PALABRA
CONTRA PALABRA
(Por
Ricardo Aronskind en “El Cohete a la Luna”)
ARES (Juventud
Rebelde)
No se puede decir que la derecha no haga
política, ni que carezca de una propuesta.
Cuenta con una serie de instrumentos
convencionales y no convencionales para hacer política, mucho más allá de lo
parlamentario y de lo institucional, y los hace jugar activamente.
La reducida manifestación del lunes, en el
vacío de otras expresiones políticas en la calle, y con la amplificación debida
de los propios medios de la derecha que promovieron el evento, logró acaparar
la atención política durante unos días. Ya se anuncian nuevas movilizaciones
pro pandémicas, ya que los soldados que participan en estos happenings de
irracionalidad pueden ser sacrificados en aras de un objetivo superior, que
ellos no tienen por qué entender.
El evidente objeto de ataque, en este caso,
ha sido la Reforma Judicial propuesta por el gobierno, aunque el ejercicio
movilizador derechista tiene aspiraciones mucho más extensas. La situación nos
permite observar varios elementos que marcarán el escenario de los meses por
venir.
La
moderación bloqueada
El actual gobierno hace un culto de la
sensatez, entendida en su sentido republicano más tradicional. Muestra
flexibilidad política, acepta retroceder en propuestas que no tienen suficiente
apoyo, explora caminos alternativos, consulta con adversarios, trata de crear
consensos, apela a valores socialmente extendidos, mantiene puentes de diálogo
con sectores alejados, se expresa con serenidad, evita la grandilocuencia, y al
mismo tiempo trata de avanzar en una agenda progresista. Lo que se viene
observando es que todos y cada uno de los ítems de esa agenda son objeto de
ataque y bloqueo por el espacio opositor.
Es el caso de la propuesta de Reforma
Judicial, que no implica una remoción masiva de jueces y de la Corte, ni una
renovación completa del elenco y la forma de funcionamiento de una de las
instituciones públicas más desprestigiadas. Incluso no desplaza a personal con
numerosas faltas en su desempeño y vínculos ostensibles con situaciones
delictivas asociadas al gobierno anterior. Ni instituye tribunales populares ni
la expulsión de jueces corruptos por vías expeditivas.
Sin embargo, pareciera que el lamentable
cuadro actual del Poder Judicial es el estado ideal e inmodificable para la
derecha política y económica. No se observa disposición para ningún tipo de
reforma, porque cualquier vía de saneamiento del sistema, en el sentido de
aproximarlo a un cuerpo realmente dedicado a aplicar la Ley, pondría en riesgo
tanto el discurso vacío del macrismo en torno a la “transparencia” de su
gestión, como el conjunto de ilegalidades transformadas en negocios que los
poderes fácticos han logrado imponerle a la sociedad argentina desde los años
’70.
Toda causa importante que caiga en manos de
un Juzgado probo, puede producir una gran conmoción por el tipo de cuestiones,
de delitos y de relaciones de poder entre empresas, políticos y medios que
están involucrados. Es la credibilidad de un orden social y sus representantes,
un relato de lo que es la Argentina –“un país de mierda” o un país que tiene
mucho por lograr—, lo que está en juego.
Alberto Fernández ha hecho una propuesta de
reforma moderada, que se encuentra con el rechazo violento de los poderes
fácticos, que disponen las movilizaciones y activan los medios y las redes que
se oponen. Al público que asiste a esos eventos, poco le importa saber de qué
se trata. No hace falta.
La fundada percepción de la derecha es que
milímetro que mejore la “justicia” será un milímetro de poder y de negocios
perdidos.
Se trata de la intransigencia de una derecha
que no admite la modificación de su control sobre palancas claves del Poder
Judicial, que en esta nueva coyuntura permiten frenar investigaciones que
iluminan graves irregularidades y derrumban uno de los ejes principales sobre
los que se articula el discurso macrista: la honestidad frente a la indecencia.
Por ejemplo: en estos días el ENARGAS
presentó una denuncia penal contra Juan José Aranguren, directivo de Shell al
que Macri entregó el Ministerio de Energía, por sobreprecios en la
actualización de la tarifa del gas. Esos sobreprecios significaron a lo largo
de los años macristas la transferencia obligada de 1.300 millones de dólares de
los bolsillos de los usuarios a las empresas proveedoras. Aranguren representa
la quintaesencia de la política macrista de entrega del aparato estatal a las
corporaciones, para que dispongan de los resortes institucionales a favor de
los intereses privados que defienden.
No sería prudente que una judicatura macrista
tenga a su cargo evaluar las responsabilidades de un cuadro empresarial
macrista. Sería mejor que el caso estuviera a cargo de jueces realmente
independientes. No debe llamar la atención, porque se trata de una práctica
constante, que el argumento macrista-mediático sea exactamente inverso: o los
jueces responden a ellos, los defienden y protegen a ellos, o los jueces son
“K”, y por lo tanto están dedicados a la persecución de tiernas ovejitas.
El Tweet de Macri en el que felicita a los
manifestantes es una pieza perfecta de construcción de discurso delirante:
“Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al
miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad”.
Cuesta entender de qué miedo y atropello está
hablando, salvo el imaginario implantado desde los medios y las redes, en un
circuito cerrado de incitación y paranoia. En cuanto al trabajo, el respeto y
la libertad, difícil que no estemos casi todos de acuerdo con esos valores.
Pero lo que está implicado en esa frase es que el gobierno impide el trabajo de
las empresas por mero capricho y “enamoramiento de la cuarentena”. Y la
libertad restringida, salvo por las limitaciones introducidas para controlar el
impacto de la pandemia, sólo podría implicar un reclamo por la libertad de
infectar e infectarse.
Es fácil concluir que estamos en presencia de
una deriva hacia la irracionalidad, la denostación de las evidencias
científicas, el repudio a los hechos y comparaciones locales e internacionales
y los avances y enseñanzas que la ciencia va extrayendo a medida que estudia el
fenómeno del Covid-19.
El rechazo a la argumentación racional, que
no es nuevo, se está profundizando aquí y en el resto del planeta. La magnitud
del descalabro macrista aún no es cabalmente comprendida por la mayoría de la
población, y es urgente desde el punto de vista de los poderes fácticos y sus
representantes, que no cobre pleno estado público, usando los argumentos y
acciones que sean necesarias.
Ya, de hecho, los principales medios privados
ocultan información pública relevante a sus lectores en forma sistemática. Pero
no es suficiente. La continuidad del relato macrista implica también impedir
que por razones judiciales trasciendan los desmanes ocurridos en la gestión
autocalificada de decente y transparente.
Con cada vez mayor frecuencia, en el debate
de las grandes cuestiones nacionales, parece que se arriba a un muro: se trata
de enfrentar una palabra, con otra palabra contraria. Palabra contra palabra,
así funcionaría el “debate” público planteado por la derecha. Como cuando
Patricia Bullrich explicó que las llamadas entre el extorsionador y operador
político D’Alessio y su celular personal se debían a que lo había usado su
nieto.
Es una regla de la forma de debatir de la
derecha: no importa el contenido del argumento, basta que haya alguno para
exhibir algo frente a la argumentación del adversario. Porque la carta ganadora
no reside allí, sino en la apelación al prejuicio: “¿A quién le creés, a
Patricia o a los K?”
Frente a cada hecho de la realidad, la
derecha formula “su versión”. Vicentin era el comienzo de la expropiación
chavista. La Reforma Judicial busca la impunidad de Cristina, a pesar de que
los jueces de sus causas quedan completamente resguardados. Nada habría que
investigar de la gestión macrista, ¿o acaso Mauricio no habla todo el tiempo de
honestidad y transparencia? “¿A quién le creés, a Mauricio o a los K?”
No importan los datos: la verdad se define
por quien es más creíble –según los prejuicios previamente sembrados— a los
ojos de los espectadores, por lo general desamparados en materia informativa.
Se apela a sensaciones, a emociones básicas, por lo que pesa especialmente
quien ha tenido mayor poder comunicacional y educacional para modelar y
orientar esas emociones. Ese poder es, por supuesto, reflejo del grado de
hegemonía y poder de importantes bloques sociales.
Esas delicadas e importantes cuestiones no
han sido abordadas con el detenimiento que corresponde por quienes pretenden
disputar políticamente en serio con los sectores dominantes.
La sombra de Pareto
¿Es posible caminar por el sendero de las
políticas no confrontativas con los sectores concentrados que apoyaron el
proyecto macrista? ¿Hay algún “sendero del medio” por allí?
Una respuesta muy particular fue
proporcionada por el economista y sociólogo Vilfredo Pareto, hace más de 100
años. Hombre inteligente y conservador, formuló un principio para juzgar en qué
caso un cambio en la distribución de recursos entre los miembros de la sociedad
puede ser aceptado por la “economía”: sólo si mejora la situación de un
individuo sin hacer que empeore la situación de los demás. Si no se cumple ese
principio, la economía no estaría en condiciones de expedirse a favor de cambios
distributivos.
Por ejemplo: si se aplicara un impuesto a las
grandes fortunas para mejorar los insuficientes salarios del heroico personal
sanitario, Pareto lo desaconsejaría, ya que mejoraría la situación de unos,
pero empeoraría la de los otros. Tendría que llover dinero del cielo, o
descubrirse petróleo debajo de un hospital público, para que el criterio
paretiano acepte que se está frente a una auténtica mejoría en el bienestar
social.
No constituye un problema que este criterio
conservador forme parte de la historia del pensamiento económico, si no fuera
porque este parece ser un núcleo fundamental del pensamiento de la derecha
local. No acepta ni admite ninguna mejora distributiva a su costa, y sus
representantes partidarios tampoco acompañarán ningún cambio progresivo, como
tampoco cederán el poder de veto logrado a través la colonización del Poder
Judicial.
Puede el gobierno aceptar el criterio de
Pareto, para no confrontar, y buscar las políticas públicas que, sin herir la
sensibilidad del establishment, apunten a mejorar la situación
económica. El problema es que al aceptar el criterio, el gobierno nacional
queda dependiente de cómo el establishment defina la extensión
de sus intereses, hasta dónde llegan sus dominios.
Porque la disputa se proyectará sin duda a la
distribución del presupuesto nacional, a la asignación del crédito, a la
captación de rentas producto de privilegios sectoriales, o al respeto al
accionar monopólico a costa de consumidores y proveedores. Adoptar el criterio
paretiano llevaría a despojar al gobierno de todo impulso transformador y
progresista, y mutarlo en un proyecto de emprolijamiento institucional sin
apelación popular alguna.
En ese sentido, para maniatar al gobierno y
sumirlo en la intrascendencia, nada sería mejor que se autolimite
intelectualmente, introyectando los criterios de gobernabilidad propuestos por
quienes desean su fracaso.
El caso del soldado japonés
El Presidente de la Nación ha reiterado en
más de una oportunidad que los medios que emiten constantemente ataques
desmedidos y descalificaciones contra su persona y su gobierno se asemejan a
aquellos soldados japoneses que, internados en las junglas del este de Asia, no
se enteraron que había finalizado la Segunda Guerra Mundial y continuaron x
décadas un combate imaginario.
Debemos recordar que la guerra en el Pacífico
finalizó con la calamitosa derrota de uno de los bandos, abrumado por la
capacidad de fuego atómico del otro.
El ejemplo no parece adaptarse al caso de la
Argentina, donde dos bandos político-sociales importantes se vienen enfrentando
en forma abierta desde el conflicto encabezado por “el campo” en 2008. Uno de
los bandos lo ha designado a Alberto Fernández como responsable de la
conducción del Estado, y él ha declarado su voluntad de no seguir confrontando,
en aras del bien común.
Sin embargo, el otro bando, que no se parece
precisamente a un pobre combatiente japonés desorientado al margen del mundo,
continúa en guerra abierta y sucia contra el bando que hoy ocupa las
principales responsabilidades institucionales de la Nación.
¿Corresponde Esta actitud a la de una
democracia madura, asentada, con mínimas reglas consensuadas de convivencia y
de racionalidad? No. Se asemeja más a la imagen chocante de socialdemócratas
escandinavos azorados frente al asalto de los fasci di combattimento de
Benito Mussolini.
El ataque constante, destructivo y
desestabilizador, no puede considerarse la actitud personal de algún alto
empresario, ni un resabio cultural de épocas oligárquicas pasadas, sino una
actitud política meditada que persigue un fin político estratégico: restaurar
el dominio de la coalición de sectores que protagonizaron el desquicio
económico e institucional 2015-2019.
Luego de Pearl Harbour, con buena parte de su
flota del Pacífico hundida, el gobierno norteamericano no menospreció ni
desvalorizó al enemigo. Movilizó todo su potencial industrial y militar para
revertir el estado de situación.
Hay 2021
Es altamente probable que 2021 sea para la
Argentina un año de clara mejoría económica, tanto por la prolongación y
extensión de procesos de reactivación productiva ya en marcha, como por la
finalización de las medidas de cuidado que paralizan ciertas ramas, luego de la
aplicación de la o las vacunas disponibles.
Al mismo tiempo, dado el duro impacto que
están sufriendo la actividad económica, el empleo y las finanzas públicas,
presenciaremos la natural eclosión de demandas sociales y conflictos
distributivos, en un contexto de completa libertad de movimientos en la escena
pública.
Es decir, que si bien el gobierno podrá
exhibir resultados concretos en materia de salida de la crisis, junto con un
razonable arreglo de la deuda externa legada por el macrismo, además del manejo
prudente y humanista de la pandemia, la situación social distará de ser
satisfactoria.
El escenario va a ser de normalización, desde
una situación muy delicada, partiendo de muy abajo.
Los trabajadores deberán evitar que en ese
contexto el capital avance sobre sus derechos, y al mismo tiempo buscarán
recuperar el empleo y mejorar el poder adquisitivo. Pero al mismo tiempo
deberán evitar ser utilizados por las estrategias multidimensionales de la
derecha para preparar su propio retorno al gobierno.
Está probada la capacidad de la derecha para
crear climas crispados, incluso en contextos de mejora generalizada, como ocurrió
luego de la crisis mundial de 2008 en nuestro país. Las movilizaciones masivas
de gente furiosa detrás de consignas delirantes no son una novedad. Eran las
semillas del macrismo.
La derecha comunicacional sabe hacer olvidar
o negar abiertamente los contextos locales y las realidades globales. Se
tratará de enervar a la gente y agitar sus emociones contra el gobierno
nacional por cualquier razón, justificada o no. Palabra contra palabra.
Amplias franjas intermedias, en una situación
socialmente tensa, buscarán explicaciones y también certezas, en relación al
rumbo del país. Habrá que saber proponer una lectura realista creíble de lo que
ocurra, frente a la multiplicación de discursos diseñados “a medida” por la
máquina publicitaria opositora.
Es importante entender que una buena gestión,
con logros claros y verificables, no constituye por sí sola un argumento
político suficiente en la actualidad. La separación entre la realidad y la
percepción de millones de argentinos es el campo de operaciones del poder mediático-comunicacional
en el que su mueve a sus anchas la derecha. Hay que asumir que esa dominación
autoritaria de las percepciones de una parte de la población constituye hoy un
grave problema político, social y hasta sanitario. Adoctrinan, envenenan y
enferman a una parte de nuestros compatriotas.
Para que haya 2021 no alcanzará con obtener
logros gubernamentales. Si no se disputa con determinación poder político, y
eso requiere indispensablemente organización popular y poder comunicacional,
los resultados de 2021 no están garantizados.
