LOS NÚMEROS DEL GENOCIDIO
ARGENTINO
(Por Daniel Feierstein *,
publicado en Pagina12)
Ya hace unos años que van
cobrando forma posturas relativizadoras del genocidio argentino, haciendo eje
en la discusión sobre el número de víctimas, situación que puede encontrarse en
los procesos negacionistas de muchos genocidios previos.
En un contexto matizado, dos
de las expresiones más extremas han sido la publicación del libro Mentirás tus
muertos (de José D´Angelo, quien se presenta como “militar y periodista,
carapintada y participante de la represión al intento de toma del cuartel de La
Tablada”) y las declaraciones del ex secretario de Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires, Darío Lopérfido, quien llegó a plantear que “en la Argentina no
hubo 30.000 desaparecidos”, sino que “esa cifra se arregló en una mesa cerrada
para conseguir subsidios”. Pero no han sido los únicos.
D´Angelo basa su análisis en
los errores de los listados elaborados en 1984 por la CONADEP, planteando que
de las 8.961 denuncias originales habría que “descontar” dichos casos erróneos
(imposibles de evitar, agregaría yo, en las condiciones y contexto en que se
realizó el trabajo), siendo que la cifra que le queda es de 8.368 víctimas, de
las cuales “tan sólo 7.098 serían desaparecidos”, computando al resto como
“asesinados” (pareciera que los “asesinados” no merecerían ser contados como
“víctimas”). Lopérfido ni siquiera se toma el trabajo de proponer alguna prueba
para sus afirmaciones y cuanto menos ello le ha costado la renuncia. Apenas
sugirió una hipótesis (“la búsqueda de subsidios”) para explicar la diferencia
de estimaciones entre distintas fuentes. Ello, además de mendaz e insultante,
resulta inverosímil, ya que las estimaciones de víctimas del genocidio
argentino fueron realizadas en momentos donde todo el sistema de reparaciones
era inimaginable, con lo cual se supone que se habría “inventado” una cifra
suponiendo que en algún momento el derecho internacional y las condiciones
políticas en Argentina permitirían sacar provecho de ello.
Una de las respuestas más
precisas ha sido la de Estela de Carlotto (que aquellos que conocen el número
de detenidos desaparecidos en Argentina deberían entregar los listados con
nombre y destino de las víctimas), pero vale la pena de todos modos analizar la
curva de denuncias desde el fin de la dictadura al presente, para tener una
imagen más global de la complejidad de la discusión, de qué diferentes
cuestiones involucra y cómo se las banaliza a la ligera cuando se pretende
llegar a un “número final”, que vendría a querer reemplazar aquellas
estimaciones realizadas hacia el final de la dictadura.
Uno de mis equipos de
investigación se encuentra trabajando a fondo sobre los procesos de denuncia en
la provincia de Tucumán. Si bien la especificidad de Tucumán hace que no sea
necesariamente transferible al conjunto del país, los datos que se desprenden
de dicha investigación pueden permitir tener una imagen más clara de las
distintas dimensiones que implicó el fenómeno de las desapariciones forzadas,
la lógica que siguieron los procesos de denuncia y la dificultad para delimitar
números precisos aún a más de 30 años del informe de la CONADEP.
En lo que hace a Tucumán, el
informe de la CONADEP del año 1984 tenía registradas 609 denuncias. Al día de
hoy, el Area de Investigación de la Secretaría de DDHH de la Nación cuenta con
un total de 1005 denuncias con información verificada y completa (esto no
incluye los casos incompletos o actualmente en proceso de trabajo y ha excluido
todos los errores del listado original). Los casos registrados por mis equipos
de investigación (que incluyen las denuncias investigadas en sede judicial)
suman un total de 1202 casos, que también refieren sólo a aquellos verificados
y completos, con lo cual siguen siendo cifras parciales en tanto hay otros
centenares en proceso de verificación. Esto es: que al día de hoy contamos con
el doble de casos que se contaban en 1984 (y verificados). Proyectados al país,
estos números iniciales hablarían de alrededor de 18.000 casos (estimación
parcial e incompleta) contra los 8.000 de los que hablan D´Angelo y Lopérfido.
Pero resulta enriquecedor
observar las características de los casos en función de los períodos de
denuncia, porque de ellos pueden extraerse conclusiones mucho más
enriquecedoras que la discusión con los relativizadores.
Las nuevas denuncias tienen
un pico de crecimiento muy fuerte a partir de la reapertura de las causas y la
existencia de nuevas sentencias en el año 2006, siendo que durante el período
1985-2005 se detectan 117 nuevos casos en tanto que a partir del año 2006 hasta
el presente se contabilizan 440 nuevos casos. Para más, las denuncias no bajan
sino que siguen un patrón complejo y estamos trabajando en distintas hipótesis
para explicar las complejas curvas. Por ejemplo, el año con mayor número de
nuevas denuncias en Tucumán desde 1984 ha sido 2014 con 76 nuevos casos,
seguido del año 2008 con 63 casos (en 2016 sólo se han denunciado 6 nuevos
casos, pero en 2015 hubo 43 nuevas denuncias). Pareciera que tienen fuerza las
condiciones políticas nacionales y provinciales (y muy en especial la
existencia de condenas a los responsables o la apertura de nuevos tramos de las
causas judiciales) como elemento para permitir enfrentar el miedo y las
consecuencias traumáticas de la desaparición en la familia o el barrio.
También, en muchos casos, depende de la voluntad de investigación de las
fiscalías o querellas la posibilidad de detectar nuevos casos no denunciados
hasta el momento. Como elemento fundamental, debe destacarse la propia
percepción de la desaparición en sectores rurales u obreros en Tucumán como una
práctica que puede y debe denunciarse, lo cual no fue en absoluto común en
dichas regiones durante gran parte del período de institucionalidad
democrática. Ello es transferible a muchas otras regiones del país como
Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, entre otras.
Otra cuestión llamativa en
los nuevos casos es la proporción de sobrevivientes. En las denuncias
producidas ante la CONADEP el número de sobrevivientes era muy bajo, siendo que
la mayoría de las víctimas correspondía a quienes continuaban desaparecidos o
habían sido asesinados. A medida que pasa el tiempo, la mayor parte de las
nuevas denuncias corresponden a quienes fueron detenidos desaparecidos (por lo
general, por períodos breves) y fueron liberados. En el informe de la CONADEP
los casos de Tucumán dan cuenta de 379 desaparecidos y asesinados frente a 139
liberados (27 por ciento de liberados). Entre 1985 y 2006 se agregaron 63 casos
de nuevos desaparecidos y asesinados frente a 54 liberados (46 por ciento). Por
último, en la última década encontramos 20 nuevas denuncias de desaparecidos y
asesinados frente a 419 nuevas denuncias de quienes fueron liberados (95 por
ciento).
Esto lleva a concluir varias
cuestiones: de una parte, que el objeto del terror (como en muchos otros
procesos genocidas) fue atravesar al conjunto de la población con el sistema
concentracionario, siendo que mucha más gente de la que creemos transitó por
dicho sistema y fue devuelta a la sociedad para diseminar el terror, tal como
nos intentan explicar hace años los sobrevivientes sin que podamos escucharlos
con la suficiente atención. Por otra parte, estas situaciones han sido las que
resultaron más difíciles de denunciar, siendo que recién veinte a treinta años
después de los hechos comienzan a emerger. Esto tiene mucho sentido: quien fue
secuestrado por períodos breves tuvo mucho menos que explicar a sus seres
queridos, resultando más fácil la negación o represión de lo vivido. Por otra
parte, quienes fueron detenidos y torturados por pocas horas en comisarías, no necesariamente
identificaron su situación como “desaparición”, lo cual muestra también los
efectos de las sentencias en la construcción de las percepciones colectivas
sobre el pasado. Hoy se denuncian más casos porque se logra percibirlos como
tales.
La continuidad de la
aparición de nuevos casos (tanto de asesinatos como de compañeros que continúan
desaparecidos u otros que han sido liberados) deja claro que en modo alguno ha
concluido la investigación de los sucesos ocurridos en el genocidio argentino y
que cualquier cifra a la que se arribe (como la que nuestro equipo ha
construido para los casos en Tucumán, que duplica el informe inicial de CONADEP
aún corrigiendo todos los errores cometidos en dicho momento) no son más que
aproximaciones parciales, en tanto los únicos que tienen las cifras definitivas
de secuestrados, desaparecidos y asesinados son los perpetradores, quienes se
siguen negando a aportarlas a la sociedad.
Seguir hablando de que los
desaparecidos “no fueron más de 8.000” (como hacen D´Angelo o Lopérfido, pero
para el caso también algunos familiares de desaparecidos, historiadores o
cientistas sociales) es erróneo e insultante para la memoria colectiva, como lo
han destacado muchas de las respuestas de la mayoría del movimiento de derechos
humanos. Pero, más allá de la manipulación y de la mezquindad, se pierden de
vista cuestiones centrales como las que emergen en un análisis sistemático de
la información existente: las dificultades (aún en el presente) para denunciar
los hechos, el carácter traumático de los mismos (y retraumatizante de muchas
intervenciones públicas) y las características del proceso concentracionario,
que buscó atravesar al conjunto social con el terror. “Por uno que tocamos, mil
paralizados de miedo”, decía el torturador de la obra de Tato Pavlovsky,
“no-sotros actuamos por irradiación”. El genocidio ha tocado a muchos más
argentinos de lo que suponíamos. Y muchos de ellos siguen entre nosotros, con
el terror clavado en el alma como el aguijón al que refería Elías Canetti en
Masa y poder.
De nosotros depende crear
las condiciones para recomponer la posibilidad de la palabra, de la denuncia,
del quiebre de las condiciones impuestas por el terror, que queda claro que van
cediendo con fuerza ante la persistencia de los juicios, el espacio simbólico
donde un tribunal vuelve a poner las cosas en su lugar, legitimando
públicamente la palabra de los testigos, calificando las conductas criminales,
sancionando a los responsables de las mismas, elaborando una narración
colectiva sobre nuestro pasado.
Cuestionar el número
simbólico de 30.000 a partir de especulaciones malintencionadas, pretende
cerrar con un número imposible de definir hoy un proceso social que se propuso,
en palabras de Lemkin, “destruir la identidad nacional de los oprimidos para
imponerles la identidad nacional del opresor”. Aquello a lo que el abogado
judío polaco, sobreviviente del nazismo, decidió llamar “genocidio”. O, en
términos de los genocidas argentinos, “proceso de reorganización nacional”.
Los 30.000 compañeros
detenidos desaparecidos siguen y seguirán presentes en nosotros, como corea la
consigna, “ahora y siempre”. Resulta necesario para el futuro de los argentinos
aportar a comprender cómo persisten hasta hoy las astillas del terror y cuáles
de nuestras acciones (los juicios, los debates colectivos, los escraches, la
lucha permanente por memoria, verdad y justicia) permitirán ir reparando el
daño producido en nuestras identidades y construir una sociedad más digna y más
justa.
* Investigador Conicet,
profesor Untref/UBA. El equipo de investigación al que se refiere la nota está
conducido por Ana Jemio. Otras 11 personas participaron en el relevamiento y
codificación de la información, en proyectos de trabajo de la Untref, la UBA y
el Conicet.
