Viaje a la Luna
Una memoria a mis antepasados, a mis vivencias...unos versos de futuro.
QUIEN NO SE OCUPA DE NACER SE OCUPA DE MORIR
jueves, 5 de mayo de 2022
AHORA 2
Qué
pasó con las 11 familias más ricas del país durante la pandemia: quiénes son y
cuánto ganaron
(Por Raúl Dellatorre)
Una investigación realizada sobre 16
entramados empresariales conformados en torno a las personas más ricas del
país, describió el modo en que se han estructurado en forma piramidal como
mecanismo de ocultamiento y extranjerización, y a la vez la forma en que han
incrementado su patrimonio mediante la explotación de los negocios más
rentables del país, incluso en plena pandemia. Durante el primer año de la
crisis de la Covid (comparando datos del primer bimestre de 2021 contra los del
primer bimestre de 2020), con información sobre 11 de las familias más
ricas del país, 8 incrementaron sensiblemente su patrimonio en dólares. En
el segundo año (febrero 2021 a febrero 2022), con datos sobre 7 de estos
grupos, 6 vieron crecer su patrimonio.
Entre los beneficiados en plena crisis
sanitaria, hay grupos cuya actividad principal es la producción o la
comercialización de alimentos, y varios con posición dominante en la producción
de materias primas o "commodities" transables. Son, como los describe
el estudio, los beneficiarios de "una estructura corporativa y de riqueza
en la Argentina", de la cual se han beneficiado, además, con la
"valorización comercial de su patrimonio durante la pandemia".
Las familias Coto, Braun, Pagani, Blaquier,
Rocca y Bulgheroni son algunas de las que relucen entre los casos empresariales
analizados por la investigación del Centro de Economía Política Argentina
(CEPA), realizada por un equipo que encabezaron Hernán Letcher, Julia Strada y
Leandro González.
"La pandemia colocó en el centro de la
escena a los fenómenos de riqueza y desigualdad en Argentina y el mundo. En ese
marco, la principal motivación de esta investigación fue comprobar algunas
hipótesis socialmente difundidas en 2020: ¿es cierto que hubo enriquecimiento
de los más ricos? ¿Puede cuantificarse?"
Los
resultados del primer año de pandemia
Con esta consigna se presentó la
investigación. Y la respuesta que alcanzaron fue contundente. En base a los
rankings de la revista Forbes, se tomó para el estudio la valorización de los
patrimonios comerciales de las 17 personas físicas seleccionadas y de su grupo
familiar. Comparando la evolución de la valuación del patrimonio comercial
entre los inicios de los años 2020, 2021 y 2022 (pre pandemia, primer año de
pandemia y segundo año de la misma), se lograron los siguientes resultados:
Para el primer año, se contó con información
sólo sobre 11 grupos empresarios familiares. Entre ellos, 8 aumentaron su
patrimonio en dólares y 3 tuvieron caída en su valorización. En términos
porcentuales, la familia que más vio crecer su patrimonio a febrero de 2021 fue
la encabezada por Carlos Blaquier (grupo Ledesma, azúcar y papel), al pasar de
u$s 120,4 millones un año antes a 162,9 millones en la fecha señalada, con un
incremento del 35% en moneda dura. Nicolás Caputo (Mirgor más Construcciones)
le sigue en suerte, al pasar de u$s 78,1 millones a 100,5 millones entre un año
y el siguiente (28% de aumento).
Con menor variación porcentual pero con
valuaciones absolutas más importantes, se destacan por su enriquecimiento en el
primer año de la pandemia:
Paolo Rocca (Techint), con un patrimonio
comercial que pasó de u$s 12.209 millones a 12.857 millones: sumó 648 millones
en sólo un año:
Luis Pagani (grupo Arcor), de tener u$s 4996
millones subió a 5719 millones, con un incremento de 723 millones en un año;
Rubén Cherñajovsky (grupo Newsan), de u$s
2003 millones de patrimonio comercial, subió a 2586 millones, con un
crecimiento de u$s 583 millones;
Alejandro Bulgheroni y herederos de Carlos
Bulgheroni (Bridas-Pan American Energy), sumaban u$s 1404 millones en 2020 y un
año después, 1739 millones.
También incrementaron su patrimonio en el
mismo período Eduardo Eurnekian (Corporación América) y Javier Madanes
Quintanilla (Aluar), mientras que tuvieron variación negativa en ese
período Federico Braun (La Anónima), Héctor Magnetto y herederos de Roberto
Noble (grupo Clarín), y herederos de Jorge Horacio Brito (Banco Macro).
El
segundo año de la pandemia
Para el segundo año de la pandemia, el
informe de CEPA sólo obtuvo datos comparativos para siete entramados
empresarios familiares, de los cuales 6 mostraron incrementos. Sólo el grupo
Eurnekian exhibe pérdidas, pero aclarando que, entre ambos períodos, vendió
Wilobank, sin que lo obtenido de la operación se refleje en la valuación
patrimonial de febrero de 2022.
Entre los ganadores, se destaca un nuevo
salto patrimonial de Paolo Rocca,que con un incremento de 3776 millones,
alcanzó los 16.633 millones de dólares. Carlos Blaquier y Nicolás Caputo más
que duplicaron al comienzo de este año su patrimonio del año pasado (llegó a
u$s 234 millones el primero y a 211 millones el último), mientras que los
dueños de los grupos Clarín, Macro y La Anónima pudieron revertir el
resultado negativo del año anterior, sumándose a los favorecidos por el
enriquecimiento en plena pandemia.
¿POR QUÉ
HAY QUE CAMBIAR EL CELULAR CADA TANTOS AÑOS?
(Por Martín Smud)
Ya tenemos el depósito de los que ya no
usamos, no tenemos otra alternativa que cambiarlos, estamos atentos cuando
nuevas actualizaciones de las aplicaciones nos van a avisando que pronto
llegará el nuestro al cajón de los inservibles. Investigaciones han demostrado
que el tiempo de obsolescencia programada no dura más que cinco años. Si el
reinado de los celulares ya cumplió veinte años, hemos cambiado hasta ahora, al
menos, cuatro celulares.
¿Qué significa este deber como consumidores?
No se trata sólo de la vertiginosidad de los adelantos tecnológicos, aunque sí
es una de sus características fundamentales en estos tiempos desconcertantes:
nunca vivimos tan cómodos y con tantos recrudecimientos de conculcaciones de
derechos por una injusta distribución de la riqueza.
Se trata de una nueva acumulación del poder
del siglo XXI, ligada a una paradoja: a diferencia de lo que ocurre en la vida
social, en la cual minoría es sinónimo de exclusión y represión; en el plano
financiero económico político, una pequeñísima parte del planeta tiene tal
fuerza que logra hacer pasar sus intereses por los intereses de casi todos y
todas. El 1 por ciento se “come” el 40 por ciento de la torta, no debemos
chistar, es así sostienen, inexorable como el oxígeno que respiramos.
¿Cómo logran semejante potencia de
convencimiento, de elocuencia, de poderío? Si a comienzos de la modernidad,
hace cuatrocientos años, fue la idea de progreso la que traccionaba, hoy en
tiempos de la era digital se ha aceitado una de las características del poder:
su radiación concéntrica. Desde el centro hacia la periferia: las fugas,
elipsis, perspectivas van perdiendo conectividad, brillo y riqueza. Al final,
lo más alejado, lo desechable, los que apenas pueden abrir la boca o pasar el
dedo por su “celular indigente”; las plataformas van expulsando, año a año, a
los que no logran cambiar su aparato, volviéndolos inservibles. A los aparatos
y a sus poseedores.
Hace siglos, el poder normativizante había
que ir a buscarlo a quienes detentaban la coacción y la concentración de las
riquezas, luego ese poder había que buscarlo en los cuerpos y cómo transmitían
la asimetría de los sexos y la invisibilización entre los pliegues de la cama
heteronormativa matrimonial; hoy lo buscamos en el lazo social que propulsa la relación
del ser humano con su identidad virtual que se presenta luego de varios filtros
en aplicaciones gratuitas y redes sociales. El lazo social no parte de un
sujeto y un cuerpo sino de un avatar, “cuerpos” perfilados, filtrados,
moldeados por los algoritmos de pocas empresas monetizadas (megacorportaciones
cybertecnológicas) que convierten en datos nuestro destino, nuestra vida,
nuestros deseos.
Y esos avatares necesitan determinados
aparatos y computadoras, que debemos mantener actualizados, nos aseguran (y son
fiables) que nuestras fotos, mensajes, datos se pasarán de un celular a otro en
cuestión de minutos porque todo está en la nube. ¿Quién no tuvo miedo de perder
algo de su “vida” en el cambio de un celular a otro y luego suspiró de alegría
al notar que las pérdidas son mínimas y crecientemente sensibles a que pase lo
menos posible? Cada nuevo celular implica un nuevo enrollamiento, una nueva
vuelta de avatares, perfiles filtrados, emojis que transpiran intentando ser
los mensajeros de lo que ya no se llaman respuestas sino reacciones. Y hoy
estamos de fiesta porque el cambio de celular fue exitoso, sentimos más oxígeno
para los pulmones.
Nuevos avatares, perfiles, emojis nos
esperan, naturalizando, haciendo olvidar que, al final del túnel visual del
panóptico digital, está nuestro cuerpo que respira, dejado en alguna habitación
que debe ser tuyo, mío, el nuestrx. Ese cuerpo, lugar otrora privilegiado de
miradas, recibe todas las radiaciones nocivas de estos tiempos: las
enfermedades psicosomáticas y caracteropatías del ánimo que lo llenan de
ansiedad y compulsiones varias. Los cuerpos son el resto, lo que queda de la
operación de la concentración de la acumulación neoliberal feudal digital.
Somos las repetidoras humanas de una
viralización que necesita nuestro “pasar el dedo” (escroleo) y luego nos
olvidan hasta la próxima. Pasar posteando todo el día, intentando que esa caída
sea breve y que vuelve la subida al ser mirado y “likeado”. Se espera que digas
en pocas palabras tus deseos y que a pesar de las restricciones de movimientos
y las limitaciones de tu condición, hagas pública en redes tus tres deseos que
se cumplirán como profecías autocumplidoras, y luego aceptes caer en el olvido
hasta que vuelvas a subir, subibaja infantil, montaña rusa adolescente.
En el alza, algunos slogans tienen más fuerza
que un sermón, han calado hondo en la subjetividad de la época: “sólo hazlo”,
“creer es poder”, “no hay límites mientras que te los propongas”. En la baja,
nos agarramos a la superficie pulida del celular como tabla de salvación: ver
las historias de otros, reaccionar de la peor manera, viralizar historias que
calumnian, divertirnos de los memes que muestran cómo es la cosa.
Un efecto ligado a los algoritmos (y su
propensión de averiguar a quienes importás más y qué consumirás) es la
producción de los llamados efectos burbuja. Una palabra que se volvió
significativa en épocas pandémicas refiriéndose a “círculos cerrados” con
personas familiares, y esto acontece en lo digital; nos encierran dentro de
burbujas sesgada por pocas variables. Las burbujas engloban a pocos y pocas, a
los que se nos parecen, a los que suben y bajan parecido, a los se nos parecen,
cómo crecen y sobre todo cómo caen y explotan.
Las burbujas son significantes, tienen
variados sentidos en nuestro siglo XXI. Generan agrupamientos de elementos
“extensos” ligados a lo familiar y a la manera de soportar los vaivenes de la
subida y bajada pero tienen otra característica fundamental: explotan por el
lado más frágil, por el lugar más expuesto. Volviendo a la paradoja de la
minoría y la mayoría, la minoría sabe de ese juego y salen antes de esa
tremenda explosión, y ahí quedarán las mayorías, aguantando las pestes del
planeta. Serán acompañados en el sentimiento de aquellos que han zafado por poco
pero esa “maldición” del caído despierta en un primer momento mensajes de
aguante para luego ser dejado en una silenciosa ignominia y soledad. (Soledad
en tiempos de la hipercomunicación es sentida como espada que nos atraviesa
como en una batalla de la edad media).
Lo concéntrico del poder replantea la noción
de mercado, no se trata de que los monopolios y los oligopolios sean una de las
“depravaciones” del capitalismo sino, todo lo contrario, son sus
características fundamentales. No se trata de que el sistema no funciona sino
que la concentración cada vez más obscena es estructural. Y el lazo social
tiene esas limitaciones, los seres humanos van alejando sus cuerpos, perdiendo
influencia unos con otros y en el centro, las múltiples pantallas tratan de “cambiar”
nuestros enormes miedos y angustias.
Ante cada nuevo cambio de celular, cada vez
más inteligente, se actualiza la pregunta de si somos nosotros los que los
cambiamos a ellos, o son “ellos” quienes nos cambian a nosotros. No temamos la
respuesta. Este siglo nos enseña que debemos sacarnos el lastre de encima,
antes de que te quedes con un celular viejo, cambialo, hacé el esfuerzo,
cualquier cosa antes de quedarte con un problema irresoluble.
Tendrás mejor celular, mejores amigos,
mejores subidas. Te sorprenderás, tendrás cámara más sensible, más memoria, más
rapidez, pero sobre todo la constatación de que seguís en el juego, podrás
avisar por las redes que ahora estás contento con el celular nuevo y
descubrirás que un emoji especialmente diseñado por el celular con tu cara te
dará la bienvenida. Y lloverán miles de salutaciones y likes que compartirán
las alegrías y las emociones de que cambiaste, que ahora sí podrás sentirte por
más tiempo dentro de los que se sienten como nunca, con la promesa de no tener
tantas caídas.
jueves, 31 de marzo de 2022
(Jorge Luis Borges)
Lunas,
marfiles, instrumentos, rosas,
lámparas y la línea de Durero,
las nueve cifras y el cambiante cero,
debo fingir que existen esas cosas.
Debo fingir que en el pasado fueron
Persépolis y Roma y que una arena
sutil midió la suerte de la almena
que los siglos de hierro deshicieron.
Debo fingir las armas y la pira
de la epopeya y los pesados mares
que roen de la tierra los pilares.
Debo fingir que hay otros. Es mentira.
Sólo tú eres. Tú, mi desventura
y mi ventura, inagotable y pura.
I linger in the shadows
The dimming of my light...
miércoles, 23 de marzo de 2022
SILENCIO DE LARGA DATA
Volodímir Orlov Sturman-urin, en España conocido como Vladi Orlov (nacido en Járkov, Ucrania), es un jugador de baloncesto profesional ucraniano con nacionalidad española que actualmente juega de pívot en las filas del CB Benicarló de la Liga LEB Plata, de la segunda división del baloncesto español. Vive con preocupación lo que ocurre en su país pero su visión del conflicto dista mucho de la de otros atletas ucranianos.
Sus declaraciones en el programa “Tirando a
fallar” de esRadio y en La Voz de Galicia no han dejado indiferente a nadie y,
aunque son de hace varios días, se han convertido en uno de los asuntos más
comentados en Twitter durante estos días.
Natural de Járkov, lleva desde los once años
en España, pero casi toda su familia, padres, hermana, abuelos, sigue
residiendo en su ciudad natal, que fue la primera, dice, en ser atacada por el
ejército ruso. “Mi ciudad, Járkov, está en la zona prorrusa. No justifico
lo que ha hecho Putin, porque no quiero ningún tipo de violencia, pero llevamos
8 años en guerra en los que se está bombardeando esa parte del país y eso no
sale en televisión. El Ejército ucraniano arrasaba con todo y no hemos visto a
esos muertos en los medios. Siento mucha rabia”, comienza afirmando el jugador.
Orlov asegura que su familia, a la que no ve
desde antes de la pandemia, se encuentra bien pero vive refugiada en el metro y
en los búnkeres de la ciudad para repeler los ataques. «Están refugiados en el
metro, porque es anti bombardeos, o encerrados en casa».
Sin embargo, el pívot tiene una visión muy
diferente del conflicto de la que han manifestado otros atletas de su
país. No justifica la invasión rusa porque asegura que odia todo tipo de
violencia pero dispara contra todo y contra todos y denuncia la desinformación
promovida por las autoridades ucranianas.
La OTAN y la UE solo cuentan lo que quieren
«El 90 % de las noticias que salen aquí son
falsas, porque España forma parte de la OTAN. Estas contando solo lo que a
ellos les conviene. El gobierno ucraniano les está diciendo a los civiles
que salgan a luchar. Están vendiendo a la gente, les dan armas a personas que
no saben usarlas y se están matando entre ellos. Lo que va a pasar en Kiev no
tiene buena pinta», asegura.
Járkov está situada en la zona fronteriza de
influencia rusa y es una provincia vecina de Lugansk y Donetsk, las dos
reconocidas como repúblicas independientes por Rusia. Vladi Orlov remarca que
no está a favor de lo que está haciendo el ejército ruso, aunque opina
que este ha sido un conflicto espoleado por el actual gobierno de su país.
Asegura que «Donetsk y Lugansk llevan ocho años sufriendo el genocidio del
ejército ucraniano».
«El gobierno ucraniano provocó esta
situación. No puede amenazar a Rusia ofreciéndose a instalar bases militares de
la OTAN en su frontera. Al presidente de Ucrania le conviene lo que está
pasando. Esa zona del Dombás ya es independiente de Ucrania desde hace varios
años y Rusia, con su intervención, dijo que su primer objetivo eran las bases militares
que amenazaban su frontera», apunta Orlov.
También cuestiona el papel de Occidente en
esta crisis: «La OTAN y Estados Unidos prometieron protección al presidente
ucraniano, él confió en ellos, y ahora se han echado atrás porque les interesa
dejar a Rusia como villano. No
defiendo la guerra ni lo que hace Rusia, pero la OTAN y Estados Unidos han
buscado esto. A Putin se le ha ido la mano pero también a Zelenski,
que está llevando a civiles a la muerte” concluye.
Sus palabras han provocado un enorme revuelo
en redes sociales donde ha encontrado muchas muestras de apoyo y también
numerosas críticas. Mientras algunos usuarios atacan con dureza su posición
prorrusa, otros ya ven sanciones para él como las sufridas el pasado viernes
por Anatoliy Tymoshchuk, el
jugador con más internacionalidades de Ucrania y actual ayudante en el
banquillo del Zénit, cuyo silencio sobre la invasión rusa le ha salido muy
caro. La Federación de Fútbol del país, en una reunión de urgencia, decidió
suspender su licencia como entrenador, borrar todo su historial deportivo con
la selección y retirarle todos los títulos ganados en su país de nacimiento.
Donbass, es un documental de
Anne-Laure Bonnel que pude ver en “la Pupila Insomne” de Iroel Sanchez y dejo a continuacion,
esta joven directora y madre de familia francesa, decide acompañar a Alexandre,
padre de origen ucraniano, a la región de Donbass, al este de Ucrania en la
zona prorrusa.
En el corazón de la guerra que comenzó en
2014, captura las terribles imágenes de un conflicto mortal y un desastre
humanitario sin precedentes. Donbass es una road movie inmersiva, un
apasionante documental en un país desgarrado.
Un conflicto que, antes de que se reiniciara
la guerra este año, se cobró 13.000 víctimas según la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH),
incluidos al menos 3.350 civiles, aproximadamente 4.100 miembros de los
ucranianos y unos 5.650 miembros de pro- grupos armados rusos.
martes, 22 de marzo de 2022
con el fondo, abajo,
como Dios con su primer grito
rehacer todo
poder ser mejores
sin hambre
sin frio
sin bombas
caminando descalzo
en la acera de mi Lawton
volver a la luz primera
lunes, 21 de marzo de 2022
Hace unos días atrás leí un artículo en INFOBAE (léase maquinaria propagandística de la derecha latinoamericana), con el siguiente título: La Corte Penal Internacional investiga a Nicolás Maduro: qué pasó con los otros dictadores juzgados en La Haya (https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/03/19/la-corte-penal-internacional-investiga-a-nicolas-maduro-que-paso-con-los-otros-dictadores-juzgados-en-la-haya/) la Infografías es de Marcelo Regalado, muy bien “hechita” para destacar lo que quieren destacar, es decir que van a juzgar a Maduro y “están haciendo los papeles” para la invasión “de Putin” a Ucrania, lo que nunca van a mencionar, ni en este ni en otros artículos referido a la CPI es lo que a continuación dejo sobre ella, por suerte leí este articulo en “la Pupila Insomne” de Iroel Sánchez(https://lapupilainsomne.wordpress.com/2022/03/19/juicio-internacional-a-putin-y-maduro-pero-no-a-bush-netanyahu-o-uribe-por-roberto-hernandez-montoya/), vale para conocer bien a este tal fiscal Karim Khan “que trabaja hace meses en la causa formal contra el régimen de Venezuela por la brutal represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017”, pero ha decidido “engavetar” las acusaciones contra Uribe, Santos y Duque en Colombia, ("a pesar de la gravedad y masividad de los crímenes probados cometidos por las fuerzas de seguridad gubernamentales y los paramilitares de ultraderecha") y redireccionar la acusaciones contra USA en Afganistan, entre otras perlitas justiciera de este “gran magistrado”, que se quito la venda para mover la balanza hacia un solo lado.
(Por Roberto Hernández Montoya)
El Consejo de Ministros español ha decidido
el pasado martes 15 sumarse a otros 38 países que han reclamado al fiscal de la
Corte Penal Internacional (CPI) investigar y juzgar a Vladimir Putin por
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio contra el pueblo
ucraniano.
«Esta guerra no le puede salir gratis a
Putin», declaró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares por
televisión, y en una entrevista a El País el pasado 6 de marzo llegó
a decir: «Esta es la guerra de una persona, la guerra de Vladimir Putin».
Tanto Albares como la ministra portavoz,
Isabel Rodríguez, el propio Pedro Sánchez y otros ministros y cargos del PSOE
consideran que esta es «la guerra de Putin», una frase que repiten desde hace
días también una y otra vez machaconamente al unísono todos los medios de los
oligopios mediáticos españoles.
Todos ellos parecieran querer transmitir a la
opinión pública que de ser detenido, derrocado o asesinado Putin, se acabaría
la guerra y que con ello Rusia rectificaría su política expansionista e
imperialista.
La brutalidad de la invasión rusa, con el
reguero de muertos que deja a su paso, con millones de civiles huyendo con lo
puesto de su país devastado, concita lógicamente la conmoción y la solidaridad
de nuestra ciudadanía con ellos.
Este clima emocional, de solidaridad con las
ucranianas y ucranianos, y esa ira que se personaliza en Putin hace parecer
como normal reclamar su detención y juzgamiento por un tribunal
internacional.
No es casual tampoco que en estos días Joe
Biden llamara a Putin por primera vez «criminal» de guerra.
Es en ese mismo sentido que casi 40 países,
entre ellos España, decidieran pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) -el
único tribunal existente a nivel mundial desde los Juicios de Nüremberg con
competencia para juzgar genocidios, crímenes de guerra y crímenes de lesa
humanidad- , que inicie los trámites para investigar y procesar a Putin por los
crímenes cometidos desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero.
Aunque ni la Federación Rusa ni Ucrania son
estados miembros de la Corte el fiscal principal de la CPI, Karim Khan, ha
iniciado con una premura poco habitual las investigaciones sobre la base del
artículo 14 del Estatuto de Roma por el que se rige ese alto tribunal, que
contempla que cualquier Estado parte denuncie a otro país por crímenes de su
competencia.
El hecho de que fueran 39 países miembros los
que lo pidieran le ha permitido al fiscal abrir la investigación sin necesidad
de pedir permiso a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI., algo poco
habitual y que permite agilizar enormemente el caso.
El reclamo sin duda sería justo dada la
gravedad de los crímenes ya cometidos por el régimen ruso… si no fuera porque
supone una grosera muestra de cinismo por parte de la Corte y de la ‘comunidad
internacional’.
Nadie
pagó por los crímenes de la ‘Guerra contra el Terror’
¿Cuál es la explicación del Gobierno de Pedro
Sánchez y de todos los otros países firmantes de ese reclamo a la CPI para
pedir ahora el enjuiciamiento de Vladimir Putin cuando ni los gobiernos del
PSOE ni los de esas decenas de países pidieron nunca juzgar a George W.
Bush por los reiterados y masivos crímenes de guerra cometidos con su Guerra
contra el Terror durante ocho años, en complicidad con Tony Blair y el
apoyo de José María Aznar?
¿Por qué nunca pidieron tampoco investigar y
procesar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por las matanzas en
Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, por su política criminal cotidiana de años
contra la población palestina en los territorios ocupados ilegalmente por
Israel, a pesar de las repetidas resoluciones en contra de Tel Aviv aprobadas
en las Naciones Unidas?
La guerra unilateral y sin autorización de la
ONU contra Irak patrocinada por el tristemente célebre Trío de las Azores hace
19 años, justificada por la búsqueda de unas inexistentes armas de destrucción
masiva, provocó cientos de miles de víctimas y la devastación de un país.
Al igual que sucedió en Afganistán las tropas
estadounidenses y las decenas de miles de mercenarios de las compañías
militares privadas subcontratadas por el Pentágono aplicaron sistemáticamente
la tortura a los prisioneros con total impunidad, y humillaron y reprimieron
indiscriminadamente a la población civil.
Una gran masa de documentos de las fuerzas
armadas y los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos
desclasificados o filtrados por Wikileaks demostraron la magnitud de
esos crímenes y la trama que se urdió desde la propia Casa Blanca, el
Pentágono, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia
estadounidenses para darles cobertura legal e impunidad.
Nadie ha pagado ni política ni penalmente por
todos esos crímenes. El cómplice español de ellos, José María Aznar y los
miembros de su Gobierno, nunca se han disculpado siquiera por su
responsabilidad en involucrar a España en una guerra que devastó a un país,
alimentó el yihadismo e hizo del mundo un lugar aún más violento, inseguro e
inestable.
Aunque con la boca chica tanto Bush como
Blair se disculparon por su ‘error’, Aznar nunca lo hizo.
Barack Obama al llegar al poder prometió
investigar y castigar con firmeza aquellos crímenes de la era Bush pero ni
siquiera logró consenso para hacerlo en el Partido Demócrata y en su propio
Gobierno.
Reino Unido sí ordenó una investigación sobre
su participación en la guerra de Irak que concluyó en el Informe
Chilcot https://www.gov.uk/government/publications/the-report-of-the-iraq-inquiry de
2015 tras siete años de investigación. «En 2003 por primera vez desde la II
Guerra Mundial Reino Unido participó en la invasión de un país soberano», se
sostenía en el informe.
En él se criticaba con dureza que no se
habían agotado otras vías antes de recurrir a la acción militar. «Se
subestimaron las consecuencias y se fracasó en lograr los objetivos
establecidos».
A pesar de ello no hubo más que reprimendas
políticas sin consecuencias legales de ningún tipo.
Blair pudo así mantener el cargo que
ostentaba desde que dejó Downing Street en 2007, el de enviado especial para
Oriente Medio por el Cuarteto para la Paz (ONU, UE, EEUU y Rusia).
El ex primer ministro y líder del Partido
Laborista mantuvo ese cargo de enviado especial sin que se considerara
incompatible con ser al mismo tiempo asesor de la familia real de Kuwait, de la
empresa surcoreana UI Energy con intereses petroleros en el Kurdistán
iraquí, o que trabajara para Mubadala, poderoso fondo de inversiones de
los Emiratos Árabes Unidos.
Blair preside actualmente el Consejo Europeo
para la Tolerancia y la Reconciliación.
Ningún país, ningún gobierno ni conservador
ni socialdemócrata pidió en aquel momento tampoco que Bush, Rumsfeld, Rice,
Powell, Tenett, Bolton y otros altos responsables de EEUU fueran juzgados por
la Corte, a pesar de que esta ya había entrado en vigor el 1 de julio de 2002,
cuatro años después de que se aprobara en 1998 el Tratado de Roma, su carta
fundacional,
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
ratificado ya por 123 de los 183 países
firmantes.
Tampoco han pedido ninguno de esos países que
se juzgue a Benjamin Netanyahu.
Ni EEUU
ni Israel aceptan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional
El artículo 25 del Tratado de Roma aclara que
solo pueden ser investigadas y procesadas personas individuales, no gobiernos
ni instituciones. Se puede juzgar a todo aquel que cometa el crimen, o lo haya
ordenado, propuesto, facilitado o instigado.
Estados Unidos no ratificó nunca el Tratado
de Roma por el que se rige la CPI. No lo hizo ni Bill Clinton, ni George W.
Bush, Barack Obama ni todavía al menos lo ha hecho Joe Biden.
EEUU votó en 1998 en contra al igual que
Israel, China, Irak, Yemen, Arabia Saudí, Turquía o Libia. Ni Irán ni Siria,
India, Turquía, Arabia Saudí o Rusia lo han ratificado tampoco. Rusia retiró su
firma del Tratado de Roma en 2016 ante el temor de ser acusada tras los sucesos
del Maidán en Ucrania y la anexión de Crimea.
En el caso de EEUU no solo ha rechazado la
competencia de ese alto tribunal para juzgar crímenes de guerra, genocidio o de
lesa humanidad que hubieran cometido ciudadanos estadounidenses, fueran estos
militares, agentes de Inteligencia, funcionarios públicos o civiles, sino que
incluso ha amenazado y sancionado a altos funcionarios de la Corte.
El ultraconservador republicano Jesse Helms,
que ostentaba en los años ’90 el cargo de presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado de EEUU llegó a decir: «La CPI es de hecho un
monstruo, y tenemos la responsabilidad de descuartizarlo antes de que crezca y
acabe devorándonos».
Basándose en el principio de justicia
universal la Corte tiene competencia para juzgar crímenes cometidos por
ciudadanos de un país no miembro en el territorio de un país que sí sea
miembro. La Corte solo puede actuar en los casos en los que los acusados no
puedan o no quieran ser juzgados por su país de origen.
Ese fue el argumento legal que utilizó en
2017 la fiscal principal de la CPI, la gambiana Fatou Bensouda, para solicitar
a los magistrados de la Corte autorización para investigar crímenes de guerra
cometidos en Afganistán -que sí es miembro desde el 1 de mayo de 2003, a
diferencia de Irak- por tropas, agentes de Inteligencia, mercenarios y otros
funcionarios estadounidenses.
Bensouda incluyó también entre los delitos
cometidos por fuerzas estadounidenses las detenciones ilegales y torturas
practicadas a prisioneros por agentes de la CIA en sus cárceles secretas
situadas en Oriente Medio, Asia y también en Polonia, Rumanía y Lituania, estos
tres últimos miembros de la Corte.
La CPI decidió rechazar inicialmente en 2019
el pedido de la fiscal pero tras ser recurrido ante su Cámara de Apelaciones en
2020 le fue autorizado iniciar el proceso.
Trump
sancionó a la Corte por investigar crímenes de EEUU en Afganistán
El Gobierno de Donald Trump respondió
inmediatamente con una Orden Ejecutiva por la que ordenó bloquear la entrada a
EEUU a todo funcionario de la CPI, al igual que a cualquiera de sus familiares,
congelando a su vez propiedades, bienes y cuentas bancarias que pudieran tener
en EEUU.
Joe Biden anuló esas medidas en abril de 2021
y dos meses después acababa el mandato de la fiscal principal Fatou Bensouda y
tras una reñida votación era sustituida por el criminalista británico Karim
Khan.
Éste, argumentando tener ‘recursos limitados’
para investigar, sumado a los problemas derivados del COVID-19 y la llegada al
poder de Afganistán de los talibán, anunció a los magistrados de la Corte la
necesidad de ‘reorientar’ la investigación en curso. «He decidido centrar las
investigaciones de mi oficina en Afganistán en los crímenes que habrían sido
cometidos por los talibanes y el Estado Islámico de la provincia del Khorasan,
en detrimento de otros aspectos de la investigación».
De esta manera años de investigación sobre
los crímenes cometidos por fuerzas de EEUU en Afganistán, recogida de pruebas y
testimonios, fueron tirados a la papelera para ‘reorientar’ la investigación.
La investigación llevada a cabo por la
anterior fiscalía incluía también los crímenes cometidos por los talibán, por
la red Haqqani y también por parte de soldados gubernamentales afganos, pero el
nuevo fiscal decidió ‘reorientar’ la causa y dejar fuera de las investigaciones
a las fuerzas estadounidenses.
La anterior fiscal, Fatou Bensouda, también había
solicitado durante su mandato autorización a los magistrados de la Corte para
investigar a Israel por las matanzas y crímenes cometidos en Gaza, Cisjordania
y Jerusalén este, y también por su política de ‘apartheid’ con la población
palestina. Igualmente incluía en sus investigaciones los crímenes que pudieran
haber cometido grupos armados palestinos como Hamás.
El Gobierno de Benjamin Netanyahu acusó a la
CPI de «antisemitismo» y rechazó colaborar en cualquier investigación. EEUU
salió rápidamente en su defensa y pronto le siguió Reino Unido, cuyo primer
ministro, Boris Johnson dijo: «Da la impresión de ser un ataque parcial y
prejuicioso contra un amigo y aliado del Reino Unido».
A esta crítica a la decisión de la Corte se
sumaron también Australia, Canadá, Alemania y Hungría.
La Autoridad Nacional Palestina, que
participa en la Asamblea General de Naciones Unidas como ‘estado observador’ y
en 2015 firmó el Tratado de Roma, sí aceptó la investigación, pero los
obstáculos puestos por Israel para investigar en los territorios palestinos que
ocupa han hecho que los trabajos avancen a cámara lenta.
Esta causa no ha concitado apoyo de la
‘comunidad internacional’ a pesar de que son muchos los países de todo el mundo
conscientes de los crímenes cometidos por Israel, y a pesar de que han votado
numerosas resoluciones en Naciones Unidas condenando a ese país por su ilegal
política de ocupación y de la expansión de los asentamientos de colonos judíos
en tierras palestinas.
Maduro,
el único mandatario latinoamericano investigado por la CPI
El manifiesto doble rasero de la CPI y la
‘comunidad internacional’ hace también que se vea normal que la Corte haya
demostrado gran agilidad a la hora de aceptar en 2018 el reclamo de cinco
países latinoamericanos gobernados todos ellos en su momento por la derecha,
Argentina, Perú, Chile, Paraguay y Colombia, a los que se ha sumado Canadá-
para investigar a Nicolás Maduro por ‘crímenes de lesa humanidad’.
La Corte abrió un examen preliminar por ese
caso y en 2021 el fiscal de la CPI Karim Khan anunció que ya iniciaba la
segunda etapa, la de una investigación formal. Khan visitó en octubre pasado
Venezuela -que sí es estado miembro de la Corte y reconoce su competencia-, se
reunió con distintos actores y con el propio presidente acusado, Nicolás
Maduro, con quien incluso compartió posteriormente rueda de prensa.
Si los actos represivos que pudieran haber
cometido las fuerzas de seguridad venezolanas, por graves que fueran, se
consideraran pasibles de ser considerados ‘crímenes de lesa humanidad’ cabe
preguntarse: ¿se extenderá esa calificación igualmente a los crímenes cometidos
por las fuerzas de Yair Bolsonaro en Brasil, o las del príncipe Mohamed bin
Salmán en Yemen, de Reccep Tayyip Erdogán contra la población kurda en Turquía
y en Irak, las de Mohamed VI contra la población saharaui o los crímenes
probados de tantos otros mandatarios?
En Colombia, a pesar de la gravedad y
masividad de los crímenes probados cometidos por las fuerzas de seguridad
gubernamentales y los paramilitares de ultraderecha aliados durante los
mandatos de Alvaro Uribe, Juan Manuel Santos y el actual presidente Iván Duque,
en 2021 el fiscal Khan decidió cerrar definitivamente la causa abierta 18 años
antes.
¿Qué credibilidad tiene entonces la Corte
Penal Internacional? El fiscal Carlos Castresana, que compitió con Khan y otros
candidatos al cargo de fiscal principal de la CPI recordaba en 2021 en una
entrevista en El País que » El 62% del personal [sobre un total de
300 fiscales] pertenece a Europa occidental, Canadá, Australia y Nueva Zelanda,
frente, por ejemplo, a un 17% de africanos».
Gambia, Sudáfrica, Burundi y otros países
africanos abandonaron la CPI al considerar discriminatoria la decisión de la
Corte de investigar mayoritariamente crímenes cometidos en África.
Ni Rusia ni Ucrania son estados parte de la
CPI pero ese alto tribunal está actuando con celeridad para buscar la fórmula
legal que aún así le permita aceptar el reclamo de investigación hecho por 39
países, entre ellos España.
Según algunos juristas el hecho de que el
Gobierno de Zelenski haya convocado a la población civil a armarse y a fabricar
explosivos caseros para usarlos contra los soldados rusos, por lógica que
parezca esa resistencia, podría convertir a esos civiles en ‘objetivos
legítimos’ de ataque según el Derecho Internacional Humanitario, complicando
legalmente una causa contra Putin.
España, con una legislación que aún en 2022
impide juzgar los crímenes del franquismo y que en 2014 recortó drásticamente
en su ordenamiento jurídico el principio de jurisdicción universal, sí se
muestra ahora ágil para buscar vericuetos legales que le permitan declararse
competente para una investigación preliminar por los crímenes ordenados por
Putin en Ucrania.
La Fiscalía General del Estado abrió ya el
pasado 8 de marzo diligencias prejudiciales en ese sentido.
jueves, 17 de marzo de 2022
(Por Danilo Albin)
Todo el mundo está conmovido por las
operaciones militares en Ucrania, pero no es la única guerra en desarrollo.
Lejos del interés de los medio, una veintena de enfrentamientos bélicos
desangran a distintos territorios en África y Asia. Los números de muertes
anuales se cuentan por miles.
El horror de la guerra no descansa. El drama
bélico se vuelve costumbre para quienes sobreviven bajo dantescos escenarios,
collages infames en los que el hambre le da la mano a la muerte de día y de
noche. No hace falta que se vaya el sol para que llegue la oscuridad: en una
veintena de lugares del planeta esperan que alguna vez se pueda amanecer en
paz. Mientras, les toca morir dos veces: matan los misiles, pero también mata
el olvido.
Es la guerra, la maldita guerra. Es África,
es Asia. Es ahora también Europa. Se llama Ucrania y se llama Etiopía. Es la
larga noche de Yemen. Es el día que nunca llega en Sudán del Sur.
Según datos recogidos por Escola de Cultura de Pau de Catalunya, en este momento hay 17 conflictos graves abiertos en el mundo.
Ucrania
La invasión rusa de Ucrania ha supuesto el
último capítulo de una historia de tensión y violencia que se remonta a finales
de 2013. El Gobierno de Vladimir Putin emprendió el pasado 24 de febrero una
serie de ataques que han provocado la indignación internacional. De momento, no
hay caminos claros en torno a una posible salida negociada.
Camerún
(Ambazonia/North West y South West)
Escola de Cultura de Pau subraya que
"las dos regiones anglófonas del oeste de Camerún continúan afectadas por
el grave clima de violencia como consecuencia de las acciones de los actores
armados secesionistas, así como del excesivo uso de la fuerza y las operaciones
de contrainsurgencia llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y las milicias
locales". La violencia estalló en 2017. Según datos del International
Crisis Group, ya ha habido más de 6.000 muertos.
Etiopía
(Tigray)
En 2020, la región etíope de Tigray se vio
afectada por una escalada de la tensión con el Gobierno federal que derivó en
una confrontación bélica de graves consecuencias. El 4 de noviembre de ese año,
el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó el inicio de una operación
militar contra las autoridades de esa región fronteriza con Eritrea. Tras la
ofensiva se desencadenaron duros enfrentamientos y una escalada del conflicto,
provocando el desplazamiento de miles de civiles. La ONU alertó que se estaba
desarrollando una crisis humanitaria a gran escala.
En noviembre pasado, el presidente de EEUU,
Joe Biden, afirmó que Etiopía no cumple con los requisitos de elegibilidad de
la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA) "por graves
violaciones de los derechos humanos reconocidos internacionalmente".
"Estamos ante un conflicto al que se suma un deterioro de la economía y
perturbaciones climáticas que están agravando la situación humanitaria de más
de 26 millones de personas", subraya Pilar Orduña, responsable humanitaria
de Oxfam Intermón.
Malí
Este país africano es escenario de múltiples
violencias. En su informe sobre los conflictos que atraviesan el mundo, Escola
de Cultura de Pau destaca que el sufrimiento en gran parte del territorio
maliense se debe a las acciones armadas perpetradas por grupos de corte
yihadista, a lo que se suman enfrentamientos entre milicias de las comunidades
fulani, dogon y bambara y choques armados entre las dos coaliciones de grupos
yihadistas en la región, así como las respuestas no menos agresivas de las
fuerzas de seguridad. El horror se ha cobrado desde 2012 al menos 25.000 vidas.
Según ACNUR, 2,5 millones de personas se vieron desplazadas de sus lugares de
residencia a causa de esta dramática situación.
Mozambique
(Norte)
La provincia de Cabo Delgado, en el norte de
Mozambique, padece desde finales de 2017 un conflicto armado protagonizado por
el autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ). La organización armada de
carácter yihadista hizo su primera aparición en octubre de ese año con el
ataque a tres puestos policiales en el distrito de Mocimboa de Praia. Desde ese
momento, Cabo Delgado ha sido el epicentro de un aumento en la actividad
violenta en el país. Médicos Sin Fronteras alertó recientemente de que "la
crisis humanitaria persiste y cientos de miles de personas desplazadas
sobreviven en condiciones precarias".
Región
Lago Chad (Boko Haram)
La secta islamista Boko Haram reclama el
establecimiento de un Estado islámico en Nigeria y considera a las
instituciones públicas nigerianas como corruptas y decadentes. El informe de
Escola de Cultura de Pau alerta sobre la "persistencia de las actividades
de Boko Haram, a pesar de las operaciones contrainsurgentes, provocando nuevos
desplazamientos de población y agravando la crisis humanitaria existente",
marcada por "violaciones generalizadas de los derechos humanos, entre
ellas masacres de civiles, la mutilación y el secuestro de menores y la
violencia sexual contra ellos".
Región
Sahel Occidental
La región occidental del Sahel (norte de
Malí, norte de Burkina Faso y noroeste de Níger) se ve afectada por una
situación de inestabilidad creciente que tiene un origen multicausal. Se
combina la existencia de redes de criminalidad transfronteriza en el Sahel y la
marginación y subdesarrollo de las comunidades nómadas tuareg en la región,
entre otros factores. A todo esto se une la expansión de las actividades de los
grupos armados de Malí a la región fronteriza con Níger y Burkina Faso
"La situación se ha deteriorado
drásticamente", destaca Orduña. En esa misma línea, el documento de la
Escola de Cultura de Pau alerta de la "situación de inestabilidad derivada
de la presencia y expansión de la insurgencia yihadista de origen argelino
AQMI, su fragmentación y configuración en otros grupos armados de corte similar,
algunos alineados a Al-Qaeda y otros a ISIS, que en la actualidad operan y se
han expandido por la región".
Desde su independencia en 1960, la situación
en la República Centroafricana (RCA) se ha caracterizado por una continua
inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y
dictaduras militares. Existe una confrontación entre élites políticas de etnias
del norte y el sur que compiten por el poder y minorías que se han visto
excluidas de él. "Los conflictos de la región han contribuido a acumular
restos de armamento y combatientes que han convertido al país en santuario
regional", destaca Escola de Cultura de Pau.
República
Democrática del Congo (este)
El actual conflicto tiene sus orígenes en el
golpe de Estado que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu
Sese Seko, que culminó con la cesión del poder por parte de éste en 1997.
Posteriormente, en 1998, Burundi, Rwanda y Uganda, junto a diversos grupos
armados, intentaron derrocar a Kabila, que recibió el apoyo de Angola, Chad,
Namibia, Sudán y Zimbabwe, en una guerra que causó alrededor de cinco millones
de víctimas mortales.
El control y el expolio de los recursos
naturales han contribuido a la perpetuación del conflicto y a la presencia de
Fuerzas Armadas extranjeras. La firma de un alto el fuego en 1999, y de
diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003, comportó la retirada de las tropas
extranjeras y la configuración de un Gobierno de transición y posteriormente,
en 2006, un Gobierno electo. Sin embargo, este proceso no supuso el fin de la
violencia en el este del país.
RDC
(este-ADF)
Las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército
Nacional de Liberación de Uganda (ADF-NALU) es un grupo rebelde islamista
dirigido por combatientes ugandeses y congoleses que opera en el noroeste del
macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). En sus orígenes contaba
con entre 1.200 y 1.500 milicianos reclutados principalmente en ambos países y
en Tanzania, Kenia y Burundi. Es el único grupo en el área considerado una
organización islamista, y está incluido en la lista de grupos terroristas de
EEUU.
Somalia
El conflicto armado y la ausencia de
autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una
coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad
Barre y tres años después consiguieron derrocarlo. Esta situación dio paso a
una nueva lucha dentro de esta coalición para ocupar el vacío de poder, que ha
provocado la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas desde
1991, a pesar de la fracasada intervención internacional de principios de los
noventa.
Los diversos procesos de paz para intentar
instaurar una autoridad central han tropezado con numerosas dificultades, entre
las que destacan los agravios entre los diferentes clanes y subclanes que
configuran la estructura social somalí, la injerencia de Etiopía, Eritrea y
EEUU y el poder de los diversos señores de la guerra. Al-Shabaab siguió siendo
la principal amenaza para la seguridad y la estabilidad.
Sudán
(Darfur)
El conflicto de Darfur surge en 2003 en torno
a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región por parte de
diversos grupos insurgentes, principalmente SLA y JEM. El Gobierno respondió al
levantamiento utilizando a las Fuerzas Armadas y las milicias árabes janjaweed.
La magnitud de la violencia cometida por todas las partes contendientes contra
la población civil ha llevado a considerar la posibilidad de la existencia de
un genocidio en la región, donde ya han muerto 300.000 personas desde el inicio
de las hostilidades, según Naciones Unidas.
A esta dimensión se suma la tensión
intercomunitaria por el control de los recursos (tierra, agua, ganado, minas),
en algunos casos instigada por el propio Gobierno. La región de Darfur continuó
siendo el epicentro de la violencia armada en Sudán.
Sudán
del Sur
El acuerdo de paz alcanzado en 2005 que puso
fin al conflicto sudanés reconocía el derecho de autodeterminación del sur a
través de un referéndum. No obstante, el cese de la guerra con el norte y la
posterior consecución de la independencia para Sudán del Sur en 2011 no
lograron llevar la estabilidad a la zona meridional. "Las disputas por el
control de territorio, ganado y poder político se acrecentaron entre las
múltiples comunidades que pueblan Sudán del Sur, aumentando el número, la
gravedad y la intensidad de los enfrentamientos entre ellas", destaca
Escola de Cultura de Pau.
Afganistán
El país ha vivido en conflicto armado
prácticamente de forma ininterrumpida desde la invasión de las tropas
soviéticas en 1979, cuando se inició la guerra entre las fuerzas soviéticas y
afganas por una parte, y las guerrillas anticomunistas islamistas (muyahidín)
por otro. Los talibanes tomaron el control del país en agosto de 2021 ante la
mirada impávida de la comunidad internacional. El Frente de Resistencia
Nacional liderado por Ahmad Masud encarna hoy el principal grupo armado contra
el poder talibán.
Myanmar
Desde 1948 decenas de grupos armados
insurgentes de origen étnico se han enfrentado al Gobierno de Myanmar
reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales y
demandando reformas en la estructuración territorial del Estado o la
independencia. Las operaciones militares han sido constantes en estas décadas,
y han estado especialmente dirigidas contra la población civil, con el objetivo
de acabar con las bases de los grupos armados, provocando el desplazamiento de
centenares de miles de personas.
"El número de desplazados internos en
Myanmar desde la toma del poder por parte de los militares en 2021 ha superado
el medio millón de personas, alcanzando unas 503.000", señala un informe
de ACNUR publicado el pasado 1 de marzo.
Irak
El territorio iraquí es otro escenario de
violencia cronificada. En diciembre de 2021 concluyó la misión de EEUU en ese
territorio, marcada, al igual que Afganistán, por otro fracaso: lejos de vivir
en paz, Irak sigue inmerso en un panorama preocupante. Escola de Cultura
mantiene a este país en el listado de lugares que sufren conflictos violentos
graves.
Siria
"Los sirios han sido sometidos a
violaciones de los derechos humanos a escala masiva y sistemática",
lamentaba este viernes 11 de marzo el secretario general de Naciones Unidas,
António Guterres. Sus palabras coincidían con un nuevo aniversario de la guerra
que sufre este país desde 2011 y que ha tenido como protagonistas al Gobierno
de Bashar al-Assad y a grupos armados de distinta inspiración.
Según datos de ACNUR, hay 5,6 millones de
refugiados y 6,7 millones de desplazados internos. La guerra se traduce además
en otro número de espanto: el 80% vive en situación de pobreza. "La
situación humanitaria es devastadora. Hay más de 13 millones de personas que
necesitan ayuda humanitaria", remarca Orduña desde Oxfam Intermón.
Yemen
Yemen también es escenario de una grave
crisis humanitaria provocada por la guerra. Desde marzo de 2015, una coalición
liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos bombardea las zonas del país
controladas por los rebeldes hutíes. El último informe de la organización
yemení independiente Mwatana for Human Rights señala que a lo largo de 2021 se
produjeron 839 incidentes de daños a civiles y objetos de carácter civil en los
que murieron y resultaron heridos más de 782 civiles. "Más del 80% del
país necesita ayuda humanitaria urgente", apunta Pilar Orduña. La muerte
se niega a dar tregua en este otro punto crítico del planeta.

