la batalla de Vuelta de Obligado, ese día de 1845, y la de Punta Quebracho ocho meses después, el 4 de Junio de 1846. Ambas gestas marcaron la derrota definitiva de la flota anglo-francesa que pretendía dominar el Paraná a nombre de sus respectivas coronas. La paliza propinada por las fuerzas nacionales a las órdenes del general Lucio Norberto Mansilla, fue total y la rendición de los invasores incondicional y absoluta.

Claro que esas glorias, enmohecidas y desvirtuadas por cipayas malversaciones históricas, hoy son difíciles de recuperar porque Soberanía y Memoria fueron ultrajadas por políticas de entrega tanto de dictadores como de gobiernos civiles corrompidos por empresarios y corporaciones, locales y foráneas.

Desde que hace dos largos años el Decreto 949/2020 colocó sobre el tapete de esta república un nuevo proceso de entrega de soberanía para consolidar la entrega reiniciada circa 1992 y en los años menemistas, en adelante la resistencia al malón cipayo que se apoderó del Paraná y todo el sistema de navegación soberano, fue y sigue siendo una batalla que se libra en desventaja, como todas las luchas que se libran contra la recolonización de la Patria Argentina.

La lucha por impedir tanta traición se viene librando en particular desde diversas posiciones, y en particular la Mesa Coordinadora de la Defensa de la Soberanía sobre el Paraná y el Canal Magdalena, colectivo que junto con otras entidades marchan y reclaman cada vez más enfáticamente que se habilite de una vez el Canal Magdalena, recurso natural fabuloso al que justo esta semana que pasó se le aplicó la última estocada, como se publicó en el Boletín Oficial: la República Argentina (el Ejecutivo y el Congreso) finalmente aprueba que la salida de toda la producción argentina hacia el mundo se realice privilegiando el canal llamado del Indio o Punta Indio, que objetivamente sirve a intereses extranjeros, con lo que de hecho se liquida el canal Magdalena. Que, como esta columna ha descrito reiteradamente, no sólo es mejor en todo sentido sino que es más barato de operar y con ventajas incomparables. Al punto que lo más absurdo del empeño cipayo es no admitir que hoy mantener el Indio es más caro que poner en condiciones el Magdalena, que es un canal natural y todo nuestro. Y que es más corto, más profundo, de doble circulación y más barato de dragar y mantener. Y por el cual todo el comercio exterior argentino quedaría bajo control nacional y dejando enormes ganancias.

En cambio, dada la cuestionable decisión de la Presidencia de la República, todo el comercio exterior completo de nuestro país quedará en manos de las mismas corporaciones extranjeras que dominan el comercio marítimo mundial.

En tales circunstancias parece perversa la "solución" oficial que pretende validar este escándalo, porque el Indio no sólo es un canal contrario a los intereses nacionales, y absurdamente pagado por nosotros, sino que es mucho más largo, menos profundo, más peligroso, de una sola vía (lo que causa demoras y aumenta costos) y mucho más caro de mantener. Por eso parece increíble, irritante y repudiable el empecinamiento en entregar el tesoro natural que es el Magdalena, y encima el Día de la Soberania y mirando el Mundial de fútbol.

El ingeniero naval Horacio Tettamanti, experto en la materia, definió para esta columna esa decisión como "una tragedia" porque la decisión presidencial expresada en el Boletín Oficial "demuestra que se ha decidido entregar todo el sistema estratégico de navegación a las multinacionales que hoy dominan el Río de la Plata". Y que son las mismas corporaciones, añade este columnista, que desde el puerto de Montevideo abastecen, diaria y permanentemente, a los usurpadores de las Islas Malvinas.

También es irritante que sea la Administración General de Puertos la que garantiza la consolidación del modelo de dependencia de Montevideo. Vergonzosa actitud que resulta del hasta ahora obsesivo cajoneo de la canalización del Magdalena en beneficio de ensanchar el Canal del Indio, que es de inferior calidad. Y canal cuyo ensanchamiento, según dos expertos consultados, "está fuera de las facultades de la AGP" por tratarse de una decisión geopolítica estratégica. Es en ese contexto que resulta sorprendente que el gobierno acepte mansamente la entrega de dominio del Río de la Plata, en ostensible agravio a la Soberanía.

Por cierto los operadores de estas decisiones –casi seguramente el Ministro de Transportes, Alexis Guerrera, y el titular de la AGP, José Beni– deberían por lo menos explicarle a la Nación las razones de su empeño en dragar el brazo de río conocido como Paraná Bravo, decisión sospechosa si se advierte que el Paraná Bravo sólo servirá para desviar toda la navegación (de exportaciones argentinas) hacia el puerto uruguayo de Nueva Palmira, de donde seguirán alegremente hacia Montevideo y de ahí al Atlántico. Otra pérdida dramática de Soberanía, con daños devastadores para la economía argentina.

Pero no sólo es cuestionable el decreto 949/20 porque habilita la definitiva entrega de la Soberanía, sino que también debería revocarse la reciente resolución 625/22 del Ministerio de Transporte, que ofende a la bandera argentina. Porque se suma al ya violento absurdo de que la gran mayoría de los puertos que están sobre el Paraná, por donde sale toda nuestra riqueza al exterior, pertenecen a empresas extranjeras que no pagan impuestos. Y para colmo operando el puerto de Montevideo para exportar toda la producción de nuestro país. Cosa que no ocurrirá si se activa el Magdalena.

Hace ya demasiado tiempo que la Argentina padece un modelo de navegación que nos obliga a subsidiar las cargas y flotas extranjeras que compiten con nuestras exportaciones, con nuestra casi inexistente flota de bandera, y condenando a nuestros puertos a su lenta y definitiva desaparición.

Y además de todo lo anterior, encima no resulta fácil explicar el silencio del Congreso frente a tantas y tan determinantes medidas que condicionan el futuro económico de este país. Por todo eso y más, y ante la gravedad y urgencia de la situación, ahora sólo cabe esperar que el Presidente Alberto Fernández revoque de una vez el Decreto 949/20, por el bien de la República y antes de que sea demasiado tarde.

Por todo lo anterior cobra importancia la anunciada convocatoria a marchas y puebladas en todas las ciudades y pueblos del país, el próximo viernes 18. Ocupar plazas y calles a partir de la cinco de la tarde y con banderas, caminando y cantando pacíficamente durante algunas horas, será un saludable modo de celebrar el Día de la Soberanía honrando en todo el territorio nacional la lucha de nuestros Padres Fundadores. Será sin dudas una resistencia más romántica que efectiva, pero no inútil.

 

¿UNA ARGENTINA AL BORDE DEL FASCISMO?

 

“Mi amigo” Eusebio, eternizo una frase “andar La Habana”, bien podría en el contexto de mi actual vivencia en la Argentina, aplicarla acá, ”andar BAIRE”, haciéndome eco de la sentencia (cierta o no) que por estos lares se evoca, Dios está en todas partes, pero tiene oficina en Buenos Aires, sería algo así como poner el “oído” a lo que se palpita en la Capital del tango.

Se percibe hace ya un tiempo un cambio de humor en la Argentina, la gente está podrida con las estupideces que a diario hacen los que nos gobiernan, hay una “sensación” de enojo generalizado (es la palabra que mas usan los periodistas de todos los colores, cuando quieren dar su opinión, “basado” en una supuesta consulta que todos sabemos que nadie hizo) por la impotencia ante una realidad, que el Gobierno de turno no resuelve, léase una inflación galopante y una inseguridad que da miedo.

El kirchnerismo le gano al macrismo desastroso de cuatro años en el 2019, porque supo convertirse en RADIKIRCHNERISMO, una especie nueva de peronismo con radicalismo, que la Cristina con su dedo mágico supo aglutinar en la personalidad “equilibrada” de Alberto Fernández y su equipo. Entonces ese 48% contra un 40% de Macri, que trato de peronizarse al buen estilo de Menem, parecía que era la fórmula adecuada para una Argentina endeudada hasta los mameyes, sin embargo como vimos más tarde, no solo durante la pandemia si no desde el pasado Abril del 2022 cuando salimos de ella, el bloque más extremo de ese rejunte electorero (por momentos la misma Cristina) esmerilaron con “violencia y alevosía” la construcción “centro-izquierda” que ellos mismo habían creado, pasando a ser el Presidente, un paria que no sabe dónde colocar su estimado y poderoso trasero.  Los muchachos kirchneristas olvidan ese pasado reciente que los llevo al poder, y consideran que abandonar el centro de sus posturas será la solución con vista al 2023, se despegan con rapidez cercana a la velocidad de la luz de ese Frente que llamaron FRENTE DE TODOS, pero que ahora parece ser, es de unos cuantos.

Mucho más allá, desplazados hacia el rojo, están los frentes de izquierda, trotskistas o no, que dentro de sus propuestas están el cambio total del sistema capitalista imperante. Aunque esta vertiente más extrema ha conseguido un caudal nada despreciable de votos, además de haber acaparado algunos sindicatos, hoy su fuerza en la Argentina no supera el 5-7% de los votantes argentinos.

Sin embargo lo que me preocupa es la vereda del frente, en la centro-derecha que presumía ser Juntos por el Cambio (que unía al PRO de Macri, con el desmembrado Partido Radical, la insignificante Coalición Cívica de Lilita Carrio y unos cuantos neomenemistas) han aparecido elementos fascistoides encabezados por Patricia Bullrich  que han cobrado mucha fuerza, tratando de quitarle caudal de votos adquiridos a elementos de ultraderecha neoliberal novedosos que han irrumpido en la política nacional  encabezados por Javier Milei.

Hay un hartazgo de la gente de a pie a posturas “equilibradas” de centro-izquierda y centro-derecha en la Argentina, que han fracasado en sus intentos por resolver la acumulación de problemas, entre ellos la pobreza. Solo para recordar, después del descenso abrupto de la pobreza en el gobierno de Nestor que en el 2003 (luego de la gran crisis del 2001) estaba en 62% y la bajo al 37%, es decir 25% en cuatro años, desde entonces la pobreza ha oscilado entre el 25 y el 40%, con dos periodos de Cristina, uno de Macri y ahora este de Alberto y Cristina.

Ante la situación existente, no creo que los frentes de izquierda lleguen al poder, en todo caso, el extremo del peronismo (encabezado por Cristina), que también ha fracasado en esta “junta de moderación”, podrá perder caudal de votos en una sangría hacia estas posiciones del “infrarrojo” (por cierto, mi voto), sin embargo veo preocupante que una Patricia Bullrich, con sus propuestas de mano dura “contra el delito” y la “institucionalización de la rabia” por tantos fracasos económicos, liberando alevosamente la economía de este país, logre convencer a ese 40% que representa hoy la derecha de Juntos por el Cambio, estaríamos entonces al borde de un Bullrichismo, léase un neofascismo argentino.

El tema no solo es que llegue al poder un modelo así, si no que su permanencia, sin dudas, traerá consigo, en el "mejor" de los caso, una guerra civil a este país, para no mencionar una dictadura con el ejercito en la calle.

 

 

Esta persona puede llegar hacer la próxima presidenta en la Argentina, algunos pueblos en el Mundo están dando un giro peligroso hacia posiciones fascistas, este puede ser el caso.

La irresistible fascinación que las ideas extremistas ejercen sobre Patricia Bullrich
(Por Ernesto Tenembaum)

 

Patricia Bullrich, presidenta del PRO

El lunes 22 de abril de 1985 fue una jornada histórica y tensa en la Argentina: ese día comenzó el juicio a los ex comandantes de la dictadura militar. En esa misma semana, en medio de insistentes rumores sobre una sublevación golpista, el presidente Raúl Alfonsín convocó a la población a Plaza de Mayo para defender la democracia. El viernes 26, entonces, una multitud respondió al llamado. Sin embargo, ese día, Alfonsín pronunció un discurso que, en lo esencial, no tenía que ver con el motivo de la convocatoria. Al salir al balcón, el Presidente se refirió a la delicadísima situación económica y planteó que sería necesario poner en marcha un plan de “economía de guerra”. La respuesta de la gente, naturalmente, fue muy fría. Al volver a su despacho, Alfonsín estaba fastidioso y contrariado con su discurso. “No me podía concentrar -contó-. Desde abajo, Patricia Bullrich me enloquecía gritando con un megáfono consignas en contra del pago de la deuda externa”.

Esa anécdota, que está contada con lujo de detalles en el libro Una Temporada en el Quinto Piso, del sociólogo Juan Carlos Torre, forma parte de una historia lejana, protagonizada por una dirigente peronista llamada Patricia Bullrich que, a primera vista, tal vez solo a primera vista, parece muy distinta a la actual candidata presidencial de Juntos por el Cambio, que se llama Patricia Bullrich.

Las nuevas generaciones seguramente piensen que Cristina Kirchner en los setenta fue montonera y Patricia Bullrich no. La verdad es exactamente la opuesta. Es conocido que en esos años Bullrich fue una militante guerrillera y que siempre se movió cerca de Rodolfo Galimberti, el carismático jefe montonero que luego, en los noventa, formaría parte del círculo cercano de Susana Gimenez. Era un grupo, el de Galimberti y Bullrich, ciertamente, muy audaz. En 1989, por ejemplo, Galimberti apoyó a Carlos Menem desde una revista que se llamaba Jotapé, desde donde pregonaba los viejos sueños truncos del nacionalismo revolucionario peronista, presentaba a Menem como un caudillo antiimperialista y hasta incluía algunos mensajes antisemitas. Aquellos esfuerzos dieron sus frutos. Luego de la llegada de Menem al poder, Galimberti sería indultado y Bullrich se transformaría en diputada nacional.

El domingo pasado, es decir, miles de años después, Patricia Bullrich dio una demostración más de cuánto -o cuán poco- la había cambiado la vida. Acababa de terminar el escrutinio en Brasil. Distintos dirigentes de Juntos por el Cambio propusieron que la principal coalición opositora emitiera un documento para reconocer la limpieza del proceso electoral que consagró por tercera vez como presidente a Luiz Ignacio Lula Da Silva. A esa altura ya se habían pronunciado en ese sentido muchos líderes del mundo que, sobre otros temas, piensan muy distinto: Luis Lacalle Pou, Joseph Biden, Emmanuel Macrón, Evo Morales, Mauricio Macri, entre tantos. Era un asunto relevante porque, como se pudo ver en los días siguientes, en Brasil había un movimiento muy poderoso que intentaría desconocer el resultado electoral. Pero Bullrich se opuso a ese comunicado.

El autor de esta nota pudo recoger dos versiones acerca de sus argumentos. La primera es que Bullrich sostuvo que no podría sumarse porque sería desairar al ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, quien apoyó abiertamente a Jair Bolsonaro y no estaba dispuesto a reconocer la evidente limpieza del proceso democrático vecino. La segunda es que Bullrich sostuvo que no se pronunciaría hasta conocer el veredicto del Ejército sobre el tema. En cualquier caso, su postura contrastó con la del radicalismo, la Coalición Cívica, Horacio Rodriguez Larreta y hasta el propio Macri, quien demoró pero finalmente respaldó al proceso electoral brasileño.

Bullrich explicó unos días después que no se expidió porque Lula había posado con una gorrita que decía “CFK2023″. La debilidad del argumento es evidente, porque el presidente electo hizo eso muchas horas después de que ella se negara a firmar el comunicado. Brasil está agitada en estos días por un movimiento insurgente de signo opuesto a aquellos en los que participó Bullrich décadas atrás. Hubo cortes de ruta en todo el país, convocatorias frente a los cuarteles para que los militares tomen el poder, amenazas contra periodistas de todo el mundo, presión para destituir a la Corte Suprema. Nada de esto conmovió a Patricia, la presidenta del PRO.

Tras la victoria, Lula se mostró con una gorra que decía CFK 2023

Esa posición rupturista de Bullrich respecto del resto de la coalición a la que pertenece se expresa también en un programa que va desplegando a medida que se acerca la campaña presidencial y que incorpora elementos novedosos para la tradición democrática argentina: militarización del conflicto con un grupo minúsculo de mapuches a los que define como terroristas, calificación de okupas a los habitantes de los barrios más precarios del país, eliminación de los planes sociales, defensa del derecho de cada uno a armarse en su casa, negativa a respaldar procesos democráticos. Cada quien puede pensar lo que le parezca de todo esto, pero está claro que ese programa no puede definirse como centrista o liberal. Se trata de otra cosa.

Todo eso se combina, además, con un estilo personal que quedó expuesto esta semana cuando amenazó con romperle la cara a Felipe Miguel, el jefe de Gabinete de Rodriguez Larreta, cuyo espantoso pecado consistió en haberla acusado por televisión de ser funcional al kirchnerismo. Una crítica, injusta o no, puede ser respondida con un argumento o con una amenaza de violencia física. Bullrich eligió lo segundo. Cuando le preguntaron por su reacción, ella respondió que no es hipócrita.

En sus últimas reflexiones públicas, Elisa Carrió advirtió que un sector de Juntos por el Cambio ha empezado a coquetear con el fascismo. ¿A quién -o a quiénes- se habrá referido?

Es injusto definir a alguien solo por sus posiciones más extremas. Pero esas posiciones, cuando se repiten a lo largo de una vida, reflejan los límites, o la falta de límites, de una persona: hasta dónde está dispuesta a ir. En este caso, además, son relevantes porque Bullrich es una candidata muy competitiva para reemplazar a Alberto Fernández en la Casa Rosada. La mala performance del peronismo en el Gobierno -a la que se agrega su disparatada dinámica interna- coloca a Juntos por el Cambio en una inmejorable situación para volver al poder en poco más de un año. En la mayoría de las encuestas, Bullrich aparece como la dirigente con mejor imagen de la coalición. Solo es cuestión de saber sumar y restar para percibir sus chances.

Lo que ocurre con Bullrich, antes sucedió con Milei. De repente, un dirigente que se expresa de manera agresiva contra los zurdos, los okupas, los mapuches, los populistas, las feministas, los gays, los políticos, los peronistas, los kirchneristas, empieza a crecer en las encuestas. Quien lo logra obtiene una ciega adhesión por parte de los suyos. Un dirigente puede decir que legalizaría el tráfico de órganos o la venta niños y no lo afecta. Donald Trump lo explicó a su manera: “Puedo asesinar a alguien en la quinta Avenida y no perderé un solo voto”. Para la democracia tradicional esos modales son una expresión de barbarie. Pero están funcionando. Eso que Bullrich llama “falta de hipocresía” -amenazar con trompear a alguien que la criticó por una nimiedad, por ejemplo- atrae atención. Y votos.

Está funcionando.

Así sucedió con Donald Trump –cuando sostenía que los mexicanos eran mayoritariamente violadores-, o con Jair Bolsonaro –cuando se manifestaba a favor de la tortura. Son tiempos raros en muchas democracias del mundo: Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Brasil, Israel. ¿Por qué la Argentina sería muy diferente? Dos series magníficas iluminan ese fenómeno: la inglesa Years and Years, que protagoniza Emma Thompson, y la norteamericana The loudest Voice, que incluye una actuación magistral de Russel Crowe. El libro La rebeldía es de derecha, del economista argentino Pablo Stefanoni es otro aporte agudo e informado sobre el asunto.

El recorrido que separa a Bullrich de la Casa Rosada, de todos modos, todavía debe superar muchos escollos: el principal de ellos es la fragilidad de su estructura política. Los dirigentes territoriales del PRO responden en su inmensa mayoría a Mauricio Macri y a Horacio Rodriguez Larreta, quienes además tienen una probada capacidad para recaudar fondos. A ninguno de ellos les falta estructura ni caja. Bullrich debe lograr primero que Macri no se presente, porque en ese caso disputará con él los votos más duros de su coalición. Y, si Macri se bajara, debe conseguir su apoyo, algo aún más difícil. A Macri y a Rodriguez Larreta los une una historia común de largos años. En cambio, el ex presidente tiene motivos para sospechar que, una vez en el poder, Bullrich lo descarte. “Si llego a ser Presidente será un consejero. Ya vimos cómo funcionan los presidentes tutelados”, dijo ella esta semana.

Esa falta de estructura se expresa, por ejemplo, en su necesidad de anunciar, en sus redes, cada nueva incorporación. Ninguno de los nombres significa demasiado. Son poco conocidos, no se entiende bien en qué se destacan, tienen nulo despliegue territorial. Si quiere sumar estructura y dinero, debe producir una ola imparable. Su reacción frente a Miguel puede expresar un desequilibrio personal peligroso para quien quiere llegar a ser presidenta. Sus posturas políticas pueden parecer extremas o impracticables. Pero detrás de esas brutalidades hay una apuesta racional: trata de encender una llama. No le alcanza aún. Pero mal no le va. Además, ¿quién apostaba en su momento por Macri, Menem, Trump o Bolsonaro?

A medida que avance la campaña, además, Bullrich deberá explicar cómo va a gobernar. Su despliegue de consignas en contra de mapuches, planeros, cuarentenas y kirchneristas no es un plan de Gobierno. Por ejemplo, su propuesta de implantar una economía bimonetaria, ¿con qué se come? Sería bueno que la desarrollara un poco. ¿Alguien escuchó como pretende Bullrich bajar la inflación? A primera vista no parece que baste con combatir a los mapuches. Los economistas del PRO se angustian porque perciben que los temas económicos la aburren.

A su favor, en cambio, cuenta con que su principal adversario, Rodriguez Larreta, vacila y se pierde entre múltiples dilemas. No puede descuidar al público moderado, pero tampoco a los seguidores de Macri. No puede enfrentarla –porque quedaría demasiado parecida a ella-, pero tampoco no enfrentarla –porque sería una expresión de debilidad. No puede imitarla en sus provocaciones al peronismo porque perdería capacidad de diálogo con sectores con los que pretende gobernar. Pero ese límite le quita encanto ante los votantes opositores. Nadie se transforma en líder si no produce alguna ruptura, si no convence de que puede guiar a una sociedad hacia un lugar distinto. Larreta está atrapado por múltiples corsets y cuida cada uno de sus pasos. Bullrich se mueve con desparpajo, insolencia y una audacia –tal vez una irresponsabilidad- que, por momentos, recuerda a Carlos Menem.

Patricia fue montonera y Bullrich coquetea con el bolsonarismo. Patricia fue peronista y revolucionaria. Bullrich es antiperonista y conservadora. A lo largo de su vida, muchas veces, osciló entre los extremos. En todo caso, es cosa de ella. Lo novedoso es que a millones de personas eso ahora le resulta simpático, atractivo, una salida posible para el país, ante el fracaso evidente de todas las otras.

La única verdad es la realidad, como decía un viejo líder de Patricia, pero no de Bullrich, Aunque quien sabe. La vida da tantas vueltas.

 

ESTADO CANALLA
(Por Randy Alonso Falcón)

El término “Estado canalla” (ampliamente usado por el Departamento de Estado de EE.UU.) se refiere a la búsqueda de los intereses del Estado sin considerar los estándares de comportamiento internacional y los principios básicos del derecho internacional. Dada esa definición, ¿no es EE.UU. un ejemplo estelar de un Estado canalla?

Noam Chomsky

Ruin o malvado, despreciable por su comportamiento vil: eso es ser canalla. Pero también es oportunista, abusador, perverso.

Todo eso es el Gobierno de Estados Unidos. Y lo ha mostrado a plenitud en estos dos últimos años .

Hay que ser muy canalla para hablar de preocupación por el bienestar del pueblo cubano mientras se postergaba alevosamente el estudio de medidas que aflojaban el tenaz bloqueo contra Cuba en medio de la pandemia en el 2021, apostando a que habría un estallido social en medio de escaceces y apagones.

Es de canallas negarle a Cuba la compra de oxígeno en el pico pandémico mientras fallecían personas en los hospitales, o excluir a Cuba de la revisión ordenada por el presidente Biden de las medidas coercitivas unilaterales que limitan la capacidad de los Estados de enfrentar la pandemia de COVID-19.

De canallas es perseguir a los buques que traen combustibles a Cuba, impedir que lleguen jeringuillas o medicamentos contra el cáncer, obligar a pedir visa para Estados Unidos a extranjeros que no las requieren pero cometieron el pecado de visitar Cuba.

¿Cómo llamar la dilatada puesta en práctica de tenues medidas anunciadas en mayo y que se van administrando por gotero para no alebrestar a la fauna de Miami (a la que según Marco Rubio el presidente le teme)?

De canallas es ver a la distancia quemarse tanques y personas y no ofrecer buques de extinción que estaban a apenas unas horas de las costas de Matanzas, o siquiera responder a un listado de necesidades que ellos mismo solicitaron.

Canallesco es resumir la ayuda a unas consultas técnicas telefónicas y el ofrecimiento de un centenar de trajes de bomberos de los que ni la mitad ha llegado, tres meses después del terrible siniestro.

De canallas es ignorar el pedido de Cuba de comprar, nada de donar o regalar, materiales de la contrucción y otras necesidades para enfrentar la reconstrucción de los enormes daños dejados por el Huracán Ian, algo obstaculizado por las infames regulaciones del bloqueo.

Y más allá del agradecimiento que toca, ¿qué significan 2 millones de dólares de ayuda brindada a través de la Cruz Roja Internacional frente a 15 millones de dólares diarios que nos cuesta el bloqueo?

Canallada es tuitear y declarar que se apoya una emigración legal desde Cuba mientras se mantiene la Ley de Ajuste Cubano, se alienta la llegada de personas a suelo estadounidense, se permite el sucio negocio de tráfico humano desde costas de Florida y se politiza el complejo fenómeno migratorio.

Vergüenza debería tener la gran potencia por su intento de exterminio de un pueblo para lograr sus propósitos políticos de dominación. Lo canallezco merece la repulsa y la denuncia.

Así lo hará la comunidad internacional en estos días cuando por trigésima ocasión se vote en ONU la Resolución contra el Bloqueo.

Por suerte, hay mucha gente buena también en Estados Unidos, que apuesta por los puentes y no por los muros, por el respeto y no por las amenazas, por las relaciones y no por las guerras. Ellos son la fuerza de la honradez frente a la canallada.

 

 

Si alguna vez fuiste cubano y viviste algunas de estas cosas, y aun así no ves lo canalla que han sido y siguen siendo, no hay Freud que te salve y mucho menos la virgen del cobre…el rencor no es «buen consejero», no te deja vivir feliz y en paz, pero olvidar no tiene perdón de Dios.

Viva Cuba!
(Por Teresa Melo)

Con 2 votos en contra (Estados Unidos e Israel), 2 abstenciones (Brasil y Ucrania), y ¡185! a favor el mundo vuelve a CONDENAR el Bloqueo a Cuba. Cada palabra de apoyo y elogio multiplica el orgullo de ser cubanos.

No esperemos nada de ese estado fallido que es Estados Unidos; de ese gobierno criminal y fascista (uno más), verdadero patrocinador del terrorismo, infame impulsor y ejecutor de todas las medidas que nos ahogan, responsable de lo imprescindible que nos falta en todos los ámbitos de nuestra vida.

No esperemos nada, pero hoy, como las 29 veces anteriores, el mundo ha dicho Sí por Cuba y han tenido que escucharlo.

Estados Unidos nos ha negado todo, incluido el oxígeno. Y aunque sería #MejorSinBloqueo, aquí estamos, a pesar de ellos, respirando.

Que VIVA CUBA! 

 

Cuba en Datos: ¿Cómo se cuenta el bloqueo?
(Por Edilberto Carmona Tamayo, Andy Jorge Blanco)

Todavía hay quien dice que el bloqueo no existe, que es una falacia o un invento de Cuba. El mundo entero lo condena cada año, ¿pero es irreal? Hay quien le resta importancia. Y, si bien es cierto que todos nuestros problemas no recaen siempre en la unilateral política de Washington, el bloqueo contra la Isla ha causado daños que ascienden a los 154 217,3 millones de dólares durante 60 años.

Según el más reciente informe de Cuba sobre los efectos del bloqueo –a presentarse los días 2 y 3 de noviembre próximos ante la Asamblea General de Naciones Unidas–, solo entre agosto de 2021 y febrero de 2022, esta política causó pérdidas a Cuba en el orden de los 3 806,5 millones de dólares. La cifra es 49% superior a la reportada entre enero y julio de 2021 y representa un récord en apenas siete meses.

“Es reflejo del impacto recrudecido del bloqueo sobre las exportaciones cubanas, principalmente en el sector turístico, la despiadada persecución a las operaciones bancario-financieras del país, los costos por reubicación geográfica del comercio, las afectaciones a la producción y los servicios que se prestan a la población y los obstáculos para acceder a tecnologías de avanzada”, refiere el informe.

Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca pudo pensarse, en un inicio, que se modificarían algunas medidas relacionadas con el bloqueo. Sin embargo, la realidad demostró que los cambios de la actual administración no han sido significativos en ese sentido.

¿Se le permite a Cuba importar, desde terceros países, bienes que contengan más de un 10% de componentes estadounidenses? ¿Se eliminó la Lista de Entidades Cubanas Restringidas y la de Alojamientos Prohibidos? ¿Pueden realizarse las remesas mediante canales formales o institucionales? La respuesta es negativa. La administración Biden poco se ha acercado al avance en las relaciones bilaterales que existió durante la presidencia de Obama. En cambio, ha mantenido intactas la mayoría de las 243 medidas aplicadas por Donald Trump contra la Isla.

Para que se tenga una idea: Solo en los 14 primeros meses del gobierno de Biden, los daños ocasionados por el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba ascendieron a 6 364 millones de dólares, lo que representa una afectación de más de 454 millones de dólares mensuales y más de 15 millones de dólares diarios, de acuerdo con el documento.

“Persiste el empeño de generar carencias materiales, escasez, sembrar el desaliento, la insatisfacción y provocar daños al pueblo cubano, así como obstaculizar las posibilidades de progreso económico en un escenario de grave crisis global”, subraya.

Veamos algunos ejemplos que destaca el informe:

En octubre de 2021, el suministrador de origen francés CNIM comunicó a la Empresa comercial DEVEXPORT que no podría continuar con los contratos de piezas de repuesto para la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras. ¿Cuál fue el motivo? Se habían comprometido a no financiar a ningún país sometido a las sanciones de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) y del Departamento de Estado de los EE.UU.

Por otro lado, existen medicamentos que son estándares terapéuticos en el mundo, los cuales no están disponibles para pacientes cubanos. Como consecuencia, no se han podido iniciar estudios clínicos de enfermedades autoinmunes, como la psoriasis, la esclerosis múltiple, y las enfermedades neurodegenerativas.

Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, un grupo considerable de bancos se negó a tramitar pagos a proveedores de la empresa cubana importadora de alimentos ALIMPORT, relativos a productos como soya, grasa vegetal, pienso porcino, salchichas, entre otros.

En igual periodo, la Empresa cubana TRANSIMPORT realizó 518 solicitudes de equipos automotores, tractores, baterías, motores, montacargas, partes y piezas, entre otros. Sin embargo, solo recibió el 9% de las demandas realizadas a proveedores extranjeros.

Asimismo, se identificaron un total de 100 bancos extranjeros involucrados en 261 acciones de cierre de cuentas y de contratos bancarios establecidos, devolución de transacciones, así como negativas a la apertura de cuentas.

Por otro lado, la plataforma digital de alojamiento Airbnb Payments, Inc. debió pagar a inicios de 2022 una multa de 91 172 dólares impuesta por la OFAC, por aceptar pagos de estadounidenses que viajaron a Cuba fuera de las categorías autorizadas por la Casa Blanca.

Más recientemente, durante el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba no pudo realizar una transferencia a la cuenta del Banco Financiero Internacional (BFI) destinada a donaciones en caso de emergencia. ¿Por qué? Se alegaba que el BFI se encontraba en la lista de entidades sancionadas por el Departamento de Estado de los EE.UU.

¿No es una política que lacera la vida de los cubanos? ¿No viola los derechos humanos de toda una nación durante más de 60 años?

El Departamento General de Contraloría del gobierno de los Estados Unidos (USGAO, por sus siglas en inglés) ha señalado que el bloqueo contra Cuba “es uno de los conjuntos más completos de sanciones impuesto por los Estados Unidos a cualquier país”. ¿El bloqueo no existe? Ahí están los números y están, por sobre todas las cosas, las historias.