PARTE 3

El Estado y los trabajadores durante el primer gobierno de Menem en Argentina (1989-1995)
(Por Hernán Fair)

Los beneficios suplementarios

Como dijimos, durante el gobierno de Menem se llevó a cabo un drástico proceso de transformación del Estado. Este proceso tenía como una de sus premisas la necesidad de privatizar las empresas públicas para reducir el défi­cit fiscal y mejorar los servicios (Thwaites Rey, 1999; 2003). Mediante estos argumentos, prácticamente la totalidad de las empresas que históricamente habían pertenecido al Estado pasaron a manos privadas. Como consecuencia, miles de trabajadores perdieron sus empleos. En efecto, según se ha calculado, en los primeros tres años de vigencia del Plan de Convertibilidad, 381 189 trabajadores perdieron sus empleos, de los cuales un 86.7% pertenecían al Estado (Noticias, 27-03-94). Sin embargo, muchos de ellos continuaron apo­yando el plan económico. ¿Cómo se explica este respaldo de los principales perjudicados? Una de las claves, a nuestro entender, debe buscarse, más allá de la estabilización, en los beneficios materiales que otorgó el gobierno. En efecto, en lo que se denominaría Programa de Propiedad Participada (ppp), el gobierno les concedió a los ex trabajadores despedidos una participación accionaria del orden del 10% en los servicios públicos privatizados ⁽³⁶⁾. Este programa estaría acompañado, al mismo tiempo, por otros beneficios, entre ellos fuertes incrementos salariales, como en el caso de los gremios de Per­sonal Civil, Luz y Fuerza, la Unión Ferroviaria y los Empleados de Comercio (Clarín, 02-05-93; Página 12, 01-06-94), y regímenes de “retiros voluntarios” que, como en el caso de la empresa siderúrgica somisa, beneficiaron a 4 500 ex empleados públicos con 6 meses de salario e importantes indemnizaciones (Clarín, 09-07-91).

Estas políticas que, en palabras de Menem, convertían a los trabajadores en “dueños” de la propiedad de las empresas y de “su propio destino” (Fair, 2008b), se agotan, sin embargo, en el análisis de una porción relativamente pequeña de los trabajadores ⁽³⁷⁾ Por otra parte, el propio modelo comenzaría a generar, principalmente a partir de 1993, con el agotamiento del proceso de privatizaciones (Basualdo, 2006), una creciente tasa de desocupación y margi­nalidad social que amenazaba la supervivencia del Plan⁽³⁸⁾ En ese contexto, al que se sumaba el agotamiento de las indemnizaciones, el gobierno implemen­tó una serie de políticas “parches” para contener el descontento popular. Las medidas implementadas, que encuentran algunos antecedentes en los planes de asistencia focalizada de los años ochenta ⁽³⁹⁾ se concentraron en particular en las provincias donde el gobierno había diferido hasta ese entonces el ajuste económico⁽⁴⁰⁾ Así, una de las más importantes aplicaciones fue el llamado Programa de Promoción de Empleo Privado, un programa dedicado a las provincias del noroeste del país, que garantizaba tres meses de sueldo a los empleados contratados por las empresas (Página 12, 25-01-94). Al mismo tiempo se implantó un plan social que garantizaría el acceso a una extensa red de 344 000 viviendas sociales, el llamado fonavi, y un paquete de medidas focalizadas de promoción del empleo para sectores marginales (Página 12, 02-07-94). Finalmente, el gobierno estableció un conjunto de micro em­prendimientos cooperativos para los empleados despedidos de la empresa petrolera privatizada ypf, lo que incluiría, además, contratos de perforación en áreas centrales privatizadas (como las regiones de Catriel y Comodoro) por varios millones de dólares y la promesa de que los cooperativistas seguirían perteneciendo al gremio petrolero ⁽⁴¹⁾ (Página 12, 24-09-92).

(36) En la práctica, los porcentajes variaron desde un 10% en 1991, y 10.1% en 1992, redu­ciéndose levemente a 9.5% en 1993, 9.6% en 1994 y 9.4% en 1995 (véase Basualdo, 2000:121). En el caso de la privatización de la petrolera ypf, un 4.8% de las acciones serían entregadas, además, a 86 100 jubilados (Clarín, 24-09-93). Ambos sectores, por otra parte, obtuvieron importantes ganancias, del orden del 47.9%, por la revalorización obtenida en sus acciones (Clarín, 21-10-93). En la privatización de obras sanitarias, por su parte, el porcentaje otorgado por el gobierno a los empleados fue de un 20% (Clarín, 02-05-93).

(37) Según un informe, a comienzos de 1994 el número de beneficiados con el Programa de Propiedad Participada (ppp) fue de unos 69 639 trabajadores, a razón de $30 684 en acciones paracada trabajador, para un total de 2 136 083 millones de dólares. Al mismo tiempo, los retiros voluntarios beneficiarán a 103 000 trabajadores (Página 12, 20-03-94).

(38) La desocupación, que se había mantenido en 6.9% entre junio de 1991 y mayo de 1992,subió a 9.9% en mayo del año siguiente, alcanzando el 10.7% en mayo de 1994 (indec, 1998).

(39) En efecto, durante el gobierno de Alfonsín, en consonancia con el discurso neoliberal en favor de la focalización de la ayuda social, comenzaron a aplicarse en Argentina y también en algunos otros países de la región, como Bolivia, Brasil y México (Torre, 1998), los primeros ensayos de asistencia social focalizada. Estos programas, que contrastaban con los planes universalizables que habían caracterizado al peronismo, se concentraban en programas de ayuda alimentaria a los sectores más desfavorecidos (cajas pan) y políticas de ayuda social en áreas de salud e infancia (Svampa, 2005:183-184). En ese contexto, algunos autores señalan que los sectores beneficiados con estos planes focalizados trascendieron la fuerte vinculación identita­ria con los sindicatos y el peronismo para situarse en una relación afectiva con los “punteros” barriales que les garantizaban el acceso a los beneficios materiales. En esta línea de análisis cen-trada en el “clientelismo afectivo”, véanse Levitsky (1997), Auyero (2001) y el trabajo del propioSvampa (2005:185-196).

(40) En efecto, las provincias de La Rioja, Catamarca, San Luis, San Juan y Tierra del Fuego estuvieron exentas de algunas medidas del régimen desregulatorio aplicado por el gobierno (Azpiazu, 1995:177). Al mismo tiempo, mientras la nación llevaba a cabo la privatización de los regímenes previsionales, se excluía la privatización en las provincias, dejando intactos los fondos manejados por los gobernadores provinciales (Gerchunoff y Torre, 1996:757).

(41) El gobierno, además, implementó un seguro de desempleo de $120 por un periodo de cuatro meses para aquellos trabajadores que acreditasen un año sin empleo, y de seis meses para aquellos que acreditasen dos (Clarín, 02-03-92).568 Estudios Sociológicos XXVII: 80, 2009

Estos beneficios, sumados al fin del “impuesto inflacionario”, que per­judicaba en mayor medida a los sectores bajos —quienes dedicaban un por­centaje mayor de sus ingresos a la compra de alimentos (Gerchunoff y Torre, 1996)—, ayudaron a paliar en gran medida la oposición de los trabajadores despedidos de las empresas públicas, pero también de muchos sindicalistas, favorecidos por el control de los recursos sociales de aquellos programas y el manejo de fondos en la desregulación de las obras sociales y la privatización de los fondos de jubilaciones y pensiones ⁽⁴²⁾

(42) En efecto, el gobierno dispuso una intervención en el organismo regulador de los fondos de las obras sociales (anssal), y colocó como interventor al gremialista oficialista Andreoni. Además, designó como directores de los obreros a Raúl Amín, Mario Francella (textil), Arman-do Matarazzo (ferroviarios) y Aníbal Martínez (construcción), y fijó un esquema en el que el 3% del salario bruto del empleado y el 6% del empleador debían ser gravados, vía el Ministerio del Trabajo, a la obra social sindical. Al mismo tiempo, le devolvió al sindicato de la cons­trucción la conducción de su obra social y le otorgó a los empleados de Comercio y Servicios la co-gestión de la obra social de la osecac. Finalmente, el presidente de la República firmó un acuerdo para implantar un sistema de jubilación privada que beneficiaba a nada menos que 500 000 empleados mercantiles y que sería manejado nuevamente por los patrones sindicales, quienes poseían también la Caja de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio (casfec) y el Instituto Asegurador Mercantil (iam) (Página 12, 02-07-91, 04-07-91 y 07-07-91). Comoconsecuencia de estas medidas, los gremios oficialistas se hicieron acreedores de extraordina-rios fondos sociales, principalmente en la anssal, que pudieron repartir a piacere (mtss, 1993).En esas circunstancias, el dirigente sindical Raúl Amín (mecánicos) afirmó que “la desregulaciónes un hecho histórico”, y de este mismo modo se expresaron sectores afines al gobierno, como Andreoni, Pedraza (ferroviarios), Aldo Serrano (Luz y Fuerza) y José Castillo (bancarios) (Clarín, 02-11-91). Sobre el caso argentino, véanse particularmente Murillo (1997) y Alonso (2000). Hemos trabajado también este particular en Fair (2008b). Para un análisis comparativo del caso argentino en relación con otros casos similares de reforma en América Latina, véanse Torre (1998), Stokes (2001), Murillo (2005), y Palomino (2005).

En ese contexto, prometiendo mantener la estabilidad monetaria, los beneficios selectivos y los “negocios” para los líderes sindicales, el gobierno no tuvo inconvenientes en lograr un amplio triunfo en las elecciones legislativas de 1991 y 1993, donde obtuvo el 40% y el 42% de los votos, respectivamente (indec, 1998).

El apoyo al gobierno se tradujo, además, en un bajo nivel de conflictivi­dad. Así, la cantidad promedio de conflictos mensuales durante los dos prime­ros años de la convertibilidad decreció un 12.5% con respecto al promedio de los 19 meses previos a la vigencia del Plan. Las medidas de acción directa, que muestran la combatividad sindical, se redujeron, por su parte, un 22% con respecto al periodo anterior a la puesta en vigencia del régimen cambia-rio y, para el año 1993, alcanzarían una disminución del 31% en relación con el periodo de pre-convertibilidad. Además, los conflictos con medidas de fuerza disminuyeron de un 50% a un 32%, en igual periodo (Gómez et al.,1996:253). Los conflictos “defensivos”, es decir, los que se realizan en res­puesta a la eliminación de fuentes de trabajo, suspensiones, despidos o atrasos en el pago salarial, también tuvieron una merma importante durante 1993, alcanzando, hacia 1995, una reducción del orden del 63.5% (Gómez et al., 1996:260). Si bien estas cifras se revirtieron parcialmente a partir de 1994, no hubo en esos años un cuestionamiento directo a los ejes principales del Plan de Convertibilidad⁽⁴³⁾ (Bonanotte, 1996). En este sentido, podemos decir con Gómez que, con la excepción parcial de los sectores público y de servicios⁽⁴⁴⁾ el régimen de convertibilidad se convirtió, durante el periodo 1991-1995, en un “símbolo político ordenador de comportamientos sociales” (Gómez et al., 1996:249).

(43) Según registros de Gómez et al. (1996), el cuestionamiento al plan económico sólo alcan-zó un 1.4% durante 1993. En efecto, “el tipo de cambio, el nivel de apertura de la economía, lapresión fiscal sobre los sectores productivos, la falta de estímulos a la inversión productiva, los estímulos a los negocios financieros, las crisis productivas provinciales, el cuestionamiento a la terciarización económica y los costos financieros aparecerán sólo esporádicamente en los conflictos”. En este sentido, concluye que “la conflictividad laboral no estuvo asociada a una deslegitimación creciente del programa vigente”. Bonanotte, por su parte, calcula que, a nivel general, sólo el 14.3% de las medidas sindicales cuestionó directamente al plan durante el primer mandato de Menem (Bonanotte, 1996:95-96).

(44) Debemos tener en cuenta, en ese sentido, la importancia que tuvo el llamado “san-tiagueñazo”, protesta regional de gremios estatales realizada en diciembre de 1993 (Clarín y Página 12, 17-12-93 y ss.) y la marcha federal, de julio de 1994 (Ámbito Financiero, Clarín y Página 12, 04-07-94 y ss.). Por otra parte, en noviembre de 1992 estos sectores fueron los protagonistas principales del primer paro de la cgt al gobierno (Página 12, 10-11-92). Sobre la oposición a las políticas neoliberales por parte de los trabajadores estatales, véase Svampa (2005).

El rol de los componentes pasivos

Hasta aquí hemos analizado lo que podemos denominar componentes “acti­vos” de la hegemonía menemista. Sin embargo, creemos que hubo también componentes “pasivos” igualmente importantes que ayudan a explicar la adhesión al gobierno de Menem por parte de los trabajadores⁽⁴⁵⁾ A continua­ción analizaremos la importancia que tuvieron la reestructuración social y el contexto histórico-político en la legitimación pasiva del plan económico y el gobierno. Para ello, haremos hincapié en el aspecto discursivo. En efecto, si bien existen algunos trabajos que analizan la importancia del contexto histórico en que emerge el menemismo, centrándose en la importancia del discurso hegemónico neoliberal⁽⁴⁶⁾ escasean, curiosamente, estudios que inda­guen a profundidad en la función ejercida por el discurso menemista en la legitimación de aquellas políticas de reforma⁽⁴⁷⁾ En ese contexto, se ha ignorado llamativamente de qué modo el discurso menemista logró evitar el surgimiento de acciones alternativas que pudieran plantear una contra-hegemonía consistente y decidida a las reformas de mercado llevadas a cabo por el gobierno y cómo este tipo de discurso terminaría legitimando la aceptación pasiva de las premisas neoliberales.

 (45) Siguiendo a Tenti y Fanfani, decimos que existen dos grandes visiones para entender las respuestas a las reformas neoliberales. La primera, de tipo “naturalista”, tiende a enfatizar la imposibilidad de modificar el estado de cosas, conduciendo a una actitud “pasiva”. La segunda, en cambio, enfatiza la posibilidad de modificar el estado de cosas, tendiendo hacia una actitud “activa” (Tenti y Fanfani, 1993:273-274).

(46) En particular se destacan el trabajo de Thwaites Rey (1994) y, desde un enfoque más general, Aronskind (2001).

(47) Seguimos aquí muchas de las cuestiones abordadas en detalle con Fair (2008e).

La reestructuración social

Durante el peronismo los sectores populares gozaban de amplios beneficios sociales garantizados por un Estado que intervenía fuertemente en el mercado. En ese contexto, los trabajadores asalariados se hallaban integrados tanto económica como socialmente (James, 1990; Torre, 1990). Como vimos, una vez que asumió Menem como presidente, y con la excusa de combatir un Estado burocrático, corrupto e ineficiente que generaba déficit fis­cal, se llevó a cabo una drástica reducción del papel del Estado basada en la apertura y desregulación de la economía, la privatización de las empresas públicas y la flexibilización laboral. Como consecuencia de estas medi­das, se agravó el proceso de desindustrialización relativa iniciado durante el proceso (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1989; Castellani, 2004; Basual-do, 2006), incrementando la fragmentación social, polarización y reducción numérica de los sectores populares (Torrado, 1994; Villarreal, 1996; Svampa, 2005). Las políticas tendientes a la flexibilización laboral generaron, a su vez, una creciente precarización, tercerización y distinción en los lugares de trabajo entre trabajadores temporales y permanentes. Esta atomización social introdujo diferencias de percepción y de “modos de ver las cosas” entre los diversos sectores de la comunidad. De este modo, se incrementaron las dificultades para constituir identidades colectivas y formas de acción social unificadas como las existentes hasta mediados de la década de 1970⁽⁴⁸⁾ (Tenti Fanfani, 1993; García Delgado, 1994; Pucciarelli, 1998:28-29).

(48) Como señala Villarreal, “la exclusión fragmenta a los sectores sociales postergados (trabajadores independientes y clases medias empobrecidas), produce una fractura de sus inte­reses, modos de vida y valores, que atraviesa real o virtualmente gran parte de la sociedad, lo cual refuerza el ‘disciplinamiento’ y la ‘gobernabilidad’ (Villarreal, 1996:81).

Por otra parte, debemos considerar el factor disciplinador generado por el creciente desempleo. Este último elemento no sólo disminuyó el número de afiliados sindicales, sino que contribuyó a generar un “efecto paralizante”, debido a que hacía muy difícil a los sectores laborales, amenazados por el despido, movilizarse y organizarse en una coyuntura donde miles de com­pañeros (el “ejército industrial de reserva”, diría Marx) los podían reemplazar rápidamente (Fernández, 1998:62; Basualdo, 2001). Además, debemos tener en cuenta que el poder de los sectores obreros había sido fuertemente resque­brajado por la violenta represión ejercida durante la dictadura militar de 1976, que dejó un saldo de 50% de las víctimas de origen proletario (Gambina y Campione, 2002:173). En ese contexto, se produjo una desarticulación de sus sistemas de sociabilidad, lo que, sumado a la interiorización del temor a la participación en el espacio público, favoreció la atomización social (García Delgado, 1994:165; Villarreal, 1996; Sidicaro, 1998:48-49).

Por otra parte, se hacía difícil continuar con las protestas cuando se insistía desde el gobierno en la inmutabilidad de las políticas aplicadas. En efecto, el presidente expresó en reiteradas oportunidades su incondicional negativa a cambiar el rumbo vigente:

Deseo simplemente ratificar los lineamientos de un rumbo que mi Gobierno, y este Presidente de la Nación, consideran inmodificable. No desearía que quede ningún tipo de dudas al respecto (…). La Ley de Convertibilidad será cumplida a rajatabla. (Menem, 02-09-91)⁽⁴⁹⁾

Esta estabilidad y este rumbo que ha elegido el pueblo argentino es irrenunciable. Es un camino sin retorno. No hay presión posible, por ejemplo, ya que todoslos días se habla sobre el tema, de que nosotros modifiquemos el tipo de cambio(…). Que quede bien en claro esto. Todos los días nos despertamos con las ver-siones de que el Gobierno va a ceder a algún tipo de presión de algún sector denuestra comunidad. No existe ningún tipo de posibilidad. (Menem, 06-07-93:43)

Del mismo modo, en el momento en que surgían cuestionamientos a la reforma laboral, expresó:

Aquellos que están clamando o insisten en la modificación de este modelo, deben entender que esta propuesta, este modelo que tiene plena vigencia en la República Argentina, no tiene la posibilidad de ser negociado, es irrenunciable, y vamos a continuar por esta senda, por este camino, hasta que finalice el mandato que me ha encomendado el pueblo argentino. (Menem, 22-12-93:253)

(49) Los discursos citados a partir de aquí, salvo expresa aclaración, corresponden a discursos oficiales emitidos por el presidente Carlos Saúl Menem.572 Estudios Sociológicos XXVII: 80, 2009

Y en igual sintonía se mantuvo cuando se realizó la marcha federal de julio de 1994, y se preveía realizar un paro. Así, exclamó:

No sé qué es lo que pretenden. Si la idea de los convocantes es el cambio de las políticas del gobierno, pueden hacer un millón de paros, pero estas políticas van a seguir funcionando como hasta ahora. (Ámbito Financiero, 05-07-94)

De este modo se incentivó en los trabajadores una creciente resignación frente a lo que veían como una escasa posibilidad de lograr éxito en las me­didas de protesta (Feijoo, 1993; Karol, 1993).

Pero además debemos tener en cuenta el impacto que ejerció la llamada Ley de Empleo “flexible”, que legalizó —a finales de 1991— los contratos temporales, a domicilio y a tiempo parcial y disminuyó los costos por despi­dos, así como las modificaciones realizadas a la Ley de Convenios Colectivos, que descentralizaron la negociación a nivel de empresa y condicionaron los aumentos salariales al incremento de la productividad para hacerla consis­tente con la flexibilidad productiva requerida por el ajuste⁽⁵⁰⁾ (Senén González y Bosoer, 1999; Torre, 1999:56-57). Desde el discurso del presidente, estos cambios se proponían traspasar la negociación colectiva, del nivel nacional y por rama, al nivel de fábrica, para lograr el aumento de la competitividad vía la reducción de los costos laborales:

Nosotros estamos tratando en este momento, un pacto, un convenio para mejorar la competitividad; es fundamental que dentro del contexto de competitividad, se baje el costo argentino. (Menem, 22-12-93:253)

La consecuencia de estas políticas, sin embargo, fue la introducción de un individualismo que disminuyó la solidaridad que existía anteriormente entre los compañeros de tareas. Por ejemplo, el decreto que estableció el aumento de salarios de acuerdo con el nivel de productividad, de julio de 1991 (Clarín, 16-07-91), produjo una fragmentación entre los sindicatos, que lograron un efectivo aumento en la productividad (especialmente el gremio de metalmecánicos de smata), que subordinaron las protestas al consumo; y los gremios de baja productividad, que centraron sus conflictos en pedidos de aumento de salarios (Bonanotte, 1996:70-73; Svampa, 2005:173-177). De este modo, con trabajadores fragmentados organizativamente, el gobierno y los grandes empresarios se facilitaron la implementación de las reformas y los ajustes estructurales⁽⁵¹⁾

(50) De todas maneras, resulta importante aclarar que los sindicalistas lograron renegociar con el gobierno la modificación de los proyectos de desregulación de las obras sociales y la flexibilización laboral, obteniendo a cambio una “desregulación parcial”. Sobre el particular, véanse Etchmendy (1995), Senén González y Bosoer (1999), y Alonso (2000). Para un análisis comparativo de esta “política de intercambios” que enfatiza las similitudes con el caso mexicano en relación con la Ley Federal de Trabajo, y el caso colombiano con la reforma laboral y sus efectos de desmovilización, véanse Torre (1998, especialmente pp. 79-85), y Murillo (2005).

(51) Este tema ha sido analizado por varios trabajos; casi todos ellos, sin embargo, se centran en una dimensión de racionalidad estratégica de los actores que se aleja del enfoque general de este trabajo, al otorgarle al gobierno o al presidente una intencionalidad que parece ser más una consecuencia no prevista de las políticas de ajuste que un plan orgánico cuyo objetivo implícito principal consistiría en introducir un individualismo que disminuyera la solidaridad que existía anteriormente con los compañeros de tareas para facilitar, de este modo, la implementación del modelo de ajuste. En esta línea, véanse Tenti y Fanfani (1993), García Delgado (1994:145), Vi­llarreal (1996), Pucciarelli (1998:26), Basualdo (2001), y Gambina y Campione (2002:199).

El otro mecanismo que contribuyó a despolitizar la acción sindical fue la profundización de sus divisiones internas. En este sentido, el gobierno ejerció un papel importante, pues se apoyó en el control del PJ para manipular y reducir a la CGT mayoritaria, lo que provocó divisiones internas e incentivó la dispersión en sus estructuras (Palermo y Novaro, 1996; Fernández, 1998:63). Al mismo tiempo, en relación con los grupos de confrontación, no dudó en responder a las primeras protestas enviando a los actores en juego señales inequívocas de su disposición a no negociar bajo presión de utilizar medidas de fuerza (Clarín, 04-03-91, 13-03-91 y 14-03-91). Así, frente a las amenazas de huelga sindical, el presidente afirmó que:

Es realmente un absurdo, una arbitrariedad, desde el sector público, desde un sector desde donde se presta un servicio público, declarar una huelga por tiempo indeterminado. Por eso dije que si hay una huelga por tiempo indeterminado, las medidas que tomará el gobierno con los responsables o en contra de los responsables, también serán en tiempo indeterminado. Por eso, vuelvo a llamar a la reflexión a los huelguistas, sean compañeros o no, para que levanten el paro y entraremos a dialogar. Caso contrario, lamentablemente, con mucho dolor, seguirán saliendo los telegramas de despido hasta que normalicemos esta situación. (Menem, 25-03-91)

En efecto, en la simbólica fecha del 17 octubre de 1990, el “día de la lealtad peronista”, el gobierno reglamentó por decreto la limitación del derecho a huelga de los “servicios esenciales”, bajo amenaza de quita de la personería gremial y despidos sin indemnizaciones⁽⁵²⁾ (Página 12, 18-10-90).

(52) El decreto 2184/90 establecía que el derecho de huelga quedaba restringido en los “ser­vicios esenciales”, lo que incluye “en general a todos aquellos en los que la extensión, duración u oportunidad de la interrupción del servicio o actividad pudiera poner en peligro la vida, la salud, la libertad o la seguridad de toda la comunidad o de parte de ella”. Afirmaba, además, que si no se acata la conciliación obligatoria, el ministro de Trabajo “declarará la ilegalidad de las medidas de acción directa que se materialicen”. En palabras de Menem, se deben “brindar servicios mínimos a fin de atender las necesidades imprescindibles de los usuarios. Si no, están supervisados a quita de personería gremial” (Página 12, 18-10-90).

En ese contexto, frente a la amenaza de huelga sindical, el viceministro deTrabajo, Enrique Rodríguez, afirmó que los gremios que “transgredan lo establecido en la ley” serían “sancionados” con “las normas vigentes” según lo establecido por el “Decreto antihuelgas” (Decreto 2184/90), esto es, median­te despidos sin indemnizaciones y eventual quita de personería gremial⁽⁵³⁾ (Página 12, 03-11-92)

Pero además de estas medidas, debemos tener en cuenta que el sindica­lismo había perdido en los últimos años una cuota muy fuerte del poder que había tenido en décadas anteriores. Esta reducción de su poder respondió, por un lado, a la pérdida de afiliados sindicales, producto de la desindustrializa­ción y el desempleo generados por las políticas de apertura, desregulación y privatizaciones; pero también a la autonomización que venía llevando a cabo el partido frente a la organización desde el retorno de la democracia (Murillo, 1997). En efecto, a partir de 1983, con la primera derrota electoral en su historia, el otrora movimiento peronista comenzó un proceso de paulatina democratización de sus estructuras (Palermo y Novaro, 1996; Levitsky, 1997). En ese contexto, potenciado por la cooptación de algunos de sus dirigentes y la escasa legitimidad de otros debido a sus prácticas corruptas⁽⁵⁴⁾ además de la imposibilidad de acceder a la personería gremial por parte de los sectores más combativos⁽⁵⁵⁾ el sindicalismo, que tradicionalmente había expresado los reclamos de los sectores trabajadores, siendo la “columna vertebral” del movimiento peronista (James, 1990; Torre, 1990), experimentó una profunda crisis que se manifestó en un notorio declive de su poder político⁽⁵⁶⁾

(53) Muchos de estos mecanismos de control y desarticulación de la oposición se aplicaron de manera particularmente profunda en el caso mexicano durante la larga hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (pri). Stevens ha analizado con detalle muchas de estas “tácticas de cooptación”, que incluyeron desde acciones policiales anti-huelgas, secuestros e incluso asesinatos, hasta cooptación de líderes opositores y disidentes mediante prácticas clientelísticas y de patronazgo, tales como la repartición de pequeñas parcelas de tierra a campesinos pobres (Stevens, 1985:430-438). Durante la presidencia de Salinas de Gortari (1988-1994) se aplicó, además, un programa social antipobreza dirigido a sectores carenciados, denominado Programa Nacional de Solidaridad (pronasol), que continuaba la tradición de clientelismo del país, al tiempo que se mantenían vigentes los mecanismos de fraude y control político. Para un análisis comparativo de estos mecanismos y los presentes en otros casos de la región, como Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia, véase particularmente el trabajo de Torre (1998).

(54) Esta crisis de legitimidad se expresó en una débil imagen positiva de los sindicalistas de sólo un 6.9% en abril de 1991 (Página 12, 30-04-91), y 3% en enero de 1994; además de que el 95% de los encuestados quería investigar sus fondos y un 84% creía que colaboraban poco y nada para solucionar los problemas del país (Página 12, 25-01-94).

(55) En efecto, el gobierno no le otorgó a la Central Opositora de los Trabajadores del Estado (cta) la personería gremial aduciendo su inconstitucionalidad. Además, mantuvo la vigencia de boletas únicas para impedir que la oposición se presentara y obtuviera cargos. En ese sentido, mientras que en 1984-1985 el 80% de los sindicatos tenía elecciones competitivas a comienzos de 1992 sólo se mantendría la democratización en el 33.3% de las organizaciones gremiales (véase Fernández, 1998:60). De todos modos, el sector estatal aglutinado en la cta, y luego en la mta, fue el más proclive a enfrentarse a las políticas neoliberales del menemismo. Al respecto, véase Svampa (2005).

(56) Como prueba de ello debe tenerse en cuenta que durante el peronismo, el sindicalismo aportaba los fondos para las campañas electorales, las listas de candidatos se armaban en las sedes gremiales y las redes de dirigentes y militantes obreros movilizaban a los trabajadores a la hora de votar. Además, en 1974 este sector manejaba el Ministerio de Trabajo y ocho vice-gobernaciones, y tenía 40 diputados en el Congreso, además de una fuerte influencia en los aparatos partidarios (Torre, 1999:59-62). En 1983 aún había 35 diputados de origen gremial. Diez años más tarde, eran sólo diez (La Nación, 02-01-94). De todos modos, como señala Etchmendy (1995), el poder sindical no sería menguado del todo, lo que se evidenció en el poder de veto que lograron ejercer los diputados de extracción sindical a las leyes laborales del menemismo a partir de su fuerte presencia en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.576 Estudios Sociológicos XXVII: 80, 2009

En esas circunstancias de creciente fragmentación, polarización y segmentación social (Torrado, 1994; Pucciarelli, 1998), y sin representantes que defendieran sus intereses sociales, los trabajadores, más debilitados que nunca, enfren­taron dificultades para coordinar alternativas antagónicas y consistentes con el rumbo vigente (Palermo y Novaro, 1996; Martucelli y Svampa, 1997).

La “ausencia de alternativas”

Las políticas de orientación neoliberal pudieron implementarse (parcialmente) en nuestro país desde mediados de la década de 1970 debido, en parte, a que no había otro modelo más adecuado que diera solución a los problemas que había generado el Estado de Bienestar en su particular versión vernácula. A fines de 1989 fue derrumbado, además, el Muro de Berlín (Clarín, 11-11-89), y dos años más tarde se produjo la disolución del sistema socialista en la Unión Soviética (Página 12, 22-12-91). De este modo, mostraba su fracaso la alter­nativa que durante tantos años había competido con el capitalismo liberal.

En ese contexto de fracaso tanto del modelo “estadocéntrico” (Cavarozzi, 1997), como de la alternativa comunista, resulta pertinente analizar el discurso al que apeló el presidente Menem para legitimar el nuevo rumbo. Según se desprende de sus discursos, el presidente planteó una disyuntiva: por un lado, estaban la “modernización”, el “crecimiento” y el “progreso” construidos a partir del mito liberal de la bondad reguladora del mercado. Por el otro, el rechazo de esta opción y el regreso al “atraso”, la “decadencia”, la “involu­ción” y la “frustración” de la “Argentina vieja”:

Hay una Argentina vieja, la del atraso, la de la involución, que se va, y una Argentina nueva, la del progreso, la del crecimiento, con una nueva mentalidad que está naciendo (…). Es preferible trabajar constantemente por lo nuevo, que viene a desplazar definitivamente a lo viejo que se tiene que ir también defini­tivamente. (Menem, 25-04-91:90)

Yo no quiero que siga instalada la soberanía del hambre en la República Argenti­na, a partir de conceptos totalmente superados. Quiero que encontremos la sobe­ranía del trabajo y de la producción a partir de una Argentina moderna instalada en este mundo competitivo en forma espectacular. (Menem, 05-08-91:97)

Al ser representadas de esta manera las opciones, reafirmando la con­traposición entre lo “viejo” e “inviable”, las políticas “estatistas” del pero­nismo y las “socialdemócratas” del alfonsinismo, que habían fracasado; y lo “nuevo” y “único camino posible”, la “inserción al mundo moderno” que estaba llevando a cabo el gobierno, se generaba un mecanismo psicológico que cerraba toda posibilidad de construir un proyecto alternativo al existente (Yannuzzi, 1995:170):

Podemos discutir largamente acerca de las dificultades de instrumentación y ejecución. Podemos polemizar sobre los pasos dados. Pero también es necesario que establezcamos un consenso sobre la estrategia de fondo. Sobre las líneas directrices, que son las únicas que la Argentina puede encarar hoy con realismo y con posibilidad de éxito. Es necesario que discutamos seriamente y honestamente sobre este modelo de Argentina que estamos proponiendo y llevando adelante para todos los argentinos. Es necesario que discutamos sobre lo posible. Y sobre la construcción de lo posible. Porque cada uno ya ha experimentado en carne propia los supuestos caminos alternativos, que muchas veces aparecen como re­medios tan milagrosos como inviables, frente a la presente realidad nacional e internacional. (Menem , 01-05-91:105-106)

Este fomento al “imposibilismo” político (Pucciarelli, 2002), se encuen­tra íntimamente ligado al famoso postulado de Francis Fukuyama de que se había llegado al “fin de la historia”. En palabras de Fukuyama:

En la última generación, tanto los regímenes de izquierda como los de derecha han fracasado. Este derrumbe empezó en Europa con España, Portugal y Grecia. Luego, durante los años ochenta, se acabaron los regímenes militares de derecha latinoamericanos y, al final de la década, tuvimos la caída del comunismo. Todo esto parece indicar que hay un principio de legitimidad mundialmente reconocido en este momento, que es la democracia liberal. (Página 12, suplemento “PrimerPlano”, 08-09-91)

Esto significaba que, como se habían agotado las interpretaciones alternativas a la “democracia liberal”, se terminaba con la lucha política-ideológica. De este modo, se carecía de incentivos para luchar por un modelo alter­nativo al dominante.

La lógica “mecanicista”

Para entender la apatía e inacción social durante la década “infame” de los noventa, debemos tener en cuenta, además, la importancia que tuvo la vigencia de una visión que podemos llamar “mecanicista” de la globalización. Los teóricos del neoliberalismo decían que nada podía hacerse frente a un mundo regido por las “inescrutables fuerzas de la naturaleza”. En ese contexto, se promovía que la única respuesta posible ante la globalización era la sumisión pasiva como si se estuviese en presencia de un fenómeno inevitable, como son las catástrofes naturales (Borón, 1999; Coraggio, 1999). Si se respetaban las “fuerzas del mercado”, esta visión fundamentalista prometía que el creci­miento de la economía mundial sería más rápido y estable, y que los frutos del desarrollo se distribuirían entre todos los habitantes del planeta. Al mismo tiempo, afirmaba que, si no se cumplían estas “reglas”, las consecuencias serían catastróficas (Aronskind, 2001).

Siguiendo a Pucciarelli, podemos resumir esta estrategia del siguiente modo: “o seguimos profundizando las políticas de ajuste ‘recomendadas’ por los organismos internacionales, desechando toda posibilidad de modificar sus parámetros fundamentales, o habrá una huida masiva de los capitales inver­tidos en el país que producirá un colapso en la economía, con imprevisibles consecuencias sociales, institucionales y políticas” (Pucciarelli, 2002:105). Así, mientras que el secretario del Tesoro de Estados Unidos expresó que “no hay alternativa viable” a las reformas, el presidente del Banco Mundial dijo que los ajustes “son inevitables, aunque sean dolorosos. Los países que han rehusado el ajuste sólo han logrado caer en situaciones aún peores” (Clarín, 28-09-93). El propio Domingo Cavallo, ministro de Economía de Menem, fomentó esta visión de temor ante un “caos inflacionario”, al afirmar que “nadie que piense de manera razonable puede considerar que sea necesario devaluar (la moneda)” (Página 12, 13-05-95). Y ello en razón de que “una devaluación generaría un drástico recorte de ingresos de la gente, desataría expectativas inflacionarias y una recesión muy severa” (Clarín, 10-05-95).578 Estudios Sociológicos XXVII: 80, 2009

Esta estrategia de “imposibilismo apocalíptico” (que se expresa en la dicotomía “esto o el caos”), resultó muy efectiva, ya que, como señala Bauman, las personas que se sienten inseguras sobre lo que les puede deparar el futuro, no son verdaderamente libres de enfrentar los riesgos que exige una acción colectiva (Bauman, 2003:13).

Inscrito en esta lógica “mecanicista”, Menem afirmaba que “Nuestros países, individualmente, no pueden modificar ni un ápice de la realidad política-económica-mundial, aunque ésta nos afecta profundamente” (Menem, 05-07-90). De este modo, se incentivaba la impotencia, y con ella una resig­nación o “abstinencia racional” (Navarro, 1995:463) frente a la imposibilidad de modificar el estado de cosas vigente. Pero además, si alguien expresaba en pleno auge del consumo, del crecimiento económico y de la “modernización”, que el modelo había fracasado, resultaba irremediablemente excluido de la sociedad por estar “escindido de la realidad”:

¿Hay algún argentino en su sano juicio que quiera volver a 1989, con esta esta­bilidad económica, con este cambio que estamos produciendo y con la capacidad del salario que va en aumento? (Clarín, 01-08-91)

Los resultados están a la vista, ahora, ¿quién en su sano juicio puede cambiar un modelo que ha sacado a la Argentina de una crisis prácticamente letal de décadas para colocarla como uno de los países de mayor crecimiento en nuestro planeta? (Menem, 22-12-93:259)

En efecto, la sobrevaluación cambiaria había permitido un auge del crédito comercial y familiar, un fuerte incremento del consumo de tecnología importada a partir del abaratamiento del dólar y una inédita “modernización” tecnológica. Además, había permitido un fuerte crecimiento del PBI⁽⁵⁷⁾ En ese contexto de hechos “tangibles” y “visibles” en la realidad cotidiana, que además elevaron fuertemente la productividad y la demanda laboral (Síntesis Informativa, 1995), al tiempo que disminuyeron relativamente los índices de pobreza ⁽⁵⁸⁾ el presidente podía afirmar sin inconvenientes que:

En sólo cuatro años y medio de gobierno, hemos conseguido esta transformación que, por ejemplo, ha llevado a la República Argentina a colocarse entre los cuatro países que más crecieron en estos últimos tres años, en lo que hace a su Pro-ducto Bruto Interno. Ha subido la producción, reitero, ha crecido en forma significativa el consumo, han disminuido los índices de pobreza y se acrecienta la demanda laboral. (Menem, 24-11-93)

(57) En los primeros años de vigencia del Plan de Convertibilidad, el abaratamiento del dólar generó un fuerte crecimiento del consumo y de las inversiones en maquinaria y equipos (Grandes, 1999). Al mismo tiempo se produjo un inédito crecimiento del pbi. Así, el pbi, que había caído un 6.2% en 1989 y crecido sólo un 0.1% en 1990, se incrementó un 8.9% en 1991, un 8.7% en1992, un 6% en 1993, y un 7.1% en 1994 (La Nación, 15-05-95), manteniendo luego cifras moderadamente menores durante la segunda presidencia de Menem (Basualdo, 2006:312).

(58) Según datos del indec, los hogares pobres en el Gran Buenos Aires se redujeron, en par-ticular debido a la estabilidad económica, de un 38.2% de octubre de 1989 a un 21.9% en ma-yo de 1991, alcanzando niveles del orden del 16.3% en mayo de 1995. Al mismo tiempo, los índices de indigencia cayeron, durante el mismo periodo, de 11.6% a 3.6%, recuperándose le-vemente a 4.3% durante mayo de 1995. En cuanto a las personas pobres, los índices oficiales del Gran Buenos Aires señalan, para similar periodo, una reducción de 47.3% a 28.9% y 22.2%, respectivamente, al tiempo que las personas en situación de indigencia lo hicieron de 16.5% a 5.1%, expandiéndose levemente a 5.7% en 1995 (indec, 1998).

La apelación a una supuesta realidad objetiva e indiscutible materializada en los “hechos” marcó así una continuidad y, a la vez, un punto de inflexión con el peronismo tradicional. La continuidad residía en el hecho de que, como afirmaba Perón, “La única verdad es la realidad”⁽⁵⁹⁾ La inflexión, por su parte, se debía a que mientras que durante el peronismo el enemigo era “la vieja oligarquía” y los “intereses extranjeros opuestos a la República” (Si­gal y Verón, 2003:78), en el caso de Menem, eran aquellos rezagados, los “nostálgicos” o “ideologizados” que no lograron comprender la “realidad de lo real” (Hilb, 1994:17):

Los acontecimientos que nos han preocupado no son producto de lo que se denomina ajuste o reajuste, son producto de la falta de capacidad y de comprensión de lo que ocurre actualmente en el mundo y en la República Argentina, por algunos sectores de nuestra comunidad. (Menem, 22-12-93:255)

Concepciones de esta naturaleza, en el fondo ocultan un profundo prejuicio po­lítico y cultural, aferrado a concepciones del pasado. En algunos casos, aferrado incluso a mentalidades exclusivamente ideologizadas, incapaces de comprender los inmensos cambios que se registran actualmente en todo el mundo. (Menem, 24-10-89:132)

En ese contexto, en el que según Menem los que protestan son “detrac­tores, eternos derrotistas, agoreros del pasado y el fracaso que van perdiendo su lugar en nuestro suelo” (Menem, 28-08-91), el presidente podía acusar al Grupo de los Ocho⁽⁶⁰⁾ afirmando que “son peronistas”, pero “totalmente desactualizados”, ya que “siguen hablando el mismo idioma de 1945” (en­trevista en Clarín, 24-01-93).

(59) Frase comúnmente utilizada por Perón en sus discursos presidenciales. Sobre el particular, véase el detallado análisis de Sigal y Verón (2003).

(60) Bloque político de ocho diputados de origen justicialista y opositores al gobierno.580 Estudios Sociológicos XXVII: 80, 2009

El secretario de la central sindical opositora, CTA, Víctor De Gennaro, resumió de manera elocuente el panorama que se le presentaba a quien se situase como opositor al gobierno:

Después del noventa, después del intento de recuperar al peronismo con el Grupo de los Ocho y de la CGT Azopardo que encabezaba Ubaldini (…) se creyó que no valía la pena pelear. En los mismos medios se decía hasta hace un mes que las resistencias eran inútiles. Mucho peor, intentaban convencernos de que no se debía pelear, de que era retrógrado. Quedábamos a contramano de la historia (entrevista en Página 12, 10-07-94).

Pero además el gobierno había logrado reducir a niveles históricos los ín-dices de inflación⁽⁶¹⁾ En esas circunstancias ya no podía hablarse de un “pro­grama de ajuste”, como se lo acusaba desde la oposición, porque el “ajuste” en sí era, en palabras de Menem, el propio “impuesto inflacionario” que debía sufrir el “pueblo argentino”:

Mienten aquellos que nos hablan de ajustes y de reajustes. Ajustes y reajustes fueron los que vivimos durante décadas hasta 1989, cuando teníamos inflación, hiperinflación, desorden, caos. Esos sí que eran ajustes y reajustes. Y, ¿quién los pagaba? El trabajador, que hoy cobraba su salario (si lo cobraba), y al día si-guiente, por obra y gracia de la inflación, tenía la mitad y a los diez días no tenía ab-solutamente nada. Eso sí era realmente dramático en el marco de la democracia y lo tenía que soportar el pueblo argentino, especialmente el trabajador. No nos engañemos, el que tenía recursos, el capitalista, colocaba el dinero a plazo fijo y así podía ir salvando lo poco que tenía, no así el trabajador. Aquello de que “ganarás el pan con el sudor de tu frente”, realmente era que el pan lo ganaban otros con el sudor de la frente de los trabajadores argentinos. Esto se acabó ya en nuestra Patria. (Menem, 29-04-93:202-203)

Y menos aún se podía hablar en esos términos con las inéditas tasas de inversión y consumo vigentes a partir de la instauración de la paridad cambia­ria. En ese contexto, como afirmó Cavallo, sólo alguien que “no sabe interpretar la realidad” podía referirse a la existencia de un plan de ajuste:

Quien dice que los últimos tres años fueron de ajuste, bueno, no sabe interpretar la realidad. Nunca hubo tantos recursos para ser gastados por la gente en consumo como en estos tres últimos años. Además de haber crecido impresionantemente el ingreso, tuvimos un ingreso de capitales del exterior que permitió financiar un alto nivel de inversión sin restringir para nada el consumo (entrevista en Pá-gina 12, 17-07-94).

(61) En efecto, luego de alcanzar durante 1994 la tasa de inflación más baja en 49 años, con sólo 3.9% (Clarín, 04-01-95), durante los primeros cuatro meses de 1995 acumuló solamente un 1% (Clarín, 05-05-95 y 07-05-95).

Según el sociólogo francés Pierre Bourdieu, “las categorías de la per­cepción del mundo social son, en lo esencial, el producto de la incorporación de las estructuras objetivas del espacio social (…) que inclinan a los agentes a tomar el mundo social tal cual es, a aceptarlo como natural, más que a rebelarse contra él” (Bourdieu, 1984:289). Si seguimos esta línea, podemos decir que en esas circunstancias de hechos “objetivos” e incontrastables, potenciados por la idea de “inevitabilidad” de los cambios tecnológicos que ca­racterizan a la modernidad y la “ilusión de consenso generalizado” (Bourdieu, 1999) fomentada por los grandes medios de comunicación y sus “intelectuales orgánicos”⁽⁶²⁾ se generó un “pensamiento único”, transformado en sentido común, que impedía ver las consecuencias políticas, económicas y sociales que estaba produciendo el nuevo orden e incapacitaba pensar en proyectos alternativos, al tiempo que promovía sistemáticamente la apatía política y el conformismo (García Delgado, 1994; Thwaites Rey, 1994).

(62) Entre ellos, debemos destacar el respaldo de la mayoría de los tecnócratas organizados en las fundaciones liberales del cema, fiel y la Fundación Mediterránea, además de periodistas como Bernardo Nestaudt, Mariano Grondona y Gerardo Sofovich. Si tenemos en cuenta el peso que significó el apoyo de estos sectores del establishment ―que incluyó a “expertos” nacionales como Jorge Ávila y Juan Carlos de Pablo, e internacionales, como Rudiger Dornsbusch y Jeffrey Sachs― podemos decir, con Bourdieu, que el discurso neoliberal que pregonaba Menem no era un discurso como todos los demás, sino que era un “discurso fuerte”, y difícil de combatir, porque contaba a su favor, además de su “fuerza simbólica” expresada en su saber tecnocrático ―y por lo tanto, objetivo―, con “todas las fuerzas de un mundo de relaciones de fuerza que contribuían a que fuera tal cual es” (Bourdieu, 1999:137-138). Para un análisis de la importancia del discurso de la tecnocracia durante los años noventa, véase Thwaites Rey (2001). Para un análisis más general, véase Centeno (1997).582 Estudios Sociológicos XXVII: 80, 2009

PARTE 2

El Estado y los trabajadores durante el primer gobierno de Menem en Argentina (1989-1995)
(Por Hernán Fair) 

La metamorfosis

En medio de una hiperinflación inédita en la historia del país, con índices que llegarían al 114.5% en junio, sumando un total de 613% en sólo 6 meses (Clarín, 07-07-89), y mientras muchos de sus votantes esperaban el “salariazo” y la “revolución productiva”, Menem emprendió el rumbo contrario. Con el respaldo de los grandes empresarios del sector concentrado, expresado en la incorporación a su gobierno de directivos del conglomerado nacional Bunge & Born, y del ingeniero Álvaro Alsogaray, símbolo del liberalismo vernáculo; así como de Estados Unidos, con cuya política exterior se alineó al punto tal de constituir “relaciones carnales” (Russell, 1994; Tulchmin, 1997), se dedicó a aplicar un programa de reforma estructural de fuerte orientación neoliberal que intentaba ganarse el respaldo y la confianza de los grandes inversores (Gerchunoff y Torre, 1996; Palermo y Novaro, 1996). Como consecuencia, se asistió en esos años a una verdadera reestructuración económica y social que terminaría por descomponer la antigua “matriz estadocéntrica” (Cavarozzi, 1997) de posguerra. En su reemplazo, se consolidó un nuevo modelo de acumulación ⁽¹⁷⁾ un programa de reformas de mercado que venía implemen­tándose, no sin contradicciones, desde mediados de la década del setenta^.(18)

A pesar de esta metamorfosis en relación con las banderas tradicio­nalmente asociadas al peronismo, lo que le permitió a los grandes grupos económicos internos y externos consolidar un proceso de creciente centra­lización y concentración del capital iniciado durante el régimen militar ⁽¹⁹⁾ al tiempo que incrementó hasta niveles inéditos los índices de desocupación ⁽²⁰⁾ e inequidad distributiva de amplios sectores sociales ⁽²¹⁾ el presidente logró evitar una ruptura inmediata con su electorado, e incluso mantuvo el respaldo de gran parte de los principales afectados: los sectores populares. ¿Qué es lo que permitió este extraño apoyo popular por parte de los sectores que constituían, al menos a priori, los principales perjudicados por las políticas de reforma estructural del menemismo?

(17) A diferencia de algunos autores (véanse, entre otros, Nun, 1995; Basualdo, 2000; 2006; Castellani, 2006), que se refieren al cambio en el “régimen social de acumulación”, creemos que resulta más adecuado referirse a las transformaciones en el “modelo social de acumulación”, o bien en el “patrón de acumulación” (Portantiero, 1988), para diferenciar las distintas fases dentro del modelo político-económico industrialista. Sobre el particular véase especialmente Torrado (1994).

(18) La llegada al poder del régimen militar del Proceso (1976-1983) significó un profundo cambio en el modelo de acumulación que caracterizaba al peronismo, al colocar el eje en la valorización e internacionalización financiera y la destrucción del aparato productivo (al res­pecto, véanse Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1989; Azpiazu y Basualdo, 1990). La mayoría de los trabajos que analiza este periodo destaca, sin embargo, el poder de veto que ejercieron los sectores militares, quienes no veían con agrado la reducción del papel interventor del Estado ni las consecuencias, principalmente en relación con la desocupación ―aunque también a ni-vel desindustrialización―, que ese modelo traía aparejado para la “seguridad nacional” y el restablecimiento del orden social (véanse Schvarzer, 1986; Novaro y Palermo, 2003). Téngase presente, en este sentido, que la desocupación durante el periodo 1976-1983 varió de un 5.2% en mayo de 1976, a un máximo de 6% en mayo de 1982, para terminar cayendo a sólo 3.9% en octubre del año siguiente (indec, 1998). No obstante, también debemos tener en cuenta que los militares no sólo temían a la desocupación o seguían la tradición de nacionalismo económico; sino que, además, defendían las empresas públicas para preservar sus negocios corporativos en relación con esas empresas (Sidicaro, 2003; Canelo, 2004). Además, existían sectores dentro del empresariado nacional, particularmente los contratistas y/o proveedores del Estado, que seoponían a las reformas neoliberales en razón del beneficio que tenían por su vinculación directa con el Estado regulador, principalmente subsidios estatales, regímenes de promoción industrial, diferimientos impositivos y contratos con sobreprecios (Castellani, 2004). Por otra parte, varios autores sostienen que en los primeros años del alfonsinismo se implantaron algunas medidas heterodoxas que luego serían olvidadas, principalmente a partir de 1987 (Basualdo, 2006:226-238; Ortiz y Schorr, 2006a). Ello se debe particularmente al veto del empresariado ligado a los beneficios de su relación con el accionar estatal (Beltrán, 2006; Castellani, 2006), pero también a la oposición de la mayoría de los sindicatos peronistas y sectores del propio partido gobernante, que impedirán al gobierno concretar reformas neoliberales más audaces y consistentes (Thwaites Rey, 1993; 2003). Para un análisis que resume estas contradicciones, véase Fair (2008a).560 Estudios Sociológicos XXVII: 80, 2009

(19) Durante la década del noventa, los grandes grupos de poder nacional e internacional lograron incrementar hasta niveles extraordinarios su tasa de ganancias. Para ello deben tener­se en cuenta los grandes beneficios promovidos por el Estado durante el proceso de apertura, privatización y desregulación de la economía, que llegarían a su apogeo durante aquellos años, y en especial a partir de 1991, con la implementación del Plan de Convertibilidad. A diferencia de periodos anteriores, cuando una o más de las fracciones del capital se veía perjudicada por las medidas tomadas, ya fueran los agroexportadores, los grupos agroindustriales o los acreedores, a partir de las reformas de los noventa cada una de las fracciones logró acceder a amplios beneficios económicos. En ese contexto, podemos destacar los regímenes especiales de protección para las grandes industrias electrónica y automotriz, la eliminación de regulaciones estatales y retenciones favorables al sector industrial y agroexportador, la reducción de aportes patronales e indemnizaciones laborales y el incremento de salarios de acuerdo con los índices de productividad. Además, a partir de 1990 se inició un proceso de privatización y concesión de las empresas públicas, que permitió al gran capital concentrado formar monopolios no transitorios ni innovadores a partir de la eliminación de marcos regulatorios, los diferimientos imposi­tivos y los fuertes incrementos tarifarios, entre otros beneficios. Finalmente, debemos señalar que estas rentas extraordinarias se vieron potenciadas por la fuga de capitales al exterior, lo que les permitió valorizar fuertemente sus capitales mediante el mecanismo de la valorización financiera, y aprovechando el diferencial de tasas a partir del Plan Brady, de 1992. Del mismo modo, los acreedores se vieron ampliamente favorecidos, ya que el déficit fiscal y comercial generado por el sector privado fue absorbido por el Estado mediante la toma de deuda externa por activos nacionales (principalmente empresas públicas) y luego mediante el endeudamiento externo con los organismos multilaterales de crédito. Entre los muchos trabajos que han ana­lizado detalladamente este proceso de reformas neoliberales en los años noventa en relación con los grandes grupos de poder empresarial, pueden citarse Azpiazu (1995), Nochteff (1995), Basualdo (2000; 2006), Thwaites Rey (1999; 2003), y Kulfas (2001). Para un resumen de estas transformaciones, véase Fair (2007b; 2008a).

(20) El índice de desocupación, luego de haber permanecido debajo del dígito durante los años setenta y ochenta, alcanzó en mayo de 1995 la cifra récord de 18.5%, un nivel que contrastaría fuertemente con el pleno empleo que caracterizaba al periodo peronista. Para un análisis en detalle del fenómeno, véase Rofman (1997).

(21) En efecto, entre 1974 y 1988 el decil más bajo de la población en su conjunto disminuyó en un 15% su nivel de ingreso, al tiempo que el decil más alto incrementó, en el mismo periodo, un 28% su ingreso. Si el análisis se concentra, en cambio, en la distribución del ingreso familiar per cápita, las diferencias son aún mayores, alcanzando el decil más bajo una caída del 42%, frente a una ganancia porcentual del orden del 25% del decil más alto (Beccaria, 1993:95 y 98). En ese contexto, varios trabajos se han referido a la emergencia de una nueva categoría sociológica que han denominado los “nuevos pobres” (véanse Minujin, 1993; Murmis y Feldman, 1993).

La estabilización monetaria

Para entender el respaldo de los trabajadores a las reformas de mercado instauradas por Menem a partir de su llegada al gobierno debemos tener en cuenta, en primer lugar, la estabilización que éste lograría de la economía. En efecto, como vimos, el presidente Menem asumió en medio de una crisis hiperinflacionaria inédita en la historia del país, legado del gobierno anterior. Para algunos autores, esta situación de “caos” generaría un “consenso de fuga hacia adelante” que le habría permitido al presidente obtener el respaldo de los sectores populares a partir de que constituyó un liderazgo “decisionista” ⁽²²⁾ que garantizaría orden, seguridad y certidumbre ⁽²³⁾ (Palermo, 1992; Palermo y Torre, 1992; Novaro, 1994; Palermo y Novaro, 1996). Para otros, en cambio, el contexto de crisis hiperinflacionaria en que emerge el menemismo lleva­ría a la instauración de un “discurso hobbesiano de superación del caos” ⁽²⁴⁾ (Aboy Carlés, 2001a; 2001b; 2003), lo que ameritaría que se denominara al menemismo como el “Partido del orden” (Sidicaro, 1998; 2003).

(22) Algunos prefieren utilizar el término “neodecisionismo” para referirse a un modelo de decisión política que se encuentra fuertemente concentrado en la figura presidencial y que se caracteriza por ser plebiscitario, avasallar al Poder Legislativo, defender el liberalismo económico, descalificar al adversario y abusar de los “decretos de necesidad y urgencia”. A diferencia del decisionismo, que es entendido ―según Carl Schmitt― como el que toma la decisión en momen­tos de excepción y representa al pueblo en su unidad (véase Schmitt, 2005), el neodecisionismo no es estatista, sino antiestatista (véanse Bosoer y Leiras, 1999; Kers y Leiras, 2004). Otros, en cambio, prefieren hablar de un “decisionismo democrático” que, a diferencia del decisionismo schmittiano, no elimina el Estado de derecho sino que lo atenúa a través del abuso de decretos de necesidad y urgencia, vetos parciales y legislación delegada (véase Quiroga, 2005:116 y ss.). En relación con el tema del decisionismo en Schmitt, véase Negretto (1994). Para un análisis aplicado del concepto de liderazgo decisionista que engloba varios casos presentes en América Latina, véanse Torre (1991), y Bosoer y Leiras (2000). Sobre el tema del abuso de decretos de “necesidad y urgencia”, vetos y legislación delegada que trascienden la función legislativa del Congreso en relación con el caso argentino, véanse Mustapic (1995), y Ferreira Rubio y Goretti (1996). Para un análisis comparativo de estos mecanismos extrainstitucionales en relación con los países de la región latinoamericana, véase Shugart y Mainwaring (2002).

(23) Muchos de los aspectos de esta teoría pueden encontrarse también en el análisis en términos de “democracia delegativa” de Guillermo O’Donnell (1992; 1996; 1997). Para un análi-sis del fenómeno latinoamericano que continúa esta línea teórica, véase Mainwaring (1996). No obstante, debemos decir que mientras que para la “teoría del consenso de fuga hacia adelante” el menemismo logró constituir nuevos vínculos de representación política, la perspectiva “delegati­va” de O’Donnell señala que el liderazgo de Menem se basó en vínculos “anti-representativos”. Al respecto, véanse las críticas de los propios Novaro (1995a), y Palermo y Novaro (1996) a este enfoque.

(24) Schmitt, al igual que Hobbes (1980), sostiene que todo Estado se basa, primordialmente, en “una pacificación completa”, esto es, en procurar “paz, seguridad y orden”, ya que “no hay subordinación ni jerarquía, no hay legitimidad ni legalidad fuera del nexo de protección y obe­diencia” (Schmitt, 1987:75, 81). Sin embargo, a diferencia de aquél, que sostiene que cualquier orden que garantice el soberano es preferible al desorden del Estado de naturaleza (véase Laclau 2005), Schmitt hace hincapié en la importancia de un líder decisionista que actúe en momentos de excepción (véase Schmitt, 2005).

En este trabajo, sin embargo, nos alejaremos de ambas perspectivas do­minantes. Para ello debemos recordar los vaivenes con los que tuvo que lidiar su liderazgo hasta lograr la estabilización efectiva de la situación política, económica y social. En efecto, durante los primeros 18 meses, los diferen­tes ministros de economía (Miguel Ángel Roig, Néstor Rapanelli y Erman González) tratarían sucesivamente de controlar la inflación con impuestos de emergencia, reducciones del gasto público, ajustes en la tasa de cambio y políticas de ingresos negociadas con los empresarios (Lozano y Feletti, 1991; Gerchunoff y Torre, 1996). El gobierno, sin embargo, no logró dominar del todo la inflación, e incluso experimentó una nueva recaída hiperinflacionaria hacia fines de 1989 ⁽²⁵⁾ En ese contexto, enmarcado por una fuerte incerti­dumbre, que potenció a su vez la especulación y la hiperinflación (con subas de más del 100% en sólo dos días en algunos productos) (Clarín, 29-12-89 al 31-12-89), se llevó a cabo una serie de paros de empleados judiciales y trabajadores de Líneas Aéreas del Estado (lade), a los que siguieron los de pilotos de Austral, empleados telefónicos, técnicos de turismo, trabajadores de subterráneos, petroleros, empleados textiles, papeleros, médicos y trabaja-dores de la empresa siderúrgica somisa (Clarín, 08-01-90 al 26-01-90). En un clima de retorno de la hiperinflación, con índices que alcanzarían un 40.1% en diciembre y 79.2% en enero, sumando luego un 61.6% en el mes de febrero (Clarín, 09-01-90, 08-02-90 y 10-03-90), y mientras importantes sectores industriales (Unión Industrial Argentina, Fabricantes de Autopartes, Consejo Argentino de la Industria) protestaban por la apertura indiscriminada de la economía —llevada a cabo por el gobierno― y la falta de crédito (Clarín, 29-12-89, 08-01-90, 10-01-90, 11-01-90, 17-01-90, 19-01-90, 24-01-90 y 31-01-90), en febrero y marzo, ignorando el “estado de emergencia” que había declarado el presidente poco antes, regresarían los saqueos de alimentos y combustible en comercios y supermercados de Rosario, Mendoza, Tucumán, Córdoba y algunas localidades pobres del Gran Buenos. En ese contexto de saqueos, hiperinflación, desabastecimiento y fuerte conflictividad social, con paros de docentes, judiciales, telefónicos, aeronáuticos, universitarios y bancarios, masivas movilizaciones sociales contra el gobierno, asalto a ca­miones que transportaban alimentos y protestas con intentos de barricadas, además de fuertes críticas sindicales al modelo económico (Clarín, 17-02-90 al 27-03-90), podemos decir —con Canelo— que el “consenso de fuga ha-cia adelante” en realidad durará poco26 (Canelo, 2002:18).

(25) Durante 1989 la inflación alcanzó un récord histórico del orden de 4 923.6% anual. Un año después, si bien se redujo sensiblemente, sumó un total de 1 343.9% (indec, 1998).

Del mismo modo, la situación de caos político y social, que retornó nuevamente a finales de 1990 con una nueva estampida inflacionaria que sumaría un 7% en enero, alcanzando un alarmante 27% en el mes de febrero (Clarín, 06-03-91), y el resurgimiento de fuertes conflictos laborales, que mo­vilizarían a un millón de trabajadores en los sindicatos de médicos, policías, transportistas, magistrados, funcionarios de la justicia nacional, metalúrgicos, bancarios, textiles y alimentación (Página 12, 16-03-91), difícilmente puede ser asimilado a un discurso hobbesiano que garantice el establecimiento de un orden político y un principio de autoridad frente al Estado de naturaleza previo de “guerra de todos contra todos” ⁽²⁷⁾ En la situación descrita más bien parecía asistirse al retorno al pasado caótico de inestabilidad económica y social que se pretendía dejar atrás.

Pero además, si el vértigo ante la hiperinflación hacía demandar un líder “decisionista” o un “discurso hobbesiano” que garantizara principalmente el reestablecimiento del orden público, las demandas excedían esta cuestión ⁽²⁸⁾ En efecto, como lo demuestran las encuestas, más importante aun que el restablecimiento de una “autoridad política” que otorgara “protección” y “gobernabilidad”, resultaba la demanda social de un liderazgo que produ­jera cambios económicos visibles para afrontar la creciente inestabilidad económica ⁽²⁹⁾ En ese contexto, tras el fracaso estrepitoso de la alianza con el grupo Bunge y Born, de 1989, y las políticas de ajuste ortodoxo aplicadas bajo el mando de Erman González durante 1990 (Lozano y Feletti, 1991; Basualdo, 2006), en enero de 1991 el gobierno nombró como nuevo ministro de Economía a Domingo Cavallo, por entonces canciller.

(26) Para una crítica más amplia de la teoría del “consenso de fuga hacia adelante”, véase Navarro (1995:455-456, 462).

(27) Por otra parte, creemos que el nivel de desestructuración de la hiperinflación no llegaba al extremo de exigir la reintegración de cualquier orden que garantice el “soberano” con tal de tener alguno, como había sido, por ejemplo, previo a la última dictadura militar. En esta línea de análisis, véase particularmente O’Donnell (1982).

(28) Como señala Novaro, para 1989 los partidos políticos en Argentina eran asociados al bloqueo en la toma de decisiones y la debilidad para imponer políticas efectivas, el Congreso era asociado a la inactividad, el fraude y la inoperancia, mientras que la deliberación entre partidos era considerada improductiva. En ese contexto, sumado a la necesidad de generar “señales” hacia el empresariado sobre la permanencia del nuevo rumbo tomado, el gobierno justificaría la aplicación de políticas de reforma mediante metodologías que evitaran la deliberación parlamentaria (Novaro, 1994:65-67; Palermo y Novaro, 1996). No obstante, este enfoque parece olvidar que las demandas no se limitaban simplemente a la constitución de un orden político que garantizara autoridad y “ejecutivismo” (Novaro, 1995a; 1995b), sino que incluían también la necesidad de terminar con el “impuesto inflacionario”, que licuaba los salarios de los sectores populares que constituían la base de apoyo al gobierno. Para una crítica más detallada de las limitaciones de este enfoque “ejecutivista” o “decisionista”, véase Fair (2007a).

(29) En efecto, encuestas realizadas poco después de las elecciones presidenciales muestran y que un 64.7% de los votantes de Menem lo habían elegido para que solucionara la crisis econó­mica (Página 12, 28-05-89). Además, ya desde sus primeros discursos presidenciales Menem se refería a la importancia de terminar con la hiperinflación para recuperar los niveles salariales. Así, en su discurso del 9 de julio de 1989 sostenía: “Entiéndase bien: la primera y fundamental batalla que deberá ganar esta economía de emergencia, es la batalla contra la hiperinflación. El principal enemigo contra la justicia social es la hiperinflación, que devora salarios y bienestar en millones de hogares argentinos”. Del mismo modo, en un discurso con fecha 3 de julio de 1991, el presidente dijo, en esta misma línea, que: “Al hacernos cargo del gobierno, nuestro primer objetivo fue combatir el más injusto impuesto que recaía no tan sólo sobre los jubilados, sino sobre toda la sociedad argentina: largos periodos de inflación y, además, como si esto fuera poco, una hiperinflación que dejó al país, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de conducir su destino, con más de un 200% mensual y cerca del 3 000% anual de inflación”. Para un análisis más amplio del particular, véase Fair (2007a; 2008b).

El flamante ministro, aprovechando el elevado nivel de reservas legado de la política monetaria restrictiva del ministro anterior, propuso implan-tar un régimen de paridad cambiaria 1 a 1 de la moneda nacional con el dólar estadounidense. El régimen, aprobado por ley en el Congreso a fines del mes de marzo⁽³⁰⁾ promovió un “boom” de consumo e inversión que logró, finalmente, estabilizar la economía. En efecto, la evidente sobrevaluación cambiaria, sumada a las expectativas favorables generadas por la institucio­nalización de la paridad en los sectores empresariales⁽³¹⁾ y la reducción de las tasas de interés⁽³²⁾ promovió un ingreso masivo de capitales externos un fuerte incremento del consumo interno ⁽³³⁾ que logró reducir rápidamente el “impuesto inflacionario”. En ese contexto, la inflación, que en marzo de1991 había sido de un 11% (La Nación, 04-04-91), disminuyó a sólo 3.1% en junio y 2.6% en julio, llegando a un mínimo de 1.3% en agosto (Página 12, 05-07-91; La Nación, 02-08-91 y 31-08-91). De este modo, con tasas que registraban el índice más bajo desde marzo de 1974 (Clarín, 04-09-91), y que al mes siguiente decaerían aún más, al sumar sólo un 0.4% (Página 12, 04-10-91), el presidente terminaría de coronar la demanda, incompletamente satisfecha hasta ese momento, de estabilización económica ⁽³⁴⁾ En esas circunstancias, Menem lograría además, en abierto contraste con los dos prime-ros años de su gobierno —cuando los conflictos sindicales se habían incre­mentado sensiblemente (Gómez et al., 1996)—, una marcada reducción de las huelgas y movilizaciones sociales (Bonanotte, 1996; Senén González y Bosoer, 1999) y un firme apoyo de una porción del campo sindical nucleada en la cgt San Martín ⁽³⁵⁾

Ahora bien, a diferencia de algunos trabajos, que centran el respaldo popular al menemismo íntegramente en la estabilización monetaria (Mora y Araujo, 1991; Labake, 1996; Mainwaring, 1996), creemos que la estabi­lización, si bien muy importante, no resultaría suficiente para mantener el apoyo de algunos trabajadores. En consecuencia, el presidente acudiría al otorgamiento de beneficios suplementarios.

(30) El proyecto de Ley de Convertibilidad de la moneda, enviado al Parlamento el 20 de marzo de 1991, fue aprobado por la Cámara de Senadores en la sesión del 22 de marzo con 27 votos a favor (oficialismo y bloques provinciales) y 7 en contra (ucr). Luego de una larga sesión en la Cámara de Diputados, la ley sería sancionada el 27 de marzo con 115 votos a favor (bloque oficialista, 4 diputados de la ucedé, Demoprogresistas, Federales, Fuerza Republicana y mayoría de los partidos provinciales) y 54 en contra (ucr, Democracia Popular, Izquierda Unida, Partido Intransigente, Democracia Cristiana, Socialismo Popular, Socialismo Unificado y 6 diputados ucedeístas) (Clarín, 21-03-91 y 23-03-91; Página 12, 28-03-91).

(31) Debemos recordar que el régimen de paridad cambiaria fue establecido mediante una ley aprobada por el Congreso. Por lo tanto, sólo podía ser derogado mediante la aprobación de una nueva ley parlamentaria. En ese contexto, los empresarios accedían a un “seguro de cambio” gratuito que les permitía un principio de previsibilidad o “seguridad jurídica” sobre el futuro de sus acciones.

32 Las tasas de interés, que oscilaban entre un 10% y 40% en marzo de 1991, se redujeron a valores de tan sólo 0.8% y 4% en los primeros días de vigencia del Plan (Clarín,03-04-91), manteniéndose en torno al 4% en todo 1991 (Informe Económico de Coyuntura, 1992).

(33) Los índices de consumo, que habían caído fuertemente en 1989 y 1990, se elevaron un 25.1% en 1991, 30.9% en 1992, 13.7% en 1993 y 18.2% en 1994 (Síntesis informativa, núm. 323,1995).

(34) Mientras que en 1988 la inflación anual había sido de 343%, en 1989 fue de 3 079.5%, y en 1990 de 2 314%; en 1991 se redujo a 171.7%, decayendo fuertemente hasta alcanzar un 24.9% en 1992, 10.6% en 1993, 4.3% en 1994 y 3.4% en 1995. Un año después, la inflación ya había alcanzado el 0% anual (véase Gerchunoff y Torre, 1996:758). Para un análisis detallado y comparativo con otros casos similares sobre el largo proceso de inflaciones, megainflaciones e hiperinflaciones en Argentina, véase Llach (1997).

(35) Entre los gremios que más firmemente apoyaron las reformas de mercado durante el gobierno menemista podemos incluir a los petroleros, mercantiles, gremios de la construcción, sanidad, personal civil de la nación, telefónicos, ferroviarios, encargados de edificios, luci­fuercistas y mecánicos. Sobre el particular, véanse Palermo y Novaro (1996:343-349), Murillo (1997), Fernández (1998), Senén González y Bosoer (1999), Torre (1999), Alonso (2000), y Svampa (2005).

 

SI LA VEMOS (y como la vemos)

Hace poco el Presidente de la Nación Argentina, между прочем, un gran fan a las redes sociales, tuiteo o mejor “Xmeo” una foto con la bandera Argentina y en el centro de ella la frase “NO LA VEN”. Hubo varias interpretaciones sobre aquel mensaje, algunos decían que era dirigido contra la oposición toda (incluyendo a Radicales) que habían puesto muchos reparos a sus dos grandes “lanzamientos” en apenas 20 días de gestión, un DNU de Necesidad y Urgencia derogando en 366 artículos más de 300 leyes y disposiciones y un proyecto de Ley con el rimbombante título de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” con 664 artículos, desregulando no solo la economia sino muchos aspectos de convivencia de los argentinos, cualquier semejanza con Napoleón, es pura coincidencia, sin embargo hay un 44% que no voto al actual presidente que podría sentirse aludido. En general MILEY (nunca mejor escrito) tiene una tendencia (mirando con un solo ojo) a menospreciar a todos aquellos que no comparten su visión sobre cómo salir de esta crisis que sin tapujo hay que decirlo con todas las letras (y si fuera fosforescente, mejor) nos metió Alberto, Cristina y Massa.

Hay una anécdota (a esta altura) que muchos no conocen, y fue cuando en plena campaña como precandidato a diputado de la nación por la Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires, el 13 de Agosto de 2021 en el canal de televisión TN una periodista le pregunto a MILEY si él creía en la “democracia y su sistema democrático”, y su respuesta fue tan evasiva, (aunque coincido con lo que dijo al inicio de su respuesta “la democracia tiene muchísimos errores” sobre esto yo también puedo hacer un tratado) haciendo alusión a el Teorema de la imposibilidad de Arrow, que como conocimiento para explayarse esta bueno (dicho de paso me permitió alfabetizarme sobre el mencionado teorema) pero que muchos esperaban su respuesta tajante en ese momento de “Si creo” y con aquel razonamiento del famoso teorema dejaba entrever que no le gustaban ni ahí, las instituciones que había creado la democracia occidental para resolver los problemas y que por tanto él se saltaría a mas de una si alguna vez “hipotéticamente” llegaba ser Presidente de la Nación. Por cierto en esa respuesta nos anticipo lo que hoy vemos en la práctica habiéndose convertido meteóricamente dos años y medio después en Presidente de “todos” los Argentinos, utilizo una fabula para explicar el Teorema de Arrow “…si usted pone en una votación a elegir entre tres lobos y una gallina, quien va hacer el plato de la noche, ¿sabe cómo termina?...”

Bueno, lo cierto es que MILEY ha cumplido con su palabra de entonces, con sus 1030 artículos derogando cosas a diestra y siniestra (sobre todo con la primera) nos ha dejado como gallinas entre lobos y sobre todo demostrando que no quiere ni ahí, no ya discutir con el pueblo sobre su neoliberales propuestas sino ni siquiera con los representantes de ese pueblo reunidos en el senado y congreso de la nación.

Lo que plantea MILEY hoy no es un cambio para la Argentina ni mucho menos algo nuevo, esto ya fue vivido y para ello solo hay que recurrir a la historia reciente de apenas 35 años atrás. En ese sentido les dejo algo que he encontrado que me parece significativo y que se sentirá como un gran Déjà vu.

PARTE 1

El Estado y los trabajadores durante el primer gobierno de Menem en Argentina (1989-1995)*
(Por Hernán Fair)

Introducción

Desde sus inicios, el peronismo estuvo en Argentina estrechamente ligado al sector trabajador, al punto tal de constituir su “columna vertebral” (James, 1990; Torre, 1990). Esta relación orgánica se cimentaba en la presencia de un Estado que intervenía fuertemente en el mercado para regularlo y asignar bienes y servicios para consumo interno a través de una política industrializadora y distributiva basada en un esquema de sustitución de im­portaciones. En ese contexto, motorizado por el fuerte gasto público social, los trabajadores sindicalizados lograron acceder a amplios e inéditos bene­ficios sociales en áreas como vivienda, educación y salud, elevados niveles salariales y el establecimiento y la garantía de cumplimiento de sus derechos sociales⁽¹⁾ (convenios colectivos por actividad, tribunales laborales, salarios mínimos, seguridad social, aguinaldo) (Basualdo, 2000; 2004; 2006). Este tipo de reformas sociales, al tiempo que modificaron de manera drástica la estructura económica que caracterizaba al modelo agroexportador dominante en Argentina desde 1880 (Nochteff, 1995; Ferrer, 2004), lograron al mismo tiem­po una homogeneización e integración social de los sectores populares que modificó profundamente la estructura social excluyente y elitista que había dominado hasta entonces (García Delgado, 1994; Torrado, 1994).

(*) Este trabajo forma parte de una investigación más amplia presentada como tesis de maes­tría en 2007 para acceder al grado de maestro en ciencias sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso), sede Argentina. Agradezco muy especialmente los comentarios realizados por Gerardo Aboy Carlés, Sebastián Barros y Paula Biglieri a una versión preeliminar y los eximo, por supuesto, de los errores y omisiones que pudiera presentar este texto. Asimismo, quisiera agradecer a los evaluadores anónimos de esta revista por sus atinadas sugerencias.

(1) Decimos “garantía de cumplimiento” debido a que muchos de los derechos ya estaban presentes legalmente desde décadas atrás. Sin embargo, en la práctica no eran cumplidos (Basualdo, 2004:9). Estudios Sociológicos XXVII: 80, 2009

Con la llegada de Carlos Menem al poder, en julio de 1989, se inició una profunda transformación que modificó los parámetros que guiaban la configuración entre el Estado y la sociedad civil. En ese contexto, los seguidores del caudillo justicialista vieron con asombro cómo el nuevo presidente dejaba de lado sus promesas de campaña acerca del “salariazo” y la “revolución productiva”, ⁽²⁾ y se dedicaba a aplicar un programa de reformas neoliberales que contrastaba fuertemente con las políticas económicas tradicionalmente asociadas a su partido (Azpiazu, 1995; Thwaites Rey, 2003; Basualdo, 2000; 2006). En el marco de las reformas y los ajustes estructurales promovidos por los organismos multilaterales de crédito y las grandes potencias mundiales —y respaldado por los sectores empresariales más concentrados―, el nuevo gobierno no dudaría en privatizar gran parte de las empresas estatales, flexi­bilizar el mercado de trabajo, desplegar una apertura comercial y financiera al capital transnacional y desregular la economía.

Resulta un tema evidentemente problemático y al mismo tiempo fasci­nante para la sociología política el análisis de gobiernos que desde diferentes espectros del arco político-ideológico aplican políticas de reforma de mercado que obtienen el respaldo de sectores que constituyen sus principales perju­dicados. Más fascinante aún resulta indagar casos como los de Argentina, México o Venezuela, donde los partidos que históricamente defendían a los trabajadores mediante políticas de redistribución progresiva del ingreso y altos salarios pudieron aplicar reformas pro-mercado y mantener, sin embargo, el respaldo de sus bases de apoyo social. En ese contexto, el argentino resulta un caso extremo en la región. Por un lado, debido a la fuerte relación cimentada entre el Partido Justicialista y los trabajadores a lo largo de varias décadas; por el otro, debido al grado de aplicación de las políticas neoliberales en aquel país, lo que representa un caso único en la región y quizás en el mundo, con la excepción de la ex Unión Soviética, en el que las reformas y los ajustes estructurales incluyeron la privatización de recursos naturales como el petróleo y la inexistencia de algún grado de regulación de los capitales financieros^.(3)

(2) En efecto, durante la campaña presidencial Menem afirmaba que iba a implementar una “revolución productiva”, que terminaría con la especulación, y un “salariazo” que iba a con­solidar el mercado interno (Clarín, 25-02-89, 26-02-89 y 12-05-89). Sobre el particular, véase también Menem y Duhalde (1989).

(3) En efecto, en países como Chile, el gobierno dejó en manos del Estado la industria clave del cobre, al tiempo que incentivó el control del movimiento de capitales “golondrinas” y aplicó una política fiscal anticíclica (véase French Davis, 2004). En México, Venezuela y Brasil, por su parte, las reformas neoliberales, al igual que sus efectos, fueron menos pronunciados. Además, aunque en el primero de ellos no hubo mecanismos de regulación del capital financiero, el sector petrolero se mantuvo, al igual que en Venezuela y Brasil, en manos del Estado, evitando el drenaje de recursos que significó en Argentina la privatización de la empresa estatal ypf. Para un análisis comparativo de la aplicación de las reformas neoliberales en América Latina, véanse Main-waring (1996), Torre (1997, 1998), y Murillo (2005). Para un análisis más general, véase Haggardy Kaufman (1995).

En ese contexto, la sociedad presenciaría atónita un proceso de regre­sividad económica cuya magnitud pocas veces fue observada en la región, con índices de desocupación cercanos al 20%, un incremento de la pobreza del orden del 500%, una pérdida del ingreso global de los trabajadores en el Producto Bruto Interno (pbi) cercano al 30% y una retracción salarial mayor al 50% en relación con la vigente en 1974^.(4) Al mismo tiempo, el régimen neoconservador inaugurado en 1989 profundizaría un proceso de desin­dustrialización iniciado a mediados de los años setenta que reprimarizó la fuerte estructura productiva e industrialista que caracterizaba al peronismo, eliminando el 15% del total de establecimientos industriales, al tiempo que garantizaba al gran capital concentrado el acceso a cuasi rentas de privile­gio sustentadas en monopolios u oligopolios no innovadores ni transitorios (Nochteff, 1995).

No obstante la magnitud y el efecto regresivo que significaban las inéditas políticas implementadas por el caudillo que se situaba como principal heredero de las políticas aplicadas durante el peronismo, aunque aggiornadas al nuevo contexto mundial caracterizado por el irremediable triunfo de la “democracia liberal”, el presidente argentino obtuvo ―y logró mantener a lo largo del tiempo― el respaldo de una amplia y heterogénea gama de sectores sociales, que incluyó desde los grandes grupos del poder concentrado hasta los sectores populares e incluso una parte considerable del campo sindical. Frente a este panorama surge, inevitablemente, una serie de interrogantes que parecen inexplicables. ¿Cómo se entiende que los a priori principales per­judicados por las políticas de reforma de mercado llevadas a cabo por el menemismo, los sectores trabajadores, hayan apoyado medidas que afectaban sus propios intereses?, ¿se trató de un respaldo netamente activo?, ¿qué rol jugó al respecto la implantación del Plan de Convertibilidad?, ¿y el discurso hegemónico neoliberal?

(4) En 1993, el 10% más rico de la población recibió en Argentina el 34.8% del ingreso global, lo que representa un 28.9% más que lo registrado en 1974, al tiempo que el 30% más pobre recibió sólo el 9% del ingreso global, lo que representa un 27.4% menos que lo recibido en 1974. Del mismo modo, la pobreza se incrementó de un 4% en 1974, a un total de 20% en 1992, y el porcentaje de hogares que no llegan a comprar lo necesario para sobrevivir aumentó en 600%. Finalmente, mientras que en 1976 el salario real cayó un 33.6%, para el año 1993 el salario era inferior a la mitad de lo que había sido antes de 1976 (véanse Azpiazu y Nochteff, 1995:8-13).

Este trabajo intentará desentrañar estas cuestiones a partir de un análisis del primer periodo de gobierno de Carlos Menem (1989-1995). Para ello, en una primera etapa polemiza con las corrientes dominan-tes que enfatizan la importancia de la estabilización política en la legitimación de los trabajadores hacia las reformas neoliberales aplicadas por el gobierno, señalando que este tipo de enfoque los lleva a descuidar el rol ejercido por la estabilización monetaria y el fin del “impuesto inflacionario” tras la caótica experiencia de la gestión anterior. En una segunda etapa com­plementa el estudio a partir de un detallado análisis del discurso menemista, en un intento por enriquecer y contribuir a una comprensión más profunda de la complejidad y multidimensionalidad del tema abordado. En particular intenta trascender ciertos análisis reduccionistas que colocan el eje de explica­ción ya sea en los factores “politicistas” que entienden el surgimiento de este tipo de liderazgos como gobernantes “pilotos de tormentas” (que garantizan un orden político frente al caos anterior), ya sea aquellos que se centran en un enfoque instrumentalista, señalando la importancia unidimensional de los factores económicos. En ese contexto, pretende enriquecer y abrir el debate hacia otras realidades latinoamericanas sobre la importancia crucial ejercida por el tipo de discurso de estos líderes que, desde diversos espectros ideológi­cos, presentan sus programas de reforma estructural como la única alternativa posible para evitar el caos, ya sea inflacionario, devaluatorio o de otro tipo, vinculado a las políticas “ineficientes” y “burocráticas” del “estatismo” o del “populismo” demagógico^.(5)

Al mismo tiempo, este tipo de estudio puede resultar útil para comprender las estrategias discursivas abordadas por el “pensamiento único” neoliberal en su intento de desprestigiar toda alternativa que proponga algún tipo de regreso a las políticas de “aislamiento” que han mostrado su “evidente” fracaso político, económico y social, y están situadas irremediablemente en un “pasado” caótico que se opone a los nuevos tiempos de modernización tecnológica y progreso vinculados al actual e “inevitable” proceso de inser­ción mundial al orden global.⁽⁶⁾

(5) En esta línea de análisis crítica del “populismo estatizante”, véase particularmente Dornbusch y Edwards (1990). En cuanto a la utilización abusiva del concepto de populismo, remito al lector interesado al trabajo de Ernesto Laclau (2005).

(6) Para un desarrollo de este enfoque de la modernización en clave neoliberal, véase Llach (1997).

Contexto de emergencia del liderazgo menemista

Resulta imposible analizar el éxito del gobierno de Menem sin adentrarnos previamente en el contexto histórico de donde emerge. El mismo nos remite a la trágica crisis del gobierno del radical Raúl Alfonsín (1983-1989). Como se sabe, Alfonsín se vio obligado a renunciar a la presidencia cinco meses antes de finalizar su mandato frente a la imposibilidad de controlar una inédita y feroz hiperinflación. Esta crisis tiene su origen en una fuerte puja distributiva entre las diversas fracciones del sector empresarial, que se remon­ta varias décadas. En efecto, existía una contradicción flagrante dentro de los sectores dominantes entre aquellas fracciones que exigían profundizar las políticas neoliberales iniciadas durante los años setenta para obtener mayores beneficios económicos ―básicamente los acreedores externos―, que ade­más se hallaban en moratoria externa “de hecho” desde abril de 1988⁽⁷⁾ y los sectores agroexportadores, que ahora eran dejados de lado debido al nuevo esquema cambiario establecido en el plan⁽⁸⁾ y aquellos empresarios industriales diversificados de la denominada “patria contratista”, que pretendían continuar con los beneficios vinculados al Estado protector y regulador (principalmente subsidios directos e indirectos, regímenes de promoción industrial, programas de capitalización de la deuda y contratos con sobreprecios con el Estado).⁽⁹⁾

(7) Imposibilitado de abonar a la deuda externa frente al escaso ingreso de inversiones ex­ternas, en abril de 1988 el gobierno de Alfonsín cayó en moratoria “de hecho”, interrumpiendo incluso los pagos de los intereses de la deuda, que hasta ese momento se habían realizado (Ba-sualdo, 2006:242).

(8) En efecto, en agosto de 1988, en el marco del nuevo plan de estabilización conocido como Plan Primavera, el gobierno estableció un doble mercado de cambios en el que las divisas del sector comercial, es decir, de los sectores agroexportadores, era un 25% inferior al mercado de cambios financiero, que regía para el resto de las transacciones. En ese contexto, el esquema, que buscaba acceder a una parte de las divisas provistas por las exportaciones de materias pri­mas para reducir el creciente déficit fiscal, funcionaba como un “impuesto a las exportaciones” (Ortiz y Schorr, 2006b:463).

(9) Para un análisis detallado de las contradicciones entre las distintas fracciones del sector empresarial durante el periodo de gobierno de Alfonsín, véanse Beltrán (2006), y Ortiz y Schorr (2006b). En cuanto a los beneficios extraordinarios obtenidos por los grupos económicos vincu­lados al accionar estatal, véanse especialmente los recientes trabajos de Ana Castellani (2006), y Ortiz y Schorr (2006a). Para un análisis más amplio de este proceso, véase Basualdo (2006).

(10) En efecto, desde mediados de la década de 1980, los acreedores externos, principalmente el fmi y el bm, comenzaron a exigir la implementación de un conjunto de políticas de ajuste macroeconómico y reforma estructural de mercado, entre las que se incluía la privatización de las empresas públicas, la apertura comercial y financiera, la desregulación de la economía, la disminución del gasto público, el equilibrio fiscal y la defensa de los derechos de propiedad.Estas políticas, que buscaban cobrar a los países de América Latina los préstamos externos adeudados(Plan Baker), se sistematizarían en 1990 a partir del denominado Consenso de Washington (véase Basualdo, 2006).

En ese contexto, el 6 de febrero de 1989 se inició una espiral que mar­caría el recrudecimiento de la puja distributiva. En esta puja intersectorial se enfrentaron la fracción de los acreedores externos, que querían implementar las reformas y los ajustes estructurales que venían defendiendo desde la crisis de la deuda ⁽¹⁰⁾ así como los grandes grupos nacionales diversificados, que pretendían que continuara la transferencia de recursos de los regímenes de promoción industrial, los subsidios, los avales estatales y los sobre precios otorgados en los contratos con el Estado (Lozano y Feletti, 1991:122; Ba­sualdo, 2000; 2006). En esta especie de “golpe de mercado”, como lo deno­minaron varios autores, ⁽¹¹⁾ confluyeron la banca extranjera y el gobierno de Estados Unidos, que habían dejado trascender unos días antes de la “corrida” el retiro de su prometido apoyo de 350 millones de dólares al gobierno de Alfonsín debido al incumplimiento de las metas de ajuste previstas ⁽¹²⁾ y la acción de los grandes grupos empresariales que, temerosos por lo que veían como la inminente victoria del peronismo en las elecciones presidenciales a realizarse dos meses después y, por lo tanto, como un posible cambio en el modelo de acumulación que marcara el retorno a la tradición de “populismo” y “estatismo” del Partido Justicialista⁽¹³⁾ procedieron a una remarcación masiva de los precios, al tiempo que generaron un desabastecimiento del mercado interno (Thwaites Rey, 2003:25). Al mismo tiempo, se vieron involucrados los sectores agroexportadores, que retuvieron divisas en su poder o la liquidaron en otras plazas (Martínez, 1991:16; Ortiz y Schorr, 2006b:475), y sectores específicos de la banca local (principalmente del Banco Macro y Banco del Crédito Argentino), favorecidos por su acceso privilegiado a la conducción gu-bernamental (Basualdo, 2006:284).

(11) El denominado “golpe de mercado” ha sido definido como la expresión de “los nuevos modos de los sectores dominantes para imponer sus dictados a un gobierno surgido del voto popular” (Lozano y Feletti, 1991:124). Esta noción ha sido utilizada también, entre muchos otros, por Martínez (1991), Thwaites Rey (1993:51, 2003:26), y Gambina y Campione (2002:37). Desde una visión diferente, compatible con el discurso liberal, Palermo y Novaro sostienen, en cambio, que la crisis radicó en el exceso de demandas de los distintos sectores sociales, que habrían generado un contexto de ingobernabilidad política del aparato estatal (véase Palermoy Novaro, 1996:73-79). Autores como Ortiz y Schorr (2006b), por su parte, señalan que no pue-de hablarse de intencionalidades conjuntas de los actores económicos, por lo que resulta in­adecuado hablar de la existencia de un “golpe de mercado”. Para una crítica más detallada al supuesto acerca de la existencia de una racionalidad estratégica de los agentes económicos, véase Beltrán (2006).

(12) El bm había exigido la reducción del déficit fiscal a la mitad, pero el gobierno se vio imposibilitado de cumplir con lo reclamado. De este modo, y dado que el Estado drenaba cada vez más recursos, los acreedores se quedaban sin satisfacer su demanda de reanudación del pago de la deuda externa, en moratoria “de hecho” desde mayo del año anterior. En ese con­texto, la banca “desplazó el peso del endeudamiento externo de la mesa de negociaciones al mercado cambiario local en un intento de arrebatar parte del superávit comercial a sus dueños, generando una demanda real y potencial de divisas imposible de satisfacer” (véase Lozano y Feletti, 1991:122-123).

(13) Recordemos que Menem formaba parte del mismo partido que había hecho de la justicia social y la redistribución progresiva del ingreso a favor de los trabajadores su mayor conquista. Además, como vimos, había insinuado durante la campaña electoral que iba a regresar a las políticas “productivistas” y anti-mercado que caracterizaban históricamente a la tradición peronista (Gerchunoff y Torre, 1996:735). En ese contexto, uno de los máximos representantes de los sectores más concentrados del capital, Juan Alemann, había expresado temor unos meses an-tes de las elecciones de 1989, ya que las encuestas mostraban que “va a ganar el partido de la inflación y los sindicatos” (citado en Palermo, 1992:89).

En ese contexto, el Banco Central, en concordancia con lo acordado con los empresarios, decidió abandonar la regulación del precio del dólar y se atuvo a utilizar sus escasas reservas (Clarín, 06/02/89). Como consecuencia se inició a partir de ahí una “corrida” bancaria que terminó incrementando fuertemente el tipo de cambio y, en menor medida, se tradujo en un incremento del nivel de precios a principios de abril. En efecto, el precio del dólar, que durante todo enero había aumentado un 7.47%, se incrementó, sólo el 7 de febrero, un 33.3%, con lo que alcanzó una suma total de 65.3% en sólo dos días (Clarín, 08-02-89 y 09-02-89). En la primera semana de marzo, cuando ocurrió el anuncio de las medidas del gobierno, que confirmaban que no iba a liberarse y unificarse el mercado de cambios ―a contramano de lo que venían reclamando insistentemente los sectores ligados al agro, en especial la Sociedad Rural (Clarín, 08-02-89, 10-02-89, 11-02-89, 12-02-89, 16-02-89 y 19-02-89)―, el dólar se elevó un 41%, alcanzando un 67.82% al finalizar ese mes (Martínez, 1991), al tiempo que la tasa de inflación hacía lo propio en un 17% ⁽¹⁴⁾ (Página 12, 08-04-89).

A mediados de abril, el nuevo ministro de Economía, Juan Carlos Pu­gliese, (reemplazante del renunciante Juan Vital Sourrouille), unificó y liberó finalmente el doble mercado de cambios, lo que llevó a una disparada del dólar y de las tasas de interés (Página 12, 18-04-89 y ss.). Los exportado­res, sin embargo, no liquidaron sus divisas, lo que agravó aún más la crisis (Página 12, 04-05-89).

En esas circunstancias caóticas, con tasas de interés que oscilaban entre un 80% y 180% mensual (Página 12, 10-05-89), mientras la inflación alcanzaba un 33.4% en abril y un 78.6% al mes siguiente (Clarín, 06-05-89; Página 12, 02-06-89), el 14 de mayo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. La fórmula del peronismo, conformada por la dupla Carlos Menem-Eduardo Duhalde, resultó vencedora con el 47.51%, frente al 32.45% de la dupla radical, Eduardo Angeloz-Juan Manuel Casella (indec, 1998).

(14) Esta elevación mayor del dólar en relación con la tasa de inflación, que a su vez era mayor al incremento salarial, nos muestra la falsedad del discurso neoliberal que sostiene que la hiperinflación fue consecuencia del conflicto distributivo entre el capital y el trabajo (Ortiz y Schorr, 2006b:484-485).

A pesar de la elección del nuevo gobierno, el ánimo de la población no se apaciguó. En efecto, la fuerte caída en los salarios y en el nivel de ocupación ⁽¹⁵⁾ junto al incesante incremento de los precios, habían generado un vertiginoso aumento de la marginalidad social ⁽¹⁶⁾ En ese contexto se produjeron saqueos de alimentos a supermercados y comercios en cientos de barrios pobres de las ciudades de Córdoba, Rosario, Mendoza y el Gran Buenos Aires (Clarín, 25-05-89, 27-05-89 y 28-05-89). En una muestra de incapacidad para resolver la crisis, el 29 de mayo el presidente Alfonsín decretó el estado de sitio. A pesar de ello, los saqueos se repitieron en Rosario, Mendoza, Córdoba y el Gran Buenos Aires. Al mismo tiempo se realizaron cacerolazos de protesta en la provincia de Salta (Clarín, 29-05-89, 30-05-89 y 31-05-89; Página 12, 09-06-89). En esa situación caótica, que dejaría un saldo acumulado de 14 muertos, 80 heridos y 21 detenidos (Página 12, 02-06-89), y sin el respaldo electoral, sindical ni empresarial, el presidente se vio obligado a renunciar al cargo (Clarín, 01-07-89) y el 8 de julio de 1989, cinco meses antes de finalizar el plazo constitucional, se produjo el traspaso del mando.

(15) Mientras que el salario real se redujo ―entre diciembre de 1988 y junio 1989― entre un48% y un 57% (Página 12, 22-06-89), sólo durante abril y mayo lo hizo en más de un 30% (Clarín, 28-05-89). Por su parte, la cantidad de despidos se incrementó, en sólo 40 días, 1 300%, alcanzando un total de 15 200, frente a sólo 1 140 del periodo anterior (Página 12, 18-06-89).

(16) En este sentido, debemos tener en cuenta que durante el periodo enero-mayo el dólar había aumentado un 966.4%; y productos de la canasta básica, como el café, un 2 850%, el queso 1 000%, el aceite un 993% y el pan un 554%. Al mismo tiempo, el salario básico por convenio sólo lo había hecho un 138.1% (Clarín, 28-05-89 y 30-05-89).